Gobierno Petro evalúa eliminar concesiones viales: ¿cómo funcionará la medida con la que busca recortar gastos?

En un anuncio que marca un giro en la política de infraestructura, el presidente Gustavo Petro reveló que su administración analiza poner fin al modelo de concesiones viales. La propuesta buscaría garantizar un mayor recaudo estatal para atender el déficit fiscal que enfrenta el país y la falta de recursos comprometidos en el presupuesto en 2026. 

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Durante la ceremonia de ascensos de la Policía y las Fuerzas Militares, el presidente Petro reiteró su iniciativa de que el Estado asuma directamente la gestión de las carreteras que actualmente operan bajo concesiones privadas. Con el nuevo modelo, el Gobierno nacional buscaría reducir gastos y redistribuir los recursos públicos en otros rubros prioritarios. 

El Ministerio de Hacienda recortó más de cuatro billones de pesos del presupuesto de 2026 tras determinar que los recursos disponibles resultan insuficientes para cubrir los compromisos previstos inicialmente. En su decisión, la cartera explicó que el recorte se ordenó tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento y advirtió sobre la necesidad de identificar fuentes de ingreso alternativas.

Ante el hueco de 16 billones de pesos en el presupuesto de este año, el Gobierno Petro decretó la emergencia económica para aumentar el recaudo y acceder a los recursos faltantes para cumplir con sus obligaciones financieras. Por eso, la eliminación de las concesiones viales se sumaría a las medidas contempladas para aumentar ingresos, reducir gastos y disponer de recursos para sectores sensibles.

El presidente Petro indicó que la transformación de la política de infraestructura y administración vial sería una de las claves del recorte para cumplir con las metas definidas en sus últimos ocho meses de Gobierno. Con la propuesta anunciada, se modificarían los lineamientos del modelo de concesiones viales que operan en el país desde hace más de tres décadas.

Las medidas anunciadas por el Gobierno Petro para el fin de las concesiones viales

La eliminación del modelo de concesiones viales en el país es una iniciativa que el presidente Petro ha impulsado en distintos momentos de su gestión. En agosto de 2025, el mandatario confirmó que las concesiones cuyo contrato venciera pasarían a ser administradas por el Estado, sin contemplar nuevas renovaciones con operadores privados.

En su momento, el primer mandatario sostuvo que la decisión de revertir las concesiones permitiría reducir el costo de peajes para garantizar que los ingresos se utilicen de forma exclusiva para el mantenimiento de las vías. El paso inicial de ese proceso sería la realización de auditorías para revisar los contratos vigentes e iniciar el proceso para que el Estado asuma la operación sin afectar el tránsito continuo por las vías.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el modelo de concesionados surgió mediante la expedición de la Ley 80 de 1993 para permitir el ingreso de capital privado a la infraestructura vial. Bajo ese mecanismo, en las últimas tres décadas se han ejecutado 44 proyectos en 24 departamentos con un total de 7.844 kilómetros de vías concesionadas.

La Ley 1508 de 2012 estableció los parámetros para que Asociaciones Público-Privadas (APP) contrataran a inversionistas para cada una de las etapas de los proyectos por un máximo de 30 años. Sin embargo, el Gobierno Petro ha cuestionado la eficiencia del modelo a largo plazo y la supuesta priorización de beneficios privados sobre el interés público.

“O los más ricos de este país pagan la plata por impuestos, o dejan de recibir los gastos del Estado. El recorte será a los pagos de concesiones viales, no a educación, salud o salario mínimo del pueblo”, explicó el presidente Petro sobre su iniciativa de que el Estado asuma la gestión de carreteras y peajes para reorientar los recursos públicos.

¿Cómo se lograría la transición de concesiones privadas a gestión estatal?

Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, explicó a CAMBIO que la revisión de las concesiones de peajes ha sido una de las propuestas centrales en materia de infraestructura del Gobierno Petro. En ese sentido, destacó que la evaluación resulta oportuna para identificar oportunidades de mejora en la operación de las vías.

“Es urgente y oportuno revisar el modelo de concesión de los peajes. El ingreso principal actualmente está en función del número de vehículos que pasen por una talanquera, pero no por los servicios realizados en las vías. Los altos cobros encarecen el transporte terrestre, afectan el turismo nacional y limitan la inversión en las carreteras”, explica Stalin.

El docente universitario reiteró que el principal reto de una eventual transición de concesiones privadas a gestión estatal es garantizar el cumplimiento de los contratos a largo plazo para evitar líos jurídicos por los compromisos adquiridos. Ante ese panorama, el Gobierno Petro ha aclarado que la etapa inicial de la transformación consistirá en no renovar las concesiones que lleguen a su vencimiento.

El primer mandatario ha sostenido que el proceso de auditorías para revisar los contratos actuales y la administración de peajes podría incluso permitir el levantamiento de algunas casetas en el país. Además, el Ministerio de Transporte ha explicado que en los comités de estudio para la administración estatal de las vías participarían transportadores y comunidades locales.

Con cerca de 180 peajes, Colombia es el país de América Latina con más casetas en operación y supera en ese aspecto a naciones con mayor red vial en funcionamiento. De acuerdo con la ANI, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca concentran a la fecha la mayor parte de los peajes activos en las carreteras nacionales.

Los retos de poner fin a las concesiones privadas de las vías del país

Un informe de Fenalco encontró que Colombia es el tercer país de América Latina con los peajes más caros. Pese a ese panorama, el Ministerio de Transporte confirmó que el próximo 16 de enero se implementará un aumento del 5,3 por ciento, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), en las tarifas cobradas en las casetas.

El pasado 29 de diciembre, el presidente Petro indicó que los empresarios detrás de las compañías que administran carreteras y peajes en el país deben asumir una mayor carga tributaria para que los recursos del Estado se destinen a cubrir gastos prioritarios. Según el mandatario, esta medida forma parte de un plan más amplio para redistribuir la carga fiscal y reducir la dependencia de la financiación privada en proyectos estratégicos de transporte.

“Las concesiones viales que están a punto de vencerse, como las del Caribe o del eje cafetero, necesariamente requieren revisarse. Especialmente estas últimas, debido a que en corta distancia se encuentran muchos peajes, y el retorno sobre la inversión ya le llegó a los operadores privados”, explicó al respecto Stalin Rojas, experto en movilidad.

Para el docente universitario, la propuesta orientada a que el Estado asuma el control de peajes y vías implica una transformación profunda de la Agencia Nacional de Infraestructura. Entre los cambios requeridos para avanzar en la transición se encuentran medidas orientadas a su capacidad operativa y mejorar los mecanismos de supervisión y mantenimiento.

“Es realmente necesario que algunos peajes regresen a ser administrados por el Estado. Sin embargo, este proceso requiere una planificación cuidadosa, respaldo jurídico sólido y la estructuración de protocolos claros para evitar conflictos legales y asegurar la operación continua de las vías”, concluyó Rojas.