Los testimonios que la Corte Suprema usó para llamar a indagatoria a David Racero

Estefanía Montoya Domínguez hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo del representante a la Cámara David Racero. El país conoció su nombre cuando el periodista Daniel Coronell reveló dos irregularidades en esa UTL: la primera relacionada con pagos que sus asesores le hacían tanto a Racero, como al padre y hermano del político; la segunda, porque uno de esos asesores habría trabajado en la pandemia en un Fruver que este tenía en Bogotá.

La justicia examina conversaciones por chat que datan de 2019, porque indicarían que Racero ordenaba que le hicieran consignaciones de dinero. En uno de esos chats, Montoya dice que cada mes le pagaban 8.158.000 pesos, que le daba 3.500.000 a Yidis Jesús Gahona, su esposo y también vinculado a la UTL, ella se quedaba con 4.300.000 y quedaban 358.000 pesos.

Racero ha explicado este asunto asegurando que él y Montoya se hacían préstamos mutuos. La asesora declaró el 26 de marzo de este año ante el despacho del magistrado César Reyes de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que decidió abrirle investigación formal a Racero por la presunta comisión del delito de concusión y llamarlo a indagatoria.

La decisión, conocida por CAMBIO, consigna detalles de los testimonios recibidos por la Corte en este escándalo. Montoya dijo que 2019 fue un año malo económicamente para ella. Por ese motivo, explicó, le pidió prestado dinero a Racero: “Ese año yo me acuerdo de que le pedía de a 2 millones, 3 millones, muchas veces”.

Montoya dijo que varias veces le pidió dinero en efectivo, sin saber cuántos prestamos fueron ni por cuánto dinero en total. A la Corte le llamó la atención una serie de consignaciones que la asesora le hizo a Jorge Eliécer Racero, padre del representante, y solo cuando fue preguntada por ello, Montoya afirmo que Racero le prestó 40 millones de pesos a finales de 2019, que fueron entregados en efectivo en tres paquetes.

Según dijo, esto fue así porque en marzo de 2020 le iban a entregar un apartamento en Bogotá. Montoya dijo que debían 30 millones y que “no teníamos ni para muebles” y que esas consignaciones eran parte del pago. La asesora dijo que, al final, le dio a Racero una plata en efectivo y que no recibió el apartamento porque la constructora incumplió y, por ese motivo, el dinero recibido se le volvió plata de bolsillo.

Montoya, además, desestimó las alegaciones de este caso diciendo que Racero le pedía pagar cosas que necesitaba por la confianza que tenían, incluyendo saldos de la tarjeta de crédito de él, como forma de ir descontando la plata recibida por el préstamo. Y apuntó que Racero le pedía prestado a veces, en cantidades más bajas, para pagar almuerzos, refrigerios, para salidas a localidades o para pagar el celular.

Yidis Jesús Gahona, esposo de Montoya, entró a la UTL en 2018 y renunció en 2023 luego de haber sido señalado de presuntamente acosar a Wendy Calderón. Tiene un emprendimiento de una tienda deportiva con su hermano en Puerto Carreño, Vichada, y, según él, varias veces le pidió plata prestada a Racero “para poder comprar productos y poder hacer las entregas”. Gahona señaló que Racero también le pedía plata prestada, “en otras cantidades”, en momentos en que el representante no tenía plata.

Uno de los testimonios esperados en este proceso es el de Jhon Leonardo García Lara, conductor de Racero, quien según audios y conversaciones de chat revelados por Coronell, terminó atendiendo el Fruver que tenía el político en el barrio Muzú, en Bogotá, durante la pandemia. En uno de esos mensajes, él le pregunta a Racero si lo va a seguir enviado al Fruver y este le responde que sí. Luego, dice:

–Pero la verdad, David, yo sigo en el UTL como conductor o usted está pensando en cambiar de conductor?

–No, Leonardo. Como se lo dije hace dos semanas no tengo intención de cambiarlo, ni de sacarlo. Pero la verdad necesito su apoyo en el Fruver y tal vez en otras cosas durante el año. Debemos adaptarnos.

García Lara le dijo a la Corte Suprema de Justicia que sí hacía parte de la UTL, que ganaba 5.250.000 mensuales, que no era conductor sino asistente, que debía estar pendiente de los asuntos personales de Racero.

“Como se sabe, él nunca recibió esquema o conductor o nada de la UNP. Entonces yo cumplo funciones dentro de la UTL…Buscando cuando se necesitan hacer eventos o cuestiones de esas porque me manejo, me muevo en el mundo del comercio”, dice uno de los apartes de su declaración. En palabras sencillas, dijo que él estaba metido en la parte logística del desplazamiento de Racero, que tenía una relación de confianza, que su trabajo era de disponibilidad 24/7 y que nunca trabajó en el Fruver.

Según García, el número que aparece en los chats publicados sí es el suyo, pero no reconoce esas conversaciones como suyas. En cambio, se limitó a decir que, si fue el Fruver, fue algo como de “dos, tres meses”. Que iba, pero a acompañar a Racero y que nunca le preguntó qué hacía allá. Según García, él solo trabajó en temas legislativos y las órdenes que recibía de Racero eran sobre eso y que, por tanto, no puede describir el local, ni su funcionamiento ni cuántas personas trabajaban allí.

“No sé, yo llegaba, estaba con él, me decía hay que hacer esto, hay que recoger esto…Entonces yo iba allá y él estaba ahí”, dijo García.

De otro lado, el padre del representante Racero decidió guardar silencio ante la Corte Suprema. Camilo Andrés Marín Escobar, otro integrante de la UTL, explicó que estaba a cargo de la parte de comunicaciones y pauta en redes sociales, para lo cual Racero le consignaba dinero y luego él le reportaba cuentas.

“En 2019 fue un momento de estallido social…creería que por esa época pautamos como contenido constante…Entonces en ese momento pudo haber consignaciones de no sé, él me pudo haber consignado 3, 4 millones de pesos en pauta …Eventualmente pude devolver las cifras que devolvían no eran mayores a 500.000 pesos o un millón de pesos más o menos”, dijo Marín.

Viviana Marcela Moreno dijo que a Racero le pedía favores, como hacer consignaciones: él le daba efectivo y ella hacía pagos o ella pagaba de su cuenta y se quedaba con el efectivo. “Me decía: ‘Marcela, hazme un favor, ayúdame a consignar esto a tal persona o a tal fundación’ o ‘págame el almuerzo’. Es que yo manejaba también la tarjeta de débito y las tarjetas de crédito de él”, declaró.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema decidió que, hasta el momento, hay evidencia de hechos con relevancia penal porque integrantes de la UTL reconocieron que hicieron pagos o consignaciones periódicas a las cuentas de Racero o a sus familiares, en un lapso de diez meses, siguiendo direcciones del representante. Hay consignaciones y mensajes al respecto, hechos todos que deben ser esclarecidos. Por eso, le abrió investigación formal a Racero y lo llamó a indagatoria, para que este dé sus explicaciones.