Nueva imputación contra Sneyder Pinilla por direccionamiento de contratos en Córdoba

La Fiscalía General de la Nación formuló una nueva imputación contra el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) Sneyder Pinilla por su presunta participación en el direccionamiento irregular de cinco órdenes de servicio y de interventorías en el departamento de Córdoba.

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Según el ente acusador, los contratos habrían sido adjudicados de forma indebida a contratistas previamente seleccionados, en desarrollo del escándalo de corrupción que sacude a la UNGRD.

Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, fue imputado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La Fiscalía General de la Nación cuenta con material probatorio que demostraría la participación del procesado, entre… pic.twitter.com/WQzMIYta34

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 14, 2025

El exsubdirector de la UNGRD, quien ya fue condenado por su responsabilidad en el caso de los carrotanques, compareció nuevamente ante un juez de control de garantías. En esta ocasión, fue imputado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, cargo que no aceptó.

De acuerdo con el comunicado oficial, los hechos ocurrieron entre agosto y diciembre de 2023, cuando Pinilla, junto con otros dos funcionarios de la Subdirección General de la UNGRD, habría direccionado cinco órdenes de proveeduría para el suministro de horas de maquinaria amarilla y volquetas.

Los contratos estaban destinados a atender emergencias en los municipios de Puerto Escondido, Moñitos, Canaletes, Ciénaga de Oro y Los Córdobas, en el departamento de Córdoba.

La Fiscalía indicó que Pinilla habría tramitado y avalado la contratación de particulares que no estaban registrados como proveedores oficiales de la entidad, y que habrían sido seleccionados previamente por otro funcionario de la UNGRD.

Además de las órdenes de proveeduría, se celebraron cinco contratos de interventoría. El valor total de estos negocios jurídicos ascendía a 8.671 millones de pesos. No obstante, los recursos no llegaron a ser desembolsados a los contratistas.