“Las propuestas de sanciones no se han construido con las víctimas”: hablan representantes de 1.400 víctimas de las Farc

El martes 16 de septiembre la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz emitirá la sentencia en contra de los exintegrantes del último secretariado de las Farc que reconocieron responsabilidad por los secuestros y los malos tratos que sufrieron sus víctimas en todo el país. Es la primera sentencia que emite la Jurisdicción Especial para la Paz en el macrocaso 001 que tiene a 4.325 víctimas acreditadas. 

La JEP les imputó a los responsables lo relativo al secuestro y a otros crímenes como desaparición forzada, homicidio, desplazamiento, trabajos forzados, tratos crueles e inhumanos, violencia sexual y esclavitud. Y ahora dará a conocer las sanciones que impondrá y que implican la realización de Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparado (Toar). CAMBIO habló con la abogada Dayibeth Jurado, de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representa a 1.400 víctimas de secuestro.

CAMBIO: ¿Qué esperan de la sentencia?

Dayibeth Jurado: Que se cumpla la finalidad restaurativa. Cambiamos el enfoque retributivo de la justicia ordinaria en donde se ven las penas privativas de la libertad en centros penitenciarios como la mejor manera de sancionar algunos delitos o crímenes y acá estamos, en un proceso de justicia transicional en el que buscamos la reparación de víctimas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado interno. La sentencia de interpretación de la Sección de Apelaciones conocida como la Senit 8 fijó unos criterios principales sobre las sanciones propias. Dice que si bien estas son vistas desde un enfoque colectivo en razón a lo que se busca es la reconstrucción del tejido social, también precisó que los contenidos de las sanciones deben tener al menos una congruencia cercana a la territorialidad y a las macrovulneraciones específicas de las víctimas que han sido acreditadas en el interior de la jurisdicción.

CAMBIO: Eso cómo se traduce... 

D.J.: En que, para imponer sanciones, se debe analizar la territorialidad, o dónde están esas víctimas que fueron acreditadas en el interior del macrocaso de secuestro y analizar las vulneraciones (que sufrieron las víctimas): secuestro y violencia sexual, secuestro y desaparición forzada, por ejemplo. Así, por ejemplo, nada tiene que ver la construcción de un puente en Bogotá para restaurar o reparar el daño de personas secuestradas en el Valle y que también fueron de violencia sexual. Lo que dice la Senit 8 va encaminado a la construcción del tejido social, pero tampoco se deben perder de vista estos criterios. Y creo que es algo que las organizaciones de la sociedad civil que representamos víctimas también hemos luchado. Esperamos eso: que se rinda ese homenaje a la territorialidad, pero también a las vulneraciones que se lograron identificar.

CAMBIO: Los Toar van a estar dirigidos a ciertas áreas. ¿Se respeta esa territorialidad? 

D.J.: Definitivamente no y es uno de los asuntos que nuestra directora, Ana María Rodríguez, puntualizó en su intervención en la audiencia pública, verificación (que se hizo previo a la emisión de la sentencia). Ese día expresamos que las diferentes entidades hicieron una especie de rendición de cuentas ante la jurisdicción, pero no se establecieron actividades, obras o labores específicas que dieran claridades sobre cuáles iban a ser las acciones, sobre el presupuesto, la territorialidad, sobre el tiempo que van a durar y sobre la población objeto de cada una de esas actividades.

CAMBIO: ¿Hay alguna preocupación adicional con los Toar?

D.J.: Que estas propuestas de sanciones no se han construido en conjunto con las víctimas. Si bien la magistratura o la jurisdicción nos ha permitido presentar observaciones a las propuestas de sanciones propias de los comparecientes, ha sido solo eso, presentar observaciones. Se ha avanzado en el proceso con esa falta de claridad en cuanto a lo que proponen los exintegrantes de las Farc. Entonces, hemos analizado cómo resolver este tema y creemos que, antes de que la defensa pueda presentar la propuesta de sanciones, se debe habilitar un espacio de diálogo entre víctimas y defensa y, que, a partir de esa construcción dialógica, se pueda presentar una propuesta construida juntamente con las víctimas. Creo que el sentido debe ser el opuesto: que, desde algún espacio en la Jurisdicción, las víctimas puedan participar activamente en la construcción de la propuesta de sanción propia con el equipo de defensa o con algunos comparecientes.

CAMBIO: Las víctimas saben que la JEP no ordena reparaciones individuales y al mismo tiempo señalan que esa es una de sus necesidades a corto plazo. ¿Cómo va este asunto? 

D.J.: Debemos resaltar que este tema lo ha peleado la Sala de Reconocimiento, el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre, porque en principio se habían dado órdenes para incluir a víctimas en el Registro Único de Víctimas para activar esa ruta de indemnización individual. Pero, después de algunas discusiones en cuanto a la competencia de la jurisdicción, se aclaró que todas (las víctimas) hacen parte del Sistema Integral que creó el Acuerdo de Paz, y que la JEP no puede dar órdenes de inclusión ante la Unidad de Víctimas. Entonces, en un auto, (la JEP) solicitó hacer un análisis de los casos de víctimas acreditadas ante la JEP que no estuviesen registradas en el Registro Único de Víctimas o que al menos, ejemplo, no hubiesen acudido al Ministerio Público a hacer esa declaración y no hubiesen activado esta ruta.

Es un tema que se escapa de lo judicial, pero que el despacho tuvo en cuenta justamente por esas reclamaciones de las organizaciones representantes de víctimas y de las víctimas que querían tener al menos una reparación económica. En esa decisión, se ordenó crear una mesa técnica con la Unidad de Víctimas y la naturaleza de esa orden tenía unos fines direccionados a satisfacer los reclamos de las víctimas, pero, a hoy, no se ha avanzado en esas inclusiones (ante el RUV). Es una decisión del año pasado y el plazo para hacer ese análisis, dado a la Unidad de Víctimas, ya se venció. Justo (en estos días) nos llegó una invitación para la mesa técnica de la Unidad de Víctimas para el 18 de septiembre...pero igual sentimos que no se ha avanzado en esa orden o, al menos en lo que respecta a las víctimas que representa la Comisión.

Estamos a la espera de ver cuál es la ruta más rápida para lograr esa normalización de registros y así la JEP y la Unidad de Víctimas no tengan registros diferentes. Lo ideal, entonces, es que la mesa técnica pueda activarse y lograr que la sentencia dé una orden con relación a esas inclusiones y que las víctimas puedan activar la ruta de indemnización. A veces, las víctimas (acreditadas) en la JEP dicen que también quieren una priorización en (el proceso) de la Unidad de Víctimas.

Estamos a la espera de ver cuál es la ruta más rápida para lograr esa normalización de registros y así la JEP y la Unidad de Víctimas no tengan registros diferentes.

CAMBIO: Un tema de fondo es si el reconocimiento de responsabilidad que ha hecho el último secretariado fue sincero o no. Algunas víctimas lo entienden así, otras dicen que no es suficiente y la JEP tendrá que hacer alguna evaluación al respecto. ¿Los exFarc sí han cumplido?

D.J.: Como representación de víctimas hemos presentado nuestras observaciones, documentos jurídicos fundamentados en los parámetros en los que la JEP ha enmarcado este litigio, que ha sido un proceso en construcción. Sobre si ha sido sincero (el reconocimiento), no nos correspondería realizar ese juicio de valor porque ya está en el escenario de lo moral y nosotros nos enfocamos hacia los comparecientes en un tema más jurídico, pero también con un enfoque psicosocial.

Sobre si se ha cumplido o qué sienten las víctimas, podría decir que la mayoría no siente o cree que las Farc hayan manifestado de manera precisa, clara y exhaustiva todo lo que conocen. Otras víctimas sí han encontrado mucha verdad, han encontrado incluso personas desaparecidas. Y otras, un gran número de personas, no han encontrado a sus familiares desaparecidos. Entonces, decir algo en general, podría ser impreciso porque tenemos diversidad de escenarios, de hechos y de reconocimientos por parte de las Farc. Entonces, un sector ha encontrado verdad y reconocimiento y otro sector no lo ha encontrado.  

Ahora, en cuanto a lo jurídico, existen decisiones de la jurisdicción que ya han avalado ese estándar de verdad y de reconocimiento pese a que nosotros, como representantes de víctimas, hemos presentado algunas consideraciones más específicas en relación con el reconocimiento y el aporte de verdad en casos de desaparición forzada. Pero, desde la Sala, a través de la Resolución de Conclusiones, se indica que sí, que se cumple ese estándar de verdad y reconocimiento. Y a través del Auto de Correspondencia que profirió la Sección de Primera Instancia del Tribunal para la Paz (también) lo validó. Pero, curiosamente, en la misma decisión que se decreta la correspondencia de esa resolución de conclusiones, el Tribunal dice que todavía falta esclarecer muchos casos de desaparición forzada, temas de participación política y de la financiación de las Farc. Y aun así profirió la correspondencia.

CAMBIO: Hay otro asunto clave. La JEP imputó a los exFarc por esclavitud, derivada de las terribles condiciones y vejámenes a los que fueron sometidas las víctimas durante su secuestro. La defensa de ellos apunta a que como fueron imputados por tratos crueles e inhumanos y degradantes, no se les puede endilgar, por los mismos hechos, la esclavitud. Incluso, existe la posibilidad que sobre el tema de esclavitud se vayan a juicio. ¿Cómo analizan esta situación? 

D.J.: Nosotros le hemos dicho al despacho que consideramos que, en algunos hechos, sí se configura la esclavitud, específicamente por estándares internacionales. Hemos insistido en que sí hubo esclavitud y que eso debe ser visibilizado. Una de las cosas que nos pasa con los delitos concurrentes es que el reconocimiento no se hace desde la parte jurídica. Es decir, a la violencia sexual la llaman "vejámenes", mientras que a la esclavitud la quieren tratar con otra definición jurídica y, para las víctimas, es muy importante que ellos reconozcan no solo desde lo práctico, sino también desde lo jurídico qué significa ese hecho que cometieron.

Es decir, a la violencia sexual la llaman “vejámenes”, mientras que a la esclavitud la quieren tratar con otra definición jurídica y, para las víctimas, es muy importante que ellos reconozcan no solo desde lo práctico, sino también desde lo jurídico qué significa ese hecho que cometieron.

Por eso, nosotros hemos insistido en que sí se reconozca esa categoría como crimen, es decir, que se les llame a esos hechos “esclavitud”, tal como se ha establecido su concepto en estándares internacionales. La defensa (de los exfarc) ha tratado de pelear este tema ante la JEP y con tutelas infructuosamente. Creo que es un tema ya decantado y que no será considerado en la sentencia. Así lo esperamos. 

Hemos conversado sobre qué contenido tendrá la sentencia, sabiendo que ya tenemos una resolución de conclusiones, un auto de correspondencia. Imaginamos –y esto es especulación– que la sentencia no va a tratar mucho de lo jurídico, porque ya se ha hablado, y que se va a enfocar más que todo en el tema de sanción.