La reforma a la salud naufraga y el Gobierno va por decreto y consulta: anatomía de la propuesta

“Yo ya doy por muerta la reforma a la salud”, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, hace unos días. Ese es el ambiente que hay en el Gobierno, que sabe que la probabilidad de que la Comisión Séptima de Senado apruebe esta iniciativa es mínima. ¿Por qué? Primero, porque fue justo esa corporación la que hundió la reforma a la salud 1.0 y la reforma laboral 2.0. A lo anterior se suma que la iniciativa que busca cambiar el modelo de salud es una de las más cuestionadas por gremios, expertos y pacientes.

Ante ese eventual hundimiento, el Gobierno prepara dos decretos con los que busca poner en marcha algunos puntos de la reforma a la salud. Además, agregó cuatro preguntas sobre este tema en la nueva consulta popular. El enfoque de la administración Petro está en lograr que el modelo de salud se enfoque en la atención primaria, una apuesta por mejorar los servicios de prevención. Son cambios que expertos y pacientes califican como actos de “buena voluntad”, pero en la práctica, tiene grandes problemas.

CAMBIO hace una radiografía con expertos y abogados sobre qué sí se puede hacer vía decreto y consulta y qué no.

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Los decretos: atención primaria y mejores condiciones laborales

El primer mecanismo que quiere utilizar el Gobierno es la vía del decreto, mediante el cual pretender “adoptar un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo como política en salud”, como se lee en uno de los borradores que ya publicó la Presidencia. Esto supone que la atención del sistema no se centre solo en atender enfermedades complejas, sino que se le apueste a identificar las enfermedades en etapas tempranas.

Entre algunos de los cambios, un borrador de decreto establece la conformación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), que suena enredado, pero son los prestadores de servicios. Es decir, los hospitales y clínicas que se articulan y coordinan para asegurar el acceso equitativo de los servicios de salud. En ese cambio, esas redes se dividirían entre las de primer nivel, donde se atienen casos menos complejos. Estos tendrían que organizarse en Centros de Atención Primaria, que son los famosos Caps. Además, estarán los del nivel complementario, donde se reciben casos complejos.

Otro de los puntos que intenta cambiarse es la formalización de los trabajadores del sector salud. Con esto se le apuesta a los médicos, enfermeros e instrumentadores, entre otros, tengan contratos a término indefinido y con todas las prestaciones de ley.

A esto se suma la apuesta por tener un sistema unificado de información en salud. Es decir, que la información sobre los pacientes se pueda monitorear en cualquier clínica y hospital.

Borrador de decreto con el que el Gobierno quiere sacar algunos puntos de la reforma a la salud. by CAMBIO

“¿Quién responde por el riesgo financiero de salud?”: Los peligros que ven en el borrador de decreto

Expertos, gremios y pacientes han anunciado sus críticas frente a este borrador. Sus argumentos se centran en varios puntos que van desde el financiamiento hasta quién asume responsabilidades claves y necesarias.

Para Alejandro Gaviria, exministro de Salud y Educación, uno de los mayores riesgos de este borrador de decreto es quién va a asumir el riesgo financiero en salud, que significa que algún actor del sistema tenga la responsabilidad de lograr que los recursos rindan.

“También me preocupa que se le da al Ministerio de Salud la responsabilidad de definir la conformación de la red. Es decir, definir con qué prestadores va a trabajar una gestora. Esto, porque no se conoce si el Ministerio tendrá la capacidad de tener ese alcance en todas las regiones del país. Pero también hay algún riesgo de corrupción, porque es justo esa cartera la que tendría que definir quién contrata con quién”, explicó Gaviria en diálogo con CAMBIO. En un país en el que la burocracia es una herramienta para hacer política, pues no sería extraño que esto también se termine utilizando para esos fines.

Además, Gaviria detalló que, de expedirse, este decreto será demandado ante el Consejo de Estado.

Desde Acemi, gremio de las EPS del régimen contributivo, también ven con preocupación algunos de los puntos del decreto. Ana María Vesga, presidenta de esta colectividad, le dijo a CAMBIO que hay algunos puntos de la reforma que sí se pueden hacer vía decreto, porque esa fue una discusión que se dio cuando el Gobierno presentó una reforma a la salud. Pero mencionó que eso no está permitido si va en contra de lo que tiene fuerza de ley.

Un ejemplo que Vesga explicó es que en el borrador de decreto se establece que la población debe adscribirse a un Caps, el punto de ingreso al sistema de salud. Sin embargo, ella considera que eso va en contra de la disposición que establece que el aseguramiento inicia con la afiliación a una EPS.

A Vesga también le preocupa que el borrador de decreto agrega nuevas funciones a entidades que no tendrían la capacidad para asumir esas funciones. Eso, en la práctica, significa que hay pacientes que podrían no recibir la atención correspondiente, que no se traten sus enfermedades o que los diagnósticos no sean los correctos.

Además, hay cuestionamientos frente al uso de los recursos del sistema. Es decir, en el borrador no se establece de dónde van a salir los dineros para asumir nuevas tareas, como la conformación de los Caps. Para ella, eso podría terminan afectando los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que a día de hoy son insuficientes y la misma Corte lo determinó.

Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, coincide en varios de esos puntos pero cree que también preocupan las funciones que se cambian en las entidades territoriales. “Darle roles que hoy tienen las EPS a las entidades territoriales requiere de una ley”, explicó. Es cierto que para cambiar esas funciones se necesita de lay de competencias, que se espera que llegué al Congreso el próximo 20 de julio.

Esos son los puntos que los académicos consideran críticos. Hay otros, sin embargo, que a su juicio sí pueden reglamentarse vía decreto, como la formalización laboral para el personal de la salud y la creación de un sistema único de información. La preocupación frente a esos puntos es que el Estado no cuenta con los recursos para asumir los gastos que suponen estas modificaciones.

La defensa del Gobierno: “Se recogieron los comentarios y las EPS siguen siendo importantes”

En respuesta a CAMBIO, el Ministerio de Salud explicó que se trata de un borrador de decreto y que todos los comentarios de expertos y académicos se han recogido. Pero aclaran que lo que se intenta hacer es desarrollar políticas públicas que ya fueron aprobadas en el Congreso.

Ante la crítica de que a las EPS se le restan funciones, dicen que no es cierto y el objetivo es fortalecer el rol de las entidades territoriales en la planeación y articulación de los servicios. Añaden que las nuevas funciones que se asumirían tendrían el acompañamiento del mismo Ministerio y de las entidades del sector.

La cartera aseguró que, contrario a lo que dicen los críticos y académicos, los recursos para los cambios que se proponen sí estarían disponibles. “El Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023) establece un Plan Maestro de Inversiones en Infraestructura y Dotación en Salud (Art. 65), como principal fuente para financiar la creación y modernización de Caps y redes integradas (RIITS)”, explicaron. Un tema que sigue en vilo, porque es una realidad que el país atraviesa por una crisis financiera.

Reforma a la salud en la consulta: ¿se puede?

La respuesta de académicos y expertos es sí. Es decir, en una consulta se le puede consultar a los ciudadanos por sus perspectivas frente a diversos temas. Eso dice la ley. La situación es que no se pueden preguntar normas puntuales o artículos de normas. Además, lo que vote la ciudadanía no se puede adoptar explícitamente.

Las cuatro preguntas sobre salud que el Gobierno agregó en la consulta popular, entonces, podrían ser llevadas al pueblo. Aquí el tema está en los efectos luego de esto.

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Así, las preguntas que propuso el Ejecutivo son:

• ¿Está de acuerdo con que el Gobierno nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para hacer la entrega completa y oportuna a los pacientes?
• ¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras y se transformen en gestoras de salud, y que la Adres pague directamente a hospitales y clínicas?
• ¿Está de acuerdo con que se le garantice a los colombianos un modelo de atención primaria en salud preventivo y resolutivo, con ampliación de los servicios necesarios de carácter público y privado?
• ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadoras de la salud la vinculación formal, derechos laborales y el salario justo?

En el caso de la segunda pregunta, por ejemplo, los académicos explican que el giro directo ya se aplica en la mayoría de EPS del régimen subsidiado, así como en el régimen contributivo con las EPS intervenidas. En consecuencia, para hacer una modificación de fondo, como propone el Gobierno, tendría que llevarse una ley al Congreso que establezca las modificaciones que tendrían las EPS y las funciones que asumirían.

En la tercera pregunta, por ejemplo, ya funciona la Ley Estatutaria de Salud, que establece que el Estado tiene la obligación de brindar acceso a los servicios de salud a todos los colombianos. “En este caso, si gana la consulta, pues se tendría que hacer una norma que doga lo mismo que hoy ya tenemos”, explicó Johnattan García Ruiz, experto en salud pública.

En el caso de la última pregunta relacionada con el tema de salud, García Ruiz detalló que el tema de la formalización ocurre como en el caso del giro directo y las modificaciones en las funciones de las EPS. Es decir, si se aprueba en la consulta, también dependerá de qué se explica en detalle en la ley que tendría que aprobar el Congreso.

Además, Alejandro Gómez, profesor de derecho constitucional de EAFIT, le explicó a CAMBIO que esta pregunta podría ser inocente o inoficiosa “porque esos derechos ya están previstos en el ordenamiento jurídico colombiano y sostener lo contrario resulta difiicil”. Esto se refuerza en el artículo 18 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que establece que los trabajadores del sector salud deben contar con condiciones laborales justas y dignas. El tema, entonces, es hacer cumplir las normar que están.