¿Debió el Congreso pausar su trabajo en la actual crisis?

Los dramáticos sucesos que vive el país han puesto en pausa el trabajo legislativo y, por si fuera poco, han sembrado inquietud por el desplazamiento del presidente Gustavo Petro a Cali, donde tenía previsto este miércoles realizar una manifestación como punto de partida para su consulta popular.

Es explicable que ambas situaciones políticas no sigan su curso natural. Sin embargo, también es cierto que distintos analistas consideran que eso es precisamente lo que buscan los violentos: paralizar la actividad de quienes fueron democráticamente electos por los ciudadanos para trazar las políticas públicas necesarias para la sociedad actual.

El atentado contra el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay tuvo un impacto en toda la agenda legislativa. La escalada de bombas en los departamentos de Cauca y Valle –con lo que significan las acciones violentas en Cali, la tercera ciudad de Colombia y escenario escogido por el presidente Petro para anunciar formalmente el decreto de convocatoria a la consulta popular– ha provocado un ambiente de profunda incertidumbre.

En el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, los parlamentarios han manifestado que se encuentran en estado de reflexión, un hecho que pone en riesgo la discusión de la reforma laboral.

El llamado del presidente Petro

En paralelo, nueve partidos políticos independientes y de oposición anunciaron que no reconocen al presidente Petro ni al ministro del Interior, Armando Benedetti, como garantes del proceso electoral.

Por ello, no participaron en la Comisión de Seguimiento Electoral convocada por el Gobierno, y solicitaron al procurador Gregorio Eljach convocar la Comisión de Garantías, presidida por esta entidad.

Ante esto, el presidente Petro reaccionó y escribió: “El presidente fue elegido mayoritariamente por el voto popular con un programa que cumple y que se centra en construir justicia social como camino de la paz y del renacer de Colombia”.

Para Petro, “los presidentes de partidos aquí reunidos, que no los congresistas, han, una y otra vez, detenido arbitrariamente las reformas”.

Asegura que “aquí utilizan de mala forma el atentado que sufrió Miguel Uribe Turbay, que rechazo y me duele, como a tantos que hemos sufrido en nuestros movimientos y en nuestra vida, y que se investiga a profundidad, pero utilizan ese atentado horrible para volver a detener el renacimiento colombiano y devolvernos al pasado, con algo peor: desconocer instituciones, la Constitución y las leyes”.

El jefe del Estado dice que ha invitado a dialogar una y otra vez a sus contrincantes políticos y que “hasta ahora sigo esperando” esa conversación.

Por lo que, concluye: “Es lamentable que la derecha siga bloqueando las reformas arbitrariamente e instigando al golpe y a la violencia”.

Para el presidente Petro, “ese no es el camino ni de la Presidencia ni de Colombia. Ayer se les invitó nuevamente a dialogar, pero la respuesta fue cerrar el Congreso. Cerrar el Congreso es dictadura. El cierre del Congreso busca cerrar las puertas de las reformas sociales”.

Sí se trabaja

La analista María Jimena Escandón, sin embargo, subraya que el Congreso no ha dejado de legislar. “Las comisiones de la Cámara de Representantes continúan sesionando”.

Para ella, el mensaje de la plenaria del Senado y de sus comisiones es simbólico: “El país tiene un senador menos por cuenta de la violencia política que lo azota, y es palpable la falta de garantías de cara a las elecciones. Es un mensaje importante para bajar los ánimos, centrar el discurso y enaltecer el valor de la vida”.

La experta dice que Colombia es un país que no puede permitirse retroceder. La democracia se funda en la posibilidad de construir desde el disenso, y es importante recordarlo en medio de la polarización creciente.

No hay duda de que la agenda legislativa se verá afectada; sin embargo, en el marco de ese acuerdo partidista de encontrar la razón, pasadas las 72 horas de cese parlamentario, retomarán sus actividades para debatir y definir cuál será el camino de la reforma laboral.

El tiempo lleva prisa

Y es que los tiempos corren de prisa. Aunque la reforma laboral pasa a su cuarto debate en la plenaria del Senado, está a solo diez días de la finalización de la legislatura.

De estos, solo ocho pueden ser usados para surtir este debate, porque hay que reservar al menos un día para la conciliación de los textos finales de las dos corporaciones y su publicación en la Gaceta del Congreso.

Así las cosas, se espera que en el Senado la reforma logre su aprobación antes del 18 de este mes y que, con ello, el día 19 sea para la conciliación junto con la delegación correspondiente de la Cámara. Y así, finalmente sea anunciada, como máximo, el 20 de junio en el cierre de la legislatura.

Para Efraín Cepeda, presidente del Senado, tras la reunión de bancadas independientes y de oposición hay tiempo, aunque ajustado, porque en la próxima sesión la reforma laboral “debe ser el primer punto del día”.

No es un asunto que se pueda evacuar rápidamente, porque en el texto hay puntos sensibles como las horas extra y los recargos por trabajo dominical y festivo, sobre los cuales los parlamentarios, si bien coinciden en su importancia, tienen apreciaciones distintas.

De ahí que la analista política María Lucía Jaimes afirme que, si bien el mensaje de solidaridad que dieron los partidos es importante porque “no se puede normalizar un hecho tan lamentable para la democracia como lo que sucedió el sábado”, es urgente también sentarse a legislar.

140 proyectos en el orden del día

Recuerda que estamos en la última semana de sesiones ordinarias del Congreso, con al menos 140 proyectos en el orden del día del Senado, de los cuales un gran porcentaje, si no se discuten, se archivarán por falta de tiempo.

“Es necesario continuar el debate tanto legislativo como de control político sobre los hechos de violencia y exponer ante el país los resultados de las reuniones que han tenido los partidos con la Comisión de Seguimiento Electoral y con la Procuraduría. Las plenarias del Senado son también el escenario para debatir sobre lo que sucede en el país”, señala.

¿Qué puede pasar en adelante con la reforma pensional y la consulta popular? El pulso entre la reforma laboral y la consulta sobre los tiempos de cada una para su aprobación es muy corto. Tendría que existir un acuerdo para sesionar lo que queda hasta el día 16, tanto para revisar la aprobación de la nueva consulta como para discutir la reforma y su respectiva conciliación en las diferentes cámaras, dice la analista Jaimes.

Gabriel Cifuentes sostiene, por su parte, que, si bien un gesto de solidaridad, respeto y reflexión es importante y necesario, el trámite legislativo no se detiene en sus tiempos.

“La reforma laboral debe ser aprobada sí o sí esta semana si no se quiere correr el riesgo de su archivo. Esa ha sido la manzana de la discordia entre el Congreso y el Gobierno, pero además la principal excusa para que desde el Ejecutivo sigan insistiendo en la inconveniente consulta”, anota Cifuentes.

La laboral, una reforma necesaria

Este experto recuerda que, en la medida en que el Congreso no avance y deje perder el tiempo, puede que gane una partida al hundir la reforma laboral –que, por lo demás, es una reforma necesaria y en su segunda vida en la Comisión IV ampliamente consensuada–, pero le estará dejando servido en bandeja al Gobierno la excusa de seguir adelante con la consulta por decreto y, con ello, persistir en la zozobra, la incertidumbre y una polarización acentuada por la amenaza de la violencia.

En el contexto actual surge otro dilema. ¿Debe ir el presidente Petro a Cali a anunciar que convoca su consulta popular o, como lo sugieren muchas autoridades en esa ciudad, debe ir más bien a presidir un consejo de seguridad para enfrentar la ola de atentados vividos en las últimas horas?

Los expertos anotan que el presidente ha dado un compás de espera antes de expedir su “decretazo”, un acto administrativo que, por ser inconstitucional, generará una nueva crispación en el ámbito político. Será necesario observar cuál será el ánimo del país frente a una nueva afrenta del Ejecutivo a las ramas del poder público.

Son tiempos muy complejos, pero, en conclusión, la respuesta es que tanto el presidente como los congresistas deben cumplir con sus deberes constitucionales y, por su parte, todos los ciudadanos deben rodearlos y respaldarlos, porque ellos representan la institucionalidad y la vía adecuada para enfrentar a los violentos.