Contratistas, tierras y campaña en el Cesar: el lío que generó una contradicción en el alto Gobierno

De repente, y a fuerza de indignación, los medios de comunicación nacionales y algunas entidades volvieron a mirar hacia un departamento que no escapa de las luchas de poder entre clanes: el Cesar. En el último mes, esa región se enteró de que dentro de sus fronteras conviven varios escándalos de interés nacional. El más reciente apunta a un tema sensible: las tierras y los intereses políticos. Y aunque hubo un amague de sofocar las denuncias con llamados a la calma, la contradicción entre dos altos funcionarios del Gobierno le ha dado gasolina a una trama que podría terminar en un culebrón judicial.

El pasado cuatro de agosto, y con el ceño fruncido, Andrés Idarrága, secretario de Transparencia, apareció en Valledupar. El funcionario confirmó el rumor que corría desde días atras: las denuncias por presuntos procesos irregulares en la entrega de tierras en el Cesar sí tuvieron eco en la Casa de Nariño.

Idárraga hizo un resumen ejecutivo de las denuncias que involucran a 11 personas del departamento, anunció el traslado a la Fiscalía y se desmarcó de la reacción inicial de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en cabeza de Felipe Harman.

“No soy superior jerárquico ni tengo control sobre las definiciones y acciones que tome el señor Felipe Harman [...] a diferencia de lo que se ha dicho por parte de la ANT sí nos parece algo grave”, dijo el funcionario, cuya oficina está a pocos metros de la del presidente Petro.

Denuncia subestimada y gol para el periodismo regional

Hace dos semanas, las denuncias que resumió Idárraga originalmente fueron reveladas en las redes sociales de Katia Ospino y Jacobo Solano, dos periodistas cesarenses que encontraron en sus perfiles la plataforma para escapar de las presiones que enfrentan los medios regionales. Ambos lograron que sus publicaciones en X e Instagram tuvieran la suficiente repercusión como para que los funcionarios dieran explicaciones, aunque estas parecieran apresuradas.

“Un parte de tranquilidad sobre unas denuncias tremendamente abusivas”, dijo Felipe Harman el 28 de julio, en medio de su visita al departamento. Según el funcionario, ningún contratista había sido beneficiado con la entrega de parcelas gratuitas por la ANT. Por esta razón, las denuncias carecían de asidero.

En estricto sentido, el director Harman tiene razón; a ningún contratista de la entidad se le ha entregado tierra. Sin embargo, la trama no concluye ahí. Hay otras preguntas que resolver que merecen al menos indagaciones más profundas.

Las irregularidades nacen en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (Reso). Esta es una herramienta de la ANT para identificar a potenciales beneficiarios de títulos de propiedad gratuitos, una de las formas de adquirir tierras en Colombia reservada para campesinos vulnerables con voluntad de hacer productivos los terrenos del Estado.

Para registrarse en esa base de datos, hay que presentar un formulario, radicar documentación y pasar los filtros de la ANT. La idea es que sea una lista de espera para campesinos que quieran y necesiten de predios con vocación agraria. Por ello, llama la atenciónque entre 2023 y 2025, aparecieran inscritos en el Reso al menos 11 personas que tienen o tuvieron contratos con la ANT en ese periodo.

Uno de los casos es el de Alcides Rafael Araújo Molina, abogado y coordinador de la Unidad de Gestión Territorial (UGT) del Cesar en la ANT. Araújo recibió el visto bueno de la entidad para ser registrado en el Reso el 31 de octubre de 2023.

Para ese entonces, según lo corroborado por CAMBIO, Araújo ya era contratista de esa entidad con ingresos cercanos a los cinco millones de pesos mensuales. Es decir, no era precisamente un campesino urgido de tierras para producir. Según Araújo, cuando hizo la solicitud su situación económica era distinta a la de hoy.

‘Hice la solicitud el 16 de enero de 2023, cuando todavía no tenía la mínima idea de hacer parte de la ANT. Era una persona común y corriente que deseaba tener un pedazo de tierra por mi condición y origen campesino [....] cuando hice la solicitud aún no era declarante de renta y estaba en estado de vulnerabilidad’, le dijo el abogado a CAMBIO.

Sin embargo, de acuerdo a la hoja de vida que presentó para entrar a la ANT, Araújo trabajó entre 2014 y 2021 como abogado en las firmas Abolegal y Ortega Abogados S.A.S. En la primera fue subgerente administrativo y en la segunda estuvo vinculado como abogado asesor.

Y como si faltaran hechos llamativos, en junio y julio de 2024 se expidieron otras dos resoluciones por parte de la ANT en las que se aprueba de nuevo la inscripción de Araújo en el Reso. Para ese entonces, el abogado ejecutaba su tercer contrato con la entidad. A corte de junio de 2025, Araújo acumuló cinco contratos con la entidad por un valor total de 289 millones de pesos.

“Serán las autoridades las encargadas de hacer las investigaciones preliminares [...] no podemos permitir que se generen dudas sobre una persona que ha actuado con rectitud y transparencia”, añadió Araújo.

Otro de los nombres en la lista es el de la contadora Alvy Luz Ortiz, a quien la ANT le aprobó su registro en el Reso el pasado dos de marzo. Para ese entonces, Ortiz cumplía su segundo contrato con la ANT en un año. Entre 2024 y 2025, ha firmado dos convenios por un total de 107 millones de pesos. Además, en 2023 tuvo otra vinculación con el Ministerio del Interior por 11 millones. De acuerdo con esto, Ortiz tampoco parece ser una campesina que necesite tierra para subsistir.

Además, según lo hallado por CAMBIO, Alvy Luz Ortiz trabajó entre 2022 y 2023 en la ONG Corpovida. Desde hace dos décadas, esa organización es manejada por Alexandra Pineda y su esposo William Henry Montoya. De hecho, como gerente general, es Montoya quien firmó una certificación laboral para Ortiz dando fe que había trabajado en Corpovida.

Alvy Luz Ortiz explicó que su aparición en el Reso podría obedecer a una suplantación. Es decir, que alguien la inscribió arbitrariamente. “Cualquiera que se haya dado a la tarea de inscribirme arbitrariamente ante la Agencia les informo: hicieron mal la tarea ya que soy declarante de renta desde hace más de ocho años”.

La teoría de Ortiz es que por su ‘reconocimiento público’ es fácil obtener su número de cédula. “Solo se necesita tu número de cédula para realizar la inscripción, y ya que soy una figura pública, no es una tarea difícil de conseguir”, dijo Ortiz. El abogado Alcides Aráujo también expuso la versión de que solo es necesario el número de documento.

Sin embargo, según la misma ANT en sus páginas oficiales, no es cierto que para hacer la solicitud baste con el número de cédula. Se requiere de por lo menos siete documentos más, según lo estipulado por la entidad.

La contratista señaló además que Solano y Ospino están en campaña y negó ser familiar de Alexandra Pineda.

Pineda, excandidata al Congreso por el Pacto Histórico en 2022, también es contratista de la ANT y se presenta como asesora de la dirección general; es decir, de Felipe Harman. Su esposo, el señor Montoya también recibió el visto bueno de la ANT para ser inscrito en el Reso a través de una resolución del 6 de octubre de 2023. Para ese entonces, Pineda aspiraba a la Gobernación del Cesar y Montoya era gerente de la Agencia de Desarrollo Económico del Sur del departamento (Adel). Curiosamente, quien firma la certificaciones laborales de Montoya en la Adel es la misma Alvy Luz Ortiz en calidad de revisora fiscal de esa entidad.

Montoya, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional y administrador público de la Esap, ha trabajado para más de una decena de entidades, entre las que se cuentan las alcaldías de Pelaya, Aguachica, San Alberto, Tamalameque y Curumaní. Así como para la empresa GumarMc S.A.S y la Universidad Nacional. Sus salarios o asignaciones en los últimos años han sido de entre cuatro y cinco millones de pesos. Además, ha sido representante legal y gerente de Corpovida, la ONG que fundó junto a su esposa.

Pero Ortiz y Montoya no son los únicos cercanos a Pineda que aparecieron registrados en el Reso. Otro de los casos es el de la abogada Alejandra Navarro, quien en redes habla de la excandidata como su “amiga”. Navarro es vista en la entidad como la mano derecha de Pineda, aunque en el papel no haya subordinación, al tratarse de dos contratistas.

Navarro ha sido tradicional militante de la Colombia Humana y aspiró al Concejo de Valledupar en 2019. Ingresó a la base de datos del Reso en septiembre de 2023 y, al año siguiente, obtuvo un contrato con la ANT por 30 millones de pesos. Luego, en marzo de 2025 firmó otro por el mismo valor. Además, así como Alvy Luz Ortiz, Navarro suele compartir videos y fotografías de Pineda en sus redes sociales.

Su caso es similar al de Myladis Pino Buelvas, excandidata a la Cámara en 2022. Pino ingresó al Reso en octubre de 2023, días antes de las elecciones regionales. Por esa época, aspiraba a la Asamblea del Cesar con el aval de Fuerza de la Paz, el partido de Roy Barreras, y el apoyo de Alexandra Pineda.

Un año después, Pino aterrizó en la ANT con un contrato por 28 millones de pesos. Luego, en febrero de este año firmó otro por 50 millones para trabajar en la Unidad de Gestión Territorial, al mando de Alcides Araújo, el abogado antes mencionado como otro de los inscritos en el Reso.

Otro de los inscritos en el Reso es José Gustavo Sierra Ribón, incluido en esa base de datos en octubre de 2023. Por ese entonces, Sierra también era contratista de la ANT a través de un convenio por ocho meses y 44 millones de pesos en total. Luego, obtuvo otros dos contratos en la ANT y uno con la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), por un total de 131 millones. Según sus redes sociales, Sierra apoyó la candidatura de Alexandra Pineda al Senado en 2022 y a la Gobernación en 2023. También acostumbra compartir su contenido.

Su caso es similar al de Nixon Saldaña, inscrito en el Reso desde enero de 2024 y contratista de la ANT desde agosto de ese mismo año. En 2023, Saldaña aspiró al Concejo de Aguachica, de donde es Alexandra Pineda, con el aval de la Colombia Humana.

CAMBIO contactó a Pineda, pero hasta el cierre de este artículo no recibió respuesta. Sin embargo, la contratista sí se ha pronunciado en otros espacios. En la visita que hizo Felipe Harman al Cesar, Pineda aprovechó para hablarle a los medios regionales:

‘Aquí están las denuncias que he realizado ante la Fiscalía a las personas que han tratado de pisotear mi buen nombre en la región [...] quiero decirle a toda la comunidad que nada nos va a detener'.

Además, en varias publicaciones en sus redes sociales, Pineda ha explicado que es víctima de ataques sistemáticos ‘por quienes se han sentido afectados por los resultados que ha mostrado en el departamento’.

Por otro lado, la Oficina del Inspector de Tierras publicó un comunicado en el que se informa que las denuncias están en fase de “investigación preliminar”. También, se niega la existencia de un “cartel de tierras”, y se argumenta que ser contratista no hace que alguien salga de una condición de vulnerabilidad.

¿Canibalismo político?

Todas las explicaciones de los mencionados en las denuncias también se han referido a supuestos intereses políticos oscuros. El paso de Katia Ospino por la política en 2023 ha servido para usar el argumento de que las alertas no son más que ataques electorales.

“Creo que es un intento por empañar el buen trabajo que se viene haciendo aquí en el departamento del Cesar de Alexandra Pineda del equipo que ha tenido aquí la confianza del presidente Gustavo Petro”, dijo el director Felipe Harman.

Otra fuente del petrismo en el Cesar aseguró que “hay un canibalismo político en el Pacto Histórico. Ya están pensando en las elecciones del otro año”. Según dice, la idea es torpedear la imagen de Pineda para que no sea candidata al Congreso en 2026.

La posible aspiración de la contratista a la Cámara de Representantes es un rumor que cobra cada vez más fuerza. Ella misma ha dejado abierta la posibilidad frente a las propuestas que le han llegado de la Colombia Humana y otros partidos progresistas.

“Las bases de Colombia Humana, de los partidos del Pacto Histórico, algunos partidos de Unitarios que están pidiéndome asumir esta responsabilidad que nos llama hoy la historia política para el Departamento del Cesar y para el país. Es algo que estamos revisando, estamos analizando”, le dijo Pineda hace unas semanas a Radio Guatapurí.

Incluso, varios de los aliados políticos de Pineda ya hablan sin tapujos de su aspiración al Congreso. Es el caso de Carlos Barbosa, excandidato a la Asamblea y líder ambiental del municipio de La Paz, quien también trabajó hace poco en la ANT. En sus perfiles, Barbosa acostumbra a hablar de Pineda como la “próxima representante a la Cámara”.

La inminente candidatura de Pineda ha generado ruido en el petrismo del Cesar, pues continúa con la visibilidad que le da su labor en la ANT pero sin ningún impedimento para participar en política al ser contratista y no funcionaria. “Ella es la directora regional en la sombra a pesar de su vínculo como contratista”, dijo un funcionario de la ANT en el departamento.

Además, es bien conocida la cercanía de Pienda con Alfredo Saade, jefe de gabinete presidencial, quien la acompañó en sus aspiraciones políticas de 2022 y 2023. “Es un aliado que de un momento a otro se volvió poderoso, y eso le sirve a sus amigos pensando en elecciones”, dijo otra fuente del petrismo en Valledupar.

Pero la cercanía con Saade no es la única que ha llamado la atención sobre Pineda. En la campaña presidencial de 2022, la contratista coincidió con las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, hoy reconocidas por sus polémicas y creciente poder en el alto Gobierno. Lo mismo pasó con René Hernández Igirio, director de Consulta Previa en el Ministerio del Interior y uno de los padrinos políticos de las Guerrero.

La contratista Miladys Pino también ha sido cercana a las Guerrero. De hecho, su más reciente publicación en redes sociales está dedicada a Juliana.

Hasta hace unos meses, este grupo político del Cesar pasaba desapercibido por el radar de los medios. Sin embargo, en el último mes los escándalos los han hecho más visibles, así como su influencia en la Casa de Nariño, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Igualdad y, ahora, la Agencia Nacional de Tierras.

Más allá del ida y vuelta de ‘puyas’ y señalamientos, es importante que la ANT revise con toda la seriedad del caso las denuncias sobre los once contratistas y los filtros que tienen las bases de datos de solicitantes de predios. La reforma agraria requiere de estrictos estándares de transparencia para que ningún predio quede en manos de quien realmente no lo necesita.