Exclusivo: los papeles sobre bienes de alias HH y otros narcos encontrados en una casa del Clan del Golfo en poder de la SAE

El viernes 29 de agosto, el presidente Gustavo Petro anunció una captura que sonaba de la mayor relevancia. Dijo que había sido detenido, en Medellín, un hombre que era el abogado de confianza del exsenador Juan Diego Gómez porque, al parecer, estaba en una casa que debía estar en manos de la SAE y en la que se encontraron casi 1.000 folios de matrícula inmobiliaria, lo cual –a su juicio–, probaba la tan sonada existencia de lo que el presidente llamó una “SAE alterna”. “Esto mismo sucedió con el hacker Carlos Escobar. Son testaferros de políticos con grandes cuotas de bienes de la SAE que intermedian con otros políticos y narcos”, dijo Petro. El exsenador negó que el hombre fuera su abogado y dijo que no lo conocía. 

Así, como lo dijo el presidente, sonaba a que había salido a la luz la primera prueba de que gracias a este modus operandi y funcionarios corruptos, algunos bienes de la mafia nunca pasan al poder del Estado, sino que siguen siendo administrados por los mismos narcos y que, en ese trance, aparecen políticos que se lucran con la renta. 

La pista clave

Enrique León Machado Ramírez, de 63 años de edad, el hombre que fue detenido, no fue judicializado y horas después recuperó su libertad. Así, rápidamente se desinfló la historia y, una vez más, la justicia parece estar lejos de encontrar las pruebas de este esquema. Pero hay una pista que merece toda la atención de la justicia.

Fuentes cercanas a la investigación dijeron a CAMBIO que el hombre intentó entorpecer el procedimiento cuando le fueron hallados en su poder documentos e información de uso exclusivo de la SAE y que, por eso, fue capturado en flagrancia.

“Durante el procedimiento, el capturado presentó diversos documentos con logotipos institucionales de la SAE, con los cuales presuntamente buscaba engañar a la ciudadanía para la venta ilícita de predios. El procedimiento contó con el acompañamiento del cuadrante de Policía de la zona, adscrito a la Estación de Policía de Itagüí, y el ciudadano fue trasladado a la URI”, dijeron las fuentes.

Las fuentes judiciales aseguraron que por ahora no hay evidencia de que los documentos que encontraron en esa casa sean falsos ni de que sean de propiedad del capturado y, por eso, el fiscal que conoció el proceso no lo llevó a imputación de cargos con la información disponible. En esa afirmación está el dato clave.

Según las pruebas recaudadas, los documentos encontrados en esa casa son originales y, efectivamente, son de uso exclusivo de la SAE, por eso, explicaron las fuentes, los folios quedaron a disposición de la Fiscalía para avanzar en la investigación. Ahí sí parece haber una huella importante de corrupción que ya está siendo rastreada por investigadores expertos en la materia. CAMBIO tiene en su poder esos documentos y revela su contenido.

Los documentos hallados en la casa que era de alias Plástico, financiero del Clan del Golfo

La diligencia se llevó a cabo en una vivienda del sector Suramericana, en el límite entre La Estrella e Itagüí. Hasta allí llegaron funcionarios de la SAE y de la Policía para ejecutar un desalojo. Según los registros de la entidad, antes de que el inmueble pasara a manos de la SAE pertenecía a Luisa Fernanda Muñoz, excompañera sentimental de Jorge Eliécer Castaño Toro, alias Plástico, señalado cabecilla financiero de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo. Plástico, de acuerdo con la Fiscalía, fue extraditado a Estados Unidos en julio de 2022 por liderar esquemas de narcotráfico y lavado de activos para esa organización criminal.

El expediente en extinción de dominio indica que la casa era apenas uno de los bienes incautados dentro de un proceso contra 11 personas acusadas de haber participado en el blanqueo de más de 106.000 millones de pesos ligados a las finanzas del Clan del Golfo. Según los investigadores, la propiedad —avaluada en unos 600 millones de pesos— llevaba seis años en “ocupación irregular”, es decir, invadida y sin que la SAE hubiera tomado posesión formal. En la práctica, seguía bajo control de la mafia.

Las presuntas irregularidades en el manejo de los bienes de narcotraficantes no son algo nuevo, como lo han revelado investigaciones de CAMBIO. Una denuncia publicada en octubre de 2022 bajo el título Nadie SAE: ¿Dónde están los bienes de la mafia? expuso que la Sociedad de Activos Especiales (SAE), encargada de administrar los activos incautados a la mafia, operaba de manera caótica, con arriendos irrisorios, monopolio de depositarios y contratos de larga duración, sin que se supiera el paradero de muchos bienes. Otra publicación, de diciembre de 2023 —_Bienes de la SAE fueron entregados a cambio de coimas que se cobraron a nombre de Daniel Rojas y Juan Fernando Petro_— advertía que bienes decomisados estaban siendo entregados irregularmente a personas que pagaban sobornos a nombre del presidente de la SAE, Daniel Rojas, y de Juan Fernando Petro, y que una política antioqueña solicitaba esos pagos con la promesa de entregas concretas de propiedades de la SAE administradas por la Inmobiliaria Santo Domingo.

Volviendo al caso del inmueble en Medellín, en uno de los cuartos aparecieron varias cajas con documentos oficiales que llevaban los logotipos de la SAE y de la Fiscalía. El hallazgo fue mayúsculo: 284 certificados de tradición y libertad, más de 18.000 registros de inmuebles de la base de datos oficial, escrituras públicas, 195 facturas de impuesto predial, listados de 65 personas naturales y jurídicas, 95 contratos de arrendamiento, poderes autenticados y correos electrónicos con funcionarios de la entidad. También se encontraron resoluciones judiciales y notificaciones con membretes institucionales, lo que confirma que al menos algunos de estos documentos no eran simples copias, sino piezas activas de expedientes en curso.

Los documentos incautados citaban inmuebles de narcotraficantes de renombre. Por ejemplo, matrículas inmobiliarias de bienes relacionados con Ever Veloza García, alias HH, exjefe paramilitar de los bloques Bananero y Calima de las AUC, condenado en el proceso de Justicia y Paz y extraditado a Estados Unidos en 2009 por narcotráfico.

“RECEPCIÓN DE BIENES ACTA DE SECUESTRO COMPLEMENTARIA del señor EVER VELOZA GARCÍA alias HH, sobre el FMI 034-18431, 11 folios. Esta información es de uso exclusivo DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN de la cual ninguna persona externa o ajena al proceso de extinción de dominio puede tener accesibilidad”, se lee en la denuncia que puso la SAE por los hechos.

El material incluía, además, listados de sociedades con bienes en procesos de extinción de dominio, entre ellas Franzul S.A., Grupo Falcón S.A., Ases de Competencia S.A. y Agroespinal S.A., cada una con múltiples folios de matrícula inmobiliaria. En el caso de Agroespinal S.A. en liquidación y Ases de Competencia y Cía. S.A., el informe detalla que la Fiscalía resolvió un recurso de apelación para autorizar la enajenación temprana mediante cesión a título oneroso de más de una decena de inmuebles. Esa información, que no está disponible en medios abiertos, también prueba que los documentos eran de uso exclusivo del ente investigador.

Entre las carpetas también apareció una declaración que rindió en la Fiscalía Pedro Antonio Bermúdez Suaza, alias El Arquitecto, piloto comercial que en los años ochenta trabajó para el Cartel de Medellín bajo órdenes de Pablo Escobar y que más tarde se vinculó al Cartel del Norte del Valle. La diligencia, tomada en 2011 por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico en presencia de la Policía Judicial, describe con detalle cómo participó en envíos de cocaína desde pistas en Venezuela hacia Europa y Centroamérica, coordinados con un grupo de contactos conocido como Los Gorditos.

En su relato, ‘El Arquitecto’ mencionó a Luis Escobar, alias Curramba, a quien identificó como socio cercano en esas operaciones, a Olmedo Gómez Cruz, señalado por la Fiscalía como lavador de activos y operador en rutas internacionales, y a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, exjefe paramilitar del Bloque Central Bolívar de las AUC y condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Según Bermúdez, los tres conformaron la empresa The One, creada para expandir cargamentos de drogas hacia África.

‘El Arquitecto’ también habló de Mónica María Castro, esposa de Olmedo Gómez, de quien aseguró conocía de los negocios ilícitos y participaba en reuniones; de Diego Aristizábal y Luis Bernardo Mejía, supuestos responsables de coordinar negocios y definir montos de los cargamentos; de un hombre identificado como ‘Scooby’, presente en acuerdos; y de Andrés Felipe Caicedo, a quien señaló como parte de la logística ilegal en Venezuela.

En conjunto, lo hallado en la vivienda de alias Plástico demuestra que información reservada de la SAE y de la Fiscalía, que debía estar bajo custodia institucional, terminó en manos de particulares. Además, la magnitud de los archivos y el nivel de detalle en los folios mostraría que se trata de una filtración de alto impacto, capaz de interferir en expedientes que comprometen bienes estratégicos ligados al narcotráfico y al paramilitarismo.

Si la Fiscalía logra establecer que los documentos incautados son auténticos y que los bienes allí relacionados nunca pasaron a manos del Estado, podría destaparse una auténtica caja de Pandora de corrupción, con la que quedarían al descubierto los posibles vínculos entre funcionarios y narcotraficantes alrededor del manejo de los bienes de la mafia. Por eso, el avance de la investigación resulta decisivo: la Fiscalía tendrá que blindar el proceso para garantizar que la verdad salga a la luz.