“La Fiscalía ya tiene un macrocaso sobre pederastia en la Iglesia católica”: Juan Pablo Barrientos

Los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Estupiñán han tenido que acudir a los estrados judiciales para lograr que la Iglesia católica entregue información que es de interés público: el detalle de los religiosos que han sido reportados o denunciados en casos de violencia sexual en contra de menores de edad.

Ha sido una tarea titánica que tuvo que llegar a la Corte Constitucional tres veces ante la negativa de las autoridades religiosas de entregar el archivo secreto. El alto tribunal falló a su favor en las sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022, marcando un precedente clave para todos: esa información, aunque sensible, es de interés público y, por tanto, sí se puede pedir a través de derechos de petición.

Ahora, la Corte falló nuevamente a su favor en la sentencia SU-184 de 2025, que tuvo como ponente al magistrado Miguel Polo Rosero y que fue apoyado por la mayoría de la Sala Plena, a excepción de los magistrados Cristina Pardo y Jorge Ibáñez quienes consideraban que la petición de los periodistas era desmesurada porque incluía hacer un listado de personas que han estado vinculadas con las autoridades eclesiásticas.

CAMBIO habló con Juan Pablo Barrientos sobre la importancia de la decisión judicial, que es un nuevo hito para poder avanzar en la investigación periodística sobre la pederastia en Colombia, los responsables y los encubridores.

CAMBIO: Después de dos años, la Corte falla a su favor y las diócesis tendrán que entregar el archivo secreto por el que han peleado tanto. ¿Cómo vio la decisión?

Juan Pablo Barrientos: La veo ajustada a derecho. No tenían otra salida porque ya había dos sentencias que habían obligado al arzobispo de Medellín a entregar la información. En ambas sentencias, la Corte dijo que los periodistas pueden hacer estas preguntas. ¿Cuáles? Que nos digan los nombres de los sacerdotes, sus trayectorias y si han abusado sexualmente de niños, niñas y adolescentes, o no. En caso afirmativo, que nos digan qué trámite le dieron a esa denuncia: si la remitieron a la Fiscalía y si al cura lo suspendieron o lo expulsaron.

Las preguntas que hicimos en 2023 son prácticamente calcadas a las que yo hice en 2019 y en 2021, que dieron pie a esas dos sentencias. Ahora, me sorprendió mucho que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez y la magistrada Cristina Pardo no hayan suscrito esta decisión. Yo entiendo que ellos son más conservadores, pero acá estamos hablando del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Pero, le agradezco profundamente al resto de magistrados que nos dieron la razón y protegieron nuestro derecho fundamental de petición.

CAMBIO: ¿Cuántas diócesis faltan por entregar la información?

J.P.B.: En total fueron 120 tutelas. La Corte seleccionó 50, pero en general todo el caso porque, por ejemplo, muchas tutelas las habíamos ganado, pero las arquidiócesis no respondieron e iniciamos incidentes de desacato. La Corte se metió, y frenó los incidentes de desacato hasta que tomara una decisión. Es decir, la Corte analizó todas las tutelas y estamos esperando que nos diga, pues no nos han notificado el fallo, en cuánto tiempo los obispos y superiores de comunidades religiosas deben entregar la información. Una vez sepamos el plazo iniciaremos los trámites para que respondan y, si no responden, interpondremos los incidentes de desacato que sean necesarios para que cumplan. Y, si no cumplen, pediremos el arresto y las sanciones necesarias.

CAMBIO: ¿Qué mensaje está enviado la Iglesia católica al negarse, reiteradamente, a entregar la información?

J.P.B.: Hasta el momento, con los datos que tenemos, que equivale solo al 13 por ciento de la información que solicitamos, ya hemos revelado los nombres de más de 600 curas denunciados por abuso sexual. La orden de la Corte es para que entreguen el 87 por ciento restante. Es decir: aquí estamos hablando de entre 4.000 y 6.000 sacerdotes denunciados por abuso sexual que ellos protegen en sus archivos secretos. El mensaje de la Iglesia católica es que 'no podemos entregar esto porque nos jodemos'.

Al entregar esta información, seguramente van a iniciar procesos de responsabilidad civil por parte de las víctimas. Al guardar esa información, al protegerla, al encubrir a pederastas, el mensaje que envían es que el problema es sistemático, que no son casos aislados, que no son manzanas podridas, sino que estamos hablando de miles de sacerdotes. Me atrevo a afirmar, con la información que tenemos, que entre el 40 y el 60 por ciento de los sacerdotes, han sido denunciados por abuso sexual y los obispos han encubierto a estas personas.

Me atrevo a afirmar con la información que tenemos, que entre el 40 y el 60 por ciento de los sacerdotes, han sido denunciados por abuso sexual y los obispos han encubierto a estas personas.

CAMBIO: Es claro que la Iglesia adelantó toda una estrategia de defensa…

J.P.B.: La información que tenemos es que se gastaron entre 1 y 2 millones de dólares, entre todos, contratando firmas de abogados para proteger el archivo secreto porque no les conviene que salgan a la luz todos estos nombres. La persona que lideró toda esta estrategia fue el cardenal Luis José Rueda Aparicio, el arzobispo de Bogotá, que es uno de los grandes encubridores de pederastas en Colombia.

En ese momento, cuando interpusimos todas esas tutelas, él era el presidente de la Conferencia Episcopal y fue quien lideró esa estrategia de encubrimiento con todos los obispos del país y con decenas de oficinas de abogados a las que les pagaron unas millonadas para proteger esa información. Entonces, uno ve al cardenal muy querido con la elección del papa hablando en todos los medios de comunicación con su carita de 'yo no fui', pero no: ese señor es uno de los grandes encubridores de pederastas en Colombia. Además, fue violento cuando nos respondió el derecho de petición: nos envió unas cajas llenas de papel en las que no había absolutamente nada. Y dijimos: 'Wow, ¿este es el cardenal? ¿Este es el presidente de la Conferencia Episcopal?' Es claro que no podemos esperar nada de estos señores si el obispo más importante del país es tan violento en las respuestas como este señor.

CAMBIO: ¿Qué oficinas de abogados contrataron?

J.P.B.: No, son muchísimas. Cada obispo contrató su firma de abogados. Hay un abogado que trabaja en la conferencia episcopal que llama Marcel Fernando Tangarife, que es de extrema derecha y que fue contratado por varios obispos. Fue uno de los que más plata ganó porque fue de los que más diócesis representó. Ese señor incluso fue demandado por fraude procesal en un proceso de unas víctimas que no quería reconocer el obispado castrense y se atrevieron incluso a falsear una página web y la dirección de un correo electrónico para decir que ellos no los habían notificado de una decisión judicial.

CAMBIO: Temen que esa información ya no exista, que se hayan eliminado esos archivos de las respectivas diócesis…

J.P.B.: Pues… en Alemania destruyeron esos archivos. Si aquí lo hacen estarían incurriendo en varios delitos y nosotros iremos hasta las últimas consecuencias, porque esa información la deben tener ellos en los archivos secretos. El código de derecho canónico dice que en toda diócesis habrá un archivo secreto donde se guardan esas denuncias. Y las copias de esas denuncias, además, deben remitirse al Vaticano. Es decir, si no están acá en Colombia y ya las destruyeron, esas denuncias están en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe en Roma. Están en algún lado. Sin ser abogados, litigaremos hasta conseguir la información y, de haber algún fraude procesal, interpondremos las denuncias penales a las que haya lugar.

CAMBIO: De otro lado, hay bastante apoyo social al trabajo que ustedes están haciendo. Hace unos días también salió otra decisión de la Corte que ordena a la Fiscalía entregar información sobre procesos penales que avancen contra religiosos por delitos sexuales…

J.P.B.: La sentencia que logró Andrea Díaz, de la BBC, es algo maravilloso porque la Fiscalía también se ha dedicado a proteger a estos pederastas y a la Iglesia católica. La sentencia de Andrea, como esta sentencia nuestra, es una puerta que se abre porque ahora cualquier periodista puede preguntarle, no solo a la Iglesia católica sino a cualquier iglesia, colegio, escuela, o cualquier institución que tenga bajo su manejo niños, por denuncias que involucren violencia sexual infantil.

Ahora bien, en honor a la verdad, voy a contar algo que no he dicho públicamente: Miguel Ángel y yo le enviamos un derecho de petición a la fiscal general (Luz Adriana Camargo) con los nombres de los 600 curas que hemos revelado, con el prontuario de cada uno, y la fiscal general armó un equipo de fiscales y de agentes del CTI que están dedicados exclusivamente a esto y que ya llevan varios meses investigando este macrocaso. Yo sí tengo que agradecerle a la fiscal general porque silenciosamente están investigando y están dando resultados. La Fiscalía tiene un macrocaso contra la Iglesia católica para investigar todo esto.

Miguel Ángel y yo le enviamos un derecho de petición a la fiscal general (Luz Adriana Camargo) con los nombres de los 600 curas que hemos revelado, con el prontuario de cada uno, y la fiscal general armó un equipo de fiscales y de agentes del CTI que están dedicados exclusivamente a esto y que ya llevan varios meses investigando este macrocaso.

CAMBIO: Esto es un dato revelador. Entonces, ya la Fiscalía está investigando a los 620 sacerdotes que ustedes han señalado públicamente por haber sido reportados por un presunto abuso sexual...

J.P.B.: Son sacerdotes que han sido denunciados no ante la Fiscalía, sino ante las diócesis, o casos que nosotros como periodistas hemos conocido y documentado. Esos 620 casos salen solo del 13 por ciento de información que solicitamos y pues esa información ya la Fiscalía la está investigando como un macrocaso, por orden de la fiscal general. Nosotros les entregamos todos los archivos y las respuestas que nos dieron las diócesis y arquidiócesis, y ahí van adelante. Nosotros le enviamos el mismo derecho de petición a Francisco Barbosa y no nos puso atención. Luego llegó Marta Mancera y no dijo nada. Esta fiscal, de inmediato, armó un grupo de fiscales y agentes del CTI que están dedicados solo a este caso.