Exclusivo: el testimonio que complica al exviceministro de Defensa en el contrato de helicópteros MI-17

A lo largo de 2024, pieza a pieza, en los despachos del Ministerio de Defensa se fue armando el contrato por 32 millones de dólares para mantener en vuelo los MI-17 del Ejército. Durante meses tuvo el aire rutinario de un trámite necesario —la reparación de una flota clave—, pero con el tiempo fue mudando de naturaleza hasta convertirse en un expediente judicial. La Fiscalía terminó por imputar a varios de quienes intervinieron en su diseño y, hace apenas unos días, llamó a responder al entonces viceministro Luis Edmundo Suárez, el funcionario de mayor rango salpicado hasta ahora. Y cuando el caso parecía tomar un rumbo definido, la justicia le ha dado un giro brusco, y casi inesperado.

CAMBIO conoció que uno de los primeros imputados, el economista Diego Alejandro Manrique Cabezas, de 31 años, quien se desempeñó como asesor de Proyección, Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa durante la estructuración del contrato, decidió colaborar con la justicia. Firmó un acuerdo con la Fiscalía y se comprometió a declarar contra varios de los implicados. Su testimonio quedó consignado en un acta de compromiso, conocida en exclusiva por este medio. La declaración enumera, con nombres, fechas y decisiones, cómo se habría orientado el proceso para que el contrato terminara en manos de la empresa Vertol System Company Inc.

El 16 de diciembre de 2025, la Fiscalía ejecutó las primeras capturas por el caso de los MI-17 y, en audiencias posteriores, imputó cargos al entonces secretario general del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo, lo mismo que al gerente del proyecto y parte del equipo estructurador, coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, y al propio Manrique. A los tres los señaló de haber participado en irregularidades en la estructuración del negocio, bajo delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido y falsedad ideológica. Tres meses después, la investigación escaló: el ente acusador radicó solicitud de imputación contra el exviceministro Luis Edmundo Suárez Soto, el exdirector de Logística, Herbert Arnulfo Buitrago Galán, y los contratistas Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie (representantes de Vertol), señalados de intervenir en el direccionamiento del proceso entre septiembre y diciembre de 2024.

Hasta entonces, el expediente seguía el curso reconocible de un caso de corrupción contractual. Ninguno de los procesados parecía prever, sin embargo, que uno de los implicados había decidido contarle a la Fiscalía lo que, según su versión, ocurrió por dentro: no solo admitió la existencia de irregularidades, sino que se comprometió a declarar contra quienes —afirma— dieron las órdenes. No llegó con las manos vacías. Entregó chats, documentos y registros de llamadas que, según el expediente, respaldan su relato.

La matriz de colaboración

En el acta de compromiso, Diego Alejandro Manrique se compromete a declarar contra al menos cuatro personas: el exviceministro Luis Edmundo Suárez Soto, el exdirector de Logística Herbert Arnulfo Buitrago Galán, el secretario general Hugo Alejandro Mora Tamayo y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte. A cambio, la Fiscalía le concedió un principio de oportunidad en modalidad de suspensión penal que fue avalado por un juez de garantías el pasado 9 de marzo. En la práctica, eso significa que su proceso penal queda congelado durante un año —prorrogable— mientras cumpla con lo pactado y entregue la información comprometida.

La información contra el exviceministro Luis Edmundo Suárez

El testimonio contra el exviceministro Luis Edmundo Suárez es demoledor. Manrique sostiene que el exviceministro “asumió la dirección, determinación y coordinación” del proceso contractual para contratar el mantenimiento de los helicópteros MI-17, pese a que no tenía facultades delegadas como ordenador del gasto. Esa frase —dirección, determinación y coordinación— no es retórica: en el lenguaje del expediente significa que, según el testigo, Suárez no observó el proceso desde afuera, sino que se involucró hasta lo más profundo en él.

De acuerdo con el acta, entre la segunda y la tercera semana de septiembre de 2024, Suárez determinó que el proceso debía adelantarse por contratación directa. El objetivo, según el relato de Manrique, era adjudicar el contrato a la empresa recomendada por la misión americana, Vertol System Company Inc., aunque no cumplía requisitos de experiencia, capacidad financiera ni soporte técnico. Es decir, aunque no tenía cómo demostrar que estaba en condiciones de ejecutar el negocio.

Manrique afirma que fue entonces cuando Suárez lo contactó directamente para que participara en la estructuración del proceso contractual. Lo hizo, según su versión, con un propósito concreto: ayudar a que esa empresa obtuviera el contrato. Desde entonces, lo describe como el intermediario entre los representantes de la compañía —Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie— y los funcionarios del Ministerio y del Ejército que hacían parte del proceso.

La palabra intermediario no es casual. Según el acta, Suárez sostuvo reuniones y mantuvo comunicaciones directas con los representantes de Vertol antes de la expedición de los estudios previos. Se reunía y hablaba con ellos y facilitaba la comunicación con los integrantes del comité estructurador. No se limitó a abrirles una puerta. Se convirtió, según el testimonio, en su puente dentro del ministerio.

El relato va más allá. Manrique asegura que Suárez servía incluso como facilitador de Vertol ante la Aeronáutica Civil para que esa entidad agilizara la visita y actualización de capacidades de una estación de reparación de la empresa Mi Series, subcontratista de Vertol. Y agrega un detalle que, leído en voz alta, pesa más que en el papel: facilitaba el ingreso de Carlos Martín Uribe y James Lester Montgomerie al Viceministerio para la Estrategia y Planeación, en ocasiones incluso los fines de semana, sin que quedaran registros de esos ingresos.

Ahí el expediente deja de parecer un problema de papeles y empieza a parecer una escena de presión burocrática: reuniones sin rastro, visitas fuera de horario, acceso directo a despachos oficiales y una empresa que, pese a no cumplir, seguía avanzando.

Según Manrique, esas comunicaciones con la empresa, en especial con James Lester Montgomerie, eran traducidas por Herbert Arnulfo Buitrago Galán, entonces director de Logística del Ministerio, a quien Suárez le habría encomendado esa labor y, además, la de estar pendiente del futuro proceso para que saliera avante en favor de Vertol. En el teléfono de Buitrago, dice el acta, estaban guardados los números de contacto de Carlos Uribe y James Lester. Y fue también Buitrago quien, por orden de Suárez, comenzó a hacer reuniones con la Dirección de Contratación Estatal, pese a que, por sus funciones, no tenía un nexo directo con esa dependencia.

Manrique describe ese comportamiento como una forma de presión. Según su versión, Buitrago empezó a visitar con frecuencia a los estructuradores de los estudios previos, a preguntar cómo iban, qué habían avanzado y qué estaban haciendo. No estaba allí por curiosidad sino, según el relato, cuidando que el proceso siguiera el curso esperado.

Uno de los núcleos más graves del testimonio es el conocimiento previo. Manrique afirma que Luis Edmundo Suárez, el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, Herbert Arnulfo Buitrago y Hugo Alejandro Mora Tamayo sabían, antes de la solicitud de oferta y antes de la firma del contrato, que la empresa no cumplía con los requisitos habilitantes. Traducido: sabían que no podía acreditar experiencia, capacidad financiera, soporte jurídico ni respaldo técnico suficientes. Aun así, el proceso siguió adelante.

En esa línea, el testigo señala que fue el propio Suárez quien ordenó redirigir recursos del Ejército destinados a la compra de helicópteros nuevos hacia el rubro de mantenimiento de la flota MI-17, a pesar de la oposición interna de esa fuerza. Sin ese cambio de rubro, el contrato no tenía cómo pagarse.

Los papeles que había que firmar

El acta también señala que el viceministro Suárez cumplía roles dentro del proceso. Según el relato, fue él quien le encomendó a Herbert Arnulfo Buitrago la tarea de vigilar que el proceso avanzara y quien determinó que Manrique suscribiera el estudio previo económico. Ese documento era decisivo: establecía el requisito habilitante con el cual se pretendía acreditar la capacidad financiera de la empresa. El problema, según el testigo, es que con ese requisito no se podía probar esa capacidad.

Manrique sostiene que el estudio económico permitió presentar a Vertol como una empresa viable, pese a que el documento de situación financiera incluido allí no demostraba su fortaleza y a que la empresa tampoco cumplía los requisitos jurídicos ni técnicos. Según su versión, esa situación era conocida por los principales actores del proceso.

Más aún: afirma que fue el viceministro, en coordinación con Hugo Alejandro Mora, quien lo determinó para suscribir la evaluación del componente económico como viable. Es decir, para poner su firma en el documento que le daba apariencia de legalidad a una empresa que —según el expediente— no podía acreditar lo mínimo. Ese no era un papel cualquiera. Era el documento que permitía decirle al Estado que el proponente sí tenía cómo cumplir. Sin esa evaluación, el proceso no podía seguir.

La firma del contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos

La fecha del 31 de diciembre de 2024 figura varias veces en el acta. No solo porque fue el día en que se firmó el contrato, sino porque, según Manrique, ese día también se tomaron varias de las decisiones más delicadas. Afirma que Suárez determinó al coronel Julián Ferney Rincón para que hiciera una evaluación técnica habilitante, desestimando la evaluación previa del comité técnico estructurador. La documentación soporte para sustentar ese estudio, según su relato, se la suministró el propio coronel.

Ese mismo día, añade el testimonio, el exviceministro determinó a Hugo Alejandro Mora Tamayo para que el contrato se firmara. La frase es seca, casi notarial: “Luis Edmundo Suárez determinó a Hugo Alejandro Mora para que el contrato se firmara”. Pero detrás de esa frase está la médula del caso: la idea de que la firma no fue la conclusión natural de un trámite, sino el resultado de una decisión tomada desde arriba.

La historia no terminó el 31 de diciembre. De acuerdo con Manrique, el 7 de enero de 2025, cuando el contrato todavía ni siquiera había comenzado a ejecutarse, Suárez propuso en una reunión la posibilidad de adicionar el negocio en un 50 por ciento. Ese propósito, según el acta, fue delegado al coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte.

Y luego vino otra decisión. El 10 de marzo de 2025 —afirma el testigo—, el exviceministro determinó que el contrato debía modificarse para cambiar la forma de pago a un pago anticipado. Dicho de otra manera: que una parte del dinero se entregara por adelantado. Sobre esos hechos, Manrique dice haber aportado elementos de conocimiento y referencia de otras personas que para la Fiscalía eran desconocidas hasta ese momento, pero que tendrían conocimiento directo de lo investigado.

Los chats y el documento escondido

El expediente no se queda solo en la palabra de Manrique. Según el acta, el testigo será quien acredite las conversaciones de WhatsApp que entregó para corroborar sus dichos sobre el control y direccionamiento del proceso por parte del viceministro, la colaboración de Herbert Arnulfo Buitrago y el conocimiento que ambos tenían de que Vertol no cumplía con los requisitos mínimos.

Esas conversaciones, además, contenían un documento que hasta ese momento era desconocido para la Fiscalía. Se trata de un informe fechado el 24 de diciembre de 2024, remitido por el coronel Julián Ferney Rincón y transmitido el 26 de diciembre a las cuentas de WhatsApp de Luis Edmundo Suárez y Herbert Arnulfo Buitrago.

Con ese documento, según el acta, se informó al director de Contratación Estatal y ordenador del gasto, Hugo Alejandro Mora, que Vertol System Company Inc. no había aportado documentación que permitiera determinar su idoneidad, capacidad financiera, jurídica y técnica.

Ese detalle es devastador, porque ya no se trata solo de que alguien sospechara que la empresa no cumplía, sino de que existía un documento, escrito, fechado, firmado y remitido que lo advertía de manera expresa.

Y, según la declaración de Manrique, ese documento demuestra que Hugo Alejandro Mora, el coronel Julián Ferney Rincón, Luis Edmundo Suárez y Herbert Arnulfo Buitrago tenían conocimiento previo —antes de la solicitud de oferta y antes de la firma del contrato 012 de 2024— de que la empresa no cumplía con los requisitos habilitantes.

A eso se suma otra pieza. En los mismos chats, según el acta, aparecen las calificaciones de los componentes jurídico y técnico, en las que resultaba evidente que el contratista no cumplía. Esas calificaciones le habían sido compartidas previamente a Suárez y a Buitrago por Mora y por el coronel Rincón. Y por orden del propio Suárez, el postulado debía mantenerlo enterado, aunque, según su versión, ya se había alejado del proceso porque la Procuraduría estaba indagando y había advertido que, por nexo funcional, él no tenía responsabilidad directa en esa contratación.

Los otros nombres

El testimonio también compromete a otras personas. En el caso del coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, el acta lo ubica como pieza clave en la validación técnica del proceso no solo porque remitió el documento de diciembre que advertía sobre las falencias de Vertol, sino porque, según Manrique, el 31 de diciembre elaboró la evaluación técnica habilitante que permitió seguir adelante. Es decir, también terminó siguiendo las órdenes del viceministro.

Sobre Hugo Alejandro Mora Tamayo, entonces secretario general del Ministerio, el testimonio lo señala como el funcionario que tuvo la última palabra en la firma del contrato. Su nombre aparece de forma reiterada en el acta, no solo como destinatario de las advertencias, sino también como uno de quienes tenían conocimiento de ellas antes de la firma.

En cuanto a Herbert Arnulfo Buitrago Galán, exdirector de Logística, el relato lo presenta como un articulador operativo del proceso. Se encargaba de canalizar las comunicaciones con los representantes de la empresa, gestionar reuniones, mantener contacto con distintas dependencias y ejercer presión sobre quienes elaboraban los estudios previos.

Los contratistas Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie, por su parte, aparecen como los representantes de la empresa que resultó beneficiaria y como interlocutores directos del viceministerio, con acceso frecuente al Ministerio y reuniones previas a la estructuración formal del contrato.

El principio de oportunidad concedido a Diego Alejandro Manrique no es un trámite procesal más. Es el punto de partida de un nuevo capítulo. Su declaración, respaldada —según el expediente— con chats, documentos y registros de llamadas, pone contra las cuerdas a todos los investigados y, en especial, al exviceministro Luis Edmundo Suárez, a quien señala como el articulador de las decisiones clave. La pregunta que empieza a crecer en el expediente es otra: si Suárez actuó solo o si, como suele ocurrir cuando se alinean tantas voluntades alrededor de una sola firma, también estaba obedeciendo órdenes.