Imputan cargos al exgobernador de Santander Hugo Aguilar por presuntas irregularidades en compra de juguetes a niños de escasos recursos

El exgobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo enfrenta un proceso penal por irregularidades en un contrato firmado en 2007, cuando aún ejercía el cargo, que tenía como objeto la adquisición de juguetes para niños de escasos recursos que serían entregados durante la temporada navideña de ese año.

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En una audiencia llevada a cabo este viernes, ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía imputó a Aguilar los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, los cuales no fueron aceptados por el exmandatario departamental.

La Fiscalía imputó al exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, como posible responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Los hechos que se le atribuyen están relacionados con las… pic.twitter.com/VhV9ittvKb

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 6, 2025

¿Qué irregularidades habría cometido el exgobernador Naranjo?

Según la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el exmandatario omitió su deber constitucional de vigilancia, control y seguimiento en el contrato 1724 del 13 de agosto de 2007, que ascendió a los 650 millones de pesos, y delegó el proceso contractual a la Secretaría de Desarrollo Social.

Según la investigación, hubo inconsistencias en los estudios previos y en la fase precontractual, como la falta de una licitación pública; la ambigüedad en la justificación del proyecto; y la ausencia de un censo poblacional para conocer cuántos menores de edad se encontraban en condiciones de pobreza y en qué municipios vivían.

Además, la fiscal indicó que el contrato fue suscrito con una fundación que no tenía la capacidad para cumplir con las actividades previstas, pues en la fase de ejecución del proyecto debía comprar 130.000 juguetes, pero solo entregó 36.000. Adicionalmente, se halló que se realizó una modificación para aumentar el costo de cada artículo de 5.000 a 6.500 pesos.

En medio de estas irregularidades, según el ente acusador, la Gobernación de Santander pagó la totalidad de los recursos y el contratista se quedó con 416 millones de pesos.