Fiscalía solicitó audiencia de imputación de cargos contra el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, por caso de UNGRD

Un equipo de fiscales a cargo de las investigaciones vinculadas al escándalo de corrupción en la UNGRD solicitó ante el Tribunal Superior de Bogotá audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González.

La Fiscalía le imputará los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Dependerá de la Judicatura la programación de la fecha y hora de las diligencias.

La solicitud se radicó luego de que los investigadores de la Fiscalía adelantaran pesquisas en el caso de González, como acceder a sus movimientos financieros y migratorios. El Tribunal Superior de Bogotá permitió el acceso a cierta información pedida por la Fiscalía, que incluye ciertos datos personales que son protegidos por ley. Algunos de los aspectos que quería revisar la entidad son: cuántas cuentas bancarias tiene a su nombre y en qué bancos, RUT, declaraciones de renta, entre otros.

Según el ente acusador, González habría ordenado al exdirector de la UNGRD Olmedo López pagar 4.000 millones de pesos en sobornos a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes Iván Name y Andrés Calle, a cambio de apoyar las reformas del Gobierno de Gustavo Petro y de favorecer las campañas políticas de sus familiares.

Fiscalía anunció imputación de cargos de ocho personas más

Días atrás, la Fiscalía anunció nuevas imputaciones de cargos por el caso de corrupción en la UNGRD. Pedirá cárcel para todos los implicados. La audiencia se realizará el próximo 27 de mayo:

• César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública: delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
• El abogado Édgar Riveros Rey y los contratistas de la UNGRD Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo: delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
• Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, representante legal y jefe de ventas, respectivamente, de la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral (Yapurutú): delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
• Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD: delito de lavado de activos.