La controversia entre la JEP y la Fiscalía por el cierre judicial del conflicto armado
A mediados de julio, la fiscal general de la Nación le compartió una preocupación a la JEP: estarían dejando por fuera de sus macrocasos un grueso de investigaciones de la justicia ordinaria que involucran a sus comparecientes. El presidente de la JEP le ha propuesto una solución a la fiscal, no sin antes advertir que las cifras iniciales del ente acusador tenían imprecisiones.
Por: Ana María Cuesta
A pocos días de que se conozca la primera sentencia contra los integrantes del último secretariado de la extinta guerrilla de las Farc-EP, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le envió una carta a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, invitándola a trabajar conjuntamente en aras de lograr el cierre judicial de miles de investigaciones abiertas en la justicia ordinaria por los horrores del conflicto.
La carta la firma Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, en respuesta a una preocupación que había expresado públicamente la fiscal Camargo relacionada con numerosas investigaciones de la Fiscalía, contra actores del conflicto de competencia de la JEP, y que la jurisdicción no estaría tramitando, dejando así “sin un cierre judicial y en indefinición la situación jurídica de los procesados”, sostuvo la fiscal.
A manera de ejemplo, la fiscal Camargo citó que sobre el macrocaso más avanzado contra las extintas Farc, el de los secuestros, por el que fueron imputados los exintegrantes del último secretariado, aparecían en la Fiscalía al menos 6.162 investigaciones atribuibles a dicha organización. Pero advierte que la JEP solo incluyó 62 de dichos expedientes. Lo mismo ocurriría con el macrocaso de reclutamiento de menores, en el que entregaron 4.219 investigaciones y en el que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP solo ha incluido 440 radicados.
Al respecto, el magistrado Ramelli le respondió a la fiscal que “el mandato constitucional de la JEP no se enfoca hacia la o el esclarecimiento individual de cientos o miles de casos, sino a determinar resolución de patrones criminales, esclarecer políticas de iure o de facto de organizaciones involucradas en el conflicto armado, investigar a los máximos responsables y enfocarse en los crímenes más graves y representativos”.
“Nuestra misión constitucional como jueces transicionales, ceñidos a una estricta temporalidad, no se dirige a resolver todos los asuntos que en su momento conoció la justicia ordinaria; tanto menos aquellos que se encuentran en una etapa investigativa muy precaria”, puntualizó el magistrado.
En ese sentido, Ramelli aceptó la propuesta que ya le había hecho la fiscal general para que trabajen juntos en cerrar todos esos expedientes. “En lugar de propender por la realización de un traslado masivo de procesos de la Fiscalía hacia la JEP, la Jurisdicción considera que el órgano investigativo puede hacer uso de las facultades que las leyes procesales ordinarias le confieren para disponer el cierre definitivo de las investigaciones bajo su competencia”, sostuvo Ramelli.
La carta de la fiscal y la preocupación por el cierre
El pasado 14 de julio la fiscal Camargo le envió una carta a la JEP expresando su preocupación sobre el cierre judicial definitivo de los procesos que cursan en su organismo contra individuos que pertenecen a los grupos que comparecen ante la JEP, refiriéndose especialmente a los exintegrantes de las extintas Farc.
El ente acusador le entregó 17 informes a la JEP con 223.282 casos identificados sobre crímenes del conflicto armado, con 280.471 indiciados y 196.768 víctimas. Pero se advierte que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP (SRVR) no ha incluido todos esos expedientes en los 11 macrocasos que han abierto, dejando numerosas investigaciones de la justicia ordinaria por fuera de su alcance y en la “indefinición jurídica”.
“Las decisiones que se han adoptado por la SRVR impactan a pocos comparecientes y a una pequeña porción de los casos judiciales”, indicó Camargo, planteándole a la JEP que inicien una articulación especial entre ambas instituciones.
“Resulta preocupante que las decisiones que ha adoptado la SRVR no incluyan la totalidad de las investigaciones relacionadas con el fenómeno delictivo que abarca el macrocaso, ni la totalidad de indiciados o vinculados con su comisión, lo cual deja a esas actuaciones sin un cierre judicial y en indefinición la situación jurídica de los procesados”, agregó la fiscal.
La carta de Ramelli y los errores de la Fiscalía
Ramelli le respondió a la fiscal que algunos de los informes que la Fiscalía le remitió a la JEP en su momento fueron imprecisos y que dichos documentos llegaron a la jurisdicción casi cuatro años después. También señaló que recibieron hechos nuevos que no estaban en la órbita de la justicia ordinaria.
“El inventario contenía imprecisiones, (identificación de indiciados o responsables sólo con un alias o con atribución únicamente a un grupo armado, sin mayores precisiones), datos errados (nombres de perpetradores indicados como víctimas o viceversa) y registros duplicados, entre otros. Para complementar o corregir el inventario, con posterioridad a la entrega de este informe, la JEP recibió, hasta 2022, nueve actualizaciones parciales de las mencionadas bases de datos”, señaló el presidente de la JEP”, advirtió el magistrado.
Ramelli citó que, aunque la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía tiene 140.000 carpetas por hechos atribuibles a las extintas Farc, se comprometieron con la JEP en realizar un inventario manual ante dicha información que “no es del todo confiable”, pues la “asociación de los relatos de hechos con el grupo armado se hace, en buena parte de los casos, por georreferenciación, sin que se tenga individualización de responsables y sin mayor recaudo probatorio”.
Relató que la depuración manual propició que las carpetas de dicha dirección contra las Farc disminuyeran 50 por ciento al pasar a ser 70.000 “en lugar de las 140.000 que se estimaron inicialmente”.
Ramelli también le contestó a la fiscal que en su Dirección de Seguridad Territorial también depuraron los expedientes, que han bajado casi 90 por ciento de las cifras expuestas inicialmente. “Se adelantó una primera validación con los sistemas misionales y se encontraron más de 97.000 investigaciones que tendrían relación con las Farc-EP. No obstante, luego de la inclusión de filtros sugeridos por la JEP (como fecha de los hechos anterior a 2016 o considerar solo investigaciones activas) se obtuvo un resultado de cerca de 9.000 investigaciones activas relacionadas con las Farc-EP”, señaló el magistrado.
El presidente de la JEP también le respondió a la fiscal que otra de sus direcciones, la especializada en organizaciones criminales, “no ha identificado siquiera preliminarmente la cantidad de investigaciones a su cargo que podrían estar relacionadas con las Farc-EP”.
Ante este galimatías por los expedientes, el magistrado reconoció que, tras las depuraciones que han efectuado ambas entidades, el Grupo de Análisis de la Información de la JEP (GRAI) “ha identificado 141.375 procesos asociados a la presunta responsabilidad de antiguos integrantes de las Farc-EP, con 34.249 presuntos responsables individualizados de esta guerrilla y 196.768 víctimas a partir de todas las entregas de la FGN”.
La invitación a la unión
Pese a las diferencias entre ambas entidades, Ramelli acogió el llamado que inicialmente le hizo la fiscal general para que trabajen conjuntamente.
“La FGN reitera su completa disposición de trabajar y articularse de manera vigorosa con la magistratura de la JEP, como un aliado para el cumplimiento del mandato de la justicia transicional. Sin perjuicio de continuar con el suministro de información, la Fiscalía propone una articulación cada vez más enfocada en la identificación y remisión de expedientes penales, de manera que se logre la adopción de decisiones judiciales que permitan ampliar el marco de definición de la situación jurídica de los comparecientes y el cierre de los procesos que los vinculan, muchos de los cuales siguen abiertos en la Fiscalía”, expresó Camargo.
“Desde la JEP se propone fortalecer la articulación entre ambas entidades, propendiendo por un ejercicio coordinado entre la JEP y la FGN orientado a consolidar dos tipos de inventarios de procesos relacionados con el conflicto armado, uno estructurado conforme a la competencia de cada macrocaso, y otro centrado en los comparecientes. El primero serviría como insumo para la selección positiva y negativa, mientras que el segundo facilitaría la definición de la situación jurídica individual de los comparecientes”, le respondió el magistrado.
Ramelli también se comprometió en consultar con cada sala sobre el universo probable de máximos responsables de cada uno de los macrocasos, e invitó a la fiscal a expedir una directiva que permita el cierre definitivo de las investigaciones contra los actores del conflicto que hoy no están priorizadas en la JEP. “Creemos que lo más indicado sería una directiva de la señora fiscal general en este sentido”, puntualizó.
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