El millonario e irregular contrato de alimentación escolar que hoy tiene en la mira a exgobernador de Sucre

En Sucre, como en muchas partes del país, la alimentación escolar no es solo un derecho: es muchas veces la única comida completa que pueden llegar a recibir los niños durante toda su jornada diaria.

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Por eso, cuando en 2017 se anunció una millonaria contratación para entregar complementos alimenticios a menores de edad en los 25 municipios del departamento, la noticia fue bien recibida por las comunidades. Sin embargo, ocho años después, ese mismo contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) volvió a los titulares de la prensa no por sus logros, sino por las irregularidades que lo rodearon desde su origen.

El millonario contrato que dio la Gobernación plagado de irregularidades

La historia comienza en los despachos de la Gobernación de Sucre, cuando Édgar Enrique Martínez Romero ejercía como mandatario departamental. El funcionario permitió abrir la puerta a un negocio por 18.983 millones de pesos, con el objetivo de alimentar a miles de estudiantes matriculados en instituciones públicas.

Lo que no sabían los beneficiarios del programa era que, según la Fiscalía General de la Nación, el proceso que condujo a ese contrato estaba viciado desde el principio.

El caso no se centra solo en el contrato, sino en cómo fue preparado, evaluado y ejecutado. De acuerdo con la investigación liderada por la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el proceso contractual avanzó sin los estudios previos requeridos por ley, con pliegos de condiciones inconsistentes y con una evaluación que, según los elementos recopilados, favoreció a un oferente que no cumplía los requisitos.

Ese conjunto de decisiones, aparentemente técnicas, es lo que ahora pone en la mira judicial a Martínez Romero. La acusación es concreta: delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Pero detrás de ese tipo penal hay una secuencia de hechos que agrava la situación.

Los incumplimientos y el sobrecosto que tuvo el proyecto

Una vez adjudicado el contrato, las anomalías no se detuvieron. El proyecto, inicialmente pactado para ejecutarse en 104 días, se extendió hasta los 146 días. Con ese alargue también llegaron nuevos pagos: más dinero para administración, para vincular personal de apoyo, para interventoría. El presupuesto se desbordó y terminó en 27.387 millones de pesos, 8.404 millones más que lo pactado inicialmente.

En marzo de 2018, cuando llegó el momento de liquidar el contrato, dos firmas claves faltaban en el acta: la del supervisor del proceso y la del propio exgobernador.

La Fiscalía ha reunido documentos, actas y testimonios para sostener su acusación, radicada oficialmente este 16 de mayo. El expediente retrata una contratación que se presentó como salvación, pero que, según el ente acusador, se construyó sin los soportes mínimos exigidos que no fueron revisados adecuadamente por las autoridades.