Fiscalía imputó cargos a Juliana Guerrero: “tenía pleno conocimiento de la falsedad de los títulos”
La Fiscalía imputó cargos a Juliana Guerrero por presuntamente presentar títulos falsos para posesionarse como viceministra de Juventudes, y sostuvo que “tenía pleno conocimiento” de su falsedad. También fue imputado el secretario general de la Universidad San José.
Por: Sylvia Charry
La Fiscalía imputó cargos a Juliana Guerrero y a Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Universidad San José, por el escándalo de la expedición de títulos falsos para que Guerrero pudiera posesionarse como viceministra de las juventudes. Aquí, usted puede consultar el resumen de las investigaciones de CAMBIO sobre el caso.
La delegada del ente acusador dijo que en julio de 2025, la institución educativa expidió dos diplomas —uno tecnológico y otro profesional— junto con sus respectivas actas de grado, en los que se dejó constancia de que Guerrero había cumplido la totalidad de los requisitos para obtener los títulos de Contadora Pública y de Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria La fiscal fue explícita sobre la naturaleza de esos documentos: tenían apariencia institucional, ostentaban firma oficial y estaban diseñados para acreditar un nivel académico ante terceros, es decir, para producir efectos jurídicos.
A Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la institución educativa, el ente acusador le atribuye haber expedido esos títulos y actas consignando hechos contrarios a la realidad. En su rol, debía validar y certificar el cumplimiento de los requisitos académicos. Sin embargo, según la Fiscalía, certificó que Guerrero había cumplido con la normativa cuando no era así.
El ente acusador detalló los soportes de esa afirmación: no existían registros académicos reales, no se acreditó el cumplimiento del plan de estudios y tampoco se habían presentado las pruebas Saber Pro. A pesar de ello, los documentos fueron expedidos y firmados como si se hubieran cumplido todos los requisitos legales.
El segundo momento de la imputación se ubica entre agosto y septiembre de 2025. Según la Fiscalía, una vez obtenidos los diplomas y las actas de grado, Juliana Guerrero decidió cargarlos en la plataforma de Función Pública y aportarlos ante el Ministerio de la Igualdad, con un propósito específico: acreditar requisitos para su nombramiento y posesión como viceministra de Juventudes.
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La fiscal fue directa en ese punto: los documentos fueron aportados a sabiendas de su falsedad, con el fin de inducir en error a la entidad. En su tesis, Guerrero tenía pleno conocimiento de que no había cumplido los requisitos académicos exigidos, y aun así decidió presentar los títulos para producir efectos administrativos.
“Al obtener Juliana Guerrero los dos diplomas falsos, con sus actas de grado falsas, de la Fundación San José, decidió cargarlos a la plataforma de la Función Pública. Dichos documentos espurios fueron cargados a sabiendas de que eran falsos. Entre agosto y septiembre de 2025 aportó esos documentos con el propósito de inducir en error a la entidad y lograr el nombramiento como viceministra de Juventudes (…) Juliana Guerrero sabía de lo fraudulento de los medios que usó para la consecución del fin; tenía pleno conocimiento de la falsedad de los títulos, pues nunca cumplió con los requisitos que se exigen y, aun así, decidió anexarlos al Ministerio”, dijo la delegada del ente acusador.
Ahí se configura, según la Fiscalía, el fraude procesal: no en la existencia de los documentos, sino en su utilización dentro de un trámite oficial para obtener un cargo público.
La imputación deja planteada una línea clara: al secretario general se le atribuye haber expedido documentos con contenido falso; a Guerrero, haberse beneficiado de esos documentos y haberlos presentado ante el Estado para obtener un nombramiento.
Al cierre de la diligencia, Guerrero y Gutiérrez se declararon inocentes. La jueza informó que la fiscal tendrá 90 días para radicar el escrito de acusación ante el juzgado competente y prohibió, como medida preventiva, que los imputados comercialicen bienes inmuebles durante los próximos seis meses, con el fin de garantizar el reconocimiento de los posibles perjuicios causados al Estado.
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