Exclusivo: ponencia en la Corte Suprema pide capturar a cinco congresistas por el caso de la UNGRD
CAMBIO revela los detalles de la discusión en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en el caso de los seis congresistas envueltos en este escándalo, entre quienes están Karen Manrique y Wadith Manzur, quienes aspiran a reelegirse en el Congreso. ¿Habrá decisión antes de elecciones? ¿Cómo están las cargas en la Sala? Les contamos.
El pasado 13 de febrero el magistrado Misael Rodríguez, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, les entregó a sus compañeros una ponencia que pide llamar a juicio a seis congresistas que están envueltos en el peor escándalo de corrupción del Gobierno de Gustavo Petro: el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD). Se trata de Liliana Bitar, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz.
CAMBIO estableció que esa ponencia, además, pide dictar orden de captura inmediata en contra de todos los congresistas, menos a Muñoz, quien renunció al Congreso. No es una petición nueva propiamente hablando: ya en julio de 2025 el magistrado ponente había señalado la necesidad urgente de detener a los congresistas, pero esa posición fue derrotada aquella vez, a diferencia de lo que pasó con Andrés Calle e Iván Name, también procesados en la Sala por este escándalo.
El 26 de febrero la Sala se reunió, pero los magistrados Francisco Farfán y César Reyes no asistieron porque tenían un compromiso en Cali. Aunque el debate empezó, quedó claro que se necesitaba a la Sala en pleno y la Corte optó por citar a una nueva sesión para este miércoles en horas de la tarde, apenas cuatro días antes de elecciones. Es claro que la Corte debe tomar sus decisiones en derecho, que se deben examinar a fondo los argumentos planteados, pero también que una decisión pronta es clave para que la ciudadanía sepa a quién está eligiendo.
Las pruebas y el debate
CAMBIO conoció detalles de la discusión alrededor de este expediente que cuenta con miles de pruebas, conversaciones, testimonios, documentos de prueba y que apunta a que los seis congresistas sí aceptaron una promesa remuneratoria a cambio de votar una serie de conceptos de crédito público a favor de los intereses del Gobierno. La promesa la habrían ofrecido Diego Guevara (quien en ese entonces era viceministro de Hacienda) y la asesora María Alejandra Benavides, bajo la autorización del entonces ministro Ricardo Bonilla.
Es decir, los congresistas habrían ‘vendido’ su función en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de que desde el Gobierno se impulsara la contratación de proyectos en la UNGRD que iban a ser ‘entregados’ a los congresistas. La coima no era plata directamente, como sí pasó con Name y Calle, quienes aceptaron –según testigos y la Corte, 3.000 y 1.000 millones de pesos respectivamente a cambio de su voto en proyectos de interés del Gobierno– pero sí era una promesa remuneratoria que se evidenciaría en proyectos que sumaban 92.000 millones de pesos.
Y aceptar eso es un delito: cohecho impropio. La discusión acá reside en si la conducta ilegal existió o no, con la precisión de que no era necesario siquiera que los delegados del Ministerio de Hacienda les ‘cumplieran’ a los congresistas con la entrega de los contratos: aceptar direccionar su voto y su función a cambio de una promesa sería suficiente.
¿Qué querían los congresistas? Según las evidencias, que incluyen múltiples conversaciones de WhatsApp, Juan Pablo Gallo aceptó esa promesa para quedarse con un proyecto de obras en El Carmen de Bolívar, mientras que Liliana Bitar, Manzur y Julián Peinado lo hicieron por un proyecto en Cotorra; y Karen Manrique y Juan Diego Muñoz habrían hecho lo propio para un proyecto en Saravena.
¿Cómo se hizo la negociación ilegal? Parte de las pruebas de este expediente se han hecho públicas. Se conocen los registros de video de los ingresos de los congresistas al Ministerio de Hacienda en el segundo semestre de 2023, así como las declaraciones de la asesora Benavides y la negativa de Ricardo Bonilla, quien afirma no haber ordenado nada y quien está detenido. La negociación arrancó en reuniones de septiembre y octubre, pero se materializó en tres citas realizadas en el ministerio entre el 5 y el 6 de diciembre de 2023.
Las evidencian apuntan a que el esquema ilegal lo iniciaron Manzur y Muñoz con Bonilla y Benavides. Luego fueron Manzur y Bitar quienes le presentaron a la asesora una primera propuesta. Bonilla habría hecho una contraoferta detallando la materialización de los beneficios, a través de la UNGRD, y señalando que sería Benavides la que recibiría los proyectos que serían gestionados. Gallo Maya se habría unido a este esquema en noviembre de 2023 cuando era claro que iba a ingresar a la Comisión.
Según el expediente, Benavides recibió efectivamente la información de los convenios que interesaban a los congresistas. De hecho, tuvo múltiples conversaciones con funcionarios del ministerio sobre la gestión que debía realizar y de la importancia que salieran antes de diciembre, hasta de la zozobra que sentía la funcionaria porque había todavía créditos por votar. Además, hay conversaciones en las que los congresistas le insisten con afán a Benavides para agilizar los convenios.
Uno de esos chats ya es conocido. Ocurrió el 4 de diciembre de 2023 cuando Benavides le escribió a Bonilla, quien entonces estaba fuera del país: “Hola, ministro. Buenos días. Espero esté muy bien. Me comentaron que usted llega mañana y, como tenemos sesión interparlamentaria el miércoles 6, quería preguntarle si usted está de acuerdo en que con el vice Diego atendamos a los de la interparlamentaria y les digamos que vamos a mover sus proyectos de UNGR (sic), pero que salen el otro año”.
Bonilla le respondió que sí y Benavides habló con Diego Guevara. Según la declaración de la asesora, el viceministro no sabía en qué iba la gestión en la UNGRD, pero entendía que era muy difícil que salieran antes de terminar el año, por lo que la orden fue de “darles manejo”. El 5 de diciembre, Guevara y Benavides recibieron primero a Manzur, Bitar y Peinado y luego llegaron Gallo, Manrique, Muñoz y Juan Diego Núñez. Esa cita fue en el despacho del viceministro en el tercer piso del ministerio y su llegada quedó grabada. Allí se habría hecho la promesa remuneratoria definitiva.
¿Cómo se llega a esa conclusión? Por el testimonio de Benavides. Ella narró: “Los congresistas, no recuerdo puntualmente quién, le manifestaron al ministro, al viceministro, qué pena, que debían salir los proyectos ese año 2023 y se habló en esa reunión del interés que tenían ellos por su proyecto. No dijeron municipio de Cotorra, sin embargo, lo que se dio a entender en esta reunión fue que ellos estaban hablando por su proyecto y que era importante que saliera su proyecto, no estaban gestionando en pro de los de la Interparlamentaria en general, sino el de ellos”.
“A lo que el viceministro Diego respondió que el ministro estaba en las acciones pertinentes, que el ministro estaba tratando de hacer lo que él podía en Gestión del Riesgo. A eso, los congresistas le respondieron que era difícil que las cosas siguieran andando, sin que no hubiera una materialización de la gestión del ministro, pero que, como gesto de confianza hacia el ministro Ricardo Bonilla, ellos, al otro día, en la sesión del 6 de diciembre iban a votar el crédito que fuese más importante, el que tuviera menos tiempo, el que tuviera más urgencia para el Ministerio de Hacienda“, agregó Benavides.
Al término de la reunión, además, Benavides le explica por chat a Bonilla que llegaron al acuerdo de que la Comisión se reunía el 6 para votar uno de los créditos del Gobierno y le aclaró que los congresistas esperaban una respuesta sobre la viabilidad de los proyectos. Esto es suficiente, señala el expediente, para evidenciar que los congresistas aceptaron la promesa remuneratoria ofrecida para viabilizar los proyectos a través de la UNGRD. Luego, el 6 de diciembre, después de la octava sesión oficial de la Comisión, Bonilla ya en el país, junto al viceministro Guevara y Benavides, recibieron a Gallo, Manrique y Muñoz, junto a Juan Diego Núñez.
Los congresistas dicen que estas reuniones no se hicieron con ese fin, pero el expediente reseña no solo una las reuniones, sino también la actuación de la Comisión, las charlas internas, la priorización de los conceptos que se iban a votar, las constantes comunicaciones que se habrían hecho para cumplir con el acuerdo ilegal. Además, mientras ellos se reunían, también entregaban contactos regionales en Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar. Incluso, hubo quejas de parte de Karen Manrique porque supuestamente no le estaban dando el mismo trato que al resto de los congresistas en el Ministerio de Hacienda y hay detalles de cómo el 12 de diciembre, antes de la octava sesión, los funcionarios reportaron dificultades para hablar con esos contactos regionales.
En medio de todo esto fue que, dice el expediente, Bonilla pidió una gestión al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Contacto que para el 11 de diciembre no se había hecho, por lo que Benavides inició contactos con Jaime Ramírez Cobo para entregarle un cuadro con la información de los proyectos, cuadro que se ha hecho público en todas estas pesquisas, detallando las obras que se iban a hacer en cada uno y su valor. Benavides declaró:
“Cuando Jaime me pidió los contactos, yo acudo a los tres interlocutores que yo tenía para cada municipio, por WhatsApp le escribo al representante Wadith Manzur y éste me comparte un contacto de un señor de apellido Llorente, cuando el representante me lo pasa automáticamente se lo reenvío a Jaime Ramírez Cobo. En el caso de Saravena, mi interlocutora era la representante Karen Manrique y ella me pasó un contacto, de un señor Willy, este contacto yo se lo reenvío por WhatsApp a Jaime Ramírez Cobo. Yo contacto el senador Gallo por Signal, y él se tarda más en darme el contacto, pero él me pasa un contacto de un señor, apellido Torres. Y, este es el contacto que yo le mando a Jaime Ramírez Cobo”.
Lo importante ahora en la Sala de Instrucción es la valoración de las evidencias. CAMBIO pudo establecer que la ponencia del magistrado Rodríguez estima que hay suficiente material para probar que en efecto hubo tal acuerdo ilegal, que los congresistas vendieron su función, que el Gobierno activó todo un canal de comunicación en el que Sneyder Pinilla, entonces subdirector de la UNGRD, y María Alejandra Benavides, para estos proyectos y que los congresistas hicieron constante seguimiento, incluso en 2024, sobre su demora. Es decir, que hubo un patrón de comunicaciones, seguimientos, quejas y hasta presiones que es constitutivo del delito de cohecho impropio: una transacción del voto ejercida, presuntamente, por congresistas que son economistas, ingenieros, abogados y administradores, y que tienen amplia experiencia en el sector público.
A todo esto se suman múltiples evidencias de la forma como, en efecto, se buscó la viabilidad de los proyectos, las conversaciones entre Benavides y Pinilla y los documentos remitidos a los congresistas para probar el avance de las gestiones, así como de conversaciones sostenidas entre Pinilla y Manrique, por ejemplo, en donde ella le pregunta sobre el proyecto de Saravena. Además, hay pruebas de que Manrique buscó insistentemente a Pinilla y que es ella la que señala a Manzur como vocero de todo el grupo. Esto también quedó registrado en la famosa libreta de Olmedo López.
¿Habrá cárcel?
En este expediente, los seis congresistas ya se libraron una vez de la posibilidad de ir a prisión. Ahora, la ponencia vuelve a pedir la orden de captura inmediata de los procesados, según pudo establecer CAMBIO, bajo el argumento de que su detención es perentoria porque se evidencia un riesgo real para la comunidad. Ese riesgo se explica en que los congresistas, al aceptar presuntamente ese acuerdo ilegal, afectaron el desarrollo normal de las funciones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público: hubo hasta parálisis y el curso normal de la comisión se vio sujeto al avance de las negociaciones con los delegados del ministerio.
Se trata, además, de personas con un capital político importante, con roles clave y acceso a espacios institucionales y con suficiente influencia regional y a nivel central. Fue un sofisticado entramado de corrupción en el que habrían participado ministros, que están procesados y presos de hecho, funcionarios de la UNGRD que están condenados, funcionarios del Ministerio de Hacienda que decidieron contarle todo a la justicia como María Alejandra Benavides. Lo que se indica en este caso es que se habrían privilegiado iniciativas particulares, desplegando contactos regionales para coordinar los proyectos, haciendo una intermediación y un esfuerzo conjunto ilegal.
De hecho, con argumentos similares a los propuestos por el magistrado Rodríguez, la Sala envió a prisión a Name y Calle y aunque estos han intentado recuperar su libertad, la Corte Suprema ha ratificado la necesidad de su detención al estimar el riesgo inminente para la sociedad que implicaba que dos personas con ese nivel de liderazgo, que torcieron su poder político para cometer delitos, siguieran libres.
En este caso, los seis procesados siguen siendo congresistas, aun si ya no están en la Comisión, y siguen teniendo un rol político clave en las regiones. El temor consiste, en esta etapa procesal, que se repitan este tipo de conductas ilegales, que los procesados puedan incidir en escenarios de decisión nacionales y locales mientras se adelanta el juicio, por lo que se propone enviarlos a la cárcel y no aceptar si quiera la detención domiciliaria ya que ello no impide que accedan a testigos o a personas relacionadas con este caso, entre otros.
CAMBIO pudo establecer que, por el momento, hay dos votos positivos para este proyecto de fallo: el del ponente Misael Rodríguez y el de Héctor Alarcón. La Corte hará una Sala este miércoles en la tarde en donde se espera que no haya imprevistos ni ausencias de magistrados para tomar una decisión con la mayor brevedad posible. ¿Habrá decisión antes de elecciones?
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