Angie Rodríguez entregó a la Fiscalía supuestas pruebas por extorsión que involucran a Carlos Carrillo
La investigación por la presunta extorsión denunciada por Angie Rodríguez sumó nuevos elementos ante la Fiscalía. La funcionaria entregó dispositivos móviles y registros de cuentas bancarias que, según su testimonio, habrían sido utilizados para exigir dinero dentro del caso.
La directora del Fondo Adaptación y exfuncionaria de la Presidencia, Angie Rodríguez, amplió ante la Fiscalía General de la Nación la denuncia que interpuso por un presunto caso de extorsión que involucra al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, así como a Juliana Guerrero y a un hombre privado de la libertad.
Durante una diligencia que se prolongó por varias horas en el búnker de la Fiscalía, Rodríguez entregó elementos materiales probatorios que, según su versión, respaldan las denuncias. Entre ellos se encuentran números telefónicos y cuentas bancarias a las que presuntamente le habrían exigido consignar dinero a cambio de no divulgar información sensible.
La funcionaria permaneció gran parte del día ante los investigadores ampliando los detalles de los hechos y explicando el contexto en el que, aseguró, comenzaron las presiones económicas en su contra.
Señalamientos de grabaciones y exigencias de dinero
De acuerdo con su testimonio, el caso se originó tras detectar que habría sido grabada sin su consentimiento en reuniones oficiales. Posteriormente, afirmó haber recibido mensajes de un hombre que decía estar recluido en una cárcel, quien le exigía altas sumas de dinero para evitar la difusión de audios o videos comprometedores.
Rodríguez también señaló que logró conservar parte del material recibido, pese a que algunos contenidos solo podían visualizarse una vez, lo que la llevó a registrarlos nuevamente con su propio dispositivo.
Además de la presunta extorsión, la exdirectora del Dapre denunció posibles actos de seguimiento ilegal en su contra, señalamientos que, según reportó El Colombiano, también incluyen acusaciones de “espionaje” y “concierto para delinquir”.
Según indicó, existirían conversaciones y registros que apuntarían a un intento coordinado para obtener información sobre ella.
En ese contexto, cuestionó el papel de Juliana Guerrero, a quien acusó de tener influencia en decisiones administrativas dentro de entidades públicas, especialmente en procesos de contratación.
Implicaciones del proceso
El caso ahora está en manos de la Fiscalía General de la Nación, que deberá verificar la autenticidad de las pruebas y establecer si existió un esquema de presión para obtener beneficios económicos.
Para dimensionar el alcance de las denuncias, el abogado penalista Andrés Arteaga explicó a El Colombiano que exigir dinero a cambio de no divulgar información puede constituir el delito de extorsión, cuya pena podría oscilar entre 16 y 24 años de prisión. Sobre las amenazas, el jurista señaló a ese medio que este delito podría acarrear penas de entre cuatro y ocho años de cárcel.
Por ahora, Carlos Carrillo ha negado los señalamientos en su contra, mientras avanzan las investigaciones.
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