Ministerio de Igualdad, al borde de la desaparición: la apuesta por 'los nadies' que el Gobierno dejó marchitar
Una decisión de la Corte Constitucional tiene a la cartera en riesgo para el próximo cuatrienio
La cartera que nació como emblema de la reivindicación de sectores históricamente excluidos enfrenta hoy su momento más crítico: baja ejecución presupuestal, crisis internas, denuncias de acoso y una batalla en el Congreso que definirá si sobrevive o desaparece.
Por: Jonathan Beltrán
Desde la noche en que Gustavo Petro levantó su mano derecha en el escenario del Movistar Arena para celebrar su triunfo electoral en 2022, la vicepresidenta Francia Márquez comenzó a perfilar una de las apuestas más ambiciosas de su llegada al poder: convertir en un ministerio la promesa de poner en el centro a las comunidades históricamente excluidas.
La promesa se consolidó el 4 de enero de 2023, cuando el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2281, con la que el Ministerio de Igualdad y Equidad nació formalmente. Meses después, a inicios de julio, Márquez asumió oficialmente la dirección de una cartera concebida para articular políticas dirigidas a ‘los nadies’, a los que apeló en la campaña electoral.
La vicepresidenta asumió el reto de levantar desde cero una entidad capaz de producir por primera vez un mapa detallado de las condiciones en las que viven las poblaciones históricamente marginadas del país con la promesa de convertir esos datos en la base para diseñar políticas, programas y proyectos específicos. Sin embargo, el fuego amigo y las dificultades para poner en marcha una estructura naciente terminaron por erosionar esa apuesta.
Su deterioro se agudizó por la compleja relación entre la vicepresidenta y el jefe de Estado. En los consejos de ministros transmitidos en vivo, el propio Gustavo Petro expuso las fisuras de la cartera al cuestionar la baja ejecución presupuestal del Ministerio de Igualdad y su limitada capacidad para aterrizar presencia institucional en los territorios. La tensión se tradujo en la salida de Francia Márquez de la dirección del ministerio en febrero de 2025.
En la carta con la que confirmó su renuncia al Ministerio de Igualdad, la vicepresidenta dejó entrever que el desgaste de la cartera obedecía también a resistencias dentro del propio Gobierno. Allí advirtió que la burocracia y la politiquería terminaron por frenar el cambio que se había prometido desde la campaña. “La lealtad es advertir cuando el rumbo se desvía del camino, de la gente”, escribió.
¿Por qué el Ministerio de Igualdad está en riesgo de desaparecer?
El punto de quiebre llegó en mayo de 2024, cuando la Corte Constitucional anuló la ley que dio vida al Ministerio de Igualdad tras estudiar una demanda presentada por un grupo de congresistas de oposición encabezado por la hoy precandidata presidencial Paloma Valencia. En su sentencia, el alto tribunal concluyó que el Congreso incurrió en un vicio de procedimiento insubsanable, al no analizar el impacto fiscal que exigía la creación de una nueva cartera.
Con esa decisión, el alto tribunal le puso fecha de vencimiento a la cartera: junio de 2026. La Corte optó por no aplicar de inmediato los efectos de la inexequibilidad para evitar una desarticulación abrupta de las políticas dirigidas a poblaciones vulnerables y permitir que el Congreso volviera a legislar sobre el tema, esta vez con el soporte fiscal requerido para su continuidad.
Mientras avanza la cuenta regresiva, el Gobierno intenta construir en el Congreso el salvavidas jurídico de la cartera. El ministro de Igualdad, Luis Acosta, explicó a CAMBIO que la iniciativa ya incorporó los ajustes exigidos por la Corte, incluido el respectivo aval fiscal, y ha logrado avanzar con la aprobación de la ponencia en sesiones conjuntas de las comisiones primeras de Senado y Cámara. Ahora, la discusión se concentra en el primer debate y en la votación del articulado, en medio de una intensa puja por consolidar las mayorías necesarias.
“Desde el Gobierno nacional, mantenemos canales de diálogo abiertos con todas las bancadas. (...) Confiamos en que el Congreso dará un debate responsable y reconocerá la importancia de contar con una institucionalidad robusta, dedicada exclusivamente a garantizar los derechos de las poblaciones más excluidas del país”, explicó el ministro Acosta.
El salvavidas legislativo no navega en aguas tranquilas. El Congreso ha entrado en una etapa en la que buena parte de los proyectos impulsados por el Gobierno se ha visto frenada por la dinámica preelectoral: varias bancadas ya están volcadas en la campaña presidencial y medir el costo político de cada voto se ha vuelto prioritario. A ello se suma que el margen para completar el trámite se estrecha cada vez, y todo apunta a que los ‘nadies’ se queden sin la cartera que prometió representar en el gabinete.
Autopsia de la muerte anunciada del Ministerio de Igualdad
Las cifras terminaron por confirmar el deterioro que ya se percibía en el plano político. Una auditoría reciente de la Contraloría sobre FonIgualdad –el fondo encargado de financiar buena parte de los programas de la cartera– reveló una ejecución presupuestal críticamente baja durante 2024. Aunque el ministerio transfirió cerca de 1,9 billones de pesos, el ente de control encontró que los pagos efectivos no superaron el 3,08 por ciento del total asignado.
Desde la cartera, insisten en que su balance no puede leerse solo desde la ejecución presupuestal inicial: el programa Jóvenes en Paz ha impactado a 30.400 jóvenes, 160.000 personas migrantes han sido atendidas y 60.000 mujeres víctimas de violencias basadas en género han sido orientadas. A ello se suman 1.344 medidas de emergencia para mujeres en alto riesgo de feminicidio y más de 37.000 millones de pesos invertidos en unidades productivas de economías populares.
La baja ejecución terminó por tener consecuencias presupuestales directas. Tras los reiterados cuestionamientos por el rezago en la puesta en marcha de sus programas, el Gobierno recortó en más de 600.000 millones de pesos los recursos proyectados para la cartera. Al deterioro financiero se sumó una crisis aún más sensible para una entidad creada, entre otras cosas, para cerrar brechas y garantizar la igualdad de género: las denuncias de presunto acoso sexual dentro de su propia estructura.
A comienzos de 2025, la Procuraduría abrió una investigación contra Nelson Lemus, entonces viceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos, luego de que una funcionaria lo señalara de insinuaciones sexuales, acercamientos físicos sin consentimiento y comentarios misóginos. En marzo pasado, la cartera volvió a quedar bajo presión tras la renuncia del viceministro Axcan Duque, denunciado por presuntamente enviar una imagen íntima a una subalterna sin su consentimiento.
El representante Hernán Cadavid –quien presentó ponencia de archivo al proyecto con el que se busca revivir el Ministerio de Igualdad– sostuvo que la entidad no cumplió los objetivos con los que fue creada y terminó ejerciendo una presión adicional sobre las finanzas públicas con una estructura que hoy supera los 700 funcionarios. Para Cadavid, insistir en su continuidad sin una revisión profunda equivaldría a prolongar un experimento institucional fallido. Sin embargo, no todas las voces críticas defienden su desaparición.
La congresista Jennifer Pedraza, quien ha reconocido la importancia de la creación del ministerio y cuestionado su desenlace, explicó a CAMBIO que los problemas de la cartera fueron provocados por su construcción y administración por parte del Gobierno nacional.
La senadora electa sostiene, además, que con el paso de los meses la entidad terminó relegada a la lógica burocrática de cuotas políticas.
“La participación de Armando Benedetti y Juliana Guerrero en la cartera muestra que lo que era una gran iniciativa para cerrar brechas históricas terminó convertido en otro escenario de disputa política. La legitimidad de este Ministerio de Igualdad está por el suelo, pero sí lo necesitamos para crear política pública enfocada en garantizar derechos que ninguna otra entidad defiende”, sostuvo Pedraza.
Excluidos una vez más: el vacío que dejaría la eliminación del Ministerio de Igualdad
Más allá de la crisis política y administrativa, la eventual desaparición del Ministerio de Igualdad abriría un vacío institucional difícil de llenar. En diálogo con CAMBIO, el ministro Luis Acosta insistió en que el debate no puede reducirse a los bajos niveles de ejecución de sus primeros años, pues se trata de la primera entidad creada desde cero y con el mandato específico de articular políticas para poblaciones históricamente excluidas.
Para el Gobierno nacional, la continuidad de la cartera responde a una razón estructural: antes de su creación, las agendas de mujeres, pueblos étnicos, población LGBTIQ+ y juventudes estaban dispersas entre distintas entidades sin una rectoría técnica de alto nivel. Según Acosta, el Ministerio de Igualdad cumpliría precisamente la función de coordinar esas políticas diferenciales, evitar su fragmentación y elevarlas al nivel del gabinete.
“Evaluar el desempeño de una institución sin precedentes en un periodo tan corto no permite dimensionar su impacto real. No obstante, la pertinencia del ministerio trasciende la curva de aprendizaje administrativo”, explicó la cartera en respuesta a los cuestionamientos sobre su continuidad y a las críticas que hoy rodean el trámite legislativo con el que se busca evitar su desaparición.
Para congresistas y organizaciones sociales que hoy defienden la permanencia de la cartera, el Ministerio de Igualdad también se marchitó desde el alto Gobierno. Así lo evidenciaron los reiterados cuestionamientos del presidente Petro a quienes dirigieron la entidad. Una de las escenas que mejor resume esa tensión ocurrió en un consejo de ministros televisado, cuando reprochó al entonces ministro Carlos Rosero con una frase que desató polémica: “A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno”.
Al final, la supervivencia del Ministerio de Igualdad dependerá de qué pese más en el balance público: si avances como el alcance del programa Jóvenes en Paz, la atención a población migrante y las rutas de protección para mujeres en riesgo o el lastre de la baja ejecución, las disputas internas y las denuncias de acoso que marcaron su corta historia.
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