Las razones del Tribunal Superior de Bogotá para avalar las interceptaciones contra el gobernador de Antioquia

En una decisión clave para el avance de la investigación por presuntos hechos de corrupción en contra del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el Tribunal Superior de Bogotá declaró legales las interceptaciones en las que por más de diez semanas investigadores de la Fiscalía monitorearon las comunicaciones de su celular.

El tribunal se pronunció en respuesta a la apelación presentada por la Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ante el fallo de primera instancia en el que las interceptaciones fueron declaradas ilegales. En ese sentido, el procedimiento y los hallazgos obtenidos durante este seguimiento fueron avalados por la autoridad judicial.

La vigilancia del teléfono del mandatario departamental, que se prolongó por 71 días, se llevó a cabo entre un 14 de mayo y un 23 de julio tras una denuncia presentada por el presidente de la Veeduría Ciudadana, Óscar Ignacio Castaño, sobre posibles irregularidades en los procesos de contratación de dos Comandos de Atención Inmediata de Policía (CAI).

Los hechos investigados se presentaron entre 2016 y 2018, cuando el hoy gobernador de Antioquia se desempeñaba como alcalde de Rionegro. Según la Fiscalía, el valor de los contratos asciende a los 1.269 millones de pesos y corresponderían a la construcción completa de los CAI del sector de Cuatro Esquinas y el de San Antonio de Pereira.

En su denuncia, el veedor ciudadano advirtió que los contratos celebrados con la Empresa de Desarrollo Sostenible (Edeso) se firmaron pese a que la compañía no contaba con la experiencia ni idoneidad requerida. Por eso, Rendón deberá responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

“Legales, necesarias y útiles”: los argumentos con los que el Tribunal de Bogotá avaló las interceptaciones a Andrés Julián Rendón

El Tribunal Superior de Bogotá consideró que las interceptaciones resultaron útiles para recaudar pruebas para identificar posibles vínculos entre los autores de los hechos denunciados. En ese sentido, la autoridad judicial consideró que en este caso el derecho a la intimidad debería ceder ante la prevalencia del interés general y la necesidad de esclarecer posibles actos de corrupción.

En su reciente decisión, con ponencia de la magistrada Yanet Martínez, el Tribunal Superior de Bogotá certificó que en algunas de las llamadas interceptadas Rendón sostiene conversaciones sobre la contratación y el funcionamiento de los CAI. En ese sentido, para la autoridad judicial se cumplió con los criterios de proporcionalidad y necesidad en el caso.

“La interceptación se consideró útil y necesaria para los fines de la indagación, la obtención de elementos materiales probatorios, evidencia física y para hacer más o menos probable la hipótesis investigativa y el programa metodológico”, explicó el tribunal, en la decisión en la que destacó la labor para esclarecer el presunto detrimento patrimonial al municipio de Rionegro.

El gobernador de Antioquia ha rechazado en múltiples ocasiones las interceptaciones en su contra tras reiterar que el procedimiento correspondería a una supuesta persecución ideológica. Sin embargo, en la decisión de segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá estableció que los hallazgos de las interceptaciones podrán ser utilizados como pruebas válidas dentro del proceso investigativo.

La Fiscalía ha encontrado que los CAI presentaron múltiples problemas técnicos y administrativos, entraron en funcionamiento mucho después de lo establecido y se construyeron en espacios adquiridos para mejorar la infraestructura deportiva del municipio. Con estos hallazgos, y tras la reciente decisión contra la que no procede ningún recurso, la investigación contra Rendón podrá continuar su curso con plena validez legal.