Tres visiones de justicia: lo que proponen Cepeda, De la Espriella y Valencia para transformar el sistema judicial

Pocas instituciones generan tanta frustración entre los colombianos como las que hacen parte del sector justicia. Procesos que tardan años en resolverse, escándalos de corrupción que rara vez terminan en condenas ejemplares, cárceles controladas por estructuras criminales y una sensación permanente de impunidad han convertido la reforma judicial en una de las principales demandas ciudadanas. No sorprende, entonces, que la justicia ocupe un lugar central en la campaña presidencial. El problema es que, en medio de esa indignación legítima, abundan también las promesas de mano dura, las soluciones aparentemente sencillas y las propuestas que, aunque resultan atractivas para el electorado, chocan con límites constitucionales, compromisos internacionales o realidades institucionales que ningún presidente puede modificar por sí solo. En ese escenario, revisar qué proponen realmente los candidatos y qué tan viables son sus planteamientos resulta tan importante como analizar sus diagnósticos sobre la crisis.

Con ayuda de la IA CAMBIO revisó los programas de gobierno de los candidatos, contrastó sus propuestas con entrevistas, debates y declaraciones públicas, y consultó a juristas, exfiscales y expertos en política criminal para identificar cuáles de sus planteamientos son jurídicamente viables, cuáles requerirían profundas reformas constitucionales y cuáles enfrentan obstáculos que sus promotores rara vez mencionan en campaña.

 Iván Cepeda: la justicia como reparación, no como castigo

El eje que articula toda la propuesta judicial de Cepeda es el concepto de “Revolución Ética”, la columna vertebral de su programa de gobierno El Poder de la Verdad, un documento de 433 páginas que probablemente sea el más ambicioso de los tres candidatos, aunque también el más difuso en metas concretas. Para Cepeda, el problema de la justicia colombiana no es solamente de congestión o eficiencia: es, sobre todo, un problema de captura institucional. Su tesis es que redes criminales y políticas penetraron despachos judiciales, organismos de control y entidades estatales, y que ninguna reforma funcionará si esas estructuras no son desmontadas.

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Su propuesta principal es la creación de un Sistema Nacional contra la Macrocorrupción que, según explicó recientemente en un evento en Cali, operaría sobre cinco pilares: fortalecimiento de la UIAF, una unidad especializada dentro de la Fiscalía, un fondo de reparación para víctimas de corrupción, presencia territorial y movilización ciudadana. En materia política, propone además eliminar la financiación privada de campañas, una bandera que adquiere especial peso en medio del escándalo de la UNGRD y de las investigaciones alrededor de la financiación presidencial de 2022. Sobre ese tema, recientemente anunció que Iván Velásquez, exministro de Defensa del gobierno Petro y actual embajador de Colombia ante el Vaticano, sería el jefe del Sistema Nacional Anticorrupción.

Sobre la JEP, Cepeda es el único de los tres candidatos que la defiende sin matices. Su posición es de continuidad: blindar el tribunal de presiones políticas, garantizar su funcionamiento y acelerar la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016. Ese punto, sin embargo, también lo expone políticamente. Cepeda está casado con Blanca del Pilar Rueda, funcionaria activa de la JEP, un dato que sus críticos mencionan recurrentemente como un eventual conflicto de interés.

En Fiscalía, Cepeda plantea fortalecer la capacidad investigativa y garantizar independencia frente a poderes económicos y políticos, aunque evita hablar de una reforma estructural del ente acusador. Su programa incluso reconoce explícitamente que durante el gobierno Petro ocurrieron hechos graves, como el escándalo de la UNGRD, un reconocimiento que lo distancia parcialmente del discurso más cerrado del petrismo. Sin embargo, no desarrolla mecanismos concretos para impedir que episodios similares vuelvan a repetirse.

Esa ausencia de una reforma estructural es precisamente uno de los puntos que cuestiona el exfiscal general Mario Iguarán. En diálogo con CAMBIO, aseguró que la propuesta de Cepeda tiene un vacío central: no plantea transformaciones profundas en la Rama Judicial. “En cuanto a la propuesta de Iván Cepeda, no hay mucho que decir toda vez que no ha planteado una reforma estructural al sistema judicial y a la Rama Judicial. Lo único que en materia de justicia ha propuesto a lo largo de su vida pública es impulsar procesos contra el expresidente Álvaro Uribe”, afirmó.

Iguarán también encuentra una contradicción en dos de las principales banderas del candidato: fortalecer la UIAF y eliminar la financiación privada de campañas. “Resulta irónico porque si algo caracterizó al gobierno del presidente Petro, gobierno del que él dice ser su continuador, fue la indiferencia frente a esa clase de apalancamientos electorales y el debilitamiento de la UIAF, como quiera que la sacó del sistema internacional de control e investigación financiera para combatir el lavado de activos”, señaló.

La principal crítica que enfrenta su propuesta judicial es la falta de aterrizaje operativo. El análisis de viabilidad publicado por CAMBIO en abril advirtió justamente que el programa enuncia grandes objetivos éticos e institucionales, pero evita precisar metas medibles: cuántos casos resolvería la unidad anticorrupción, en qué tiempos, con qué presupuesto o mediante qué mecanismos se removerían funcionarios capturados por redes criminales. 

El exfiscal general Néstor Humberto Martínez es particularmente crítico con la propuesta de Cepeda. En diálogo con CAMBIO, aseguró que el programa dedica más esfuerzos a fortalecer estructuras ya existentes que a resolver los problemas cotidianos de acceso a la justicia. “Lo de Cepeda es insólito. No hay una propuesta para mejorar el acceso de la gente humilde a la justicia”, afirmó. También cuestionó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción al considerar que se trata de una estructura redundante. “Es una ficción, si además depende de una unidad especializada en la Fiscalía que ya existe y que dio los mejores resultados con el programa Bolsillos de Cristal”, dijo.

Martínez también criticó la decisión de blindar la JEP y la propuesta de eliminar la financiación privada de campañas. A su juicio, la primera ha terminado garantizando impunidad para antiguos integrantes de las Farc y la segunda poco tiene que ver con la administración de justicia. “Eliminar el financiamiento privado no tiene que ver con la justicia sino con el propósito de los progresistas de quedarse en el poder”, afirmó. Sobre la UIAF, sostuvo que debe fortalecerse, aunque cuestionó el uso que, según él, se le ha dado durante los últimos años. “Les ha quedado gustando que sirva como policía económica del régimen”, señaló. Su conclusión es contundente: “La verdad es que en ese programa se olvidan de la justicia”.

El abogado Mauricio Pava coincide en que la propuesta identifica problemas reales, pero advierte riesgos institucionales importantes. “La creación de una comisión anticorrupción inspirada en experiencias como la CICIG guatemalteca podría afectar garantías procesales e interferir con la independencia de la Fiscalía. Sin una reforma estructural de la justicia, una nueva unidad especializada no resolvería las fallas de fondo”, explicó.

Una lectura distinta tiene el exfiscal general Jorge Perdomo. A su juicio, la propuesta de Cepeda es la más cercana a los principios constitucionales vigentes. “La justicia penal no debe ser solo retributiva; por el contrario, hay que avanzar en justicia restaurativa. En un país con tanta exclusión social hay que repensar el papel del derecho penal”, dijo. Perdomo defendió además la continuidad de la JEP y sostuvo que fortalecer la inteligencia financiera y la lucha contra la macrocorrupción constituye una apuesta “ambiciosa y pertinente” para enfrentar las formas más sofisticadas de criminalidad.

Abelardo de la Espriella: purga institucional, jueces sin rostro y muerte civil para corruptos

Si la propuesta de Cepeda se mueve alrededor de la justicia restaurativa, la de Abelardo de la Espriella es prácticamente una declaración de guerra contra el sistema judicial actual. Bajo el título El Milagro de los Nunca, su programa parte de una premisa radical: la justicia colombiana no tiene fallas estructurales sino una corrupción estructural que, según él, solo puede enfrentarse mediante una purga profunda.

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Las propuestas más polémicas de su programa han sido documentadas en varios medios de comunicación. La primera es la eliminación de la JEP. De la Espriella la define como “una farsa” y “un tribunal para lavarle las manos sucias de sangre a los miembros de las Farc y perseguir a los héroes de la patria”. Ha dicho públicamente que buscará desmontarla desde el 8 de agosto. Lo que no explica es cómo lo haría: la JEP está respaldada por un acto legislativo derivado del Acuerdo de Paz y cualquier modificación sustancial requeriría mayorías calificadas en el Congreso que hoy no tiene garantizadas.

Para el abogado Mauricio Pava, este es justamente el principal problema de la propuesta. “La de De la Espriella es la más problemática: eliminar la JEP, restablecer la cadena perpetua, implementar jueces sin rostro o retirarse de la CIDH chocan con límites constitucionales y compromisos internacionales de Colombia”, afirmó. Según el jurista, varias de esas medidas terminarían debilitando garantías fundamentales y mecanismos de protección para las víctimas.

En materia anticorrupción, propone crear un Bloque de Búsqueda contra la Corrupción que dependería directamente de la Presidencia y combinaría inteligencia financiera, policía judicial y análisis patrimonial. También plantea tribunales especiales anticorrupción con rostro, inspirados en el modelo colombiano de los años noventa, ampliamente cuestionado en organismos internacionales por sus implicaciones sobre el debido proceso.

No obstante, el exfiscal Mario Iguarán considera que algunas de las propuestas del candidato apuntan a fortalecer capacidades que hoy el Estado no tiene. “La creación de tribunales especializados anticorrupción y de bloques de búsqueda judiciales que robustecerían la capacidad investigativa del Estado denotan que es el candidato que más atención le prestaría a la administración de justicia”, afirmó.

Iguarán también destacó la intención de proteger la identidad de los operadores judiciales en casos de extrema gravedad. “Dentro de un diseño hermético moderno, que aprenda de los errores del pasado y respete el derecho a la defensa y a la contradicción de la prueba, preservar la identidad de los operadores jurídicos podría ser una herramienta útil”, explicó.

Cualquier funcionario o empresario condenado por corrupción enfrentaría lo que llama “muerte civil”: inhabilidad permanente para ejercer cargos públicos y expropiación exprés de bienes para reparar económicamente al Estado.

De la Espriella también insiste en cadena perpetua para delitos contra menores, una propuesta que enfrenta un obstáculo constitucional directo. El artículo 34 de la Constitución la prohíbe expresamente y el intento de introducirla mediante acto legislativo durante el gobierno de Iván Duque fue tumbado posteriormente por la Corte Constitucional. Hasta ahora, el candidato no ha explicado jurídicamente cómo superaría esa barrera.

Aun así, el exfiscal marca distancia frente a uno de los pilares del programa. “No comparto del todo la propuesta de eliminar la JEP toda vez que soy un correligionario de los mecanismos de justicia transicional que, si bien han flexibilizado la imposición de penas, han permitido obtener máximos de verdad y algunas reparaciones”, señaló. Aunque reconoce que el tribunal ha dejado una sensación de impunidad frente a algunos crímenes de las antiguas Farc, considera que la discusión debería centrarse en corregir sus falencias y no necesariamente en desmontarlo.

El exfiscal Néstor Humberto Martínez encuentra fortalezas y debilidades en la propuesta de De la Espriella. Considera natural que, por su formación jurídica, presente uno de los programas más robustos en materia judicial y valora especialmente el énfasis en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, advierte que algunas de sus iniciativas son innecesarias porque ya existen mecanismos similares dentro del ordenamiento jurídico colombiano. “La expropiación exprés es innecesaria dado que hoy existe la incautación exprés y la enajenación inmediata”, explicó. Según el exfiscal, la creación de la Delegada de Finanzas Criminales en la Fiscalía ha permitido alcanzar resultados significativos en materia de extinción de dominio y persecución patrimonial del crimen organizado.

Donde sí marca distancia es frente a la eliminación de la JEP. A su juicio, desmontar la jurisdicción transicional después de ocho años podría generar más problemas que soluciones. “Ni pensar que los expedientes de los crímenes de guerra vuelvan ahora a la justicia ordinaria. Eso solamente generaría más impunidad”, afirmó. No obstante, considera que el tribunal debe corregir sus sesgos y producir decisiones más contundentes frente a los máximos responsables. “Lo que hay que lograr es que deje de ser una justicia ideologizada y condene a los desmovilizados. De lo contrario llegará a Colombia la Corte Penal Internacional”, advirtió.

El problema de fondo de su propuesta judicial es que buena parte de sus medidas implicarían reformas constitucionales profundas, nuevas mayorías legislativas y choques institucionales de enorme magnitud. Pero justamente ahí radica también parte de su atractivo político: presentarse como el candidato dispuesto a desmontar un sistema que muchos ciudadanos perciben como incapaz de castigar corrupción y crimen organizado.

Paloma Valencia: reformar la JEP, blindar soldados y usar inteligencia artificial contra la corrupción

La propuesta judicial de Paloma Valencia distingue –por lo menos en el papel– entre lo que puede hacerse por decreto, lo que requiere ley estatutaria y lo que requiere reforma constitucional. Su programa se resume bajo el lema “Cero impunidad: el que la hace, la paga” y combina reformas tecnológicas, ajustes constitucionales y fortalecimiento penal, pero el punto más sensible vuelve a ser la JEP.

A diferencia de De la Espriella, Valencia no propone eliminarla. Su planteamiento —explicado en la entrevista conjunta con Juan Daniel Oviedo publicada por CAMBIO en marzo de 2026— es reformarla profundamente para corregir lo que considera una “asimetría de beneficios”. Para Valencia, en la JEP es necesario implementar una instancia, doble conformidad y el acceso efectivo a revisión constitucional.

Mauricio Pava considera que esta es, de las tres, la propuesta más compatible con el marco jurídico vigente. “Reformar la JEP por ley estatutaria es posible, aunque podría retrasar procesos en curso”, explicó. Sin embargo, advirtió que incluso los cambios más moderados deben analizar cuidadosamente sus efectos sobre la estabilidad institucional del sistema transicional.

Su propuesta es introducir esas garantías mediante una ley estatutaria y no a través de una reforma constitucional. Ese matiz marca distancia tanto con Cepeda —que quiere blindar el tribunal tal como existe— como con De la Espriella —que pretende desmontarlo.

En anticorrupción, su apuesta más fuerte es tecnológica. Valencia propone utilizar inteligencia artificial para auditar contratos estatales en tiempo real mediante una “estrategia anticorrupción preventiva con IA”, según su propuesta de programa de gobierno. También plantea la creación de un bloque anticorrupción desde la Presidencia.

Pava también llamó la atención sobre algunas de las herramientas planteadas por la candidata. “Otras iniciativas, como los bloqueadores de señal en cárceles o mayores facultades de control centralizado, han mostrado limitaciones prácticas y riesgos para la independencia institucional”, señaló.

Va más lejos en financiación política: propone controles obligatorios y sanciones efectivas para campañas irregulares, además de una “línea roja absoluta” en nombramientos públicos. Según su propuesta, ninguna persona condenada por corrupción podría ocupar cargos en su gobierno. "Estableceremos una línea roja absoluta en el nombramiento de funcionarios y aliados políticos, rechazando cualquier persona condenada por corrupción o dineros ilegales”, dice. 

Sin embargo, esa restricción ya existe en el artículo 122 de la Constitución para quienes hayan sido condenados por delitos contra el patrimonio del Estado, grupos armados ilegales, lesa humanidad o narcotráfico. Su propuesta amplía el espíritu de esa norma pero no introduce un mecanismo nuevo que no exista ya en el ordenamiento jurídico vigente.

En acceso a la justicia, plantea crear 50 nuevas Casas de Justicia en municipios sin presencia institucional, implementar bloqueadores de señal en cárceles para romper conexiones entre presos y estructuras criminales externas y establecer la figura de un juez por familia para seguimiento de casos de violencia intrafamiliar, una apuesta orientada a reducir la enorme impunidad que hoy existe en esos delitos.

Sobre la propuesta de Paloma Valencia, el exfiscal Martínez considera que varias de sus reformas son viables dentro del marco institucional vigente. Destacó especialmente la idea de introducir una doble instancia en la JEP para fortalecer las garantías procesales y valoró la ampliación de las Casas de Justicia, aunque considera insuficiente la meta propuesta. “Las casas de justicia son un éxito de la justicia alternativa, pero el objetivo de 50 nuevas casas es muy reducido”, afirmó. No obstante, concluyó con una crítica que extiende a los tres candidatos: “Lamentablemente se aprecia un déficit de propuestas para mejorar la justicia en Colombia”.

Su propuesta penitenciaria es también la más concreta en términos operativos: ampliación de cupos carcelarios, separación estricta de presos por perfil criminal para evitar reclutamiento dentro de cárceles y tecnología especializada para rastrear flujos financieros ilícitos desde centros penitenciarios.

Después de revisar las tres propuestas, Mauricio Pava concluye que ninguna está completamente libre de dificultades jurídicas o institucionales. “Las tres contienen ideas valiosas, pero comparten una debilidad: ninguna prioriza fortalecer una justicia más rápida, eficiente e independiente. Sin ello, cualquier estrategia contra la corrupción y el crimen organizado seguirá siendo insuficiente”, afirmó.

Por ahora, ninguno de los tres candidatos ha explicado de dónde saldrían los recursos para financiar reformas judiciales y penitenciarias de semejante magnitud en un contexto de déficit histórico y presión creciente sobre las finanzas públicas del país.