36 años después del magnicidio de Luis Carlos Galán, inició el juicio contra dos generales retirados de la Policía

El día en que lo iban a matar, Luis Carlos Galán se levantó temprano para asistir a un foro sobre educación en la Cámara de Comercio de Bogotá. En su intervención en el evento, el candidato presidencial rechazó el asesinato del coronel Valdemar Franklin, acribillado con 31 balas por parte de miembros del cartel de Medellín, sin saber que horas después la violencia en Colombia escribiría su nombre en esa misma lista de víctimas.

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En la mañana de ese 18 de agosto de 1989, el aspirante a la Presidencia por el Partido Liberal coordinó varias actividades con su equipo e inauguró la sede oficial de su campaña. Luego, preparó el discurso que esa noche pronunciaría ante unas 10.000 personas presentes en la plaza principal de Soacha, reunidas para escuchar al candidato que se perfilaba como el gran favorito en la contienda electoral.

Antes de iniciar su recorrido hacia la plaza del municipio más grande de Cundinamarca, Galán tomó un par de minutos para ponerse el chaleco antibalas que usó debajo del traje elegido para esa noche. El candidato recorrió una gran parte del trayecto en su carro blindado y, luego, abordó el camión en el que finalmente se presentaría ante la multitud.

En su camino hacia la tarima de madera en la que pronunciaría su discurso, Galán mantuvo su mano derecha siempre en alto para saludar a los simpatizantes que se agolpaban a su paso extendiendo los brazos para tocar, aunque fuera por un instante, a quien para muchos sería el nuevo presidente de Colombia para el periodo 1990-1994.

Con la ayuda de sus escoltas, el candidato subió a la tarima y levantó los brazos ante los asistentes que sostenían pancartas en respaldo a su campaña. Unos segundos después, las primeras tres ráfagas de subametralladora marcaron el inicio de la balacera, que se confundió con los gritos desesperados de quienes intentaban abrirse paso entre la multitud para huir del fuego cruzado.

La investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán

El 4 de agosto de 1989, dos semanas antes del magnicidio de Galán, un hallazgo dejó claro que la orden de asesinarlo ya se había dado. En la ruta que el precandidato debía tomar hacia la Universidad de Medellín, en la que lideraría una conferencia, las autoridades encontraron un lanzamisiles que sería disparado contra el vehículo en el que se movilizaba.

Las denuncias del candidato del Partido Liberal sobre las múltiples intimidaciones que recibió durante su campaña presidencial integran el expediente judicial que hoy es pieza clave en la investigación por su asesinato. Sin embargo, 36 años después, aún persisten vacíos y controversias sobre los responsables de la seguridad del Luis Carlos Galán.

El Centro de Memoria Histórica destaca que la primera condena en el caso se emitió una década después en contra de los autores materiales del crimen: José Édgar Téllez Cifuentes, alias Pantera y Johan Lozano Rodríguez. Ocho años después, en octubre de 2007, un juez también declaró como determinador al político liberal Alberto Santofimio, quien fue condenado a 24 años de cárcel.

En la investigación sobre el magnicidio también han sido vinculados altos funcionarios como Miguel Maza Márquez, quien se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para el momento en el que se registró el magnicidio, y el jefe de seguridad de su campaña, el teniente de la Policía Jacobo Alfonso Torregrosa.

La familia del excandidato ha reiterado durante más de tres décadas que en la investigación se debe esclarecer la eventual participación de narcotraficantes, paramilitares del Magdalena Medio, miembros de las Fuerzas Militares e incluso políticos de diferentes sectores. De hecho, instituciones como la Corporación Excelencia en la Justicia han advertido sobre la impunidad que rodea el caso, reflejada en procesos fragmentados, condenas parciales y una verdad judicial que permanece incompleta.

Inició el juicio en contra de dos generales retirados de la Policía vinculados a la investigación por el magnicidio de Galán

El pasado 12 de agosto, un día después del fallecimiento del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se conoció que el juicio en contra de los policías retirados vinculados al proceso ya arrancó.

Con el juicio, se busca establecer su grado de responsabilidad en el magnicidio y determinar si, desde sus posiciones en la fuerza pública, facilitaron las condiciones para la ejecución del atentado.

Los generales retirados de la Policía Óscar Peláez Carmona y Argemiro Serna, y el exdetective del DAS Héctor Ernesto Muñoz tendrán que responder ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por su presunta participación en el debilitamiento del esquema de seguridad encargado de la protección de Galán el día en que fue asesinado.

De acuerdo con la Fiscalía, los tres procesados en el caso serían responsables del delito de homicidio con fines terroristas en concurso con tentativa de homicidio. Sin embargo, los policías retirados y el exdetective del DAS han rechazado su participación en el crimen y presentado múltiples apelaciones para intentar revertir las decisiones judiciales en su contra.

El ente acusador ha presentado material probatorio con el que busca demostrar que Serna, quien para la época se desempeñaba como subcomandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, se abstuvo de adoptar las medidas de seguridad requeridas y coordinó actividades para evitar que se presentaran condiciones de protección mínimas para el candidato.

En relación con Peláez Carmona, quien trabajaba como director de la Policía Judicial e Investigaciones (Dijín), la Fiscalía ha reiterado que el procesado buscó desviar la investigación en la que fueron capturadas cinco personas sin relación con el magnicidio. “Correspondió a un aporte al plan criminal diseñado para perpetrar el magnicidio del doctor Galán Sarmiento", concluyó la Fiscalía en su escrito de acusación.