Sin reparación para las víctimas: la gestión irregular de los bienes entregados por Mancuso, Don Berna y otros exjefes de las AUC
La mitad de los predios tienen invasiones y otros acumulan ruinas y deudas. ¿Qué más encontró la Contraloría en la administración de numerosos bienes que hace dos décadas entregaron los exjefes del paramilitarismo en Colombia? Hay un serio cuestionamiento contra el Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Por: Ana María Cuesta
Una casa en Envigado, ligada al exjefe paramilitar Hebert Veloza, alias H.H., lleva más de 16 años sin poder usarse. Desde entonces está ocupada por particulares que viven allí sin pagar arriendo y se niegan a desocuparla. Entre tanto, a más de cuatrocientos kilómetros, dos fincas entregadas por Salvatore Mancuso en Tierralta, Córdoba, acumulan casi dos décadas sin poder monetizarse para indemnizar a las víctimas del conflicto -como lo dispone la ley-. ¿El motivo? Están siendo usufructuadas por sus antiguos victimarios, agrupados en asociaciones de desmovilizados.
La llamativa casa que habitó Mancuso en el barrio La Castellana de Montería presenta, paradójicamente, una deuda de la propia Unidad de Víctimas y un proceso inconcluso con una congregación cristiana que la compró. Mientras tanto, la vivienda en el mismo barrio que perteneció a Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, está desvalijada y en un completo abandono. Ambos casos forman parte de un extenso informe que la Contraloría General de la República acaba de publicar, en el que cuestiona la gestión del Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV), a cargo de la Unidad de Víctimas (UARIV), dirigida por Adith Romero Polanco.
Irregularidades administrativas, avalúos con inconsistencias, arrendatarios que durante años no han pagado y familias que desde hace décadas ocupan predios sin autorización de la UARIV: ese es el panorama que describe el ente de control fiscal en una auditoría publicada en diciembre. Se trata de bienes con que el Estado colombiano busca reparar a una parte de las 10.140.985 víctimas del conflicto armado. Una de las conclusiones centrales del informe es contundente: estas fallas están afectando el cumplimiento del deber legal de reparar a quienes padecieron décadas de masacres, desplazamientos y otras formas de violencia.
Para la presente auditoría de cumplimiento -la última de ellas se realizó en 2020- la Contraloría revisó una muestra de 112 bienes de los entregados por los excomandantes de las Autodefensas, avaluados por 103.419.514.065 pesos, y estableció 43 hallazgos administrativos, relacionados con la gestión de los predios desde el 11 de junio de 2023 al 31 de diciembre de 2024. La entidad advirtió que hay componentes que podrían configurar delitos, los cuales serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
“Teniendo en cuenta la relevancia de las situaciones irregulares detectadas en el trámite del proceso auditor, que pueden llegar a estar incursas en conductas tipificadas como delitos en nuestro ordenamiento jurídico, se hará traslado del presente informe a la Fiscalía General de la República (FGN), para su conocimiento y fines pertinentes”, señaló el ente de control.
Crédito: Colprensa.
Las conclusiones de la auditoría a los bienes entregados por los exjefes paramilitares
El ente de control, dirigido por el contralor Carlos Hernán Rodríguez, calificó de “ineficiente” el control interno desplegado por el Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV) respecto de los bienes que figuran en sentencias de Justicia y Paz, y que le fueron confiados al fondo para su monetización. El organismo también declaró un “incumplimiento material” en la normatividad sobre la gestión de los mencionados predios. Así, encontró“irregularidades en la gestión fiscal, administrativa, financiera y contractual”.
Los 112 bienes analizados hacen parte de los 3.366 inmuebles que, con corte al 31 de diciembre de 2024, estaban bajo la administración del FRV y cuyo valor supera los 1.3 billones de pesos. Aunque la presente auditoría sólo encontró hallazgos fiscales por poco más de 393 millones de pesos, de la gestión 2023-2024, los recursos presuntamente perdidos son más, pues hay numerosos predios invadidos que, durante años, no han recibido ni un peso por su uso.
El ente de control llamó la atención por la “no monetización de aquellos bienes que, por sus características podrían ser monetizadas y el sujeto de control no demostró eficiencia en las acciones tendientes a lograr tal fin”. También estableció la inobservancia de los procedimientos internos que fijan los requisitos “para la enajenación y/o comercialización de aquellos bienes y que, a pesar de cumplir con los requisitos, el FRV no los ofertó”.
Estableció, así mismo, que se incumplieron las visitas periódicas de inspección a los bienes a cargo del fondo; que hubo “falencias en la articulación entre los diferentes equipos administrativos de la UARIV – FRV” que tienen a su cargo los procesos con los referidos bienes. Además, hubo imprecisiones en la información que dichos funcionarios consignan en el Nukak, un sistema de información en el que figuran los registros y novedades de los bienes entregados por los paras.
Crédito: Contraloría.
La Contraloría también detectó “debilidades en la planeación de los contratos suscritos por la UARIV – FRV”, deficiencia en la supervisión de los mismos contratos, “inoportunidad en las acciones de gestión administrativas y judiciales, para el cobro de cartera persuasivo y coactivo de aquellos procesos que por alguna razón fueron objeto de incumplimiento de terceros”, y una “indebida representación judicial" en los procesos ejecutivos y de restitución por parte del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Las fincas de Mancuso que se encuentran ocupadas irregularmente
La Contraloría expuso irregularidades en la administración de cuatro fincas que entregó el excomandante de las AUC Salvatore Mancuso, ubicadas en la vereda volador de Tierralta, Córdoba. Se trata de las fincas Nueva Delhi, Villa Nueva, La Guaira, La Gloria y Paz Verde, que desde el año 2012 cuentan con una sentencia de extinción de dominio.
Aunque se estimó un canon de arriendo por 3.1 millones de pesos, el contrato no aparece diligenciado “dado que lo predios se encuentran ocupados, de forma considerable y no autorizada, por parte de miembros de la Asociación Maderera Agrícola y Ganadera del Sinú – ASOMAG”, creada por desmovilizados.
Los mencionados predios han estado ocupados por lo menos desde el año 2006. La Unidad de Víctimas presentó una demanda que ganó en 2021 para lograr que los ocupantes de “mala fe” se retiren del predio, pero lo cierto es que continúan habitándolos.
“Se constató que los bienes inmuebles a pesar de que presentan extinción de dominio desde el año 2012, no han sido objeto de las gestiones necesarias para su monetización, saneamiento ni para su posterior comercialización”, señala la Contraloría.
Vizcaya es otra finca de más de 300 hectáreas, ocupada desde el 2006 por desmovilizados del Bloque Córdoba de las AUC. Ubicada en la vereda Lorenzo de Tierralta, Córdoba, hoy cuenta con más de 90 casas construidas y hasta dos iglesias, una católica y otra evangélica. En Vizcaya los desmovilizados tienen más de 100 hectáreas sembradas con acacia y, según la información recolectada por la Contraloría, ellos son quienes autorizan a las comunidades que pueden vivir allí.
“En visita realizada por el ente auditor del 22 al 26 de septiembre de 2025, se evidenció que el bien continúa siendo ocupado por los desmovilizados con su núcleo familiar, campesinos de la región y población indígena. Igualmente se encuentra que el Grupo de Administración de Bienes no ha reportado ante la OAJ (Oficina Asesora Jurídica) la ocupación no autorizada del inmueble, con el fin de que esta dependencia adelante las acciones judiciales encaminadas a lograr la recuperación del predio”, señaló el ente de control.
La restitución de la finca Vizcaya fue incluida en el mismo fallo de 2021 del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería que ordenó a a la Asociación Maderera Agrícola y Ganadera del Sinú la devolución de los predios. Pero aparentemente la finca no ha podido restituirse, entre otras razones, por la ocurrencia de presuntas amenazas -según explicó la UARIV a la Contraloría-, que se suman a una millonaria deuda por concepto de un contrato de arriendo que se suscribió en 2007 con la mencionada asociación, que culminará en el año 2032.
Crédito: Pablo David -CAMBIO
Otros cinco predios de Mancuso -Villa Amalia, Las Pampas, El Carare, El Bongo y El Chimborazo-, ubicados en el corregimiento Tasajera de El Guamo, Bolívar, están ocupados por más de 100 familias de El Guamo y San Juan Nepomuceno que cultivan productos de pancoger, se dedican a la ganadería y esperan que los predios les sean titulados.
Aunque desde el año 2006 los predios están siendo aprovechados por comunidades que los necesitan, la Contraloría cuestiona que no se hayan tramitado contratos de arriendo ni se efectúen seguimientos a los mismos, afectando la vocación reparadora de los bienes pues “la finalidad de recaudar recursos destinados a reparar integralmente a las víctimas se dificulta por la condición en que se encuentran”.
En uno de esos casos, el Fondo le respondió a la Contraloría que, aunque ha solicitado a los campesinos que formalicen su ocupación, “estos han mostrado renuncia manifestando que, por ser víctimas del conflicto armado, tiene derechos sobre los bienes que sean del Estado”.
“El argumento de que las familias ocupantes son campesinos sin capacidad económica para asumir contratos de arrendamiento no exonera al FRV del deber de protección y gestión eficiente de los bienes bajo su administración”, añade la Contraloría.
Las irregularidades con las casas de Mancuso, ‘H.H.’ y ‘Don Berna’
Otro de los aspectos señalados en el informe es la gestión de la llamativa casa de Mancuso ubicada en el barrio La Castellana de Montería. La Contraloría destaca que la iglesia Cristian CFC Internacional ofreció comprarla en 2020 y que, entre 2020 y 2021, hizo varios pagos que suman 270 millones de pesos.
Pero la iglesia se ha quejado porque aún no le han entregado las escrituras ni les han entregado el predio para su goce. “Esto evidencia debilidades en el seguimiento y control eficiente de los bienes entregados al FRV para su manejo y administración, e inoportunidad en la entrega definitiva al comprador del inmueble objeto de esta observación, denotando una falta de seguimiento administrativo al proceso de escrituración y entrega del predio”, anota la Contraloría.
Paralelamente, el organismo de control señaló que la casa de Mancuso le fue arrendada desde el año 2022 a la oficina territorial de Córdoba de la Unidad para las Víctimas. Pero la propia Unidad de Víctimas le estaría debiendo al Fondo para la Reparación al menos 123 millones de pesos que surgen del reajuste del canon de arrendamiento de los años 2023 y 2024.
Crédito: Colprensa.
La casa que perteneció a Don Berna, excomandante del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, ubicada en el mismo barrio de Montería y con sentencia de extinción de dominio desde 2016, también fue saqueada: al momento de su entrega ya no tenía puertas, sanitarios, lavamanos ni muebles de cocina.
“Durante la visita fiscal realizada entre el 22 y el 26 de septiembre de 2025 al municipio de Montería, departamento de Córdoba, se constató que el bien continúa presentando un evidente estado de deterioro, con graves deficiencias en su conservación y ausencia de servicios públicos operativos, producto de la falta de acciones concretas orientadas a su adecuación, mantenimiento o reparación”, señaló la Contraloría.
Otros predios de ‘Don Berna’, ubicados en Valencia, Córdoba, y conocidos como La Unión 1, La Unión 3 y Las Delicias, presentan ocupaciones irregulares.
Estas situaciones se suman a una casa que perteneció al excomandante de los Bloque Calima y Bananero de las AUC, Hebert Veloza, alias H.H., en Envigado, Antioquia, que entregó en 2009 y fue cobijada con extinción de dominio en 2014.
El FRV consignó en un informe de 2024 que dicha casa ha estado en una ocupación no autorizada durante 16 años por una misma familia. En dicho año, uno de sus ocupantes le manifestó al Fondo que “se encuentra adelantando un proceso legal relacionado con el inmueble y que no tiene intención de pagar canon de arrendamiento”.
Según el expediente, desde el año 2018 un juez resolvió terminar el contrato de arrendamiento y ordenó la entrega del predio, pero la familia se rehusó y presentó tutelas. Actualmente no se sabe qué ocurre con la casa de ‘H.H.’.
“Las situaciones aquí expuestas, afectan de manera directa la vocación reparadora de los bienes, en tanto que la finalidad de recaudar recursos destinados a la reparación integral de las víctimas se ve comprometida por el estado de ocupación no autorizada y la falta de acciones efectivas para su recuperación y legalización”, señaló la Contraloría.
Crédito: Colprensa.
La mitad de los predios entregados presentan ocupaciones irregulares
CAMBIO consultó a la Unidad para las Víctimas sobre la situación actual de los bienes entregados por los exjefes de las Autodefensas. El Fondo para la Reparación de las Víctimas administra actualmente 3.934 predios, de los cuales 2.330 son rurales y 1.604 urbanos. De esos predios sólo 485 cuentan con sentencia de extinción de dominio, lo que equivale al 12 por ciento de los bienes recibidos desde la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz.
La entidad, además, confirmó, en respuesta a un cuestionario que la mitad de los bienes que ha recibido y que están bajo su administración se encuentran ocupados irregularmente.
“El 15 por ciento se encuentra en arrendamiento, el 19 por ciento está siendo puesto a disposición con fines de comercialización, en el marco de los convenios interadministrativos suscritos entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Central de Inversiones (CISA) y Activos por Colombia; el 15 por ciento se encuentra en proceso de alistamiento para su entrega por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE); y el 50 por ciento presenta ocupación no autorizada desde el momento de su entrega (secuestro) por parte de la Fiscalía General de la Nación (FGN)”, señaló la entidad.
“Es importante señalar que un número significativo de bienes es entregado al FRV para su administración en condiciones de ocupación no autorizada, sin que la Fiscalía General de la Nación ni la Jurisdicción de Justicia y Paz garanticen la entrega material de los bienes desocupados. Estas circunstancias afectan de manera directa la posibilidad de una administración real y efectiva de los bienes y, en consecuencia, dilatan los procesos de reparación a los que tienen derecho las víctimas”, puntualizó la entidad.
Con respecto a las mencionadas ocupaciones, o invasiones, la Unidad adelanta 439 procesos que pretenden la restitución de los mencionados bienes, de los cuales se ha logrado la restitución efectiva de 23. “De estos procesos, 326 no cuentan con sentencia de extinción de dominio, lo que representa el 74 por ciento del total”, añadió la Unidad.
Crédito: Colprensa.
“Entre las principales barreras para la restitución y normalización de los predios se identifican problemas de orden público y dificultades de acceso, además, el 3% de los mismos presentan limitaciones de orden ambiental (reservas forestales o bienes baldíos)”, agregaron.
Finalmente la entidad, dirigida por Adith Romero, confirmó que actualmente hay deudas por aproximadamente 5.000 millones de pesos por parte de arrendatarios morosos y que el valor estimado de los bienes que presentan ocupaciones irregulares se acerca a los 8.000 mil millones de pesos.
Con todas estas dificultades, la Unidad informa que desde 2011, y a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se han recaudado más de 143.000 millones de pesos y que “el Fondo para la Reparación ha ordenado 19.862 indemnizaciones judiciales, con el componente de recursos propios, por un valor total de 67.653 millones”.
ana.cuesta@cambiocolombia.com.
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