La guerra silenciosa contra los animales en Colombia: cada 30 minutos el conflicto armado deja una nueva víctima
El 32 por ciento de los registros sobre casos de violencia contra animales corresponde a muertes o heridas causadas en medio de emboscadas, hostigamientos, enfrentamientos armados o ataques con drones
Durante años, la guerra en el país se contó en muertos, desaparecidos y desplazados. Un reciente informe de la JEP revela otra herida que permaneció fuera del relato: más de 100.000 animales afectados, 44 especies al borde de la extinción y una violencia sistemática que también arrasó la vida silvestre en los territorios.
Por: Jonathan Beltrán
En medio de la oscuridad, hombres de los frentes 35 y 37 del Bloque Caribe de las Farc recorrieron los Montes de María para llegar hasta la estación de Policía del municipio de Chalán (Sucre). Como parte de su macabro plan, envenenaron a los perros callejeros del pequeño pueblo para que sus ladridos no delataran sus próximos movimientos. Su despliegue precedió una escena que quedó grabada en la memoria del conflicto armado en Colombia.
Un burro avanzaba por la calle, con una carga de plátanos sobre el lomo, sin que nadie imaginara que debajo iban camuflados más de 50 kilos de dinamita. Cuando el animal llegó al frente de la estación, la carga fue activada a control remoto. La explosión destrozó el lugar y mató de inmediato a siete uniformados. Tras la detonación, se desató una confrontación armada y cuatro policías más, que habían huido hasta el cementerio luego de quedarse sin munición y rendirse, fueron asesinados por los guerrilleros.
Lo ocurrido en Chalán el 12 de marzo de 1996 no fue un episodio aislado ni una imagen excepcional dentro de la guerra. Por el contrario, hoy aparece como una de las expresiones más brutales de una práctica sistemática que continúa replicándose en los territorios: la instrumentalización de los animales como parte de la lógica operativa del conflicto armado.
El reciente informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP identifica nueve formas distintas en las que diferentes especies fueron utilizadas durante años por los grupos armados: como medios de transporte, centinelas, mecanismos de vigilancia, instrumentos de tortura y detonadores de explosivos.
Esa violencia, hasta ahora relegada a los márgenes del relato del conflicto, dejó una huella profunda. Entre marzo de 2017 y marzo de 2026, se documentaron más de 100.000 animales muertos, heridos o abandonados en hechos relacionados con la guerra y las economías ilegales que la alimentaron. La cifra es demoledora: cada 30 minutos un animal pierde la vida o queda gravemente herido por acciones atribuibles a grupos armados ilegales.
La guerra contra la biodiversidad
El informe advierte que el impacto del conflicto no se limita a casos individuales, sino que compromete la supervivencia de especies completas. En total, 44 especies se encuentran en riesgo crítico de extinción por causa de la acción de grupos armados y de las economías ilegales asociadas a su presencia en los territorios. Entre las más afectadas aparecen anfibios endémicos, una alerta especialmente grave en un país que alberga una de las mayores diversidades de ranas en el mundo.
La dimensión territorial del daño también revela algunos patrones. Antioquia figura como el departamento con mayor concentración de especies amenazadas, mientras que zonas ambientalmente estratégicas como el Parque Nacional Natural Farallones de Cali se cuentan entre los puntos más críticos. Allí, la presencia de actores armados, sumada a la minería ilegal, la producción de cocaína y la deforestación, ha empujado a especies como ranas arlequín, ranas de cristal y serpientes endémicas hacia escenarios complejos para su supervivencia.
La JEP también encontró que el daño a la fauna está profundamente conectado con las economías ilícitas que sostienen la guerra. El narcotráfico, la minería ilegal, la tala indiscriminada y el tráfico de especies silvestres no solo han servido como fuentes de financiación para los grupos armados, sino que han acelerado la destrucción de hábitats enteros.
Otro hallazgo especialmente revelador es el peso del abandono forzado. Cerca del 27 por ciento de los registros corresponde a animales domésticos que quedaron atrás cuando comunidades enteras fueron desplazadas por la violencia. Perros, gatos, caballos, vacas y otros animales fueron dejados en condiciones de extrema vulnerabilidad, muchos de ellos condenados a morir por inanición, heridas o exposición. La investigación subraya que el desplazamiento también afectó las relaciones de cuidado que las comunidades sostenían con la vida animal en las veredas y corregimientos.
En la presentación del informe, los investigadores destacaron que uno de sus puntos más novedosos es su propuesta jurídica y moral: reconocer a los animales como víctimas directas e indirectas del conflicto armado. La JEP sostiene que su sufrimiento no puede seguir siendo entendido únicamente como daño ambiental o pérdida patrimonial, sino como una afectación con relevancia propia dentro de la justicia transicional.
La reparación pendiente con la vida silvestre afectada en el conflicto armado
Reconocer a los animales como víctimas del conflicto abre una discusión que va más allá del simbolismo jurídico. Para la JEP, la reparación no puede limitarse a indemnizaciones o medidas centradas exclusivamente en las personas, sino que debe incorporar acciones orientadas a restaurar las condiciones ecológicas que hacen posible la vida en los territorios. Esto implica pensar en programas de recuperación de hábitats, protección de especies amenazadas y atención a animales domésticos abandonados.
En su informe, el alto tribunal reitera que la reparación pendiente también pasa por los ecosistemas estratégicos que fueron escenario de las hostilidades y de las economías ilegales. Bosques arrasados por la deforestación, ríos contaminados por la minería ilegal, parques naturales convertidos en corredores del narcotráfico y fauna silvestre afectada por el tráfico de especies forman parte de una misma deuda histórica.
La representante a la Cámara por Bogotá Julia Miranda Londoño ha insistido en esa dimensión territorial y ambiental del conflicto. “La guerra ha puesto en peligro la biodiversidad y los parques naturales. Por eso, solicitamos en su momento que fueran reconocidos como víctimas”, explica la congresista del Partido Nuevo Liberalismo, quien plantea que la reparación es una deuda que heredará el próximo gobierno.
Más allá del reconocimiento formal, el informe de la JEP plantea que reparar la vida silvestre implica también intervenir sobre las causas que siguen produciendo el daño. La persistencia de grupos armados, la expansión de la minería ilegal, el narcotráfico y la tala indiscriminada mantienen activos muchos de los factores que han puesto en riesgo a decenas de especies.
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