Reforma pensional enfrenta al procurador Eljach con Paloma Valencia y Lina Garrido: las razones

El futuro de la reforma pensional sigue siendo incierto. En este momento no es claro si el procedimiento que hizo la Cámara de Representantes para subsanar el vicio de forma con el que inicialmente había sido aprobada la norma sí se corrigió debidamente o no. Esto lo debe resolver la Corte Constitucional que viene recibiendo múltiples conceptos encontrados.

Como se recordará, la Corte dijo que la reforma pensional tuvo un vicio de forma grave porque, en último debate, la Cámara acogió una proposición para aprobar el texto que venía de Senado, a pesar de que ya había aprobado algunos artículos por separado, y la votó sin mayor discusión al respecto. La Sala Plena ordenó corregir ese vicio.

Uno de los problemas es que la Cámara hizo todo el procedimiento antes que saliera el auto de la Sala Plena, firmado por todos los magistrados, que contenía la decisión de la Corte. La decisión se tomó el 17 de junio y el auto solo se publicó el 14 de agosto. Pero la Cámara, en sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio pasados, hizo la nueva votación y aprobó la reforma pensional tal y como había quedado inicialmente.

Lo que decía el auto de la Corte

La orden de la Corte era que la Plenaria de la Cámara debía garantizar un espacio de discusión en el que podrán proponerse y aprobarse debates sobre el articulado, así como tramitar las proposiciones de modificación, supresión o adición que hayan sido presentadas, lo mismo que garantizar que los artículos sean discutidos por separado cuando así se decida, y observar los límites que el reglamento impone para la declaratoria de suficiente ilustración y la votación en bloque, entre otros.

“Solo bajo estas condiciones podrá entenderse que el Congreso ha corregido efectivamente el defecto procedimental”, decía la orden de la Corte. No es un tema menor: de forma expresa, el tribunal constitucional insistió que la oportunidad dada a la Cámara para subsanar el vicio no debía ser interpretada como un mero trámite para aprobar lo ya aprobado sin más, sino que se debía hacer un debate ordenado, ilustrado y plural, que no excluya voces disidentes ni limite indebidamente la discusión mediante herramientas procedimentales mal aplicadas.

Eljach vs. los congresistas

Ahí es donde está el problema. ¿Se cumplió con este debate?

El procurador general, Gregorio Eljach, ha enviado en la última semana dos escritos pidiendo a la Corte Constitucional que avale la reforma pensional. Son del 14 y del 19 de agosto. Según él, en ambas jornadas del 27 y 28 de junio se respetaron los principios de publicidad, participación democrática y legalidad.

“No se evidencian irregularidades que comprometan la validez del procedimiento legislativo, ni se configura una afectación a los derechos de los congresistas o al debido proceso legislativo”, dijo Eljach en el primer documento, en el que le pide a la Corte que, además, “tenga presente que la reforma pensional ha sembrado la esperanza de millones de colombianos que enfrentan condiciones de precariedad laboral y escasos medios económicos, de recibir algún auxilio en su vejez, asunto que el régimen pensional vigente no contempla adecuadamente”.

“Todos los expertos, desde distintas orillas ideológicas y políticas, coinciden en afirmar la insostenibilidad financiera del sistema actual. En ese contexto, el Congreso de la República, en medio de considerables dificultades y un ambiente político caldeado, logró durante los años 2023 y 2024 aprobar una reforma pensional que, aunque no perfecta, representa un avance significativo”, indicó.

En su segundo escrito, Eljach volvió a insistir que el Congreso de la República actuó conforme a los parámetros constitucionales y legales al subsanar el vicio de trámite advertido por la Corte Constitucional y reiteró que esta reforma es necesaria.

Un punto en este debate tiene que ver con las actas de las sesiones del 27 y 28 de junio. La Procuraduría reconoció que ambas no han sido aprobadas todavía, pero indicó que esto no impide que la Corte Constitucional pueda revisar y avalar el trámite legislativo que se adelantó durante las sesiones. Pero la representante Lina Garrido, segunda vicepresidenta de la Cámara, envió un escrito insistiendo en que la no aprobación de las actas es un problema.

Se trata del acta 256 correspondiente al 27 de junio de 2025 y el acta 257 de la sesión del día siguiente. Garrido explicó que ambas no han sido aprobadas por la Cámara de Representantes por varias razones. Una de ellas es que, supuestamente, en la primera sesión se incurrió en un vicio porque no se habría llegado al quorum decisorio, ni aprobarse el orden del día ni anunciarse los proyectos que se iban a tramitar ese día.

“En virtud de lo anterior, aquellos que no asistimos dejamos distintas constancias en la sesión del 04 de agosto de 2025 y del 05 de agosto de 2025 en las que sosteníamos cuales eras las razones por las que se nos imposibilitaba votar el acta 256, de tal suerte que esta acta nunca alcanzará el quorum necesario para ser aprobada o no y así se deja constancia que una vez más está en peligro el proceso legislativo de la ley 2381 de 2024”, dijo Garrido.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia afirmó que, en la sesión del 28 de junio, la Cámara solo habría hecho dos votaciones relevantes para el caso bajo estudio: discutir y aprobar la proposición que buscaba acoger el texto aprobado por el Senado y negar la proposición que pretendía reabrir la discusión del articulado aprobado por el Senado.

Según ella, la Cámara cumplió el primer punto, pero no el segundo porque “no se discutieron ni votaron las más de 700 proposiciones que los representantes habían radicado en junio de 2024, así como tampoco se debatieron ni votaron las 61 proposiciones que varios congresistas radicaron en el desarrollo de las sesiones extraordinarias de junio de 2025”.

Hasta el momento, el magistrado ponente de este caso, Jorge Enrique Ibáñez, sigue recopilando material probatorio. El jurista deberá hacer un proyecto de fallo y presentar una nueva ponencia definitiva a la Sala Plena para determinar si la reforma pensional seguirá con vida o no.