Las diferencias internas en la Corte Suprema por el caso UNGRD: ¿qué implicaciones tienen?

El 9 de mayo de 2024, el exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD Sneyder Pinilla le envió una carta al magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Francisco Farfán en la que manifestó, de manera tácita, su interés en colaborar con la justicia en el marco de las indagaciones que se abrieron en ese despacho en contra Iván Name y Andrés Calle.

En ese momento, Sneyder Pinilla y su exjefe, el exdirector de la UNGRD Olmedo López, habían hecho sendas manifestaciones en medios de comunicación, anticipando que tenían información clara de personas que participaron, junto con ellos, en el desvío de recursos de la entidad, en el caso que arrancó con irregularidades en 40 carrotanques para La Guajira y que tiene a múltiples funcionarios investigados tanto en la Fiscalía como en la Corte.

En esa misiva, en poder de CAMBIO, Pinilla asegura que quiere colaborar con la Corte Suprema sin importar lo que pudiera pasar con su situación particular. “Presento esta petición, independientemente de la viabilidad sobre la aplicación del principio de oportunidad que analiza la Fiscalía General de la Nación”, indicó.

El propio Pinilla aseguró que entendía “la importancia de mi testimonio para el esclarecimiento de los hechos” y que, por eso, era su voluntad “colaborar activamente para el logro de la eficacia de la administración de justicia en esta investigación”. Esa carta es del 9 de mayo de 2024. La Fiscalía sólo lo escuchó hasta junio, cuatro meses después de abrir la indagación previa, y la Sala de Instrucción de la Corte Suprema pidió oficialmente copia de esos interrogatorios.

Inicialmente la Fiscalía no los entregó, con el argumento de que sólo podía hacerlo cuando la colaboración se hubiera materializado. Pinilla guardó silencio ante del despacho del magistrado Farfán, pero luego sí declaró, detallando con minucia cómo se consiguió los 4.000 millones de pesos que se le entregaron a Name y Calle, a fin de que estos favorecieran reformas de interés del Gobierno en el Congreso. Hechos que los congresistas niegan.

¿Por qué es tan relevante esta manifestación de Pinilla? Como se sabe, Name y Calle están presos preventivamente por orden de la Corte Suprema, que le da plena credibilidad a los testimonios de Pinilla y Olmedo López. La decisión de la Sala de Instrucción fue proyectada por el magistrado Farfán y avalada por los magistrados César Reyes, Marco Antonio Rueda y Misael Rodríguez, y con salvamentos parciales de voto de Héctor Alarcón y Cristina Lombana.

El salvamento de Lombana, de 19 páginas, asegura que la Corte incorporó de manera ilegal esas evidencias y que se habrían vulnerado los derechos de López y Pinilla, porque no se habría respetado su interés de guardar silencio hasta que sus negociaciones con la Fiscalía llegaran a buen término. Incluso, la jurista señala al magistrado auxiliar Pedro Movilla de obligar a Pinilla a declarar y transcribió una parte de una diligencia del 9 de agosto:

“(…) pero usted ahí sentado no hizo ninguna manifestación... pero al ingresar al edificio o al salir del edificio ahí si no guardó silencio y obviamente está el derecho a la información y el derecho de los medios de comunicación y el derecho suyo a expresarse... es decir, acá no nos dijo nada... pero teniendo en cuenta que ya usted se auto incriminó, usted ha rendido un extenso interrogatorio de indiciado en la fiscalía donde usted se ha referido a los señalamientos que en medio de comunicación le ha realizado a los congresistas”.

En lenguaje sencillo, para Lombana una cosa es que Pinilla haya decidido confesar delitos en medios de comunicación y en el interrogatorio en la Fiscalía; otra, renunciar al derecho que tienen todos los procesados a no autoincriminarse, argumento que fue usado por él ante el despacho de Farfán. Y por eso reseñó supuestas irregularidades que viciarían la labor de al Corte.

¿Quiere decir, entonces, que el testimonio de Pinilla y López, como prueba es ilegal? Los defensores de Name y Calle pueden presentar un recurso de reposición, si así lo desean, en contra la decisión que les dictó la medida preventiva de cárcel. Es posible que este argumento esbozado por la magistrada Lombana sea uno de los que expresen, en aras de controvertir la decisión.

En todo caso hay un elemento clave en todo este proceso: que los testigos López y Pinilla fueron los primeros en manifestar su deseo de aceptar responsabilidades, devolver los recursos apropiados de manera ilegal y hasta pedir perdón. Por eso, para la Sala mayoritaria es claro que la Corte Suprema de Justicia nunca obligó a Pinilla a declarar ni le vulneró derechos, más si el testigo no solo había pedido declarar desde mayo de 2024 sino que cuando lo hizo, ratificó todo lo que había dicho en la Fiscalía y en medios.

Además, es claver recordar el 15 de julio de 2024 la misma Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema compulsó copias a la Sala de Instrucción, pidiendo investigar a Name y a Calle por el delito de cohecho, remitiendo copias de los interrogatorios que Pinilla dio el 19 de junio, 3 y 5 de julio de 2024; y que López dio el 5 y 26 de junio y 2 de julio de 2024.

La Fiscalía también envió copia a la Corte d los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que el equipo de defensa de los dos testigos principales aportó. La decisión de 138 páginas en la que la Sala de Instrucción ordena la prisión para los congresistas también reseña las declaraciones de Pinilla dadas a ese despacho el 5 de junio y los días 9 y 20 de agosto de 2024. Dice el documento:

“En dicha diligencia reitera lo que había expresado en el interrogatorio a indiciado, en la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia; relató en esencia, cómo siguiendo instrucciones de Olmedo de Jesús López Martínez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, le hizo entrega a Sandra Liliana Ortiz Nova de la suma de 3000 millones de pesos, en dos partes; 1500 millones el 12 de octubre de 2023, y la misma suma al día siguiente, es decir, el 13 octubre de 2023 en la ciudad de Bogotá, concretamente en el hotel Tequendama Suites, dinero que tenía como destinatario, a quien para esa época era el presidente del Senado, y por ende del Congreso de la República, Iván Leónidas Name Vásquez”.

El testimonio de Pinilla, además, es corroborado por el de Olmedo López en declaración del 26 de agosto de 2024, que insiste en que habría sido Carlos Ramón González, entonces director del Dapre, quien dispuso que se entregara el dinero a Name Vásquez a través de Sandra Ortiz. La Corte tuvo en cuenta los chat o conversaciones de la aplicación Whatsapp, debidamente extraídos, de los equipos celulares de Pinilla Álvarez y López Martinez, que contienen los elementos más importantes de los protagonistas de estos hechos, entre otros elementos técnicos.

Pinilla ya está condenado y López a la espera de que un juez avale el preacuerdo que alcanzó con la Fiscalía General. Entre tanto, seis congresistas de la Comisión de Crédito Público están investigados en la Corte y la Fiscalía anunció que imputará cargos a César Manrique, exdirector de Función Pública.

La compulsa de copias

No es la primera vez que la magistrada Lombana manifiesta su desacuerdo con las decisiones que toma la Sala mayoritaria en la Sala de Instrucción. Lo mismo pasó en el caso del exsenador Arturo Char, de quien incluso pidió archivarle el caso, mientras que la postura mayoritaria fue la de ordenar su detención. En ese caso Char terminó quedando libre por demoras de la Sala y aún no se ha definido si irá a juicio o no.

La Sala también ha tenido diferencias de criterio internas en torno a procesos relacionados con Armando Benedetti. Incluso en un expediente relacionado con un presunto enriquecimiento ilícito, Lombana terminó separada del caso por manifestar un punto de vista al respecto públicamente.

La W Radio reveló que Lombana pidió investigar a los magistrados Cesar Reyes y Misael Rodríguez porque supuestamente se habrían reunido con la investigada exconsejera Sandra Ortiz, antes de que ella manifestara su interés de declarar ante la Corte. Esto sucedió días después de que la Fiscalía no accediera a darle a Ortiz un principio de oportunidad.

Según la emisora, la jurista expresó en su compulsa de copias que a Ortiz le habrían ofrecido beneficios. CAMBIO consultó diferentes fuentes que apuntaron que esto ni siquiera es posible, porque Ortiz es investigada por la Fiscalía y no por la Corte y señalaron que no existieron ofrecimientos de ninguna clase. Ortiz ha declarado en las indagaciones contra Martha Peralta y Julio Chagüi. Ahora, esa compulsa de copias tendrá que ser asumida por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.