Corte Suprema: Andrés Calle e Iván Name aceptaron coimas “para facilitar el trámite de proyectos de ley del actual gobierno”

Para la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no hay duda alguna de que el senador Iván Leonidas Name Vásquez aceptó una coima de 3.000 millones de pesos en efectivo para que, su condición del presidente del Congreso, “facilitara el trámite y aprobación de los proyectos de ley presentados por el actual Gobierno, en concreto la reforma al sistema de salud y del sistema pensional”.

Así lo dice la acusación que en su contra hizo la Sala de Instrucción por el escándalo de desvío de dineros de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), documento de 299 páginas que CAMBIO tiene en su poder. Para la Corte Suprema la presunta comisión del delito de cohecho impropio sí se dio, aun si Name no cumplió con su parte del pacto ilegal y en la práctica, en el Congreso, no tomara acción alguna a favor de esas reformas.

“La posible ocurrencia de comportamientos como el cohecho impropio, como quiera que esta infracción es un delito de mera conducta y no de resultado, lo que implica que una conducta adversa de Name Vásquez frente al trámite y aprobación de los proyectos de ley presentados, no necesariamente es indicativa de que este sea ajeno al presunto atentado contra la administración pública”, dice la Corte.

En palabras sencillas, Name pudo haber estado motivado por el dinero. Según la Sala de Instrucción, habría pruebas de que el expresidente del Senado aceptó el dinero que le fue entregado por Sandra Ortiz, entonces consejera para las Regiones, en su casa en Bogotá, los días 12 y 13 de octubre de 2023, en dos pagos de 1.500 millones de pesos cada uno.

La acusación señala que, de la misma forma, Andrés Calle “aceptó 1.000 millones de pesos para facilitar el trámite y aprobación de los aludidos proyectos de ley”, dinero que recibió de manos de Sneyder Pinilla, subdirector de la UNGRD, en su apartamento en Montería. Esa plata fue obtenida primero del prestamista Pedro José Castro Espinosa, a quien luego le pagaron con dineros apropiados por una contratación hecha por la UNGRD el 12 de octubre de 2023 por 46.800 millones de pesos para contratar 40 carrotanques para proveer agua a La Guajira.

“Al considerar la condición de intervinientes en un peculado por apropiación agravado de Name Vásquez y Calle Aguas, se observa que el incremento de riesgo para el patrimonio de la UNGRD que estos legisladores generaron con su conducta, se concretó en un resultado, consistente en que Olmedo López y Sneyder Pinilla, otrora director y subdirector de la entidad, diseñaron una contratación direccionada e ilegítima para la adquisición de los carrotanques de La Guajira, viabilizando a través de la misma, la entrega de una coima superior a 5.000 millones de pesos, producto de un exagerado sobrecosto, del cual salió finalmente el dinero, los 4.000 millones entregados”, agregó la Corte.

“La Sala subraya que los 3.000 y 1.000 millones que habrían aceptado tuvieron como motivación esencial para Name Vásquez que facilitara el trámite que allí se surtía frente a las iniciativas de interés gubernamental y para Calle Aguas, que continuara apoyando las mismas”, insitió la Corte al poner de presente que ambos congresistas tienen estudios.

“Pero Iván Name, pese a ello, no se motivó por el cumplimiento de las normas, por el respeto de la Constitución y la Ley, sino que se sustrajo a la observancia del orden jurídico”. En el caso de Calle, quien es politólogo, la Sala dijo que él sabe muy bien que los congresistas son representantes del pueblo y que aún así, decidió hacer parte del pacto ilegal y afectar la moralidad administrativa.

La orden la dio Carlos Ramón González

La Sala expresó que los testimonios de Olmedo López y de Sneyder Pinilla gozan de plena credibilidad, por su detalle, y precisión. Fue López el que dijo que el entonces director del Dapre Carlos Ramón González dio la orden de entregar las millonarias sumas de dinero a los congresistas. También fue López el que detalló de forma precisa todo lo que tuvo que hacer, incluso pedirle plata prestada a José Castro Espinosa, para conseguir el dinero, ponerlo en maletas y entregarlo a Name a través de Ortiz y a Calle directamente en su casa en Montería.

Un elemento clave de esta decisión señala que Name y Calle sí sabían que los recursos que iban a recibir venían del sector público y específicamente del patrimonio de la UNGRD.

“No de otra forma puede razonarse válidamente, cuando se constata su presencia en el desayuno organizado por Sandra Ortiz, para entonces Consejera Presidencia para las Regiones, donde se hace presente Olmedo López, el director de la entidad referida, y en el que también participó Name Vásquez, según Olmedo López”, dijo la Corte.

La Sala les da plena credibilidad a los testigos para señalar que la entrega de dinero fue “producto de una cadena de órdenes, la primera de las cuales se originó en el presunto “cónclave”, integrado por varios funcionarios del alto Gobierno, donde se gesta la idea de entregar a los legisladores cuantiosas sumas de dinero, a fin de lograr que estos impulsaran en el Congreso los dos proyectos bandera de origen gubernamental, esto es, las reformas a los sistemas pensional y de salud”.

La Corte dijo que, como consecuencia de esas órdenes en cadena, el 21 de septiembre de 2023, en el Palacio de Nariño, se hizo una reunión entre el hoy prófugo Carlos Ramón González en la que estuvo López y en la que se definieron las sumas de dinero que se le entregarían a Name y a Calle. Luego, el 25 de septiembre, se hizo el citado desayuno en el Hotel Tequendama Suite en el que Sandra Ortiz comunicó a Name el tema del dinero, poniendo a Olmedo López como garante del pacto.

La Sala de Instrucción dice que fue en ese desayuno en donde surgió el acuerdo entre los participantes de “apropiarse de recursos de la UNGRD” y que ese pacto se materializó.

La Corte insistió en que Olmedo López y Andrés Calle tuvieron una reunión ese mismo día, 25 de septiembre y señala que fue el representante el que le insistió al funcionario en la ayuda para la campaña de su hermano Gabriel Calle a la gobernación de Córdoba y para la de su padre, Gabriel Calle Demoya a la alcaldía de Montelíbano. López anotó en un papel la suma de 1.000 millones que se le iba a entregar.

No es una retaliación: Corte Suprema

La Sala de Instrucción enfatizó en que la orden la habría dado Carlos Ramón González y que el dinero también buscaba apoyar electoralmente a los familiares de Calle y a María Clara Name, hija de Iván Name, para el Concejo de Bogotá.

Para la Sala, no es cierto que en este proceso haya teorías conspirativas como alegan los congresistas procesados, quienes aseguran que esto fue una retaliación en su contra por un debate de control político al que fue citado Olmedo López como director de la UNGRD en el que se cuestionaron procesos contractuales en La Mojana, o por el presunto vínculo de Saray Robayo, prima del gobernador de ese departamento, con José Moreno, abogado de Olmedo López.

“No necesariamente por citar en la Cámara de Representantes a un debate de control político, máxime cuando entre los citantes no figura Andrés Calle, se explican los graves señalamientos que no solo Olmedo López, sino que Sneyder Pinilla, expresan frente al legislador”, dijo la Corte al insistir en que, al contario, hay suficientes evidencias de que existió una reunión entre Calle y López, en la ofician de este último, en donde se habló de la suma de dinero a recibir.

Ahora, como la defensa de Name dice que López y Pinilla no son creíbles porque son “confesos delincuentes”, la Sala recordó que esto no le resta credibilidad.

Los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla

De otro lado, la Sala de Instrucción hizo un extenso análisis sobre todo lo que rodeó la toma de testimonio de Olmedo López y de Sneyder Pinilla, quienes antes de comparecer ante la justicia, no solo hicieron señalamientos concretos en medios de comunicación, también manifestaron su interés de declarar en la Corte Suprema aun cuando sus negociaciones con la Fiscalía estaban en trámite. Aunque en algunas sesiones ante la Corte, los testigos no hablaron, al final sí lo hicieron, entregaron pruebas y se auto incriminaron.

“Ninguno de los abogados de los incriminados Iván Name y Andrés Calle, ni el propio abogado de Sneyder Pinilla, doctor Luis Gustavo Moreno Rivera, dejó constancia sobre algún supuesto atropello a los derechos a guardar silencio y al no auto incriminarse del testigo Sneyder Pinilla y más bien, en desarrollo de la diligencia, desarrollaron un extenso contrainterrogatorio orientado en lograr la efectividad del derecho a la defensa y contradicción”, dijo la Corte para indicar que los testimonios fueron recogidos de manera legal y pueden ser usados.

De esta forma, se negó la pretensión de la defensa de Iván Name, adelantada por el abogado Jaime Lombana, quien pedía excluir el testimonio de Olmedo López dado que el principio de oportunidad que este alcanzó con la Fiscalía fue negado inicialmente por un juez. La Sala insistió que las pruebas y el testimonio de López no pueden ser usadas contra él mismo, pero sí pueden ser usadas contra las demás personas que este haya mencionado, incluidos Name y Calle. En todo caso, cabe precisar, que ya fueron aprobadas las negociaciones que ambos exfuncionarios adelantaron con la Fiscalía.