Con la disparada de cultivos de coca, reaparece el fantasma de la descertificación

Es una mala noticia con consecuencias imprevisibles, se mire como se mire. Este jueves, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó el Informe Mundial sobre las Drogas 2025, en el cual Colombia volvió a ocupar el deshonroso primer lugar como mayor productor de hoja de coca a nivel global, con una extensión de cultivo que alcanza las 253.000 hectáreas.

La gravedad de esta información radica no solo en la desazón que supone para los miles de hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que enfrentan a diario al narcotráfico en todo el territorio nacional, sino también en el hecho de que el país vuelve a ser noticia de primera plana a nivel mundial por un récord que causa vergüenza.

Para agravar el panorama, el informe se publica justo cuando Estados Unidos amenaza con aplicar a Colombia el castigo de la descertificación, una herramienta que usa desde hace décadas para poner en una lista a los países que considera no luchan como debería ser en la guerra contra el narcotráfico.

Peor aún, el informe revela un crecimiento sin precedentes del mercado mundial de cocaína. La producción global alcanzó un máximo histórico de 3.708 toneladas, lo que representa un aumento del 34 por ciento respecto al año anterior de la medición, el 2022.

Las autoridades, por su parte, intentan destacar los aspectos positivos. Las incautaciones, según la UNODC, también rompieron récords: se decomisaron 2.275 toneladas, un incremento del 68 por ciento frente al promedio de los últimos cinco años.

Un mar de coca en cuatro departamentos

Sin embargo, es evidente que el negocio no se detiene en Colombia. La superficie cultivada aumentó aproximadamente un 10 por ciento en comparación con el año anterior. El informe destaca que este crecimiento se concentra especialmente en cuatro departamentos: Norte de Santander, Cauca, Nariño y Putumayo, y advierte que el 98 por ciento de los municipios con cultivos ilícitos tienen presencia de al menos un grupo armado ilegal.

Esto se refleja en el deterioro de la seguridad. En El Tambo, Cauca, 57 uniformados fueron secuestrados durante el fin de semana pasado por civiles bajo presión de una de las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc en su afán por proteger los cultivos que son el motor de sus finanzas.

En el Catatumbo, cada tanto francotiradores asesinan a sangre fría a soldados y policías. Aunque se cree que los responsables de esta cobarde práctica son miembros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, está claro que protegen así las inmensas extensiones de la planta ilegal.

El panorama es adverso para Colombia desde todos los ángulos: aumento de los cultivos ilícitos, expansión acelerada de la producción de cocaína y un Donald Trump decidido a castigar a quienes no se alinean con sus políticas.

El embajador en Washington, Daniel García-Peña, recuerda que ningún otro país ha hecho “tantos sacrificios” en la guerra contra las drogas.

“Ningún país como Colombia ha realizado mayores esfuerzos ni soportado más sacrificios en la lucha global contra los narcóticos ilícitos”, reitera. El diplomático subraya que solo en 2024 se incautaron 884 toneladas de cocaína, una cifra récord que representa el 65 por ciento de todas las incautaciones globales vinculadas directamente a la cooperación entre Colombia y Estados Unidos.

Petro reclama logros históricos

García-Peña considera que estos datos “demuestran un avance indiscutible”. Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, coincide: “Colombia no está en riesgo de una descertificación”, ha asegurado. Según él, el Gobierno de Gustavo Petro ha sido el más efectivo en la incautación de droga, la destrucción de laboratorios y el decomiso de insumos para la producción del alcaloide.

García-Peña advierte, además, que “una eventual descertificación golpearía a Colombia, pero también a Estados Unidos, y solo beneficiaría a las organizaciones criminales”, como el Tren de Aragua y el Clan del Golfo, que son bandas transnacionales. “Para combatirlas, se requiere una línea de acción coordinada entre los distintos países”.

La administración del presidente Petro asegura que sus logros en esta lucha son históricos. Al cierre de 2024, las autoridades colombianas incautaron 1.764 toneladas de cocaína. El Gobierno sostiene que el valor de la cocaína incautada supera los 33.189 millones de dólares, una pérdida significativa para las organizaciones criminales, principales generadoras de violencia.

No obstante, estos resultados —aunque reales— podrían ser considerados insuficientes en un proceso de descertificación que responde más a criterios políticos que técnicos.

Colombia ya fue descertificada durante el gobierno del presidente Ernesto Samper, a quien se le retiró la visa estadounidense por el ingreso de al menos seis millones de dólares del cartel de Cali a su campaña presidencial. En contraste, México ha sido eximido hasta ahora, pese al control que ejercen los carteles en amplias zonas del norte del país, cerca del Río Bravo.

La tormenta perfecta

Y aunque Colombia ha avanzado en varios frentes para evitar una mala calificación en 2025, el contexto actual resulta especialmente desfavorable: más cultivos ilícitos, mayor producción de cocaína y un Trump implacable. Como si fuera poco, Marco Rubio —secretario de Estado y crítico declarado del presidente Petro— influye directamente en la postura del presidente de Estados Unidos.

Fuentes cercanas a los círculos de poder en Washington dan por hecho que Colombia será descertificada. Sin embargo, el embajador García-Peña insiste en que aún es posible revertir esa percepción.

“Nos preparamos obviamente para un escenario de certificación que es a lo que le estamos apostando en nuestro país y en cada una de las acciones que hacemos, pero también preparándonos para un escenario de desertificación. Es un escenario hipotético”, dijo hace un tiempo la canciller Laura Sarabia.

“Estamos trabajando para mostrar que estamos luchando contra las drogas, que estamos para construir un plan estructurado para la disminución de cultivos ilícitos y esperamos que los resultados se evidencien y se muestren en una certificación por parte de los Estados Unidos”, agregó la ministra de Relaciones Exteriores.

Un panorama sombrío

En la Casa Blanca, sin embargo, persisten las preocupaciones. Según el más reciente informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el 97 por ciento de las muestras de cocaína recolectadas en Estados Unidos provienen de Colombia.

Si a ello se suman los datos de la UNODC, el panorama se torna aún más sombrío. Colombia nunca había producido tanta cocaína. Al liderar la producción mundial del alcaloide, el país se vuelve cada vez más atractivo para las redes criminales internacionales.

El informe señala que los cultivos de coca crecieron un 10 por ciento en 2023, alcanzando 253.000 hectáreas —23.000 más que en 2022—, mientras que la producción de cocaína aumentó un 53 por ciento, pasando de 1.738 a 2.664 toneladas.

Expertos advierten que, de mantenerse esta tendencia, pronto se alcanzarían las 300.000 hectáreas sembradas. En los cuatro departamentos mencionados, se registran al menos 30.000 hectáreas cultivadas en cada uno. Los narcotraficantes han perfeccionado sus métodos de producción a niveles sorprendentes.

Candice Welsch, representante regional de la UNODC, indica que en algunas zonas del país la productividad alcanza hasta 14 toneladas por hectárea, cuando hace cinco años el promedio era de solo seis. “Observamos la continuidad de una tendencia de industrialización del sector agrícola en la producción de coca en Colombia”, afirma.

Cuáles son los riesgos de la descertificación

De ahí que el fantasma de la descertificación siga ganando fuerza. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, reconoce que “el país tiene unos números que no están aportando positivamente”, por lo que considera que las posibilidades de una descertificación son altas.

Lacouture insiste en que “es necesario trabajar con firmeza y unidad desde el sector empresarial para mostrar lo que Colombia está haciendo en todos los frentes para enfrentar el problema”.

De concretarse la descertificación, las consecuencias serían graves: se afectarían las ayudas económicas que Colombia recibe como parte de los programas de cooperación bilateral, con una posible pérdida cercana a los 400 millones de dólares anuales destinados a la lucha contra el narcotráfico, el desarrollo rural y el fortalecimiento institucional.

También se abriría la puerta a restricciones comerciales, entre ellas, limitaciones en la conectividad aérea entre ambos países, una medida que impactaría directamente al turismo. Además, la financiación internacional enfrentaría obstáculos adicionales.

“Hay que trabajar con firmeza y unidad para mostrar lo que Colombia está haciendo y lo que aporta en cada una de las variables clave para el gobierno de Estados Unidos”, reitera Lacouture.

Ofensiva diplomática

En esta tarea está concentrado el embajador García-Peña, quien ha desplegado una intensa agenda diplomática en los círculos de poder en Washington para explicar la complejidad del problema colombiano. Recuerda que no hay otro país donde tantos policías y soldados hayan perdido la vida en la guerra contra el narcotráfico.

Hace un tiempo, la embajada —en colaboración con la facultad de Derecho de American University en Washington— convocó una discusión de alto nivel sobre la política de drogas, con el objetivo de destacar los aspectos positivos del esfuerzo bilateral en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. La esperanza: evitar un deterioro de las relaciones y mantener la cooperación.

El problema es que, frente al impredecible Trump, las cifras podrían volverse irrelevantes. “Estamos ante un nuevo paradigma, y es muy complejo prever lo que va a pasar”, dice Daniel Rico, experto en economías ilícitas.

Este analista recuerda que la descertificación ha sido históricamente un proceso político más que técnico, influido por factores como la situación en Venezuela —donde el cartel de los Soles opera sin restricciones— y la seguridad regional. En este nuevo tablero geopolítico con Trump y Petro, resulta difícil anticipar el desenlace.

¿Se podría haber hecho más? La investigadora Carolina Varela sostiene que uno de los aportes clave habría sido cumplir a cabalidad el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), diseñado como una estrategia de 'zanahoria' acompañada de 'garrote'. “Este Gobierno, en parte, ha renunciado a ese garrote, que era la erradicación manual y forzada, no solo la voluntaria”, afirma.

Marihuana, cocaína y fentanilo

Los analistas coinciden en que podrían surgir escenarios inesperados. “¿Debe la lucha seguir centrada en la marihuana y la cocaína, o, como lo ha planteado el presidente Donald Trump, enfocarse en otras drogas como el fentanilo?”, se pregunta el internacionalista Enrique Prieto Ríos.

De ser así, es posible que Trump decida no centrarse en Colombia y dirija su atención hacia China —principal productor de precursores del fentanilo—, evitando sancionar a un país que, independientemente de su calificación, lleva más de medio siglo atrapado en las tragedias del narcotráfico.

Desde la primera vez que se registró una noticia sobre Pablo Emilio Escobar Gaviria, el 6 de junio de 1976, cuando fue detenido en Itagüí con 39 kilos de cocaína escondidos en las llantas de un vehículo, el negocio ha evolucionado drásticamente. Medio siglo después, el tráfico de drogas mueve miles de millones de dólares y sigue siendo el principal combustible del conflicto armado colombiano.

Este fenómeno ha generado una fragmentación de los grupos criminales, muchos de los cuales han perdido el control territorial y operativo que mantuvieron en el pasado. La disputa por el poder ha provocado una escalada de violencia, particularmente en zonas rurales marginadas y en regiones donde el Estado tiene una presencia limitada.

En paralelo, el auge cocalero ha provocado un impacto ambiental devastador. La expansión de los cultivos ilícitos implica deforestación masiva, contaminación de fuentes hídricas y degradación de ecosistemas sensibles. El uso de químicos en la producción de cocaína afecta la biodiversidad y la salud de las comunidades locales.

Socialmente, la persistencia del narcotráfico mantiene a muchas poblaciones atrapadas en la pobreza y la violencia, al tiempo que genera desplazamientos forzados y socava el desarrollo sostenible. Más que una noticia mala, es una auténtica tragedia, se mire como se mire.