Los dardos de la Procuraduría contra Petro por sus críticas al sistema electoral: “se confunde con un actor político”

Durante una diligencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el viceprocurador general de la Nación, Julián Andrés Fernández, expresó que el Ministerio Público tiene una profunda preocupación por las constantes descalificaciones que, desde el año pasado, ha expresado el presidente Gustavo Petro contra el sistema electoral.

“Con preocupación se observa la reiteración por parte del señor presidente de la República, que se extiende al Gobierno, en el sentido de que se retuitean los Twitter del presidente, descalificando el proceso electoral, a través de redes sociales que están generando un impacto y una perturbación en el desarrollo de los escrutinios”, señaló el viceprocurador.

Fernández señaló que Petro está confundiendo su rol y estaría actuando como un actor político, con sus críticas a la organización electoral. 

“La Registraduría registra desde noviembre del año pasado, de manera sistemática y reiterada, un número muy significativo y elevado de Twitter en los cuales se está cuestionando el proceso antes que se iniciaran propiamente las elecciones como tal. En este contexto electoral, se está confundiendo, por parte del señor presidente de la República, el título que tiene, que es ser el representante de la unidad nacional, con un actor político o un quejoso”, añadió el viceprocurador Fernández.

El Tribunal estudia una acción popular que presentó el abogado Ramiro Bejarano en la que advierte que los cuestionamientos del presidente contra la organización electoral estarían vulnerando varios derechos colectivos -moralidad administrativa, seguridad jurídica y la transparencia del proceso electoral- y que, por tanto, es necesario ponerle un límite a sus constantes arengas sobre un fraude.

“El presidente no puede participar en política y ahí se confunden los roles entre un presidente, un actor político, un jefe de un partido y una descalificación al proceso electoral. Nuestro llamado es definir unos límites a la participación y al derecho a hablar que tiene el presidente porque eso se nos está volviendo una frontera gris. El señor presidente no puede participar en política, tiene derecho a la expresión política pero no puede decirlo todo, y si lo dice todo tiene que tener unos soportes”, añadió el viceprocurador.´

La crítica de Petro contra el procurador y el registrador

El viceprocurador también cuestionó un comentario que, en las últimas horas, hizo el jefe de Estado, cuestionando directamente al registrador Hernán Penagos y contra el procurador Gregorio Eljach. 

“El registrador y procurador están muy bravos conmigo y buscan que un juez me censure. Claro que hay miles de gritos de gente a la que en realidad compran porque no les pagan el voto o su trabajo como jurados al servicio de candidatos. Un sistema electoral que hace agua, pero mi crítica va más allá del fraude de jurados ya cometido y de los registradores que acceden al software y cambian mil votos por cien millones. Voy al fraude grande, el del software listo para la elección presidencial”, escribió Petro en su cuenta de ‘X’.

Al respecto, el viceprocurador Fernández expresó que los comentarios de Petro tienen connotaciones penales. “Se han hecho afirmaciones por parte del presidente contra el registrador y el procurador, donde se acusa, y no es una opinión, al procurador. Desde hace una semana se le viene acusando como mentiroso, pero ayer se le acusaba de estar orquestando un fraude y de tener una inclinación política frente a un candidato que no sabemos. Esto no es una mera opinión, esto ya es una afirmación que toca los linderos de las acusaciones penales y disciplinarias”.

La solicitud de medida cautelar

En este proceso, la Procuraduría solicitó al Tribunal que imparta una medida cautelar con la que le ordenen al presidente que cese, de manera inmediata, sus comentarios contra el sistema electoral, que todavía tiene pendientes los comicios presidenciales. 

“Se disponga la inmediata cesación de las actividades que puedan amenazar, originar el daño, que lo hayan causado o lo sigan ocasionando, al derecho colectivo al servicio público administrativo de la función electoral y a que su prestación sea eficiente y oportuna, solicitándole al señor Presidente de la República que en sus alocuciones presidenciales, discursos públicos o en sus redes sociales omita transmitir o retransmitir cualquier afirmación, opinión o comentario que ponga en duda la transparencia del proceso electoral que se aproxima, especialmente los relacionados con presuntos fraudes electorales”, señaló el Ministerio Público en su petición.