La historia política que hay detrás del bloqueo para elegir contralor en Cali

Cali lleva más de cuatro meses sin el funcionario encargado de vigilar cómo se gasta el dinero público de la ciudad: el contralor distrital. Mientras tanto, el Concejo esquiva, dilata y se enreda en disputas jurídicas para no cumplir con su obligación constitucional de elegir uno. Esta semana se conocieron dos decisiones que le ponen freno a ese tejemaneje: Por un lado, la Procuraduría General de la Nación envió un requerimiento urgente a la Mesa Directiva, exigiendo en un día hábil los detalles del nuevo proceso. Por otro, el Consejo de Estado admitió la tutela de uno de los ternados y le ordenó al Concejo moverse contra el reloj: designar un contralor encargado en cinco días y elegir uno en propiedad en un plazo máximo de tres meses, so pena de desacato. Esta es la historia.

Antes de seguir, hay que entender por qué este cargo importa. El contralor es, en términos simples, el fiscal del presupuesto de la ciudad. Su función es vigilar cómo se gasta el dinero público: revisar contratos, obras, inversión social, y abrir procesos fiscales cuando detecta irregularidades. Sin ese cargo cubierto en propiedad, el control sobre los recursos públicos de Cali queda debilitado. 

Esta historia arrancó el 28 de julio de 2025, cuando la Mesa Directiva del Concejo Distrital de Santiago de Cali expidió la Resolución 200.2.2-261, que abrió formalmente la convocatoria pública para elegir al contralor distrital del período 2026-2029. Para llevar a cabo el proceso, el Concejo suscribió un contrato Interadministrativo con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) para prestar asesoría técnica, jurídica y apoyo logístico: diseñar y aplicar pruebas, valorar antecedentes y acompañar las reclamaciones de los participantes. Entre agosto y octubre de 2025, el proceso avanzó etapa por etapa, con diez resoluciones expedidas por la Mesa Directiva. El 26 de agosto se publicó la lista preliminar de admitidos. El 5 de septiembre salió la adenda modificatoria y la lista definitiva. El 17 de septiembre aparecieron los resultados preliminares de la prueba de conocimiento. El 26 de septiembre los resultados definitivos. Y el 9 de octubre se publicó la lista definitiva de la terna para elegir al contralor distrital 2026-2029. Esa terna quedó conformada. Solo faltaba la votación del pleno del Concejo. Pero ahí comenzó el problema.

De los 41 aspirantes que se inscribieron al proceso, solo ocho superaron el puntaje mínimo en la prueba de conocimientos aplicada el 20 de septiembre de 2025. De esos ocho, la evaluación consolidada de conocimientos, antecedentes y experiencia dejó tres finalistas: Ligia Amanda Gallego Blandón, Diego Mauricio López Valencia y Gustavo Alberto Barrientos. Perfiles técnicos los tres, sin filiación política conocida que llegaron a la terna por concurso. El Concejo los citó cuatro veces a entrevista. No llegó nadie a votarlos.

La terna no gustó a los políticos

A partir del 10 de octubre de 2025, el procurador segundo delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Samuel Arrieta, comenzó a enviar una serie de oficios al Concejo. Lo hacía con base en una queja presentada por el ciudadano Andrés Mauricio Moreno Salcedo, de Yumbo, quien alegaba irregularidades en el proceso. En tres oficios —del 10, el 16 y el 27 de octubre— y uno más contundente del 19 de noviembre de 2025, Arrieta identificó lo que llamó núcleos de riesgo jurídico: que la Mesa Directiva había delegado indebidamente funciones en la Universidad Pedagógica para resolver reclamaciones, que había vulnerado el principio de publicidad al no publicar previamente un proyecto de convocatoria, y que se habían exigido requisitos no previstos en la ley. Bajo el título “Posibles Consecuencias Jurídicas”, el funcionario advirtió que estas irregularidades podrían generar responsabilidad disciplinaria para los concejales y la eventual nulidad de los actos, incluida la terna.

El efecto fue inmediato. Las comunicaciones de Arrieta fueron la excusa perfecta para dejar asistir a las votaciones. Catorce concejales dejaron de asistir a las sesiones convocadas para entrevistar y votar a los ternados. El proceso quedó paralizado más de tres veces. Dos jueces distintos le habían dado luz verde al proceso —uno en diciembre de 2025 y otro en enero de 2026— pero las advertencias de la Procuraduría pesaron más en el ánimo del cabildo.

Sobre el tema, en diálogo con CAMBIO, Ana Erazo, exconcejala de Cali y hoy representante a la Cámara electa por el Pacto Histórico, y quien fue parte de la mesa directiva que adelantó todo el proceso de convocatoria en 2025 y firmó cada resolución, dijo que “lo que está pasando ahora es algo más político que jurídico”. 

“En los corredores corría el rumor de que la traba vino porque la terna que quedó no era del gusto de la administración del alcalde Alejandro Eder. Son rumores de pasillo, no tengo prueba de que sea así, pero en política todo se sabe”, aclara. 

También, añadió la representante, hay un video de Gabriel Velasco, asesor del alcalde, diciendo que era mejor poner a la persona que hoy preside el Concejo —Daniela Plaza — para manejar el proceso de contralor. Y recuerda que la Fiscalía la citó a rendir testimonio sobre todo esto. “Llevamos casi cinco meses sin un contralor que le esté vigilando un empréstito al alcalde de más de 3,5 billones de pesos”, concluye.

Por su parte, el concejal Roberto Ortiz le dijo a CAMBIO que “no puede ser que una resolución la tumben los mismos concejales y que no se respete a la justicia. El proceso para la elección del contralor se hizo conforme a la ley. Cali no puede seguir con un contralor de bolsillo o domesticado cuando está en juego los 3.5 billones de pesos del empréstito que logró el alcalde”.

Otros concejales consultados por este medio, que prefirieron el anonimato por temor a represalias, dijeron a CAMBIO que la gobernadora Dilian Francisca Toro no logró representación en la terna y que, por eso, también “metió mano en el proceso” para que no se elija ninguno de quienes quedaron ternados, sino que el proceso se haga desde el principio.

Según las fuentes, las intenciones políticas a la sombra del bloqueo de la elección del contralor son que el proceso reinicie desde la convocatoria y se configure una terna en la que aparezcan nombres cercanos al poder político de siempre de Cali y del Valle del Cauca.

Las denuncias por el frustrado proceso

En ese contexto, el abogado Eduardo Castillo González, exprocurador judicial penal delegado ante los Tribunales Superiores de Cali, Cundinamarca y Bogotá, interpuso el 21 de noviembre de 2025 una denuncia ante Fiscalía contra el procurador Samuel Arrieta, por el delito de prevaricato por acción. El proceso, que no ha tenido mayores avances, fue asignado a la Fiscalía 117 Local de la Unidad de Intervención Temprana de Cali.

En la denuncia, Castillo argumenta que Arrieta actuó sin tener competencia territorial para intervenir en este proceso —que por regla general le corresponde a la Procuraduría Regional del Valle del Cauca— y que bajo el pretexto de una actuación preventiva terminó prejuzgando al Concejo, definiendo faltas disciplinarias antes de que existiera un proceso formal, y constriñendo la elección. “El Procurador Delegado ha intentado a toda costa entorpecer el proceso de elección de contralor distrital de Santiago de Cali”, escribió Castillo, señalando además que ese mismo procedimiento —con exactamente las mismas características— se usó en Palmira y Yumbo sin que Arrieta levantara ninguna objeción.

La denuncia también desmiente el argumento central de Arrieta sobre la UPTC. El funcionario sostuvo que la universidad había asumido funciones decisorias que eran exclusivas del Concejo, algo que configuraba un vicio sustancial. Pero el contrato suscrito con la UPTC establecía que esta “dispondrá de un equipo técnico que acompañará el proceso de estructuración de las respuestas a las reclamaciones”, no que las resolvería de manera autónoma. Todos los actos administrativos fueron firmados por la Mesa Directiva. Castillo citó además un fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 2 de mayo de 2024, en un caso similar, donde ese tribunal concluyó que una universidad contratada para apoyar una convocatoria sí puede atender reclamaciones “sin que ello implicara un acto de delegación ni una usurpación de funciones públicas.”

Con esa evidencia, Castillo también adelantó en enero y febrero de 2026 tutelas adicionales contra el Concejo por violación al derecho de petición, después de que la corporación no respondiera sus solicitudes para que convocara sesiones extraordinarias y se abstuviera de revocar el proceso sin fundamento legal.

Entretanto, el 31 de diciembre de 2025 venció el período institucional del contralor saliente y el Concejo aún no había elegido a su sucesor. El alcalde Alejandro Eder, invocando el artículo 161 de la Ley 136 de 1994 —que permite al alcalde hacer una designación provisional cuando hay falta absoluta del contralor durante el receso del Concejo— expidió el Decreto 4112.010.20.1107 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual nombró provisionalmente como contralora encargada a la doctora Luz Arianne Zúñiga Nazareno, quien se desempeñaba como subcontralora de la entidad.

El problema, como lo señalaría después el Consejo de Estado, es que esa habilitación legal es para situaciones excepcionales —falta absoluta o suspensión del contralor durante el receso del Concejo— y el Concejo retomó sesiones el 2 de marzo de 2026 sin asumir su competencia constitucional. La designación provisional siguió produciendo efectos semanas después de que el cabildo estuviera en pleno funcionamiento.

Mientras tanto, el 10 de marzo de 2026, la Mesa Directiva del Concejo —ahora presidida por la concejala Daniela Plaza Saldarriaga, con Rafael Andrés Escobar González como primer vicepresidente y María del Carmen Londoño como segunda vicepresidenta— expidió una resolución con la que ordenó subsanar el proceso y dejar sin efectos todos los actos de trámite producidos desde la Resolución 200.2.2-261 del 28 de julio de 2025. En la práctica: volver a cero. La terna quedó desintegrada. 

Es un hecho que la política vallecaucana, que durante décadas ha sido movida por los mismos, no apoya a ninguno de los ternados. 

La política versus la justicia

Sin embargo, el pasado 24 de abril, la Procuraduría —a través del mismo Arrieta Buelvas— se percató del tejemaneje del Concejo de Cali y, sobre todo, que habían usado sus comunicaciones de alerta para frenar el proceso y tratar de reiniciarlo con nuevos candidatos, y le envió una nueva carta a la Mesa Directiva del Concejo, reiterando un requerimiento de información que había enviado el 6 de abril y al que el Concejo no había respondido. Le pedía en un plazo de un día hábil: el cronograma del nuevo proceso, la partida presupuestal destinada, las propuestas recibidas de universidades, si se había tenido en cuenta la Ley de Garantías, y el estado del proceso contractual. “Esta actuación preventiva no implica coadministración ni injerencia en las decisiones del Concejo Distrital”, aclaraba el oficio. Era la misma fórmula de siempre.

Tres días después, el 27 de abril de 2026, llegó la decisión que cambió el panorama. El consejero de Estado Jorge Edison Portocarrero Banguera, de la Sección Segunda, admitió la acción de tutela interpuesta por Diego Mauricio López Valencia —uno de los tres ciudadanos que integraban la terna desintegrada— contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Concejo Distrital de Santiago de Cali. López Valencia, quien actuó por medio de su apoderada, la abogada Tatiana Carolina Vélez Marín, alegaba violación a sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a elegir y ser elegido, y al acceso a cargos públicos.

El auto del Consejo de Estado —radicado 11001-03-15-000-2026-02498-00, firmado el 27 de abril por el consejero Jorge Edison Portocarrero Banguera— es un documento técnico que merece traducción. Lo que en lenguaje jurídico se llama “medida provisional de oficio” es, en términos simples, una orden cautelar que el juez dicta por iniciativa propia, sin que nadie se la haya pedido, cuando considera que hay un riesgo inminente para el interés público. El consejero negó la medida que había solicitado el demandante —suspender la Resolución del 10 de marzo— pero en cambio decretó de oficio dos órdenes más contundentes: primera, el Concejo tiene cinco días para designar un contralor encargado temporal, con criterios técnicos y bajo principios de transparencia, objetividad e imparcialidad, lo que implica que la contralora nombrada por el alcalde Eder, Luz Arianne Zúñiga Nazareno, sale del cargo. Segunda, el Concejo tiene un plazo máximo, perentorio e improrrogable de tres meses para adelantar la convocatoria pública completa que concluya con la elección en propiedad del contralor distrital para el período 2026-2029. Si no cumple, hay desacato. La razón de fondo que da el tribunal para actuar es demoledora: el Concejo retomó sesiones el 2 de marzo de 2026 y lleva semanas sin asumir su competencia constitucional, mientras sigue vigente la designación provisional del alcalde. En lenguaje llano: el alcalde está nombrando provisionalmente a quien debe vigilarlo a él, y eso, dice el auto, amenaza la autonomía e independencia del órgano de control fiscal.

Las reacciones en el Concejo fueron inmediatas pero reveladoras. La presidenta Daniela Plaza se encargó de matizar: “Esta es una medida provisional de oficio que a través de un auto ha decidido el consejero de Estado, en el marco de una acción de tutela radicada por uno de los ternados”, dijo, subrayando que es un auto y no una sentencia, y que el equipo jurídico está estudiando cómo acatar la orden. Edinson Lucumí fue más directo: “Eso debemos hacerlo”, y sostuvo que ninguna orden judicial ha determinado que el proceso de 2025 tuviera vicios. Felipe Murgueitio planteó la duda que varios tienen en privado: el auto menciona la resolución del año pasado, pero esa ya fue reemplazada por la del 10 de marzo con la que se reinició desde cero. María del Carmen Londoño lo dijo sin rodeos: “Es un poco ambiguo el fallo del Consejo de Estado frente a si debemos continuar con la terna o elegir una nueva.” Y Carlos Andrés Arias —el mismo que presentó excusa en noviembre para no ir a votar— anunció que pedirá acompañamiento de la Procuraduría para garantizar la transparencia del proceso. La misma Procuraduría que, según la denuncia penal activa en la Fiscalía 117 de Cali, fue la que frenó todo esto desde el principio.

Lo que muestra este caso no es un simple retraso administrativo, sino una secuencia de decisiones —y omisiones— que han impedido cumplir una obligación constitucional. El proceso para elegir contralor avanzó durante meses, produjo una terna con puntajes definidos y, aun así, no llegó a votación por la inasistencia reiterada de concejales y por cuestionamientos jurídicos que, aunque fueron advertidos por la Procuraduría, no habían impedido que el proceso siguiera adelante con el aval de jueces en decisiones previas. En ese contexto, las decisiones recientes evidencian una tensión institucional: mientras la Procuraduría advierte riesgos y pide información, el Consejo de Estado interviene con órdenes concretas y plazos perentorios para destrabar la situación. Aun así, las reacciones dentro del Concejo muestran que no hay una interpretación unificada sobre cómo proceder ni sobre el alcance de esas decisiones judiciales. 

El resultado es verificable: Cali lleva meses sin contralor en propiedad, con un órgano de control fiscal debilitado y con una designación provisional que, según el propio Consejo de Estado, debía ser excepcional y temporal. 

Más allá de las motivaciones políticas que distintos actores han sugerido, lo cierto es que el proceso sigue sin resolverse. Y mientras las instituciones discuten cómo interpretar las reglas, la ciudad permanece sin el funcionario encargado de vigilar el uso de los recursos públicos. También, sigue con los mismos poderes de siempre a la sombra.

Todo esto ocurre en una ciudad que no puede darse el lujo de tener el control fiscal paralizado. En 2025, Cali cerró con 1.058 homicidios, un aumento del 13  por ciento frente a los 938 de 2024. En lo que va de 2026, entre el 1 de enero y el 20 de abril, el Observatorio de Seguridad registra 331 casos — 25 más que en el mismo período del año anterior. Cali fue además la única entre las cinco principales capitales del país donde aumentaron los homicidios contra mujeres en 2025, con 68 casos y la mayor tasa por cada cien mil mujeres del país. Mientras el Concejo pelea por no elegir a quien vigile el gasto público, la ciudad sangra — y el alcalde que nombró a la contralora encargada tiene en sus manos un empréstito de más de 3,5 billones de pesos sin un contralor en propiedad que le ponga el ojo encima.