Histórico: Álvaro Uribe se convierte en el primer expresidente de Colombia en ser condenado

Culpable. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia durante dos periodos consecutivos (2002-2010) y uno de los personajes políticos más poderosos de la historia reciente del país, fue hallado responsable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

"No cabe duda de que el procesado conocía lo ilícito de su proceder", dijo la jueza Sandra Liliana Heredia.

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— Cambio (@estoescambio) July 28, 2025

La decisión que se da luego de un proceso judicial que movió los cimientos de la política colombiana es histórica: implica que, por primera vez, un expresidente de la república es condenado. Se trata, sin lugar a dudas, de un título de indignidad que pesará sobre los hombros y la figura política de Álvaro Uribe Vélez.

Exgobernador de Antioquia, exsenador y expresidente, Uribe Vélez es aclamado por la mitad de los colombianos. Querido como pocos por su talante de 'mano dura' y como representación de la derecha del país, Uribe ha logrado esquivar señalamientos gravísimos en su contra, pero hoy se convierte en condenado y no por cualquier cosa: por haber ideado y promovido una estrategia para manipular a la justicia y usar a terceros para lograr que testigos que lo han señalado de tener nexos con grupos paramilitares se retractaran.

Según la Fiscalía, Uribe siempre supo y apoyó que terceras personas se acercaran a los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve Pineda y Pablo Hernán Sierra García, quienes llevan años asegurándole a la justicia que Álvaro y Santiago Uribe Vélez fueron partícipes en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas. Aunque ese señalamiento lleva años en el olvido en alguna estantería de la Fiscalía General, el proceso que lo llevó a juicio tiene que ver precisamente con haber buscado la forma de restar credibilidad a los testigos que lo han involucrado.

La jueza 44 Penal de Circuito de Bogotá Sandra Heredia, quien antes de arrancar su lectura de fallo aseguró que la determinación obedece al cumplimiento de la labor constitucional de los jueces de dictar justicia de forma imparcial y que “la justicia no puede arrodillarse ante el poder”, acogió la tesis de la Fiscalía. Indicó que acá hubo un plan criminal en el cual participaron múltiples personas, no por actuación propia y desprendida, como si todos los planetas se hubieran alineado para ello, sino como producto de una actuación “macabra” y de un libreto para conseguir la retractación de un testigo.

La calificó como una “coreografía criminal” y aseveró que el expresidente sí sabía de lo que estaba pasando porque el abogado Diego Cadena, quien tenía una relación de subordinación con él, se lo comunicaba. La jueza no solo dijo que Uribe sí conocía el plan, sino que lo calificó como el cerebro del mismo e insistió en que Cadena forjó toda una estructura criminal en la que había roles específicos y que tenía también como objeto ocultar el verdadero instigador de estos hechos.

Los delitos sí ocurrieron

Este proceso en específico remonta a los días 21 y 22 de febrero de 2018 cuando la defensa del senador Iván Cepeda fue advertida por Monsalve de presiones que estaba recibiendo en la cárcel: tanto el recluso Enrique Pardo Hasche, como el abogado Diego Cadena y un viejo conocido del Huila Carlos López, conocido como Caliche, se le acercaron con un único fin: que hiciera una retractación y la enviara a la Corte Suprema de Justicia.

El tiempo era un factor clave. El 16 de febrero, unos días antes, la Corte Suprema había archivado una investigación contra Iván Cepeda, desestimando una denuncia que Uribe había hecho en su contra, alegando que el congresista se había ido a las cárceles a manipular testigos en su contra. La Sala Penal no solo dijo que Cepeda no cometió tal conducta sino que pidió que se investigara a Uribe.

La defensa de Uribe tenía hasta el 23 de febrero para interponer un recurso de reposición y anunció con bombos y platillos que tenían una nueva prueba contundente, pero esta nunca llegó porque Monsalve no se retractó. En cambio, lo que sí llegó a la Corte Suprema fue la alerta de lo que estaba pasando con el testigo. El alto tribunal abrió un radicado nuevo e inició en silencio una indagación preliminar contra Uribe Vélez.

Por eso, para muchos fue una sorpresa cuando el 24 de julio de 2018, la Corte Suprema anunció la apertura de una investigación formal contra Uribe y su llamado a indagatoria por presunta manipulación de testigos. ¿Qué estaba pasando? Carlos López se comunicó con Monsalve a nombre de Álvaro Hernán Prada, congresista del Centro Democrático del Huila, diciéndole que le iban a dar beneficios si se retractaba. Diego Cadena, abogado en juicio, hizo lo mismo: fue el 21 de febrero pero no fue recibido por Monsalve y fue al día siguiente: se reunieron en la sala de visita de abogados de La Picota, mientras en otra mesa estaban Enrique Pardo Hasche y Jaime Lombana.

Las promesas de Cadena quedaron registradas en un reloj espía que Deyanira Gómez, esposa de Monsalve en ese momento, le hizo llegar a la cárcel a través del abogado Héctor Romero. Cadena le pidió la retractación a cambio de ayudarle con un recurso judicial para tratar de reversar la condena que Monsalve paga por secuestro extorsivo. Un reloj espía también fue usado por Gómez para grabar a Cadena en otra reunión del 5 de abril de 2018 en la que habló de las presiones a su entonces compañero sentimental.

La jueza Heredia hizo varias manifestaciones clave sobre este episodio: primero, que las grabaciones de los relojes sí son válidas, que Deyanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve actuaron debidamente y que sus testimonios son válidos. Segundo, que Monsalve ha sido consistente en sus declaraciones por 14 años y que siempre supo que su sola voz no iba a ser atendida, por lo que decidió grabarse. Además, porque ha tenido que afrontar el desprecio de su propia familia y porque estaba señalando a uno de los hombres más poderosos a nivel nacional, quien desempeñó múltiples cargos de elección popular como la gobernación de Antioquia y la Presidencia de la República. Según la jueza, el testimonio de Monsalve no es producto de una animadversión. “Tuvo el valor civil de sostener su discurso y de documentarlo”, señaló.

Sobre el episodio que relaciona a Carlos López, conocido como Caliche, la jueza aseguró que no tiene sentido que Monsalve lo buscara a él para supuestamente querer retractarse cuando podía buscar a la familia Villegas, conocida de antaño. La determinación señala que no tiene sentido afirmar que todos los involucrados en este caso hayan actuado de forma independiente, yendo a cárceles, ofreciendo beneficios judiciales de su propio bolsillo.

“No bastó la intromisión directa a Monsalve con uno de sus compañeros, sino que fue necesario escudriñar en las pocas personas en las que confiaba y de esa manera llegó a escena el señor Carlos López Callejas”, dijo la jueza para quien este declarante es más “cuentista sin talento”. Además, indicó que “parece descabellado fabular que los planetas se alinearon” para que, en el mismo mes, Pardo Hasche, López, Vicky Jaramillo y Ricardo Williamson buscaran ayudar al testigo Monsalve, justo en el momento en que la defensa del expresidente necesitaba una declaración clave para entregar a la Corte Suprema de Justicia.

La jueza indicó que “es posible concluir, de la mano de la Fiscalía, que quedó suficientemente acreditada la materialidad de la conducta punible de soborno en actuación penal respecto del testigo Juan Guillermo Monsalve”.

Aunque las presiones a Monsalve son el eje central del proceso contra Álvaro Uribe, los hechos por los que fue llamado a juicio involucran varios episodios más. Uno, tiene que ver con memoriales que fueron allegados a la Corte Suprema por parte de Eurídice Cortés, alias Diana; Carlos Enrique Vélez; Jhon Jaime Cárdenas Suárez, alias Fosforito; y Fauner José Barahona Rodríguez.

En estas cartas se buscó desvirtuar el testimonio de Pablo Hernán Sierra quien también declaró en contra de Álvaro Uribe, pero, dijo la jueza, se probó que esto se hizo a cambio de dinero. Esto lo declaró el propio Vélez, quien se retractó en la Corte y se probó por comprobantes de pago hechos a Vélez que la defensa de Uribe quiso ocultar llamándolos “viáticos. “Se convirtió en una ocupación remunerada convertirse testigo en este caso”, dice la jueza. precisó diciendo que el dinero se usó hasta para cosas como comprar buñuelos y “pagar amiguitas”.

Otro episodio señala que el expresidente le pidió al abogado Diego Cadena que buscara a Juan Carlos Sierra, conocido como El Tuso, exnarcotraficante extraditado a Estados Unidos, quien había enviado dos cartas a la Corte Suprema, para pedirle que incriminara falsamente a Cepeda. La jueza dijo Sierra faltó a la verdad y que él mismo reconoció que no se le ofreció beneficio alguno y que se acreditó el fraude procesal.

Otro episodio involucra cartas hechas a mano y firmadas en junio de 2018 por los exparamilitares Giovanni Cadavid Zapata; Máximo Cuesta Valencia, alias Sinaí y Elmo José Mármol Torregrosa. Dos de esas cartas, según la abogada Ángela López fueron hechas por ella. En las misivas, los exparamilitares aseguran que Iván Cepeda les ofreció beneficios jurídicos se declaraban en contra de los hermanos Uribe Vélez y restaban credibilidad a la versión de Monsalve. Luego se supo, que López tuvo una cita con el exintegrante de la UTL de Uribe Fabián Rojas, con Diego Cadena -a quien López ya conocía- y el exdirector de la cárcel de Cómbita para hablar del tema. Además, ella y Cadena fueron a la cárcel para reunirse con los paramilitares que estaban interesados en testificar.

Según la jueza, las misivas tenían contenido falso y se verificó que sí existió el delito de fraude procesal. Cabe recordar que todos estos hechos sucedieron cuando Uribe Vélez ya era investigado y antes de que Álvaro Uribe fuera llamado a la indagatoria. Esa cita se hizo finalmente el 8 de octubre de 2019, luego que la investigación pasara de la Sala Penal a la recién creada Sala de Instrucción de la Corte Suprema y se presentara una disputa entre Iván Cepeda, como víctima reconocida en el caso y la magistrada Cristina Lombana, quien era militar y renunció al Ejército en medio de una polémica por su objetividad.

En agosto de 2020, la Sala de Instrucción, con ponencia del magistrado Cesar Reyes, dictó casa por cárcel para Uribe Vélez, en una decisión histórica por la que, días después, Uribe renunció al Congreso, a su fuero y el caso pasó a manos de la Fiscalía de Francisco Barbosa. Allí, en medio de un fuerte cuestionamiento político, los fiscales a cargo pidieron dos veces la preclusión del caso, asegurando que Uribe no cometió delito. Dos veces la petición fue negada por los jueces.

Llegó Luz Adriana Camargo y el 9 de abril de 2024 se radicó la acusación contra el exmandatario. En el juicio se escucharon a 95 testigos, la Fiscalía pidió la condena del expresidente y la Procuraduría la absolución. El caso en la Fiscalía añadió un delito a Uribe respecto del caso que se adelantaba en la Corte Suprema de Justicia: el de soborno simple señalado con un supuesto beneficio a la exfiscal detenida Hilda Niño Farfán para trasladarla de cárcel, con tal de dar una declaración que podría beneficiar a Santiago Uribe Vélez, quien en ese momento era investigado por presunta creación de grupos paramilitares, de cual fue absuelto en primera instancia. Según la jueza del caso, Cadena, como en el episodio de Enrique Pardo, sí visitó a Niño en prisión e intermedió a su favor y aunque hubo una actuación irregular, en este caso hubo una serie de decisiones judiciales que ordenaban el traslado y, por tanto, este delito no se acreditó.

Uribe sí es culpable

Un elemento clave de la decisión contra el expresidente es que la jueza, al acreditar su rol de determinador de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, tuvo en cuenta la relación de subordinación que tuvo con el abogado Cadena, quien fue el que cometió directamente los hechos irregulares.

La jueza Sandra Heredia indicó que aunque Cadena era un abogado de extradiciones, que tenía falencias como jurista y que Uribe acudió a él ante la molestia que tenía con algunas actuaciones que habían hecho sus abogados de siempre, Jaime Granados y Jaime Lombana. La jueza insistió en que se creó una relación de subordinación y codicia en la que Uribe quería mantener su poder y Cadena alcanzarlo y enfatizó en la figura de Uribe Vélez, como un líder nato, carismático y férreo defensor de sus creencias, para señalar que su relación con Cadena era asimétrica.

Así, la jueza señaló que Cadena fue instigado por Uribe para que lograra su cometido, lo que llevó al inexperto abogado a actuar en contra de la ley. Es más, para Heredia, Uribe afectó gravemente el bien jurídico de la administración de justicia.

Hoy la juez Heredia dio su sentido de fallo condenatorio, marcando así un capítulo en la historia reciente de Colombia. Antes del caso del expresidente Uribe sí hubo mandatarios investigados pero fue diferente: el general Gustavo Rojas Pinilla fue declarado indigno por el Congreso y condenado a perder sus derechos políticos, pero esa decisión no solo fue reversada posteriormente por la Corte Suprema de Justicia, sino que obedeció a un proceso político y no exclusivamente penal como el que enfrentó Uribe Vélez.

El expresidente y su defensor Jaime Granados apelarán la decisión. Ahora bien, para que esta condena no se convierta en un saludo a la bandera, la segunda instancia tendría que definirse antes del 15 de octubre para que no prescriba, ya sea ratificando la condena o absolviendo al exmandatario. Por ahora, Uribe Vélez, quien defiende con ahínco su desconocimiento de estos hechos, insistiendo en que él solo pidió que los testigos que supieran algo sobre su caso dijeran la verdad a la justicia, seguirá en libertad.