Diez años y proceso a punto de prescribir: el caso que enreda a Tomás y Jerónimo Uribe por movimientos financieros irregulares

En 2016, un grupo de funcionarios de la Dian terminó un trabajo de hormiga: reconstruir, operación por operación, las finanzas de varias sociedades ligadas a Tomás y Jerónimo Uribe Moreno entre 2005 y 2014. En un informe que llegó a la Fiscalía ese año consignaron sus hallazgos: diferencias multimillonarias entre lo que las empresas decían ganar y lo que terceros confirmaban: inversiones cuyo origen nadie pudo rastrear; proveedores que, sobre el papel, movían miles de millones sin tener con qué, y operaciones que olían a compras ficticias o transacciones simuladas. Los analistas lo resumieron sin eufemismos: podría tratarse de operaciones simuladas con numerosas señales de alerta de lavado de activos. Eso fue hace más de diez años. Hoy, ese expediente –con radicado terminado en 03 y en el que se mencionan a otros empresarios– permanece en las gavetas de la Fiscalía 34 de lavado de activos.

El grueso de los hallazgos se concentra en la empresa C.I. Ecoeficiencia SAS, por hechos de 2005 a 2007, y se extiende luego a Jaguar Capital SAS y 31416 SAS, por movimientos de 2012 a 2014, tres sociedades en las que los hermanos Uribe Moreno figuran como socios, y dos de ellas –Jaguar y 31416– con Tomás como representante legal, según el propio informe de la Dian. Esas fechas son importantes, pues son una especie de cuenta regresiva para el proceso penal. Diez años después, la investigación más antigua del expediente se acerca a un desenlace paradójico: no una absolución, no una condena, sino el agotamiento del tiempo. La línea que conduce a Ecoeficiencia roza la prescripción o quizá ya la dejó atrás. En el derecho penal, el candelario es una fuerza decisiva.. Hoy, el caso permanece en indagación que es la fase en la que no se ha vinculado a nadie formalmente en la investigación, es decir, en la que solo se revisan los hechos. ¿Cómo es posible que en diez años la Fiscalía no haya resuelto esa primera etapa procesal?

Los hallazgos más importantes en Ecoeficiencia

El informe que la Dian tituló 'Registro 1025' nació de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) –la alerta que las autoridades tributarias envían cuando detectan movimientos de dinero que no cuadran– remitido por la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá en agosto de 2013. A partir de ahí, los analistas desmenuzaron, año por año, la contabilidad de C.I. Ecoeficiencia SAS, la sociedad de residuos en la que figuran como socios Jerónimo y Tomás Uribe Moreno. El método fue el mismo: cruzar lo declarado por la empresa en sus impuestos contra la "información exógena", que es la fotografía que la Dian arma con los datos que reportan terceros –bancos, proveedores y clientes– sobre las operaciones de una compañía. Cuando las dos versiones no coinciden, aparece una diferencia que exige explicación.

El primer año examinado fue 2005. Fue entonces cuando surgió la alerta más llamativa. Ecoeficiencia declaró ante la Dian ingresos brutos por 6.345 millones de pesos, pero la información reportada por terceros solo daba cuenta de 2.118 millones. La diferencia, de 4.227 millones, era dinero que la empresa decía haber recibido pero cuyo rastro nadie confirmaba. Ese mismo año la sociedad declaró compras por 4.811 millones en su IVA; sin embargo –según anota el informe– ningún tercero reportó haber vendido nada: en la práctica, compras que están en los papeles de la empresa, pero no en los de quienes supuestamente le vendieron. 

No es todo. Los pagos que Ecoeficiencia dijo haber hecho sumaban 9.955 millones, de los cuales el 56 por ciento (5.577 millones) correspondía a la compra de "activos movibles", es decir, mercancía para revender. El detalle más grave: como ningún banco reportó esos movimientos de dinero de la compañía, los analistas concluyeron que esos casi 10.000 millones se habrían movido en efectivo, una señal de alerta de lavado de activos. 

En ese año, apareció también un proveedor que concentró la atención de la Dian. Ecoeficiencia registró una compra a un tal Juan Zuleta, pero al verificar la cédula en el Registro Único Tributario, el número correspondía en realidad a Juan Diego Franco, un comerciante de víveres de Cisneros (Antioquia). Al revisar el historial de Franco Restrepo entre 2005 y 2013, los investigadores hicieron varios hallazgos: que su único reporte de ventas en 2005 lo hacía precisamente Ecoeficiencia; que no declaraba renta; no tenía bienes que vender, y, mucho menos, infraestructura para mover las sumas que le atribuían. La conclusión del informe es directa: se trataría de un proveedor ficticio usado para soportar operaciones simuladas; es decir, compras de mentira para justificar salidas de dinero. 

La alerta no terminaba allí. Dos de las sociedades vinculadas a esos pagos –la Cooperativa Multiactiva de Mineros y Autroy SAS– ya figuraban en reportes enviados a la UIaf en julio de 2014, un antecedente que fortaleció las sospechas de los investigadores. 

En 2006, las inconsistencias se hicieron más profundas. Ecoeficiencia declaró ingresos por 11.228 millones de pesos, pero la información reportada por terceros solo registraba 5.609 millones. Entre una cifra y otra había 5.619 millones de pesos que la empresa afirmaba haber recibido y que, sin embargo, no encontraban respaldo en los registros examinados por la Dian.  

Pero lo que más alarmó a los analistas fueron las inversiones. Ese año la empresa hizo compras e inversiones por 18.604 millones –entre ellas aportes a fondos y carteras colectivas por cientos de millones cada uno– frente a ingresos verificables de 5.609 millones, lo que dejó un faltante de 12.995 millones de pesos cuyo origen lícito no pudo establecerse. A esto se sumó otra inconsistencia: que los clientes reportaron compras por 5.070 millones, mientras Ecoeficiencia declaró ventas por 10.444 millones, una diferencia de 5.374 millones. Las compras "no operacionales" –las que no tienen que ver con el giro del negocio– superaban en un 55 por ciento a las operacionales, algo inusual en una empresa de residuos. Igual que en 2005, ningún banco reportó movimientos, de modo que esas cifras millonarias también se habrían manejado en efectivo.

El análisis de 2007 cerró la radiografía de Ecoeficiencia y los hallazgos fueron igual de impresionantes. La empresa declaró ingresos brutos por 19.730 millones, pero la información exógena solo respalda 10.788 millones, dejando una diferencia de casi 9.000 millones entre lo que dijo ganar y lo que terceros confirmaron. Sus pagos rastreados ese año llegaron a 25.576 millones, de nuevo con la mitad clasificada como compras no operacionales. 

Sumando los tres años en los que se concentró el grueso de la investigación, el panorama es contundente: entre 2005 y 2007, C.I. Ecoeficiencia SAS habría declarado o gastado cerca de 20.000 millones de pesos más de lo que sus operaciones verificables podían respaldar, además de inversiones por casi 13.000 millones sin origen claro en un solo año. A ello se suma el uso de al menos un proveedor inexistente para simular compras, el manejo de casi 10.000 millones en efectivo sin rastro bancario y un esquema de operaciones cruzadas con empresas de los mismos socios. Para la Dian, el conjunto no eran errores contables aislados, sino una repetición de señales de alerta de lavado de activos.

Las otras dos empresas con movimientos sospechosos de los hermanos Uribe

El informe se extendió luego a dos sociedades constituidas por los mismos socios, donde halló un patrón distinto al de Ecoeficiencia: el de empresas que operan girando dinero casi exclusivamente entre sí. La primera fue 31416 SAS, inscrita en septiembre de 2012 y representada por Tomás Uribe Moreno. La Dian encontró que esta sociedad se creó con un capital de 1.300.000 pesos, pero ese mismo año movió en bancos 3.411 millones: una diferencia de 2.111 millones entre lo que valía la empresa y la plata que manejaba. En 2013, sus cuentas por cobrar –dinero que otros supuestamente le debían– sumaban 1.365 millones, de los cuales el 86 por ciento (1.176 millones) lo reportaban Áreas y Proyectos Inmobiliarios y Yogour SAS, ambas también del mismo Uribe Moreno. Para los analistas, que casi toda la "deuda" provenga de empresas del propio socio sugiere operaciones simuladas: movimientos que existen en los papeles para dar apariencia de legalidad a dinero de origen desconocido. Ese año, además, el 78 por ciento de sus compras eran "no operacionales", es decir, ajenas al giro del negocio.

La segunda sociedad fue Jaguar Capital SAS, inscrita en noviembre de 2013, también con Tomás Uribe Moreno como representante legal. Su comportamiento, según el informe, gira en torno a 31416 SAS: las dos empresas comparten socios y se reportan ingresos mutuamente, de modo que el dinero circula entre compañías de las mismas personas. Para 2014, Jaguar no presentó declaración de renta, y el único tercero que reportó haberle generado ingresos fue una fiduciaria, por apenas 4.856.082 pesos en rendimientos financieros. La Dian concluyó que se trataría de empresas creadas para simular operaciones entre asociados, reflejando un movimiento de dinero que solo es documental.

En conjunto, los hallazgos que la Dian trasladó a la Fiscalía dibujan un cuadro de inconsistencias que, sumadas, superan los 40.000 millones de pesos movidos de forma irregular por las tres sociedades de Jerónimo y Tomás Uribe Moreno. El grueso se concentra en C.I. Ecoeficiencia SAS, donde entre 2005 y 2007 los analistas detectaron cerca de 20.000 millones en diferencias entre lo que la empresa declaró y lo que terceros confirmaron, además de inversiones por casi 13.000 millones sin origen lícito comprobado y cerca de 10.000 millones movidos en efectivo sin rastro bancario. 

La expresión técnica que recorre todo el informe es "incremento patrimonial no justificado": en palabras simples, patrimonios que crecieron por encima de lo que sus negocios reportaron a las autoridades y cuyo origen no pudo establecerse. Justamente ese es el corazón del delito de enriquecimiento ilícito de particulares –enriquecerse con dinero cuya procedencia lícita no se demuestra–, y es la razón por la que la Dian consideró que el caso debía pasar a manos de la Fiscalía para una investigación penal.

Conviene, eso sí, poner las cosas en su sitio. Nada de lo que halló la Dian es, por sí solo, una condena ni una acusación contra quienes están detrás de esas empresas. Un informe tributario no declara culpables: enciende alarmas. Lo que hicieron los analistas fue señalar que las cuentas no cuadran, que hay diferencias y vacíos que alguien debería explicar, y que esa explicación no le corresponde darla a la Dian. Por eso, el paso siguiente era remitir los hallazgos a la Fiscalía para que estableciera si esas inconsistencias constituían un delito o eran apenas el resultado de una contabilidad deficiente. La Dian cumplió con señalar las alertas. Lo que pasó después quedó en manos de la justicia.

Buena parte de esta historia ya había salido a la luz en 2016. La primera vez que el país oyó hablar de las extrañas cuentas de Ecoeficiencia fue ese año, cuando Noticias Uno reveló los hallazgos de la Dian y el traslado del caso a la Fiscalía. En ese entonces la defensa de los hermanos Uribe la asumió el penalista Jaime Granados, quien aseguró que un sector de la Fiscalía habría intentado presionar para vincular a sus clientes por persecución política. Entre tanto, Tomás Uribe habló en medios sobre la denuncia y aseguró que Ecoeficiencia fue víctima de fraude por parte de un empleado que contactó a varios proveedores para poder reclamar el IVA ante la Dian, situación que según Uribe, fue denunciada ante las autoridades en 2011.

Sin embargo, lo que muestra la información cruzada entre la Dian y la Fiscalía es que los movimientos sospechosos no solo se encontraron en esa empresa sino en otras dos de los hermanos Uribe y que, al parecer, fue un proceder continuado pues son hechos de 2005 a 2014.

CAMBIO se contactó con Jaime Granados para hablar del proceso, pero no recibió respuesta.

¿Qué dicen en la Fiscalía?

Fuentes conocedoras del expediente le ayudaron a CAMBIO a entender en qué punto está hoy una investigación que parece detenida en el tiempo. El proceso reposa en la Fiscalía 34 adscrita a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, que lo custodia formalmente desde mayo de 2018. En el SPOA –el sistema donde la entidad anota, paso a paso, la vida de cada caso– las conductas figuran bajo dos nombres: enriquecimiento ilícito de particulares y fraude procesal, por hechos fechados en enero de 2014. No obstante, otras fuentes judiciales explicaron que al estar en indagación aún no están tipificados los delitos y solo se revisan los hechos. Lo cierto es que desde el inicio del proceso los investigadores han estado recaudando pruebas sin concluir nada. Un ritmo inusual tratándose de un proceso que es de interés general. ¿Cómo se explica que, una década después, el caso siga clavado en la misma casilla donde arrancó?

La indagación nació con Eduardo Montealegre al frente de la Fiscalía, sobrevivió a Néstor Humberto Martínez, le pasó por encima a Francisco Barbosa y ya lleva dos años bajo Luz Adriana Camargo. Cuatro fiscales generales y ni un solo resultado público. No hay versión decorosa que sostenga semejante quietud. Si los hermanos Uribe lograron demostrar la trazabilidad de cada peso que la Dian puso en duda –probar, uno a uno, que el dinero tenía origen lícito–, lo justo es que la Fiscalía archive el proceso y diga, sin rodeos, que no hubo delito. Y si esa explicación nunca llegó, entonces no se entiende por qué no se les ha llamado a imputación de cargos. Lo que no cabe es el limbo.

Conviene recordar que en el derecho penal el reloj siempre juega para el investigado, y que, según el Código de Procedimiento Penal, varias de las conductas ya habrían prescrito: el Estado perdió el derecho a juzgarlas, no por inocencia probada, sino por pura desidia.