“Hacemos un llamado para que en este proceso electoral haya un pacto nacional y no se avalen prácticas violentas”

En junio de 2022, la Comisión de la Verdad presentó su informe final que contenía, entre otros, 220 recomendaciones dirigidas a diferentes entidades con un único objetivo: consolidar la paz. Tres años después, el Comité de Seguimiento y Monitoreo de esas recomendaciones, que es una entidad adscrita al Sistema Integral de Paz, presenta un nuevo informe sobre su cumplimiento. El panorama no es muy alentador: hay un rezago sistemático.

CAMBIO habló con Wilson Castañeda Castro, presidente del Comité de Seguimiento y Monitoreo, quien hace un llamado urgente a todos los actores políticos para que, de cara a la campaña electoral, firmen un pacto nacional. El objetivo es tener una campaña centrada en las ideas, en el debate, sin ningún tipo de violencia física o simbólica.

CAMBIO: El Informe Final de la Comisión de la Verdad, con 220 recomendaciones, se presentó en 2022. ¿Cómo vamos en este tercer año de implementación?

Wilson Castañeda: El avance de la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad es muy lento. Eso implica que es urgente activar la voluntad política de los diferentes responsables de la implementación: el Gobierno nacional, los gobiernos territoriales, la comunidad internacional y la sociedad civil. Ahora bien, podríamos indicar que hay cinco avances significativos.

Por ejemplo, el Ministerio de las Culturas viene apoyando iniciativas territoriales sobre el legado de la Comisión de la Verdad. El Ministerio de Educación está avanzando con la cátedra de paz en un poco más de 1.000 establecimientos de básica secundaria y en más de 36 universidades públicas de todo el país. Y el Ministerio de Agricultura tiene un avance importante en los territorios PDET y PNIS acompañando la implementación y la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado.

En cuarto lugar, hay que reconocer los avances del Ministerio de Defensa, que ha estado revisando y acomodando la doctrina de las Fuerzas Militares acorde con la construcción de paz. Además, el Ministerio de Justicia está estableciendo puentes entre la justicia ordinaria, la justicia transicional y la justicia especial para la paz. Esos son avances significativos del lado del Gobierno, que tiene aproximadamente el 60 por ciento de responsabilidades en las recomendaciones.

El restante 40 por ciento está dividido entre la sociedad civil (20 por ciento) y otras asistencias del Estado y la comunidad internacional (20 por ciento). De lo que compete a la sociedad civil tenemos que reconocer que hay un avance muy fuerte en cuidar el legado de la Comisión de la Verdad y hay una apropiación significativa del legado del movimiento LGBT, del movimiento de mujeres y de los movimientos afrodescendientes en los territorios.

CAMBIO: De lo que falta, ¿qué es lo más urgente?

W.C.: Hay varias preocupaciones grandes para nosotros. La primera es que este año hemos tenido un incremento de la violencia que se manifiesta en casi 650 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados a casi diez años de la firma, así como un aumento de la violencia contra las mujeres, contra personas LGBTIQ+ y en contra de defensoras y defensores de derechos humanos. Son cuatro grupos poblacionales que han mostrado un fuerte compromiso con la paz y este proceso les está costando la vida.

La segunda preocupación tiene que ver con la falta de concreción del proyecto de paz total, que es del Gobierno actual. El comité da cuenta que el proyecto contiene 20 recomendaciones (de la comisión), incluida la primera y más importante, que invita al país a consolidar la paz estable y duradera a través de lo que llama la “paz grande”. Si bien la paz total ha tenido avances como procesos de paz urbana en Medellín, en Quibdó y en Buenaventura, que han permitido reducir cifras de violencia, al igual que con el proceso con los Comuneros del Sur en Nariño, los otros procesos –de los nueve que activó paz total– hoy están desactivados. Los grupos armados se han fortalecido, ha habido reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y hay una crisis humanitaria en los territorios de permanencia de estos actores armados.

CAMBIO: ¿Qué otras preocupaciones tienen?

W.C.: La tercera preocupación tiene que ver con el mantenimiento de lo que habíamos avanzado. La Comisión de la Verdad recomendó crear dos ministerios: uno para la paz y no para la igualdad. Este comité en el primer informe señaló como avance significativo la creación del Ministerio de la Igualdad, pero, como se sabe, esta cartera no solo va a terminar su vida útil el próximo mes de marzo, sino que sus resultados no son óptimos. Este es un ejemplo de recomendaciones que habían avanzado en informes anteriores y que hoy han tenido una parálisis y una recomendación se cumple no cuando se toma una decisión, sino cuando se transforma en una realidad que beneficia a la gente.

De otro lado, la Comisión de la Verdad insistió en que es importante sacar las armas de la política por situaciones como la que sufrió Miguel Uribe Turbay. Este acercamiento a la campaña electoral del próximo año ha venido presentando confrontaciones, violencia verbal y simbólica, pero también asesinatos de alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas y de personeros, lo cual nos sigue preocupando mucho. Ahí hay un gran llamado para blindar las prácticas democráticas y que no te contengan acciones violentas.

CAMBIO: Usted menciona un tema clave: la campaña. Había varios temas electorales en las recomendaciones de la comisión y hay varios temas que preocupan como el deterioro de la seguridad o el impacto que pueda tener las fallas de la paz total. Sean justas o no las críticas al Gobierno actual, lo que no puede pasar es que se cree un ambiente en donde insistir en la construcción de paz sea visto de forma negativa. Esto es urgente…

W.C.: Nosotros hacemos parte de la mesa de trabajo que fue convocada por la señora defensora del Pueblo y nuestro rol allí es llevar las 27 recomendaciones que trae el informe de la Comisión de la Verdad para fortalecer la democracia y los procesos de participación pacíficos.

En ese orden de ideas, tal como usted señala, como comité tenemos una profunda preocupación ya que, si bien todavía no estamos oficialmente en campaña electoral, el año de análisis del informe coincide con que empezaron a salir al ruedo personas que han manifestado su interés de ser elegidas en cargos de elección popular. Hemos encontrado que se ha activado la violencia física como la que denunciamos en el caso del precandidato a la Presidencia Miguel Uribe, pero también violencia verbal y simbólica.

Estamos haciendo un llamado a todos los actores políticos, partidos y movimientos políticos para que en este proceso electoral se haga un pacto de acoger las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y que las discusiones se den en torno a ideas y que no se avale ninguna práctica de violencia ni física ni verbal ni simbólica que ponga en riesgo la democracia.

CAMBIO: Insistamos en eso. El pacto político nacional es un mandato que parece difícil de acoger en este momento, en medio de la polarización. ¿Cómo cree que podemos llegar allá?

W.C.: El llamado del comité es muy claro: nos urge que todos los sectores políticos de Colombia, de la orilla que sean, deben suscribir de inmediato un pacto nacional para exigir sacar las armas y cualquier expresión de violencia de los espacios políticos. Nos parece que, a partir de ese compromiso, que todos los grupos políticos están en condición de hacer, se podrá tener un proceso electoral donde el debate sea en torno a las ideas, respetuoso de la diferencia. Implementar la paz y acoger las recomendaciones de la Comisión de la Verdad es un deber institucional y de orden moral que esperamos que todos los candidatos lo acojan.

CAMBIO: Hay otra preocupación importante sobre la financiación, con la pérdida de recursos de la Usaid. Recuérdenos cómo funciona el comité.

W.C.: El comité es una entidad pública y hacemos parte del Sistema Integral para la Paz. Tuvimos un recorte de financiación en enero por parte del gobierno de Estados Unidos y algo de los de Países Bajos y del Reino Unido. Es un dinero que afecta mayoritariamente las acciones que se están haciendo en Colombia en materia de paz.

De un lado, parte de este dinero le estaba llegando a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, en todo lo relacionado con la maquinaria y la tecnología para la búsqueda; y a la Jurisdicción Especial para la Paz para la preparación de los Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Restaurador-Reparador (Toar).

El recorte de recursos también afectó a organizaciones sociales que acompañan a víctimas ante la JEP. En consecuencia, el sector más golpeado es el que está comprometido con la implementación del Acuerdo de Paz, tanto la sociedad civil como el Estado, y nos preocupa que eso entre en detrimento de poder cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, pero también en todas las tareas que tenemos frente a la implementación del Acuerdo de Paz que el próximo año cumple diez de haber sido firmado.

CAMBIO: ¿Podemos hablar de responsabilidades? ¿Se ha identificado alguna traba específica? ¿La demora es producto de qué?

W.C.: Cuando el Informe de la Comisión de la Verdad se presentó hace tres años, coincidió por unas semanas de diferencia con el inicio del Gobierno del presidente Gustavo Petro y Francia Márquez, y ellos dijeron que iban a cumplir el informe a rajatabla. Esto es un problema, decimos, porque cuando les preguntamos a otros actores políticos cómo está su compromiso con las recomendaciones, lo que nos responden es: “no, porque Petro lo va a cumplir”. Efectivamente Petro incorporó dentro del Plan de Desarrollo 104 de las 220 recomendaciones y algunos ministerios están avanzando al respecto, pero aquí también hay responsabilidades de alcaldías, de gobernaciones, de la rama judicial, de la comunidad internacional y de la sociedad civil. Entonces, la primera dificultad que hemos encontrado es que hay un montón de actores responsables de las recomendaciones que se están haciendo los desentendidos, porque creen que esta es una responsabilidad del Gobierno de Gustavo Petro.

CAMBIO: Esto depende de la voluntad de los gobiernos de turno, porque las recomendaciones no son vinculantes jurídicamente…

W.C.: Esa es la segunda dificultad que hemos encontrado: las recomendaciones no son jurídicamente vinculantes. La Comisión de la Verdad, cuando decide presentar las recomendaciones, las entendió como una invitación de orden moral. Pues bien, en un país tan legalista como Colombia hemos encontrado muchas instancias del Estado que, al no tener la presión de que las recomendaciones sean obligatorias, han decidido no asumirlas o no darles la importancia que se requiere.

Requerimos que la institucionalidad no lea la responsabilidad moral a “si lo quiero hacer', sino que las asuman. Es decir, hemos encontrado, sobre todo, de los entes territoriales y de la rama judicial un no involucramiento con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y nos parece que es urgente que lean su misionalidad a partir de esas recomendaciones y las puedan incorporar.

CAMBIO: ¿Cuando habla de la rama judicial se refiere a las Cortes?

W.C.: Sí. Cuando les preguntamos a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Constitucional, pero también a la Fiscalía General de la Nación, de qué manera han incorporado las recomendaciones en sus planes de trabajo, pues no hemos encontrado respuesta.

Hemos encontrado silencio de la Fiscalía y de las altas cortes: “No, eso no hace parte de nuestra misionalidad”. Es un desconocimiento de la responsabilidad que tienen frente a las recomendaciones, porque reitero, más o menos el 60 por ciento de las recomendaciones son responsabilidad del Estado, donde mayoritariamente hay tareas en el Gobierno, pero también hay tareas en el Ejecutivo y en el Legislativo.

Le pongo el ejemplo de este último. El actual Congreso, en la primera legislatura, presentó un poco más de 70 proyectos de ley que tenían como objetivo crear normas que respondieran a las solicitudes del informe de la Comisión de la Verdad. En la tercera legislatura que acaba de pasar, solamente se presentaron seis proyectos de ley y avanzó uno solo.

CAMBIO: Colombia firmó un proceso de paz que ya va para diez años buscando salir de más de 50 años de guerra. Pareciera que nosotros, como sociedad, no entendemos que estamos en posconflicto o la magnitud de lo que se firmó. Claramente la consolidación de la paz es un trabajo urgente y el clima político parece quedarse en el día a día...

W.C.: Ahí hay dos cosas. Primero, el mundo entero mira a Colombia. El proceso de paz del país es el más moderno e importante del mundo. Nosotros, como Comité de Seguimiento y Monitoreo tuvimos la visita de delegatarios de naciones africanas y asiáticas que quieren aprender de este modelo. Cuando uno como colombiano interactúa con otros países o va a foros fuera de Colombia encuentra que hay un gran aprecio por lo que hemos hecho para consolidar la paz, y uno inclusive se siente un poco atónito porque no es el mismo fervor que tenemos dentro del país.

Y, de otro lado, efectivamente, este es un proceso de paz muy complejo porque estamos haciendo la paz en medio de la guerra. Por eso es clave implementar la recomendación de la Comisión de la Verdad que hace un llamado a la 'paz grande'. La Comisión de la Verdad indica que hay conflictos que persisten que es urgente cerrarlos y, por eso, proyectos como la paz total del Gobierno actual son proyectos que pueden ser un buen camino para empezar a cumplir esa recomendación de cerrar los conflictos pendientes. Pero los resultados no los estamos viendo, sino que hay incremento de reclutamiento, violencia, sembrado de cultivo de uso ilícito, poder irregular...

Entonces, claro, finalmente los colombianos y las colombianas siguen viendo unos proyectos de vida fallidos y eso nubla ese gran potencial del Acuerdo de Paz de 2016. Hay que decir que esas 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad responden a una pregunta muy concreta: “¿Cómo hacer para que esto no se repita?”. La Comisión de la Verdad dijo que este país, por tener tantas décadas de violencia, genera unos ciclos continuos de violencia que tienen que ser desarticulados de manera estructural y por eso recoger esas 220 recomendaciones y traerlas a la vida cotidiana es poder responder a esa pregunta.