Gustavo Petro versus Álvaro Leyva: ¿por qué el abogado de Petro dice que se “sembró hostilidad” en su contra?
Alejandro Carranza, abogado del presidente de la república, le envió un derecho de petición a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para que informe avances sobre la denuncia que radicaron contra el excanciller Álvaro Leyva. También cuestionó que se haya divulgado la misma.
Por: Ana María Cuesta
El abogado del presidente de la república, Gustavo Petro, presentó un derecho de petición a la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, pidiéndole que informe sobre los avances en la denuncia que el jefe de Estado radicó en julio contra el excanciller Álvaro Leyva Durán, por delitos asociados a una conspiración golpista y a una supuesta traición a la patria.
El abogado Alejandro Carranza le pregunta a la fiscal si el caso ya cuenta con un fiscal asignado, y le pide que en caso de que no lo tenga, se ordene “la asignación inmediata del caso a un fiscal con competencia en delitos contra la administración pública o delegado ante la Corte Suprema, con aplicación de un enfoque diferenciado que contemple celeridad reforzada, protección a la víctima institucional, imparcialidad y reserva sumarial”.
El abogado de Petro también le pidió a la fiscal que incorpore como prueba en este expediente, la declaración que el excanciller Leyva rindió ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en desarrollo de un proceso que cursa en el Legislativo por una denuncia que se presentó contra el presidente de la república por el contenido de las cartas que a lo largo de este año divulgó Leyva. En dicha diligencia, el excanciller aseguró que nunca presenció un consumo de drogas por parte del jefe de Estado.
La controversia por la mención de Petro sobre el atentado contra Miguel Uribe en la denuncia contra Leyva
En el mismo derecho de petición, el abogado del presidente expone su preocupación por la divulgación, en las últimas horas, del contenido de la denuncia que el presidente Petro radicó contra el excanciller Leyva a principios de julio. En dicha denuncia, el mandatario pide investigar si la narrativa “golpista” de Leyva, que a lo largo del año publicó cartas en su contra, y que fue sorprendido conversando sobre un supuesto plan para sacarlo del poder, habría influido en el contexto que propició el magnicidio del dirigente del Centro Democrático y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
“El 12 de agosto de 2025, en el marco del funeral del senador Miguel Uribe Turbay (q.e.p.d.), el excanciller Álvaro Leyva Durán aquí denunciado, hizo presencia en la sala ardiente donde se velaban los restos del congresista. Al día siguiente, 13 de agosto de 2025, fecha de las exequias, el (...) experiodista de Caracol Melquisedec Torres divulgó en la red social X una copia a color de la denuncia penal presentada contra el señor Leyva (...) el comunicador descontextualizó el contenido del escrito, utilizándolo como base para atacar la imagen pública del presidente de la república, e insinuando que el magnicidio que enluta hoy a la nación habría sido ordenado por Leyva”, agrega el derecho de petición.
“Tal especulación, carente de sustento probatorio, exacerbó la polarización y la violencia digital, provocó revictimización a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, instrumentalizando su duelo con fines mediáticos, y sembró hostilidad hacia el presidente de la república. Al mismo tiempo, generó una victimización impostada a favor del excanciller, cuya presencia en la sala ardiente adquirió un innegable valor mediático dentro de esa maniobra comunicacional”, asegura Carranza.
Según el apoderado del presidente Petro, el hecho de que a la fecha se desconozca al fiscal que revisará la denuncia contra Leyva, sumado a “la acción mediática”, derivó en la instalación de una “narrativa destinada a suavizar la percepción pública de las conductas denunciadas contra Álvaro Leyva, distorsionando la naturaleza del proceso y alterando su comprensión ciudadana”.
También insistió en que la divulgación del documento reservado, que estaba en poder del ente acusador, “erosiona la legitimidad de la actuación penal, compromete la objetividad de la investigación y vulnera de manera grave la reserva sumarial y la protección de la información sensible”.
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