Las razones por las que el abogado de Miguel Uribe acusó al Gobierno de intervenir en el caso ante la CIDH

Durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el abogado Víctor Mosquera, defensor del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, denunció que el Gobierno de Gustavo Petro habría intervenido de forma indebida en la investigación del atentado que sufrió el congresista el pasado 7 de junio.

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Según Mosquera, esa presunta injerencia ha comprometido la imparcialidad del proceso, alimentado la estigmatización contra líderes de la oposición y desviado la atención de las líneas investigativas clave. Por ello, solicitó medidas cautelares urgentes para Uribe, su núcleo familiar y otros miembros del Centro Democrático, argumentando que el ataque no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón de persecución política.

Las cinco razones que sustentan su denuncia

1. Difusión de hipótesis sin respaldo judicial: la defensa advirtió que desde el propio Gobierno se han lanzado públicamente hipótesis sobre los posibles responsables del atentado, sin que existan pruebas concluyentes ni decisiones de fondo por parte de las autoridades judiciales. Para Mosquera, divulgar este tipo de versiones ante la opinión pública constituye una forma de presión indebida sobre el proceso.
2. Señalamientos anticipados y sin pruebas: Mosquera afirmó que funcionarios del Ejecutivo han sugerido vínculos entre el ataque y ciertos grupos criminales sin ofrecer fundamentos jurídicos o pruebas formales. A su juicio, este tipo de señalamientos prematuros no solo desvían la atención de los verdaderos determinadores, sino que podrían estar orientados a cerrar o redireccionar el caso antes de tiempo.
3. Investigaciones paralelas por fuera de la Fiscalía: otro de los argumentos centrales de la denuncia es que el Gobierno habría intentado conducir sus propias líneas de investigación, al margen de las competencias de la Fiscalía General de la Nación. Esto, según Mosquera, socava el principio de separación de poderes y rompe con la legalidad del proceso penal.
4. Estigmatización sistemática contra la oposición: durante la audiencia, el abogado presentó tres informes que recogen múltiples expresiones de altos funcionarios del Gobierno que estigmatizan a Miguel Uribe y a otros líderes del Centro Democrático. Mosquera argumentó que estas declaraciones forman parte de un discurso oficial que alimenta un ambiente de hostilidad política, y que esa narrativa también incide en el desarrollo del caso, al sembrar sospechas sin base probatoria contra quienes se oponen al Gobierno.
5. Omisiones en la protección del senador: finalmente, la defensa denunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) desatendió al menos 51 solicitudes de refuerzo de seguridad para Uribe, pese a su condición de líder opositor y precandidato presidencial. “El error fue de la UNP, que desatendió las solicitudes de protección (...) dejándolo expuesto en un contexto de amenazas crecientes”, sostuvo Mosquera.

El contexto: declaraciones del Gobierno que la defensa considera problemáticas

Como ya se mencionó, uno de los puntos clave que la defensa planteó ante la CIDH es que las propias declaraciones del presidente Gustavo Petro y otros funcionarios se han convertido en ejemplos de injerencia indebida.

Efectivamente, el presidente Petro hizo públicas distintas hipótesis sobre el atentado. En redes sociales sostuvo que una de las posibles causas del ataque estaría relacionada con venganzas del narcotráfico. En una entrevista con CNN en español, incluso mencionó a una supuesta “oficina” criminal ubicada fuera de Bogotá, y aseguró que el atentado estaría vinculado a redes de microtráfico.

También afirmó que el Gobierno mismo había sido víctima del hecho, al sugerir que grupos opositores a su mandato buscaban crear un clima de pánico tras el hundimiento de la reforma laboral. Para la defensa, estas intervenciones públicas configuran una interferencia directa que distorsiona el proceso penal, siembra prejuicios en la opinión pública y desvía la atención de los verdaderos responsables.

¿Qué viene ahora?

La CIDH analizará en las próximas semanas si concede las medidas cautelares solicitadas para el senador Miguel Uribe y su círculo cercano. Mosquera aseguró que la respuesta podría conocerse en un plazo de 15 días.

Además, confirmó que el caso ya fue notificado al Departamento de Estado de Estados Unidos, con énfasis en el contexto de estigmatización política que –según la denuncia– ha rodeado el caso desde sus inicios.