
Juliana Guerrero, Ape Cuello y el clan Gnecco: el pulso detrás de la nueva sede de la Universidad del Cesar
Juliana Guerrero, delegada del presidente Gustavo Petro en la Universidad del Cesar; Ape Cuello, representante a la Cámara, y Elvia Sanjuán, gobernadora del Cesar
Más de 58.000 millones de pesos están en juego en la sede de La Jagua de Ibirico, un proyecto que avanza entre cuestionamientos técnicos y una disputa política por el poder regional protagonizada por clanes y nuevos bloques que miden sus fuerzas desde el interior de la institución.
Por: Jonathan Beltrán
El aula múltiple del colegio José Guillermo Castro, en La Jagua de Ibirico, se llenó para una sesión que definiría el futuro de la nueva sede de la Universidad Popular del Cesar (UPC) en el municipio. Ciudadanos, estudiantes y líderes locales ocuparon cada silla disponible para seguir una discusión que debía centrarse en los alcances del proyecto, pero que concluyó con un recinto convertido en escenario de encuentro para quienes disputan hoy el poder en el departamento.
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Desde las nueve de la mañana del pasado 6 de abril, el auditorio empezó a recibir a dirigentes políticos locales que, uno a uno, fueron ocupando las sillas de las primeras filas. Tras saludos emotivos y conversaciones breves, ingresaron a la sala el senador Didier Lobo y el representante Ape Cuello. Su presencia, lejos de ser protocolaria, se dio en medio de los cuestionamientos por su posible intervención en polémicas decisiones institucionales que se han adoptado recientemente y que han derivado en manifestaciones de la comunidad estudiantil.
Tras más de una hora y media de intervenciones, la sesión terminó con la aprobación de la nueva sede. Con el visto bueno, el millonario proyecto dio un nuevo paso en un departamento que, según el Índice Departamental de Competitividad, se encuentra entre los 15 con mayor rezago en acceso y calidad en educación. La votación mayoritaria, sin embargo, no disipó el ruido sobre un proyecto que, sin tener su primer muro en firme, ya acumula advertencias por la ausencia de estudios técnicos y financieros que respalden su viabilidad.

Semanas atrás, en esa misma disputa por el control de la institución, el Consejo Superior ya había protagonizado uno de los episodios recientes más controvertidos de la UPC. Tras múltiples aplazamientos del proceso de elección del nuevo rector de la institución para el periodo 2026-2030, el profesor Guillermo Echavarría resultó designado tras una sesión exprés que se completó en menos de ocho minutos, sin la presencia de todos los consejeros y pese a los cuestionamientos por el posible incumplimiento de requisitos.
En una región donde el poder rara vez cambia de manos, la UPC no es la excepción. La elección de Echavarría como rector para el próximo cuatrienio, respaldada por Lobo y Cuello, le garantiza a la actual administración continuidad en la dirección de una institución que cuenta con uno de los presupuestos más altos en el departamento. La cercanía va incluso más allá de las aulas: CAMBIO conoció que el actual rector, Rober Romero, es padrino de uno de los hijos de Echavarría.

Los cuestionamientos a la aprobación de la nueva sede de la UPC en La Jagua de Ibirico
Con el senador Didier Lobo y el representante Ape Cuello ubicados justo frente a la tarima principal, la sesión avanzó hacia una votación que selló el rumbo del proyecto promovido por el Gobierno nacional. La presencia del alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, y la citación a un encuentro con participación de la comunidad, anticipaban la decisión mayoritaria del CSU.

El órgano rector de la institución aprobó la iniciativa con seis votos a favor, uno más de los necesarios para alcanzar la mayoría. Respaldaron el proyecto Armando Cotes, representante de las directivas; Óscar Pacheco, de los exrectores; Xavier Estrada, delegado del Ministerio de Educación; Juliana Guerrero, delegada del presidente Petro; Marlon Bastidas, vocero de los docentes y la secretaria de Educación de la Gobernación del Cesar, Yasmín García. En el otro lado de la mesa, los representantes de los egresados, del sector productivo y de los estudiantes optaron por abstenerse para marcar distancia frente a la decisión que aún cuestionan.
En diálogo con CAMBIO, Joaquín Manjarrés, representante del sector productivo en el CSU de la Universidad del Cesar, explicó que su decisión no fue un rechazo al proyecto, sino a la forma en la que se ha gestionado. Según explica, la creación de la sede responde a una necesidad real de ampliar la cobertura en el corredor minero, pero advierte que la iniciativa avanza sin los soportes técnicos, financieros y académicos mínimos que garanticen su viabilidad y permanencia en el tiempo.

“Hoy no existe una fuente de financiación clara para el funcionamiento de la sede, ni estudios que permitan conocer cuánto costará sostenerla año a año. Lo que se ha mencionado son recursos de inversión, pero eso no garantiza la operación permanente. Sin esa información, es imposible tomar una decisión responsable sobre un proyecto de este tamaño”, sostuvo Manjarrés.
El representante de los estudiantes, Juan Camilo López, también advierte sobre la ausencia de análisis técnicos para garantizar la viabilidad del proyecto y añade un elemento más a sus reparos: la drástica reducción en el alcance de la iniciativa. Según señalan quienes se abstuvieron, el proyecto pasó de contemplar una sede en ladrillo valorada en más de 200.000 millones a una propuesta modular cercana a los 14.000 millones.
La Universidad Popular del Cesar, en el centro de la disputa entre Ape Cuello, Juliana Guerrero y el clan Gnecco
La intervención de Juliana Guerrero marcó uno de los momentos más tensos de la jornada. La delegada del presidente Petro fue recibida entre aplausos y abucheos, una reacción que se repitió cada vez que tomó la palabra durante la sesión. En medio de los cuestionamientos de otros miembros del CSU, la delegada presidencial defendió la viabilidad del proyecto, aseguró que la nueva sede contará con una infraestructura de 40.000 metros cuadrados y destacó que se construirá en un lote avaluado en 4.500 millones de pesos, que fue donado por el Gobierno nacional.

Más allá de la aprobación del proyecto, la sesión del pasado 6 de abril dejó al descubierto cómo se está reconfigurando la disputa por el poder en el Cesar. En una orilla están los congresistas Ape Cuello y Didier Lobo, quienes han encontrado cercanías políticas con Juliana Guerrero. En la otra, el clan Gnecco, la casa política que ha dominado la política del Cesar en las últimas décadas.
En ese pulso, el primer movimiento también llegó desde la Gobernación del Cesar. La mandataria departamental Elvia Milena Sanjuán –la carta con la que el clan Gnecco aseguró su cuarto periodo consecutivo al frente del departamento– entró en la discusión a través de su delegada ante el Consejo Superior. Aunque su voto fue favorable a la creación de la sede, dejó constancia de sus reparos frente al estado actual del proyecto.
La delegada Yasmín García dejó claro que la Gobernación no asumirá compromisos financieros para el funcionamiento o sostenimiento futuro de la sede y, en su intervención, insistió en que la falta de estudios financieros y de pertinencia académica genera incertidumbre. “Se requiere claridad frente a riesgos para garantizar responsabilidad fiscal y uso eficiente de los recursos”, sostuvo, tras solicitarle a Xavier Estrada, delegado del Ministerio de Educación, información adicional para evaluar la viabilidad operativa del proyecto.
La respuesta no tardó en llegar. Al cierre de la sesión, el representante Ape Cuello pidió el micrófono y ante un auditorio lleno lanzó un mensaje directo a la Gobernación. El congresista conservador cuestionó el papel de la administración departamental en la discusión sobre la iniciativa de La Jagua y reprochó sus críticas al proyecto. “Faltó compromiso de la Gobernación para la nueva sede”, sentenció.
De la universidad a las urnas: ¿ya empezó el pulso por la Gobernación del Cesar?
La aprobación de la nueva sede se sumó a los triunfos recientes de sectores cercanos a Ape Cuello, Didier Lobo y Juliana Guerrero dentro y fuera de la institución. Mientras el representante conservador y el senador de Cambio Radical consolidaron altas votaciones, el clan Gnecco enfrenta un panorama incierto: José Alfredo Gnecco, uno de sus principales alfiles, está en riesgo de quedarse por fuera del Senado en medio del avance del escrutinio.

Aunque falta más de un año y medio para que la gobernadora Elvia Sanjuán deje su cargo, el pulso por la administración departamental del Cesar ya empezó. Por eso, voces consultadas en la región coinciden en que lo ocurrido en la Universidad Popular del Cesar no es un hecho aislado, es una muestra de cómo antiguos aliados al clan Gnecco y nuevos bloques comienzan a medir fuerzas de cara a los próximos comicios locales.
Durante años, Ape Cuello hizo parte de la órbita del clan Gnecco, pero la relación se rompió en 2019, cuando el grupo político respaldó la candidatura de Mello Castro a la Alcaldía de Valledupar, mientras el representante conservador apoyaba a Ernesto Orozco. Desde entonces, Cuello ha construido su propio camino, sin confrontar abiertamente al clan, pero marcando distancia en momentos clave.

Hoy, Ape Cuello cuenta con el respaldo de al menos 17 alcaldes del departamento, con quienes se reunió recientemente para empezar a alinear fuerzas. En los pasillos de la UPC, donde es común encontrarse a docentes con la camiseta del ‘Equipo Azul’ del representante conservador, hay quienes aseguran que varios de esos mandatarios ven en el congresista un candidato con muchas opciones de ser gobernador de Cesar, tras haber recibido 94.000 votos. Para dar ese salto, sin embargo, el representante tendría que tomar una decisión de alto costo político: renunciar a su curul en el Congreso.
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