La discusión jurídica que viene tras la intervención militar de Donald Trump en Venezuela

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de realizar un ataque aéreo y terrestre en Venezuela a fin de capturar al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Celia Flores, tiene múltiples implicaciones jurídicas por una razón en la que coinciden expertos y líderes políticos: fue contraria al derecho internacional, específicamente contra la Carta de las Naciones Unidas. 

Así lo dijeron voces tan diversas como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien recordó que la Carta de las Naciones Unidas prohíbe expresamente a los miembros de esa organización acudir a la amenaza y al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política; o la líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen, quien aseguró que si bien había muchas razones para condenar al régimen de Maduro por “comunista y autoritario”, la decisión de Estados Unidos es cuestionable:

“Hay una razón fundamental para oponerse al cambio de régimen que Estados Unidos acaba de instaurar en Venezuela. La soberanía de los Estados nunca es negociable, independientemente de su tamaño, poder o continente. Es inviolable y sagrada. Renunciar hoy a este principio por Venezuela, por cualquier Estado, equivaldría a aceptar nuestra propia servidumbre mañana”, indicó Le Pen en redes sociales.

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Las dudas

En términos jurídicos, primero hay que mirar la Carta de las Naciones Unidas, que establece una prohibición del uso unilateral de la fuerza y de la violación de la soberanía de otros países. Expertos consultados por CAMBIO señalaron que, si el régimen de Maduro era una amenaza a la paz internacional o para la soberanía de Estados Unidos, la salida correcta era acudir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que allí se discutiera la situación y se aprobara eventualmente el uso de la fuerza.

Este operativo no tuvo ni ese aval ni el del Congreso de Estados Unidos. Por esa misma razón, varios congresistas manifestaron por redes sociales su desacuerdo. Por ejemplo, Melanie Stansbury, quien calificó de “ilegal” el hecho y quien afirmó que el presidente Trump no tiene la autoridad para llevar a cabo operaciones militares a larga escala sin la aprobación del Congreso. 

En rueda de prensa, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo algo esencial para este debate: “En su esencia, este fue el arresto de dos personas acusadas por la justicia de Estados Unidos”. Es decir, se trató de un operativo militar para lograr llevar a la justicia a Maduro y a su esposa. Según Rubio, por las calidades de la acción militar, esta operación no se podía notificar previamente a los congresistas y el presidente Trump insistió en que la medida se tomó para llevar “al dictador a la justicia”.

Con este panorama, si la razón del operativo fue llevar a Maduro a la justicia por la fuerza, esto vulneraría el principio de prohibición del uso de la fuerza mencionado. De otro lado, el presidente Trump hizo referencia a la actualización de la Doctrina Monroe, conocida como ‘Colorario Trump’, que es una estrategia que apela a mantener una hegemonía en el hemisferio y contrarrestar amenazas como el narcotráfico. En la rueda de prensa, Trump dijo que en Venezuela se estaban “albergando cada vez más adversarios extranjeros en nuestra región y adquiriendo armas ofensivas amenazantes que podrían poner en peligro los intereses y la vida de Estados Unidos”. 

¿Qué pasa con el derecho internacional?

Ricardo Abello, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario, señaló a CAMBIO que esta acción armada es una clara violación a los principios de la Carta de Naciones Unidas, que busca mantener la paz entre los Estados y permite el uso de la fuerza en circunstancias específicas, que impide acudir a la amenaza, entre otros. Lo mismo dijo el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández: “Desde el punto de vista jurídico, es innegable que las reglas del Derecho Internacional han sido violadas y desconocidos los principios de autodeterminación de los pueblos, de no agresión y de respeto a la población civil”.

Walter Arévalo Ramírez, director de la especialización en derecho internacional de la Universidad del Rosario, le dijo a CAMBIO que, en principio, la existencia de cargos contra Maduro en tribunales de Estados Unidos por narcotráfico y financiación del terrorismo no es suficiente para justificar la acción militar. Además, expresó que ese país debería dar una explicación en términos del Derecho Internacional Humanitario: es decir, sobre cómo se protegió a la población civil, qué decisiones se tomaron sobre el uso de munición y armas en una ciudad, entre otros.

“La Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza en cualquier circunstancia salvo la legítima defensa. Estados Unidos tiene una doctrina de legítima defensa ampliada, que ha sido muy criticada, pero que seguramente se usará para justificar la operación” dijo.

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Sobre el discurso de Trump, Arévalo agregó: “La justificación de momento es explicar que la operación militar era necesaria para proteger a los agentes de Estados Unidos que estaban realizando la operación de detención para hacer cumplir la orden judicial. En principio invocaron expresamente la legítima defensa, pero, las alusiones a que el régimen de Maduro ponía en peligro la seguridad a Estados Unidos por sus conexiones terroristas y que había constantemente expropiado la infraestructura petrolera de su propiedad dan a entender que la operación se estaba realizando para proteger intereses esenciales de ese país y eso es parte de la doctrina de legítima defensa ampliada que profesa Estados Unidos”.

René Urueña, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de los Andes, le dijo a CAMBIO que Trump deberá hacer una explicación jurídica sobre las razones que permitieron la intervención. Primero, porque si el operativo se hizo para llevar a Maduro a la justicia, “estaríamos enfrentando a una violación del derecho internacional”. Segundo, porque no basta con decir que Maduro es un narcotraficante, sino que se debe explicar por qué se está amenazando la seguridad de los Estados Unidos.

“Estados Unidos ha defendido durante décadas la controversial doctrina de _‘unwilling or unable_’, según la cual un Estado puede usar la fuerza en contra del territorio de otro Estado, si este último no quiere o no puede evitar que se lleven a cabo conductas que sean una amenza para la seguridad internacional desde su territorio.  A pesar de que esta doctrina es controversial, es posible que Estados Unidos justifique su acción armada sosteniendo que Venezuela no puede o no quiere de controlar acciones narco-terroristas desde su territorio”, indicó Urueña. El experto señaló que las explicaciones del presidente Trump no fueron suficientemente claras en la rueda de prensa que entregó y que, en cambio, generó dudas sobre qué va a pasar ahora en Venezuela.

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¿Qué podría pasar?

El presidente Petro ya pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU que tiene cinco países con presencia permanente (Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia y Rusia) y diez que tienen una calidad de no permanentes, entre los cuales está Colombia durante el periodo 2026-2027. 

Tanto en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea General se pueden hacer las constancias históricas sobre lo sucedido e, incluso, proponer que haya sanciones para Estados Unidos. Pero, Estados Unidos tiene la posibilidad de vetar una eventual sanción del Consejo de Seguridad por haber actuado contra el derecho internacional. De otro lado, Venezuela podría buscar la activación de la Corte Internacional de Justicia. No obstante, expertos consultados consideran que esta opción es poco viable. 

Ahora bien, no hay que dejar de lado que, en términos de relaciones internacionales, la política puede pesar más sobre lo estrictamente jurídico. Maduro no fue reconocido como presidente legítimo por la Unión Europea, así como múltiples Estados incluido Brasil, por ejemplo, ante la evidencia de posible fraude en los últimos comicios. 

De hecho, el presidente de Argentina, Javier Milei, celebró el ataque, al igual que el presidente electo de Chile José Antonio Kast. Se opusieron el presidente de Brasil, Luis Ignacio Duda da Silva, y el propio presidente Petro, quien tiene un problema adicional en materia de política pública que no tienen otros jefes de Estado: la frontera. Petro manifestó su preocupación, hizo un llamado urgente al desescalamiento y a mantener los canales diplomáticos abiertos para el diálogo.

La discusión sobre las vulneraciones de derechos humanos que estaban ocurriendo en Venezuela, así como el hecho que el operativo no implicó bajas, aunque sí uso de explosivos, podría llevar a un escenario en el cual las ilicitudes de la acción militar sean aminoradas en el foro público. 

En todo caso, expertos consultados indicaron que es deseable que las constancias históricas se presenten pensando tanto en la estabilidad de la región, como para el futuro concreto del vecino país, dado que el presidente Trump anunció que Estados Unidos “gobernará” en Venezuela hasta que se pueda garantizar una transición política.

Aunque Trump anunció que se están nombrando personas para hacer esa transición, las dudas que surgen sobre esa forma de gobernar tienen implicaciones: si Estados Unidos quiere volver con tropas, armas y personal, en principio, tendría que acudir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Además, la Organización de Estados Americanos (OEA) debería tener un rol clave en la transición política. 

Hasta el momento, la OEA –que no ha reconocido a Maduro como presidente– no ha hecho declaración alguna sobre esta intervención.

“Lo preocupante es cómo establecer un gobierno legítimo en Venezuela. En ese proceso es fundamental la OEA porque es la organización política regional que tiene un compromiso con la democracia y que puede apoyar el proceso de manera más cercana. Es fundamental ese apoyo y se debería evitar que esto termine degenerándose en una ocupación militar, que no es ideal”, agregó Arévalo.