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La senadora del Centro Democrático también tendrá que ofrecer disculpas públicas por negar la responsabilidad del Estado en el genocidio de los militantes de la UP. En el fallo se advirtió que Cabal reprodujo un discurso estigmatizante en contra de las víctimas.
El movimiento político cambió su postura frente a la investigación adelantada por el Consejo Nacional Electoral, solo un día después de haber aceptado los cargos formulados en su contra. Gabriel Becerra, representante legal de la Unión Patriótica, explicó los motivos de la nueva decisión.
Luego de más de un año, el Gobierno realizó finalmente el acto simbólico en el que se pidió perdón a las víctimas de la Unión Patriótica y se reconoció la responsabilidad del Estado colombiano. Así se vivió el encuentro.
Un fuerte cuadro gripal que afectó al presidente de la República, Gustavo Petro, le impidió asistir a un importante acto oficial que tuvo que ser reprogramado. El nuevo contrato intenta garantizar que el presidente Petro asista a la cita.
Desde este domingo empieza un ciclo de conciertos en el Auditorio León de Greiff, en Bogotá, en memoria de hechos estremecedores como el Palacio de Justicia, el genocidio de la UP y las desapariciones de La Escombrera. En entrevista con CAMBIO, la directora de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional reflexiona sobre esta histórica iniciativa.
La senadora Jael Quiroga calificó como un mensaje de guerra inaceptable el discurso del expresidente Álvaro Uribe Vélez que apuntó en contra de la UP, señalando que no hubo instigación presidencial contra esa colectividad. “Uribe, en las condiciones en que está de presidiario, aún sigue en esa hostilidad tan grande contra un sector de este país, contra la humanidad”, apuntó.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos y promotores de la iniciativa han advertido que se podría hundir a falta de conciliación en la Cámara. La falta de trámite amenaza con dejar ese reconocimiento, una vez más, en el olvido.
Casi tres años después de la condena contra el Estado por el exterminio de la Unión Patriótica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le llamó la atención al gobierno de Gustavo Petro por haber dejado sin presupuesto, en los primeros meses del año, a la comisión que tiene la difícil tarea de constatar la identidad de las víctimas del genocidio, como paso previo de las indemnizaciones. El avance de dicha misión, que tiene un estricto mandato temporal, es minúsculo y se suma a un cuestionamiento de una jueza que critica que la mayoría de las víctimas hayan sido acreditadas internacionalmente con algún tipo de inconsistencias.