La cercanía de Iván Cepeda con el Gobierno Santos que Álvaro Uribe menciona en la apelación de su condena
En el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se cuestiona que la jueza que lo condenó no haya valorado la supuesta cercanía del senador Cepeda con el Gobierno de Juan Manuel Santos, y el supuesto influjo de ese hecho en sus gestiones con los testigos.
Por: Ana María Cuesta
El extenso recurso de apelación presentado en las últimas horas por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana incluye un componente por el supuesto sesgo político que tuvo la jueza Sandra Liliana Heredia para fallar. Los defensores del expresidente Álvaro Uribe Vélez esperan que el Tribunal Superior de Bogotá dicte una sentencia absolutoria a favor del exmandatario, en el entramado de manipulación de testigos que le dio un lugar en la historia como el primer exjefe de Estado colombiano en ser condenado en un proceso penal.
La apelación presentada por Granados y Lombana advierte que la actuación de la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, que el pasado 1 de agosto condenó al expresidente Uribe en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, tuvo errores y transgredió la imparcialidad judicial, con un “ejercicio parcializado de la prueba”. También indica que su rol en la audiencia en la que se anunció el sentido de fallo fue “política”, “subjetiva” y “sesgada”.
El recurso de 904 páginas tiene una mención directa al Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, quien durante años compartió partido con Uribe en los orígenes de La U y quien trabajó en su gobierno como su ministro de Defensa. Posteriormente, se consolidó una historia de enemistad política por el viraje que Santos adoptó con la conducción de la política de la paz en su presidencia, que lo llevó a desarmar a la guerrilla de las Farc y a obtener el Premio Nobel de la Paz.
En ese sentido, el recurso de la defensa de Uribe dice que la jueza Heredia “no valoró el contexto e interés político de Iván Cepeda, pese a que este reconoció su oposición frontal a Álvaro Uribe Vélez, incluyendo debates de control político y gestiones relacionadas con la hacienda Guacharacas. Tampoco valoró si su posición en el Congreso y su cercanía al Gobierno de Juan Manuel Santos pudieron incidir en la obtención o presentación de pruebas”.
¿Cercanía de Cepeda y Santos influyó en el proceso?
Cepeda, senador del Polo Democrático y víctima acreditada del proceso que cursó contra Uribe, fue determinante en la historia que hoy tiene al expresidente detenido en su casa finca de Rionegro. Precisamente, las entrevistas que hizo Cepeda en las cárceles en el año 2011 con los paramilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, y que un año después reveló en un debate en la Cámara de Representantes en el que habló de los presuntos nexos de Uribe con las Autodefensas, se consideran la génesis de este proceso judicial.
Uribe fue condenado como el determinador, es decir, como quien indujo a otros actores como su abogado Diego Cadena a conseguir, a punta de sobornos y promesas judiciales, testimonios de paramilitares presos que desvirtuaran lo que Sierra y Monsalve le dijeron a Cepeda y que también desprestigiaran las gestiones del senador de izquierda.
“La sentencia minimizó la relevancia de la relación y del poder institucional de Cepeda y aplicó criterios distintos para valorar los vínculos de los testigos con las partes, en donde la cercanía con Uribe fue utilizada para restar credibilidad o como presunción de confabulación, mientras que la cercanía con Cepeda fue ignorada o reinterpretada favorablemente al dicho de este último. Esto confirma un doble estándar que comprometió la imparcialidad del fallo”, agrega la apelación.
Granados y Lombana cuestionan que la jueza Heredia catalogara al senador Cepeda como un “simple receptor de pruebas”, y no como un férreo opositor político del expresidente Uribe, “bajo la premisa de que sus actuaciones respondían solo al “esclarecimiento de unos supuestos que han menoscabado su órbita personal y profesional por casi tres lustros”, sin explorar si su intervención activa y su poder político influyeron en la construcción de la narrativa acusatoria”.
La defensa de Álvaro Uribe catalogó la actuación de la jueza Heredia como “sesgada”
En otros apartes del extenso documento, los penalistas advierten que el rol de la jueza Heredia en la extensa audiencia del pasado 28 de junio, en la que comunicó el sentido de fallo condenatorio contra Uribe, incurrió en “en sesgos de naturaleza política, configurando una forma de politización del presente asunto judicial” y volviendo dicha audiencia en una “especie de evento teatralizado”.
“La jueza pretende proyectar una imagen de imparcialidad y neutralidad, pero simultáneamente emite mensajes como “la justicia no se arrodilla ante el poder”, “no es una revancha” o “este juicio no es político”. Estas expresiones tienen una clara carga política y sesgada y parecen responder a las características específicas y particulares del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por lo que convierten el estrado judicial, que debería centrarse exclusivamente en el razonamiento técnico y jurídico, en una plataforma —y oportunidad— para dar manifestaciones de carácter ideológico y personal que no es de competencia para los funcionarios judiciales encargados de impartir y administrar justicia”, agrega el recurso.
Granados y Lombana cuestionaron, así mismo, “la exaltación subjetiva de testigos como Iván Cepeda Castro, calificado por la juez como de “confiabilidad suma” y poseedor de un “discreto y ponderado juicio”, sin sustento probatorio objetivo”. “Esta percepción idealizada de Cepeda ignora sus posibles conflictos de interés en índole político, derivados de su activismo y oposición declarada a Álvaro Uribe Vélez, así como su influencia en gestiones penitenciarias a favor de Monsalve, elementos que la defensa advirtió durante el contradictorio, pero que fueron omitidos en la valoración”, añade el recurso.
La apelación con la que el expresidente y exsenador Uribe pretende tumbar la condena en su contra incluye, además, cuestionamientos a la inclusión como pruebas de las interceptaciones telefónicas entre él y su abogado Diego Cadena, asi como cuestionamientos a la forma en que la jueza valoró la determinación del expresidente, la alegación de un vicio que genera nulidad del proceso y críticas a su supuesto sesgo contra los testigos que hablaron positivamente del expresidente.
“Se demostrará cómo a partir del sesgo empleado en su actividad judicial el a quo realizó un ejercicio parcializado de la prueba testimonial con la intención de desmeritar todos los testigos que realizaban declaraciones a favor del doctor Álvaro Uribe Vélez y, en contraposición, defender a ultranza todos aquellos que usó para fundamentar su condena, siendo evidente el doble racero o estándar de valoración de testigos según a quien favorecía la declaración”, advierten.
La sala de los magistrados Manuel Merchán, Isabel Álvarez Fernández y Alexandra Ossa Sánchez deberá dictar sentencia antes del 16 de octubre, pues de lo contrario operará la prescripción del caso y el expresidente quedará exonerado de todo cargo por dicho fenómeno. Uribe, si así lo deseara, podría renunciar a la garantía de la prescripción en su proceso, con el fin de darle más tiempo al Tribunal para que evalúe su proceso sin la prisa de los días que hoy corren a contrarreloj.
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