El ‘paraíso’ de Jorge Pretelt: la sanción de la que pretende librarse por explotar un islote

Rentar una habitación doble en el paradisiaco hotel que hoy enfrenta al expresidente de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt Chaljub con las autoridades marítimas del país cuesta casi dos millones de pesos la noche, en temporada alta.  

Quienes se hospedan en el Hotel Isla Gaviota, enclavado en las aguas del Caribe que rodean al departamento de Sucre, y más exactamente a la izquierda de la Isla Tintipán, quizás ignoran que ese pequeño territorio de 632 metros cuadrados es hoy el centro de una disputa jurídica entre el Ministerio de Defensa y el único presidente en la historia de la Corte Constitucional que ha sido destituido de su cargo por cometer actos de corrupción judicial: el monteriano Jorge Pretelt Chaljub.

Condenado en 2019 a seis años de prisión por haber pedido 500 millones de pesos para tramitar una tutela a favor de una fiduciaria petrolera, Pretelt reapareció ante la justicia con una llamativa demanda con la que busca tumbar una sanción que la autoridad marítima de Coveñas, Sucre, impuso por la ocupación que desde el año 1998 ejerce sobre el islote, que le pertenece a la Nación y por el que hoy se cobran millones de pesos por noche.

En diciembre de año pasado, el exmagistrado tocó las puertas de la justicia en Montería buscando anular tres resoluciones en las que se le sanciona a él, a una empresa de sus hijos —en liquidación—, a su hermano Luis Fernando Pretelt, y a otro particular, por la explotación de una construcción considerada ilegal, ubicada en un islote que pertenece al Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo. 

Tres resoluciones impuestas por la Capitanía de Puerto de Coveñas y por la Dirección General Marítima (Dimar), dictadas en 2024 y 2025, sancionaron a Pretelt, a su hermano, a la empresa Pretelt Patrón SAS, y a Juan Carlos Salgado Paternina, por la "ocupación indebida y no autorizada sobre zonas con características técnicas de aguas marítimas". 

A los hermanos Pretelt Chaljub y al señor Salgado les corresponde pagar 100 salarios mínimos a cada uno —130 millones de pesos—, mientras que la empresa Pretelt Patrón SAS deberá pagar 88.3 salarios —114 millones—, según las resoluciones. En 2021, esta última empresa transfirió a la empresa La Gaviota SAS el uso del establecimiento de comercio que los Pretelt pusieron a andar sobre el mencionado islote.

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Pero, al parecer, en la cabeza de los sancionados quienes deben pagar son otros. Todos ellos les han pedido a los jueces que anulen las sanciones impuestas en su contra y que se les repare económicamente por los “perjuicios” ocasionados como consecuencia del proceso administrativo que se adelantó en su contra de manera “irregular”.

Las demandas

En diciembre de 2025, un juzgado de Montería admitió una demanda que presentaron el exmagistrado Pretelt, la antigua empresa de sus hijos y el señor Salgado. Con esa acción judicial buscan que se anulen las resoluciones del 26 de marzo de 2024 y del 19 de diciembre de 2024, que dictó el capitán de puerto de Coveñas, así como otra resolución expedida por el director general marítimo el 26 de marzo de 2025. 

Solicitan que se les exonere de pagar la multa impuesta y que se les libre de cumplir una orden encaminada a que deban restituir el área “con características técnicas de aguas marítimas sobre la cual se encuentra la denominada cabaña Isla Gaviota”. 

Lo más llamativo de su demanda está en la sugerencia que hacen para que la justicia condene a la Nación, concretamente al Ministerio de Defensa y a la Dimar, por los perjuicios causados contra todos ellos. 

El hermano del exmagistrado presentó otra demanda por aparte en la que pide aspectos similares, añadiendo que, en caso de que los jueces no accedan a tumbar las sanciones, se le devuelva a él “el pago de las mejoras levantadas sobre el islote”, pues para él es claro que la familia Pretelt ya tiene "derechos adquiridos".

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Básicamente, los implicados en el caso alegan que, contrario a lo que dicen las autoridades marítimas que los sancionaron, el Hotel Isla Gaviota no se encuentra en jurisdicción del Parque Natural Corales del Rosario, que los nativos de Santa Cruz del Islote, y no ellos, fueron quienes construyeron el palafito en el que se levantó la cabaña, hace más de 50 años, y que para cuando el exmagistrado Pretelt compró la cabaña, en 1998, ya ella venía con una construcción de tres pisos.

“El referido palafito fue adquirido a finales de los años 80 por el señor Edmundo López Gómez y su familia, fecha para la cual constaba de tres plantas y tres baños. Hacia 1998 compraron las mejoras Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y otros socios, para uso como casa de recreo familiar, respetando las demarcaciones que estableció en su momento la Dimar”, advirtió en su demanda Luis Fernando Pretelt.

Además, en versión libre practicada en 2019, el exmagistrado Pretelt también responsabilizó a los nativos de construir lo que hoy se le reclama a él y a su hermano. “En el año 1980 aproximadamente, los habitantes o nativos de Santa Cruz del Islote iniciaron unos rellenos artificiales conformando unos arrecifes, uno de esos rellenos fue vendido por los nativos a la familia López Gómez en el año 1990, iniciando una construcción (…) posteriormente en el año de 1998 mi hermano Luis Fernando Pretelt Chaljub adquirió junto conmigo la mitad de ese palafito, que constaba de tres plantas y de tres baños uno en cada piso”.

Los hermanos Pretelt alegan que ellos no construyeron cabaña alguna y que sólo han realizado mantenimientos en el palafito. Mantenimientos que en 2017 realizó el arquitecto Miguel López Méndez, quien defiende a los Pretelt indicando que ellos arreglaron lo que ya estaba construido en el mar.

"Las acciones ejecutadas sobre el palafito no contemplaron ningún tipo de construcción o adición que pudiere ocasionar daño al lecho marino, ni al ecosistema, considerando que las adecuaciones se adelantaron sobre las mismas estructuras y pilotes existentes, no se contemplaron perforaciones para pilotes adicionales, significando esto, que el diseño se proyectó conservando la estructura preexistente", declaró el arquitecto en la demanda que presentó el expresidente de la Corte Constitucional.

El concepto del Ministerio de Defensa

El abogado del Ministerio de Defensa y de la Dimar, Luis Manuel Cortés, pide que se desestime la demanda que el exmagistrado ha presentado indicando que, contrario a lo que advierten los hermanos Pretelt Chaljub, para el año 1987 “no se evidenciaba la presencia de construcciones sobre el área de investigación”, según constató el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

El abogado del Ministerio también dice que los actos administrativos que los Pretelt cuestionan son legales y destaca que en la actualidad ellos no cuentan con un título habilitante o de concesión debidamente otorgado por la Dimar.  

"El expediente permite establecer que los particulares realizaron una ocupación no autorizada sobre un área de 632,93 m² de aguas marítimas ubicadas en el archipiélago de San Bernardo, zona que ostenta la naturaleza jurídica de bien de uso público de propiedad de la Nación bajo la jurisdicción funcional de la Capitanía de Puerto de Coveñas", señaló el apoderado de Mindefensa.

"Dicha ocupación vulnera lo dispuesto en el artículo 166 del Decreto Ley 2324 de 1984, norma que prohíbe ocupar, construir ni usar bienes de uso público tales como las playas marítimas, las aguas marítimas y los terrenos de bajamar sin título habilitante o concesión debidamente otorgada por DIMAR", añadió. 

Finalmente, el apoderado del Ministerio advirtió que las sanciones impuestas por el Capitán de Puerto de Coveñas y el Director General Marítimo están debidamente justificadas, teniendo en cuenta que la construcción denominada La Gaviota se ubica sobre aguas marítimas y en una zona de especial protección como lo es un Parque Nacional Natural.

El abogado Cortés añadió que las sanciones hablaron de una conducta "gravosa y de afectación directa a los ecosistemas marinos del territorio colombiano", dada la explotación comercial y turística que se realiza sobre la construcción de los Pretelt, y dada la inexistencia de una prueba que indique que ellos realizaran algún tipo de acción para obtener permisos, licencias, autorizaciones o concesiones sobre el terreno marítimo.

Así las cosas, ante todos estos argumentos jurídicos, un juez de Montería deberá decidir si anula o no las sanciones impuestas a los hermanos Pretelt, o si remite este connotado caso a otro juzgado de Cartagena, teniendo en cuenta el factor territorial y la jurisdicción que este ente territorial posee sobre Santa Cruz del Islote, la isla en la que está ubicada en hotel que hoy tiene en aprietos al exmagistrado Pretelt.

ana.cuesta@cambiocolombia.com