Zona Económica Binacional: ¿un acuerdo necesario en un momento inoportuno?

Hace unos años, cuando Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera de Venezuela con Colombia, en el puente internacional Simón Bolívar, entre San Antonio y Villa del Rosario, cada mañana se vivía una escena conmovedora entre la multitud que se agolpaba para cruzar.

A las 5 a.m., del lado venezolano, un grupo de niños esperaba en la fila. Iban con camisa blanca planchada, falda azul y medias tobilleras bien puestas, en el caso de las niñas, y camisa de manga corta y pantalón a la medida, en el caso de los varones. Algunos lucían despeinados, somnolientos y algo desordenados, como suele ocurrir a los siete años cuando no hay papás que los arreglen.

Los menores venían desde distintos puntos del municipio Bolívar, en el estado Táchira, que con una población de 66.362 habitantes era uno de los más afectados por la diáspora iniciada por la crisis económica. Dejaban atrás la llamada Pequeña Barinas, un conjunto de 16 asentamientos irregulares, con población mayoritariamente colombiana.

Otros viajaban desde Palotal, más distante. Se levantaban antes de las cuatro de la mañana y caminaban por la carretera hasta la línea de frontera.

Ya allí, una parte se ubicaba en la fila junto a su padre, su madre, una tía, una hermana o algún adulto conocido que les servía de guía. Los apretaban con fuerza para no soltarlos de las manos por temor a que el orden se transformara en turba.

Otros estaban solos. Trataban de asomar la cabeza para ver si se acercaban al puesto fronterizo.

Entre la multitud y la gritería de los adultos por abrirse paso, algunos menores, en cambio, reían y bromeaban, como si ignoraran su propia vulnerabilidad. ¿Cómo puede un padre mandar a su pequeño solo a otro país?

—Los niños ya están grandes y se defienden solos —juraba un padre.

—¿Pero tienen 7, 8, 9 años?

—Por eso —insistía—. Ya están grandes.

De ahí que muchos viajaran sin acompañante. No había un registro claro, ya que algunos días cruzaban decenas y en otros, hasta 500 estudiantes solos.

La inocencia pasa la frontera

Al entrar a Colombia, esquivaban el caos con inocencia. Seguían adelante, con la cabeza en alto. Caminaban con la vista al frente. Y se internaban entre las calles de la ciudad hasta el colegio público Institución Educativa La Frontera. Una sede ordenada, limpia, digna, con salones amplios, jardines bien cuidados y un generoso espacio de 20.000 metros cuadrados, donde se les brindaba educación.

Los niños solitarios ganaban la batalla de ese día. Llegaban sanos y salvos, muertos de la risa, a una institución con 1.293 estudiantes. De ellos, 800 nacieron y viven en Venezuela, pero son hijos de colombianos; y 267 son venezolanos.

Cuando el Gobierno de Maduro radicalizó aún más su postura y prohibió incluso el paso peatonal, los niños se tomaban de la mano y empezaban a cruzar antes del amanecer, en la oscuridad, a través de la manigua, para no perder clases.

Desde el lado colombiano de la frontera, la situación no era menos dramática. Muchos niños tenían colegio, pero ahora carecían de casa, ya que estas habían sido marcadas por la Guardia Nacional por orden de Maduro, en una persecución implacable contra humildes ciudadanos.

Así que estos desarrapados cruzaban el río Táchira con unos cuantos enseres mientras cantaban el himno nacional, dejando atrás sus viviendas.

Así ha sido siempre. La frontera entre Colombia y Venezuela, de una longitud de 2.219 kilómetros, es porosa y viva, donde, parodiando al escritor Julio Cortázar, las alternativas para encontrar el amor y el peligro se reparten por partes iguales.

Echar siempre pa' lante

Por eso, la firma del memorando de entendimiento para crear la Zona Económica Especial (ZEE) entre los gobiernos de Colombia y Venezuela generó tanta ilusión entre los pobladores de uno y otro lado, que a diario hacen su vida al margen de las decisiones políticas.

La situación de convivencia ha mejorado ostensiblemente desde que el presidente Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño, y solo un mes después de su posesión, en agosto de 2022, acordó con Maduro reactivar los vuelos entre los dos países, el tránsito vehicular y peatonal por los pasos aduaneros, y con ello, el comercio bilateral.

Sin embargo, la región sigue golpeada por la presencia de actores armados ilegales. La idea ahora es avanzar en institucionalidad. Una decisión necesaria para contrarrestar el poderío impuesto por organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que allá actúa como grupo paramilitar y aquí como guerrilla, y el Tren de Aragua, que viene acá a sembrar el terror.

Según la ONG Insight Crime, la región fronteriza de ambos países sufre desde hace años un incremento de grupos al margen de la ley, con fenómenos tan inéditos como el doble accionar del ELN.

Para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), solo en el departamento de Santander hay sembradas 43.867 hectáreas de coca. Por tan jugoso botín, a comienzos de este año se produjo una crisis humanitaria sin precedentes en el Catatumbo. La pelea por el control del territorio entre el ELN y las disidencias de las Farc arrojó, según datos de la Defensoría del Pueblo, 60.000 desplazados.

Enorme expectativa

De ahí que crezca la expectativa por una mayor presencia institucional. El gerente para el Desarrollo Fronterizo de la Cámara de Integración Económica Venezolana-Colombiana (Cavecol) en Táchira, Tulio Ramírez, citado por el diario La Opinión, expresó su satisfacción por el progreso de las relaciones entre ambos gobiernos y la firma del memorando.

“Traerá desarrollo y progreso para los inversionistas y habitantes de la zona de frontera y contribuirá a la buena gobernanza. Ya la vicepresidenta de Venezuela se refirió a la interconexión eléctrica —para que Colombia le venda energía a su vecino— que pronto se implementará en Táchira, lo cual ayudará a tener el servicio las 24 horas, para que las unidades de producción puedan operar sin problemas”, precisó.

El también empresario venezolano enfatizó que contar con energía colombiana ayudaría a que las organizaciones de San Cristóbal, San Antonio y Ureña, entre otros municipios tachirenses, operen con regularidad al 100 por ciento.

También en La Opinión, el director de la Región Oriente de la Cámara Colombo-Venezolana, Víctor Méndez, se sumó a la celebración, pues la ZEE contribuirá al incremento del intercambio entre los dos países.

El dirigente empresarial colombiano ratificó que esperan el inicio de las mesas de socialización del memorando en la región para aportar ideas y mejorar el instrumento. El comercio con Venezuela superó los 1.200 millones de dólares el año pasado, con la meta de alcanzar los 1.500 millones en 2025.

“Queremos seguir trabajando para continuar con la dinamización del comercio, pues Norte de Santander es el principal exportador al país hermano. Todas esas iniciativas son acompañadas por la Cámara Colombo-Venezolana”, agregó Méndez.

La importancia de los acuerdos binacionales

Enrique Prieto Ríos, analista internacional y docente de la Universidad del Rosario, le dijo a CAMBIO que este tipo de acuerdos binacionales son comunes y benéficos para los habitantes de las zonas involucradas.

“Cuando se habla de zonas fronterizas, se habla de espacios vivos, dinámicos y en constante movimiento. Por eso, en muchas regiones del mundo, los países vecinos unen esfuerzos para generar condiciones adecuadas en estas zonas que, si no se gestionan correctamente, pueden volverse problemáticas”, advierte.

Pero, ¿si el hecho es tan positivo, por qué tanto ruido? En primer lugar, por la presión internacional impuesta por Donald Trump.

En efecto, esta situación ocurre bajo la mirada amenazante de Estados Unidos. El senador Marco Rubio afirmó que Maduro “NO es el presidente de Venezuela y su régimen NO es el gobierno legítimo”.

Para Rubio, el inquilino del Palacio de Miraflores en realidad lidera el Cartel de Los Soles, “una organización narcoterrorista que se ha apoderado de un país” y que enfrenta acusaciones por introducir drogas en Estados Unidos.

Las declaraciones de Rubio llegaron dos días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera al Cartel de Los Soles en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), catalogándolo como grupo terrorista internacional y fuente de amenazas transnacionales, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

El diagnóstico de Washington es simple: responsabiliza al régimen de Maduro de lucrar con el narcotráfico y contribuir a la desestabilización regional.

¿Cuáles son las salidas?

¿Cómo hacer entonces para que quienes viven a ambos lados de la frontera —muchos de los cuales comparten relaciones comerciales, educativas e incluso familiares— encuentren salidas?

Prieto Ríos recuerda que, cuando la frontera estuvo cerrada oficialmente, esta siguió funcionando, pero bajo el control de bandas criminales, “lo que demuestra la necesidad de una intervención institucional adecuada”. Con niños que debían cruzar solos antes del amanecer para ir a estudiar, se hace evidente la urgencia de soluciones estructurales.

Los expertos coinciden en que existen precedentes de acuerdos binacionales en temas como la educación. Por ejemplo, entre Estados Unidos y México, y también en la Comunidad Andina de Naciones, donde hubo un proyecto de ley para la educación binacional. Estos acuerdos son normales y frecuentes.

Quienes defienden la ZEE sostienen que lo que buscan actualmente los gobiernos de Colombia y Venezuela es redinamizar la economía local. Se trata de que, mediante un impulso institucional, las actividades que hoy se desarrollan de manera informal y a pequeña escala puedan formalizarse y crecer.

Si esto es así, ¿por qué tanta controversia en el ámbito político? El problema, evidentemente, surgió por la errática forma en que se comunicó.

Lo hizo Alfredo Saade, jefe del Despacho presidencial, quien viajó a Caracas no solo para firmar el documento, sino que, por su cuenta, tomó los micrófonos para alabar a Maduro, un gobernante que Colombia no ha reconocido tras robarse las elecciones hace un año.

Saade, el funcionario que causa ruido

“Yo no estoy negociando con bandidos. Nosotros lo que hicimos fue un acuerdo con un gobierno legítimamente establecido en Venezuela, porque lo decidió el pueblo de Venezuela”, dijo Saade, quien además contó que se fue a dar una vuelta en carro con Maduro y destacó lo bien que está Venezuela, mientras atacaba a la prensa colombiana.

“Cuando usted le da poder a un orate, pues empiezan a pasar este tipo de cosas... Saade es un pastorcito belicoso”, dijo Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), miembro del Pacto Histórico y uno de los líderes de izquierda que más ha cuestionado las imprudencias de Saade.

A los nubarrones puestos en el horizonte por Saade se sumaron las declaraciones de Maduro al presentar el hecho: “¿Qué vamos a hacer en esta zona? Vamos a incrementar las inversiones binacionales e internacionales. Los chinos, los indios, los rusos y los turcos están interesados. Además, vamos a combatir junto a las Fuerzas Militares y Policiales de Colombia a las mafias”, dijo ante las cámaras.

“Este es el inicio de un sueño, un sueño que nació en Bolívar, que continuó el presidente Chávez, y que hoy tienen el presidente Maduro y el presidente Petro. Es el inicio de una transformación social, política y económica en una región que lo necesita”, dijo Saade en una frase que encendió más chispas.

Afirmaciones que fueron aprovechadas por la oposición al presidente Petro. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, del Centro Democrático, afirmó que el Ejecutivo “entrega soberanía al narcoterrorismo protegido por la dictadura de Maduro”.

Se vienen las elecciones

Mientras tanto, los aspirantes a la Presidencia también expresaron su rechazo. Una situación explicable porque Maduro es, según todas las encuestas, la persona con peor imagen en Colombia. De ahí que criticarlo en esta época es muy rentable en el propósito de seducir electores.

En esta línea, por ejemplo, el precandidato David Luna, de Cambio Radical, sentenció que el acuerdo estaría permitiendo “al régimen venezolano influir directamente en departamentos como Norte de Santander, La Guajira y Cesar”.

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, calificó la firma como “gravísima” y advirtió: “Estamos ante un hecho que podría derivar en la creación de una gran zona gris cocalera, fuera del control del Estado colombiano y propicia para el fortalecimiento del crimen organizado binacional”.

Esto obligó al presidente Petro a responder: “Ningún soldado colombiano pasará la frontera hacia Venezuela; ningún soldado venezolano la pasará en dirección a Colombia. Mientras unos buscan el petróleo, nosotros solo queremos que se encuentren las familias, produzcan y puedan vivir bien”.

En medio de la discusión, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo intervino y preguntó: “¿No sería más sencillo y serio que el Gobierno colombiano publicara cuanto antes el memorando y explicara qué se va a hacer en virtud del documento firmado con Venezuela, punto por punto?”

No es un tratado, es un memorando de entendimiento

De hecho, hay inquietud sobre la naturaleza jurídica del documento. Algunos lo han calificado como un tratado, pero, tal como lo indica expresamente el texto, se trata de un memorando de entendimiento.

En derecho internacional, los tratados son fuentes formales de obligaciones jurídicas para los Estados. Contienen compromisos específicos y son vinculantes. Sin embargo, en este caso no aplica. Los propios Estados han declarado que no se crean obligaciones jurídicas. El documento es un memorando de entendimiento y no requiere aprobación del Congreso.

“Me parece un acierto la implementación de estos planes binacionales. No deberíamos limitarnos únicamente a Venezuela; deberíamos fortalecer planes similares con Perú, Ecuador, Brasil e incluso Panamá. Estos acuerdos traerán beneficios no solo para quienes vivimos en Bogotá, sino para los millones de personas que habitan en las zonas limítrofes, que cruzan a diario para trabajar o estudiar de un lado a otro”, señala el profesor Prieto Ríos.

“El memorando de entendimiento firmado entre Colombia y Venezuela es una hoja de ruta preliminar, de carácter no vinculante, que busca explorar mecanismos de cooperación técnica y productiva con nuestros países vecinos”, aclaró la ministra de Comercio, Diana Morales.

Se trata de un instrumento legítimo, amparado por el derecho internacional, que no sustituye el ordenamiento jurídico nacional ni compromete la soberanía del país. Por el contrario, se enmarca en una apuesta clara del presidente Petro por reactivar nuestras fronteras como territorios de desarrollo, legalidad y paz, argumentó la funcionaria.

“Nuestro compromiso es claro: formalizar lo que por décadas ha existido en la precariedad, acompañar las fuerzas productivas de frontera y construir una institucionalidad que permita hacer del comercio legal, la inversión y la cooperación verdaderas palancas de transformación territorial”, agregó.

El propósito de este memorando es impulsar la economía regional, apoyar industrias locales, promover actividades productivas y mejorar aspectos fundamentales como el mercado de electricidad. Y, sobre todo, que los niños puedan ir a las escuelas, los padres a sus trabajos, en condiciones seguras y no a merced de los capos que se aprovechan de la ausencia de ley en la frontera para imponer sus condiciones.