Nepotismo, cifras maquilladas y dineros públicos: el escándalo que sacude a Edwin Palma en Air-e

Desde hace décadas, en la costa colombiana se volvió costumbre algo que no es normal. Las facturas de la luz llegan por valores astronómicos, mientras que las redes, oxidadas y obsoletas, llevan años sin mantenimiento. Casi la mitad de la energía que se consume es robada, y los ciudadanos han aprendido a lidiar con cortes de luz que duran horas. Aunque se trata de una crisis que no empezó con el presidente Gustavo Petro, a su llegada al poder, el mandatario prometió solucionar ese problema en la región que le dio el triunfo en las urnas. Después de tres años de gobierno, la situación es mucho peor que el 7 de agosto de 2022.

Para los costeños, la denominación de las empresas que han manejado la electricidad en esa región siempre ha sido sinónimo de desastre. Primero fue Corelca, luego Electricaribe y, finalmente, Air-e. Esta última fue intervenida por el actual gobierno y, el día del anuncio, el presidente ordenó enderezar las finanzas de la compañía y asegurar el servicio en una de las regiones más golpeadas por la crisis energética. Para lograrlo, nombró interventor a uno de sus hombres de confianza: el hoy ministro de Minas, Edwin Palma.

Sólo existen dos razones que motivan a un gobierno a intervenir una empresa: liquidarla o salvarla. En este caso, Petro eligió la segunda. La tarea de Palma, un líder sindical con años de reconocimiento y tradición, no era fácil. Al momento de la intervención, Air-e, una de las 40 empresas más grandes de Colombia, estaba sumida en una profunda crisis financiera. En septiembre de 2024, cuando el Ministerio de Minas y Energía dio su concepto favorable ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para la intervención de Air-e, la empresa registraba una deuda de 1,8 billones de pesos proveniente del sector oficial.

Además, tenía años de retraso en las inversiones necesarias para mantener y mejorar la red, y las generadoras ya no querían venderle energía porque no tenían cómo pagarla.

Palma, empoderado por la confianza que el presidente había depositado en él, llegó pisando fuerte y tomó decisiones de fondo. Pero, según denuncias que han llegado a la Fiscalía, detrás de cámaras se cocinaba una trama de nepotismo, giros irregulares, contratos cuestionados y cifras maquilladas. Esta historia, que hoy revela CAMBIO en exclusiva, ya está en la lupa de las autoridades.

En una intervención el hombre clave no solo es el agente especial sino quien maneja las cuentas y registra el detalle de cada operación. La persona escogida por Palma para esa labor tan sensible fue nada menos que su primo hermano Juan Pablo Nieto Egea. En noviembre de 2024 lo nombró gerente contable de Air-e.

CAMBIO revisó los registros civiles de nacimiento que confirman el parentesco directo: Nieto Egea es hijo de Clara Estella Egea Torres, y Palma Egea, de Luz Marina Egea Torres, ambas hijas de Ibaldo Egea Castro y Dioselina Torres Arenas.

Nieto Egea es contador público de la Universidad de La Salle y, de acuerdo a su hoja de vida, se define como un profesional que “toma decisiones conscientes libres de manera ética y responsable”. Ha sido docente en la Universidad Cooperativa de Colombia y antes de llegar a Air-e trabajó en la Alcaldía de Barrancabermeja para apoyar el Programa de Alimentación Escolar del municipio. También fue asesor de control interno del Concejo. En ambas entidades, Nieto Egea coincidió con el hoy alcalde Jonathan Vásquez Gómez, investigado por la Fiscalía por una presunta compra de votos en 2023 que incluyó el supuesto arriendo de 17 inmuebles para dar refrigerios y plata.

Según juristas consultados por CAMBIO, la designación de Nieto Egea es una clara violación del artículo 126 de la Constitución, que prohíbe a los servidores públicos nombrar familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.
“La persona está inhabilitada para acceder al cargo, pero el que infringe la prohibición constitucional es el nominador, quien lo designó en el cargo o lo contrató (...) Aunque el interventor no hace parte de la nómina del Estado ni es funcionario, la Constitución y la Ley 142 de 1994 le otorgan la calidad de particular que ejerce funciones públicas. Entonces, el interventor se convierte en una autoridad pública temporal y debe responder como tal”, explicaron expertos en contratación.

De otro lado, Monica Safar y María Raquel Molina, expertas en derecho administrativo, le dijeron a CAMBIO que el artículo 126 de la Constitución “solo aplica a quienes son servidores públicos por ley y no a particulares que ejercen funciones públicas como son los interventores”. Sin embargo, según las expertas, podría configurarse la inhabilidad para el contador nombrado al ser pariente en cuarto grado de consanguinidad del interventor o agente especial. Lo anterior porque este cumple funciones públicas y, según la normativa, es representante legal de la persona jurídica intervenida.

Palma cree lo contrario. En diálogo con CAMBIO, dijo que es una empresa privada y que ahí no se configura ninguna irregularidad.

“Él tiene mi apellido, sí, es un primo, pero el contador que tenía la empresa me tocó sacarlo porque me ocultó información, no me obedecía y me tocó poner a alguien de mi entera confianza. Eso no es irregular en una empresa privada. Para mi el contador era clave. Ahí sigue trabajando”, dijo.

Aunque la designación de Nieto Egea como contador podría ser irregular, lo que llegó a hacer cuando su primo lo designó en el cargo es aún más preocupante.

¿Cifras maquilladas?

Uno de los lunares más grandes sobre la gestión del contador radica en la enorme diferencia que hay en las cifras reales de la compañía y las registradas por Nieto Egea ante las autoridades competentes. CAMBIO tuvo acceso a dos documentos confidenciales que muestran las contradicciones.

El primero es una certificación que Juan Pablo Nieto Egea envió a la Fiscalía el pasado 16 de junio de 2025. Allí, obrando como contador de Air-e, certificó que, a septiembre de 2024, los subsidios pendientes de pago por parte del Ministerio de Minas y Energía sumaban solamente 18 millones de pesos. La cifra es irrisoria si se compara con la real, tanto que las únicas explicaciones razonables serían: la intención de mostrar una situación financiera lejana a la realidad o un insólito error de digitación del contador.

Los llamados “subsidios pendientes de pago” son los recursos que el Ministerio de Minas y Energía debe girar cada trimestre a Air-e para cubrir el consumo de los usuarios de estratos 1, 2 y 3 en esa región. Son dineros públicos que salen del presupuesto general, destinados a compensar las tarifas de los hogares más vulnerables. Por eso, un problema regional termina afectando a toda la nación.

La cifra real de esos subsidios pendientes de pago quedó registrada en el segundo documento que CAMBIO revela: el diagnóstico de intervención que elaboró Edwin Palma como interventor de la compañía. Ese informe es el que evidencia la contradicción.

Dicho documento tiene fecha del 30 de noviembre de 2024 y está firmado, entre otros, por Palma como interventor, y por su primo, como gerente contable de la compañía. En el mismo se señala que, con corte al 31 de octubre de 2024, los subsidios no girados por el Ministerio no eran sólo 18 millones sino 335.000 millones.

Según fuentes cercanas al proceso, con esa “maquillada de las cifras” se habría tratado de justificar ante la Fiscalía, que tiene en la lupa varios contratos firmados durante la gestión de Palma en Air-e, la necesidad de usar dineros adicionales pues la caja de la empresa estaba casi vacía en el último trimestre de 2024.

“Ese maquillaje en las cifras puede servir para mostrar que, a septiembre de 2024, el Ministerio de Minas y Energía no le debía casi nada en subsidios a Air-e ⎯explicaron las fuentes informadas⎯. Por eso, necesitaban plata adicional para pagar sus obligaciones. Ese panorama los obligó a pedirle a la Superintendencia de Servicios Públicos plata prestada. Y, como si no fuera suficiente, la empresa, al no tener liquidez, podía disponer de los dineros del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone) del Minminas para los contratos hoy cuestionados”.

Palma, durante su gestión, recibió dineros de los subsidios y del Prone, y accedió a millonarios préstamos. CAMBIO conoció que, entre octubre y diciembre de 2024, Air-e recibió un préstamo por 148.000 millones de pesos del fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos. El uso de esos recursos también tuvo irregularidades.

Documentos en poder de este medio muestran que, en diciembre de 2024, el hoy ministro de Minas le giró 30.000 millones de pesos a Interaseo, cuyo propietario es William Vélez, el influyente empresario antioqueño. Esto fue en contravía a lo que el presidente Petro ordenó: no pagar deudas adquiridas antes de la intervención de Air-e. Justamente, ese giro se hizo para pagar una deuda del pasado.

Así, los recursos que debían destinarse para pagarle a las generadoras o invertir en mejorar la infraestructura se usaron en saldar la deuda con la empresa de William Vélez y en contratos con empresas sin trayectoria que han sido cuestionados.

Sobre el tema, el ministro Palma le dijo a CAMBIO que él no llegó a hacer ningún acuerdo de pago con Interaseo sino que ratificó uno que había hecho su antecesor con esa empresa. Es decir, que no tuvo injerencia en el tema.

“El agente interventor que me antecedió había hecho un acuerdo con Interaseo, yo llego, lo reviso y lo cumplo. Yo como agente de interventor soy un servidor público y no iba a incurrir en un delito al meterme en ese pleito que mantenían los socios de Air-e con Interaseo (Los Ríos y William Vélez) y que ya había resuelto el agente interventor que me antecedió con ese acuerdo de pago. Fue un acuerdo a dos años, no sé en qué va. Yo simplemente llegué, ratifiqué el pago, le puse fecha y lo cumplí. Con eso, le ahorré recursos a la compañía porque era un acuerdo de menos del valor de la deuda. Incluso, ahorramos demandas”, dijo Palma.

CAMBIO trató de contactar al primo de Palma, pero no respondió los mensajes.

Los contratos en la lupa de la justicia

La administración de Palma enfrenta crecientes cuestionamientos por contratos entregados bajo condiciones irregulares. Según investigaciones de la W Radio y El Tiempo, en febrero de 2025, en su condición de interventor, Palma firmó el contrato C00132025 para el suministro de materiales eléctricos a través del Consorcio Suministros Eléctricos de Colombia – SEC, un consorcio mayoritariamente integrado por Macro Integral Soluciones S.A.S., empresa constituida apenas 20 días antes de la adjudicación, con un capital suscrito de apenas 20 millones de pesos y sin experiencia en el sector eléctrico. Una de las inconsistencias de ese contrato fue el giro de anticipos por 14.000 millones de pesos sin que se entregaran los materiales correspondientes a ese valor. Además, el convenio fue suspendido por el nuevo agente interventor tras las alertas sobre órdenes de compra con sobrecostos.

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Palma niega todos los señalamientos y pide a la Fiscalía que investigue con celeridad para “evitar más ruido en medios sin un fundamento real”. Dice que le tocó girar anticipos a los contratistas para que quisieran seguir trabajando con Air-e y que de los pormenores de la constitución de las empresas invitadas no sabe mucho porque eso lo manejaba el jefe de compras.

“Uno como agente interventor es un servidor público, pero una empresa de servicios públicos tiene régimen de contratación privada. Los contratistas que se quedaron era porque les prometimos anticipos y se los dimos. Gracias a eso los trabajadores se quedaron. Si le quitas los anticipos a los contratistas, se van y se quedan sin trabajo los trabajadores. Esas invitaciones (a las empresas) las hacía el departamento de compras, yo no estoy enterado de eso (de la constitución de una de ellas 20 días antes de la adjudicación del contrato). Los dos reparos que se han hecho a ese contrato es que no se hizo convocatoria, pero es que no se tenía que hacer porque es una empresa privada. Y, el otro reparo, es que se dieron anticipos, si eso no se hacía,que no iba a funcionar. Ojalá la fiscalía investigue rápido”, dijo Palma.

Los subsidios y los préstamos que el Ministerio de Minas le giró a Air-e no fueron los únicos recursos que usó Palma. También se recibieron recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone) del ministerio.

En conclusión, según los documentos en poder de CAMBIO, los recursos adicionales que logró Palma se usaron para la operación de la compañía, pero también se pagaron deudas anteriores a la intervención y se dieron contratos a empresas sin músculo técnico y financiero.

El trasfondo

La diferencia entre los 18 millones reportados a la Fiscalía y los más de 335.000 millones consignados en los documentos internos no es solo un asunto contable. También podría revelar un mecanismo para desviar recursos públicos en favor de compañías sin trayectoria e incluso saldar deudas anteriores. De confirmarse, los hechos podrían configurar delitos como administración desleal por parte de Edwin Palma y falsedad en documento público o fraude procesal por parte de Juan Pablo Nieto. El ente acusador ya tiene los movimientos en la mira. Ahora están en juego tanto la transparencia de una empresa de servicios públicos como la confianza en el Gobierno al que no le cabe otro escándalo de corrupción más.

Para Palma todos los recursos se invirtieron conforme a lo que exige la ley y, por eso, espera rápido los resultados de las investigaciones. Mientras tanto, asegura que toda la información que está saliendo es inexacta y que está siendo construida por intereses de los dueños de la empresa y de la nueva administración, lo cual, dice que es una práctica en este gobierno y se llama: fuego amigo.

“Extraña mucho el silencio del agente interventor. El silencio es cómplice. Yo no tengo nada que temer”, puntualizó.