Juzgado ordenó a María Fernanda Cabal rectificar declaraciones en las que negó el exterminio de la Unión Patriótica
La senadora del Centro Democrático también tendrá que ofrecer disculpas públicas por negar la responsabilidad del Estado en el genocidio de los militantes de la UP. En el fallo se advirtió que Cabal reprodujo un discurso estigmatizante en contra de las víctimas.
Por: Jonathan Beltrán
El Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá ordenó a María Fernanda Cabal rectificar las declaraciones en las que negó el exterminio sistemático de la Unión Patriótica (UP). La jueza Ana Isabel Ariza determinó que la negación de estos hechos por parte de la senadora constituye una afectación directa a la memoria histórica y al derecho de las víctimas a conocer la verdad.
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En una entrevista con La Silla Vacía, realizada en octubre de 2025, la congresista del Centro Democrático negó la participación de agentes del Estado en el genocidio de la UP. De hecho, la senadora vallecaucana sostuvo que el Estado no tendría responsabilidad en el asesinato y la desaparición sistemática de militantes del partido creado durante las negociaciones de las extintas Farc con el Gobierno de Belisario Betancur.
La senadora sostuvo que la UP sería el brazo político de las Farc y acusó al movimiento político fundado en 1985 de avalar crímenes, secuestros y reclutamiento forzado. “Los primeros asesinos de la Unión Patriótica fueron las mismas Farc y el ELN. Ellos se asesinan entre ellos. (…) Jamás repita que el Estado colombiano fue el exterminador de la UP, porque no es cierto”, indicó Cabal en la entrevista.
La Defensoría del Pueblo y varias organizaciones de víctimas presentaron demandas y solicitudes de rectificación ante los tribunales, argumentando que las declaraciones de la congresista constituían una forma de negacionismo que revictimizaba a quienes sobrevivieron al exterminio político. En respuesta, el Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá evaluó el caso y concluyó que la senadora debía emitir disculpas públicas y rectificar sus afirmaciones.
En sus solicitudes, las organizaciones reiteraron que negar la responsabilidad del Estado en el exterminio de la UP distorsiona la memoria histórica y vulnera los derechos fundamentales de las víctimas, como el derecho a la verdad, la dignidad y la reparación simbólica. Según el organismo, las declaraciones de Cabal contribuyen a la estigmatización de los sobrevivientes y a la minimización de la magnitud de los crímenes cometidos.
Las razones por las que María Fernanda Cabal deberá rectificar sus declaraciones sobre el genocidio de la UP
El fallo del Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá subraya que la senadora María Fernanda Cabal incurrió en declaraciones que vulneran los derechos de las víctimas al negar hechos históricamente comprobados. La instancia consideró que dichas afirmaciones afectan directamente la memoria histórica y el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad.
La resolución indica que el negacionismo adoptado por Cabal tiene un efecto simbólico de estigmatización, ya que reproduce un discurso que desacredita la experiencia de quienes fueron perseguidos políticamente. Según el juzgado, este tipo de expresiones podrían generar daños morales adicionales a las víctimas y a sus familias.
La defensa de la congresista vallecaucana argumentó que sus declaraciones se enmarcan en el derecho a la libertad de expresión y que no tenían la intención de desconocer los crímenes cometidos contra la UP. Según la senadora, sus comentarios buscaban ofrecer un análisis político sobre la historia del partido y cuestionar interpretaciones específicas de los hechos.
“Las expresiones objeto de controversia no están amparadas por la libertad de expresión, pues en su calidad de funcionaria pública es innegable que deben cumplir con deberes reforzados de veracidad, responsabilidad y respeto por los derechos fundamentales de todos los individuos”, se lee en el fallo.
El fallo también señala que la senadora minimizó la magnitud del genocidio al atribuirlo exclusivamente a enfrentamientos entre grupos armados ilegales, sin reconocer la sistematicidad de los ataques ni la participación de agentes estatales. Para el juzgado, este tipo de afirmaciones contribuye a la confusión sobre la responsabilidad histórica y obstaculiza procesos de reparación y reconciliación.
Los detalles de la decisión judicial que deberá acatar María Fernanda Cabal
El Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá estableció que la senadora tiene un plazo de cinco días hábiles para emitir una rectificación pública de sus declaraciones. La resolución especifica que esta rectificación debe hacerse por los mismos medios en los que se difundieron las afirmaciones originales, asegurando que llegue al mismo público que presenció las declaraciones controvertidas.
La congresista también deberá presentar disculpas públicas dirigidas tanto a las víctimas de la UP como a la sociedad en general, reconociendo el daño causado por sus afirmaciones y asegurando que no repetirá expresiones que vulneren la memoria histórica ni los derechos de los sobrevivientes del exterminio del partido político.
Gabriel Becerra, quien ofició como representante legal de la UP antes de su fusión en el Pacto Histórico, destacó la importancia de la decisión judicial. Para el senador, la decisión reconoce públicamente la responsabilidad del exterminio del partido y envía un mensaje claro sobre la necesidad de reconocer informes recientes de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad.
La Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Reiniciar), que respaldó la acción de tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo, reiteró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la magnitud de la violencia sistemática contra los miembros de la UP. Según la Corte IDH, entre 1984 y 2006 se registraron más de 6.000 víctimas directas, incluyendo 521 casos de desaparición forzada, 3.170 ejecuciones extrajudiciales y 1.596 desplazamientos forzados.
Al cierre de su decisión, el juzgado advirtió que el incumplimiento de la orden podría derivar en medidas adicionales que aseguren el cumplimiento de la sentencia, subrayando la obligación de todos los funcionarios públicos de actuar con responsabilidad, veracidad y respeto por la memoria histórica y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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