La Corte Suprema de Justicia definirá el caso del periodista que denunció a los poderosos del Cesar

El proceso judicial que enfrenta el periodista José Manuel Vega de la Cruz dio un giro decisivo en las últimas horas. Este martes, un juez de garantías de Valledupar accedió a la petición presentada por el abogado de Vega, Mauricio Pava Lugo, y suspendió la audiencia de imputación de cargos que estaba programada en contra del comunicador por el delito de extorsión. La Corte Suprema de Justicia determinará a qué distrito judicial debe enviarse el expediente.

La defensa de Vega alegó que la investigación, radicada inicialmente en la Fiscalía de Valledupar, fue trasladada a un despacho en Cúcuta bajo el argumento de falta de garantías en el Cesar, dado que allí tienen influencia directa varios de los poderosos políticos que han sido objeto de las investigaciones del comunicador.

A su juicio, esto también tiene que ocurrir con el juzgado que adelante el proceso: debe ser un lugar distinto al circuito del Cesar. La impugnación de competencia que Pava presentó fue respaldada por Fiscalía y por la defensa de Andrés Arturo Fernández, exsecretario de Ambiente de Valledupar, miembro del clan Gnecco y denunciante de Vega en este proceso.

El juez de garantías de Valledupar accedió a la petición del apoderado de Vega y, de esta forma, trasladó el proceso a la Corte Suprema de Justicia que, en un plazo de tres días, deberá definir cuál será el juez competente para adelantar el proceso.

Del exilio al banquillo

El periodista enfrenta este proceso en un contexto marcado por la violencia y el hostigamiento. Tal como reveló CAMBIO el pasado 31 de agosto, Vega de la Cruz fundó en Valledupar el medio digital El Periódico Prensa Libre. Desde allí publicó investigaciones sobre contratación pública y cuestionó de frente al clan Gnecco, al senador Ape Cuello y a otros actores políticos de gran poder en el Cesar. Sus denuncias incomodaron a las élites regionales, pero también le costaron amenazas, agresiones físicas y, finalmente, el exilio.

Uno de los episodios más graves ocurrió el 20 de octubre de 2021, cuando, según Vega, acudió a una cita con Andrés Arturo Fernández, entonces exsecretario de Ambiente de Valledupar. Allí, según su denuncia, Fernández lo golpeó, mientras uno de sus escoltas, Lenin Ditta, le apuntaba con un arma. La rápida reacción de una patrulla de la Policía evitó que la agresión pasara a mayores. Tras ese hecho, Vega se vio obligado a cerrar su medio de comunicación, salir del país y continuar su labor periodística desde el exilio, bajo el temor constante de represalias.

Una denuncia de Fernández, el mismo político que lo agredió en 2021, constituye el origen del actual proceso judicial contra el periodista. La defensa del periodista ha interpretado la acusación por extorsión como un montaje judicial destinado a silenciarlo.

Ahora, la Corte Suprema de Justicia deberá dirimir la controversia y establecer a qué otro circuito judicial –distinto al de Valledupar– le compete el proceso. En últimas, está en juego la definición de quién será el juez competente para avanzar en un proceso que, según la defensa de Vega, busca convertir a la víctima en victimario: el periodista que denunció las irregularidades de los clanes políticos más influyentes del Cesar hoy está sentado en el banquillo, acusado precisamente por uno de los poderosos a los que incomodó con sus investigaciones. La decisión de la Corte será clave para el futuro del caso.