Corrupción, contratos y coimas: el nuevo lío judicial del congresista Wilmer Carrillo por el hospital de Ábrego
Aunque Wilmer Carrillo se mueve campante en el Congreso, lo cierto es que sus problemas legales se están acumulando: hace dos meses fue condenado por vicios en contratos y ahora es llamado a juicio por usar sus influencias para nombrar a la gerente de un hospital público y usar sus convenios para enriquecerse. CAMBIO revela las pruebas en su contra.
Melissa Llaín Gómez no llegó a ser gerente del Hospital Regional Noroccidental de Ábrego, Norte de Santander, por su capacidad para el cargo, sino por las gestiones que, a su favor, hizo el congresista Wilmer Carrillo Mendoza ante el entonces gobernador del departamento, William Villamizar. Llaín y Carrillo eran como familia, pues el político se casó con su prima hermana Milady y fue quien ofreció a la mujer entrar en la carrera por el hospital en 2016.
Ese ofrecimiento, no obstante, venía con varios costos. “Wilmer, en su momento, me dijo que para que a mí me dieran (el hospital) le prestara una plata, fueron 100 millones de pesos. Me dijo: ‘yo después te los doy, miramos cómo hacemos, yo te los pago’”, dijo Llaín Gómez ante la Fiscalía el 7 de junio de 2018. La mujer pidió plata prestado a dos familiares y entregó la mitad primero y la segunda mitad el 16 de octubre de 2016, día en que se posesionó en el cargo.
Desde ese momento —dijo Llaín a la justicia—, no era realmente la gerente del hospital, sino una especie de ‘monigote de Carrillo': “No podía hacer nada sin su autorización. Debía enterarlo de lo que iba a hacer, de lo que iba a comprar”, explica. Desde diversas decisiones hasta la adjudicación de contratos de proveedores del hospital, todo debía pasar por Carrillo.
El testimonio de Llaín Gómez es el eje central de la acusación que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó hace unas semanas en contra de Carrillo quien, como si fuera poco, fue condenado el 4 de mayo pasado en primera instancia a 99 meses de prisión, también por corrupción: porque como secretario de Infraestructura de Norte de Santander en 2011, incurrió en irregularidades en un contrato por 1.465 millones de pesos.
Carrillo sigue yendo al Congreso, alegando inocencia, mientras se revisa esa condena en segunda instancia y ahora deberá enfrentar este nuevo proceso penal. CAMBIO tiene en su poder la acusación completa contra el congresista, que apunta a que Carrillo, tras usar presuntamente sus influencias a para nombrar a Llaín, se interesó en varios procesos de contratación.
Un caso involucra a nueve contratos para el suministro de combustible que se hicieron con la compañía Multiservicios Los Sauces, representado por Adalberto Álvarez, a cambio de una coima del 20 por ciento del valor de cada contrato. El segundo expediente fue el contrato 0053 de 2017 para las mejoras locativas del hospital que también se entregó a Álvarez, por el cual se habría quedado con 5.000 millones de pesos.
Además, el expediente contra Carrillo detalla presuntas exigencias de dinero a empresas contratistas. Según la Corte, a Clara Inés Herrera Pava —integrante de la junta directiva de Integrasalud en 2017— le habrían pedido 20 millones de pesos mensuales para garantizar que esa firma obtuviera el contrato de software de facturación e historias clínicas del hospital. La Corte también señala una exigencia similar a Distrifármacos Ocaña: 35 millones de pesos mensuales a cambio del contrato para el suministro de medicamentos.
Las pruebas
Según la testigo Llaín, entre el gobernador Villamizar y los congresistas Wilmer Carrillo y Ciro Rodríguez se repartían la planta de personal del hospital.
“Cuando yo llegué a la ESE, esta institución estaba al mando de Yon Álvarez, que era el gerente con su político de turno, el representante a la cámara Ciro Rodríguez. En esa reunión se concluyó cuantas personas eran para cada una de las partes, había [que] sacar algunos empleados de Ciro Rodríguez porque era compromiso del gobernador dejarle unos”, declaró.
La mujer indicó que se reunió con el empresario Adalberto Álvarez, beneficiario de los contratos mencionados, en casa de Carrillo en Cúcuta, en donde se pactó la coima del 20 por ciento por el caso de los combustibles. “De ese día, Wilmer, de su puño y letra, hizo una proyección de lo que iba a consumir al mes, de lo que se tenía que legalizar y lo que se le tenía que entregar. Luego de terminado el mes, Adalberto me decía cuánto era lo que se había consumido en el mes, para poder cuadrar la cuantía para Wilmer”, indicó la testigo.
Solo en coimas por combustible, Carrillo se habría quedado con 94.074.692 pesos.
Para la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, es claro que Carrillo recibió de Llaín y de la subgerente del hospital Camila Torrado Vergel “los porcentajes correspondientes a las apropiaciones previamente concertadas con el contratista” y, por eso, lo acusó como presunto responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en calidad de interviniente y en concurso homogéneo (ambos ilícitos)”.
El expediente afirma que el 20 por ciento era la cuota genérica por cada contrato. Así también lo declaró el contratista Adalberto Álvarez, quien indicó que fue Llaín y la subgerente Torrado quienes le propusieron montar un contrato con mi papelería de 65 millones de pesos, de mantenimiento locativo para el hospital.
“Era muy pequeño y había que inflarlo para que, a su vez, yo les reembolsara cierta cantidad de dinero. Por este favor ellas me darían el 10 por ciento más IVA. De ahí también se descontaría unos arreglos locativos, que haría el señor rosario ortega y el resto del dinero se lo entregaría yo a ellas. Siendo así y siguiendo las indicaciones de ellas al hacer efectivo el pago se haría de esta manera: 17.800.000 de pesos para la doctora Melissa y 17.800.000 para la doctora Camila Torrado, y dos millones para la doctora Claudia Coronel, que en este caso se los llevé a la oficina y no quiso recibirlos", agregó.
"Hagamos claridad de que todos los contratos que se me asignaban había un compromiso anterior cuando acepté trabajar con ellos de dar el 20 por ciento a la doctora Melissa para que le entregara al doctor Wilmer Carrillo": contratista Adalberto Álvarez.
La finca y Semana Santa
En la Semana Santa de 2017, la gerente del hospital fue a la finca de Alexander Bayona en Ábrego para entregarles, a Milady Pachecho y a su prima hermana y esposa de Carrillo, 80 millones de pesos, que correspondían a cuatro meses de cobros a la empresa Integralsalud, que desde 2008 prestaba al hospital servicios de software de facturación, manejo de historias clínicas y personal técnico.
Tanto Clara Inés Herrera Pava, representante de esa empresa, como Carrillo, aceptaron ante la justicia haberse reunido, pero negaron que fuera para coimas. Herrera dijo que tuvo un encuentro “trivial”, en el que se habló sobre la trayectoria del congresista, pero para la Sala de Instrucción de la Corte Suprema su versión tiene vacíos. Entre tanto, la asesora jurídica del hospital, Claudia Coronel, declaró que sí escuchó a Llaín y a Carrillo hablar de la coima del 20 por ciento que recibía el congresista por cuenta de Integrasalud.
El despacho del magistrado Héctor Alarcón, quien lideró la investigación en la Sala de Instrucción, accedió igualmente a las conversaciones entre Llaín y Carrillo en 2017, después de la reunión en el apartamento del congresista. En uno de los mensajes, la gerente dice: “El tema de integral salud (sic) dan, 12 desde octubre, en noviembre solo dieron 7 por qué no se les ha pagado, solo se les pagó una parte y se les adeuda otra parte de noviembre y diciembre”.
"No se requiere hacer un mayor esfuerzo interpretativo para concluir lo que el diálogo, por sí mismo, evidencia. La gerente, ni siquiera haciendo uso de un lenguaje cifrado, le refirió al aforado la forma en que tal compañía habría cumplido con ciertos pagos desde el mes de octubre (se infiere del 2016) y, además, presentó razones que le habrían impedido a la compañía proseguir con las erogaciones de los meses sobrevinientes”, dijo la Corte.
“Carece de cualquier sentido que el aforado exponga no haber tenido contacto con la empresa Integrasalud o con Clara Inés Herrera Pava, cuando, simultáneamente, estaba presto a atender la información enviada por la gerente del Hospital en cuanto a los pagos que la citada compañía realizaba, desembolsos que no podrían entenderse si no, justamente, en el marco de las exigencias deprecadas por el representante a la cámara a los citados contratistas”, agrega la decisión conocida por CAMBIO.
Según la Sala de Instrucción, el “interés del congresista no fue salvaguardar el bienestar general del municipio de Ábrego o mejorar, de forma altruista, el servicio de salud prestado por el Hospital Noroccidental de esa ubicación. Contrario a ello, su actuar habría lesionado y contrariado los principios y valores constitucionales que orientan la administración pública, especialmente la finalidad esencial del Estado como servir a la comunidad y no defraudar las esperanzas sociales de un sistema general de seguridad social en salud eficaz”.
A Carrillo se le reprochó que, con su comportamiento, usó la contratación del hospital para su propio beneficio, alterando el funcionamiento del sistema y el normal desarrollo de actividades del Estado. Así, afectó la sensación de lealtad, fidelidad y honestidad que debe preservarse en la función de congresistas.
“Cuando se acude a acciones que afectan el rubro destinado a la prestación de los servicios relacionados con el sistema general de seguridad social en salud, como ocurrió en este asunto en el que el aforado, en convenio con el contratista Adalberto Álvarez Lázaro, decidieron elevar el presupuesto de los contratos que le serían adjudicados al último, para de tal incremento, lograr la apropiación de sumas de dinero a su favor, la administración pública se advierte mayormente menoscabado”, dice la Corte. Wilmer Carrillo, quien alega ser inocente y cuestiona el testimonio de Llaín, deberá defenderse en juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.
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