Exclusivo | La agonía del Ministerio de la Igualdad: plata sin ejecutar, donaciones perdidas y más de 200.000 millones que no cuadran

Una vez supere el shock por la derrota del 21 de junio, al Pacto Histórico le corresponderá –entre otras cosas– armar su paquete de proyectos y reformas a tramitar a partir del próximo 20 de julio. Una de las iniciativas más incómodas es la de revivir el Ministerio de la Igualdad, una cartera que nació y murió en los cuatro años del Gobierno de Petro. Justamente, dos meses atrás, el mismo mandatario saliente dio una instrucción clara: volver a tramitar el proyecto que creó el ministerio número 19 de Colombia.

Pero más allá de las pocas posibilidades de que esa iniciativa vea la luz, la gran pregunta es qué encontrará el equipo de empalme de la administración de Abelardo de la Espriella cuando ponga la lupa en una entidad que ya se está desmantelando. CAMBIO accedió al más reciente informe de auditoría financiera hecho por la Contraloría al Ministerio de la Igualdad, en el cual se plasman serios cuestionamientos a la gestión de esa cartera que deben ser aclarados y no perderse en las mismas bodegas a donde irán a parar los muebles de un proyecto fracasado.

Esta es la radiografía financiera de lo que queda de una apuesta política que costó miles de millones y nunca terminó de materializarse.

El dinero comprometido que nunca llegó a nadie

Uno de los datos más reveladores del informe es el de la ejecución presupuestal de inversión de 2025. Para el año pasado, el Ministerio de la Igualdad tuvo asignados 455.775 millones de pesos, luego de las modificaciones que se le hicieron sobre la marcha al presupuesto inicial. De esa plata, el 79 por ciento –cerca de 360.000 millones– estaba destinado a proyectos sociales; es decir, a los programas que justificaban la existencia de la entidad: atención a personas con discapacidad, a personas mayores, a población LGBTIQ+, a personas en situación de calle, acceso al agua en territorios excluidos, y atención a jóvenes en riesgo de violencia.

El porcentaje de ejecución a nivel de obligaciones (la medida real de cuánto dinero efectivamente se pagó y llegó a sus destinatarios) fue de apenas 5 por ciento. 

Al analizar lo que pasó con cada proyecto, el diagnóstico es todavía más desolador. El de derechos de la población LGBTIQ+ tenía 5.000 millones de pesos y ejecutó el 7 por ciento. El de accesibilidad para personas con discapacidad tenía 9.600 millones y ejecutó también el 7 por ciento. El de condiciones de vida para personas mayores ejecutó el 27 por ciento y el de atención a migrantes, el 54.

Los tres casos más graves son los que el informe retrata como iniciativas estancadas. El proyecto de acceso al agua y saneamiento en territorios marginados tenía 99.811 millones y se ejecutó el 0 por ciento. Es decir, esa plata fue a parar a reservas presupuestales para este año.

Por su parte, el proyecto de Jóvenes en Paz, que recibió 172.000 millones –la cifra más alta de todos–, ejecutó el 0 por ciento y también trasladó todos sus recursos a reservas. Un fracaso rotundo para un programa que alcanzó a ser uno de los más publicitados por el Gobierno de Petro. Finalmente, el proyecto de atención a violencias contra las mujeres, con 35.520 millones a disposición, ejecutó el 0,07 por ciento.

Para entender el tema de las reservas presupuestales, y por qué esto importa, hay que saber que es un mecanismo que permite a una entidad comprometer dinero al cierre del año sin haberlo gastado todavía, con la promesa de que se ejecutará al año siguiente. Es un recurso legítimo cuando los compromisos están debidamente contraídos. No obstante, los auditores revisaron 58 de las 528 reservas constituidas por el ministerio al 31 de diciembre de 2025 y encontraron que 38 de ellas, por 324.928 millones de pesos no cumplían con la normativa vigente. En otras palabras, el ministerio comprometió dinero en papel sin tener el respaldo contractual ni la justificación legal suficiente. La plata no desapareció, pero quedó en un limbo.

Las fiducias: los millones que no cuadran

Uno de los hallazgos más complejos del informe, y que más preguntas le dejará al gobierno entrante, tiene que ver con la plata que el ministerio transfirió al Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territoria (Fonigualdad).

Al cierre de 2025, ese fondo registraba un saldo de 653.133 millones de pesos, según estados financieros; es decir, el 49 por ciento del total de activos del Ministerio de la Igualdad. Cuando los auditores fueron a verificar si ese saldo era correcto, encontraron que no tenían la certeza de que lo fuera.

El Ministerio de la Igualdad no pudo demostrar, con la evidencia suficiente, que el dinero registrado en ese fondo correspondía exactamente a lo que había en el patrimonio autónomo. Hubo inconsistencias en los registros, debilidades en el seguimiento que la Subdirección Administrativa y Financiera hacía sobre esas cuentas. Además,  la información revelada en las notas a los estados financieros no era suficientemente clara para que un usuario externo pudiera entender la trayectoria real de esos recursos.

A lo anterior se suma otra incosistencia que halló la Contraloría. Mientras el ministerio aseguró en su respuesta oficial que en 2025 el Fonigualdad tuvo ingresos por 930.000 millones de pesos, el reporte que entregó la fiduciaria que administra esos recursos dice que el monto fue de 715.000 millones, una diferencia de 215.000 millones que la entidad no supo explicar.

Por otro lado, el ministerio informó que rendimientos financieros acumulados de 2024 y 2025 fueron de 12.314 millones, pero la fiducia solo reflejó rendimientos e intereses por 6.387 millones, generando una diferencia de 5.926 millones sobre la cual tampoco hubo soporte alguno para explicar esta inconsistencia.

Finalmente, también hay incongruencia entre lo reportado por el ministerio y lo informado por el fondo en el rubro de gastos ejecutados. Mientras la cartera dijo que el monto fue de 289.000 millones de pesos, la fiducia dijo que la cifra era de apenas 82.531 millones.

“Las diferencias identificadas entre los valores reportados por la entidad, la fiduciaria y las revelaciones efectuadas en la nota 16.2 genera incertidumbre sobre el verdadero origen, uso, ejecución y saldo final de los recursos administrados mediante el patrimonio autónomo”, concluyó el equipo auditor de la Contraloría, que decidió trasladar el hallazgo a la Contaduría General la Nación.

No es la primera vez que el Fonigualdad es cuestionado. Su naturaleza y pertinencia han sido cuestionados desde 2024; incluso, como lo reveló CAMBIO el año pasado, se ha constatado la influencia de personas ajenas a la entidad como Juliana Guerrero.

Las donaciones sin rastro

Otra de las inconsistencias detectadas por la auditoría se relaciona con las donaciones de la Dian al Ministerio de la Igualdad. Al cierre de 2025, la entidad encargada de los impuestos donó 16.844 millones representados en mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas que el Estado transfiere a entidades públicas para que las distribuyan a poblaciones vulnerables.

El problema es que nadie sabe con certeza en qué estado están esas donaciones ni qué pasó con muchas de ellas. No hay un inventario físico actualizado, ni registros de entradas y salidas de bodega. Tampoco una trazabilidad que permita relacionar las mercancías recibidas con las que se entregaron a beneficiarios.

El ministerio recibió a lo largo de 2025 múltiples resoluciones de donación de la Dian y no pudo demostrar en todos los casos qué hizo con ellos. En algunos, se presume que los bienes siguen en bodega. En varios, el ministerio no cumplió con la obligación legal de enviar al donante las evidencias del destino final de las mercancías. No hubo fotografías, videos ni registros de entrega dentro de los plazos establecidos. Hubo incluso un caso en que una misma resolución de donación tenía asociadas 13 actas de entrega con inconsistencias entre sí.

Convenios firmados a dos años para una entidad que no dura dos años

Otro hallazgo que ilustra el nivel de disfuncionalidad del ministerio en sus últimos meses es el que describe los convenios interadministrativos suscritos para la atención de personas en situación de calle. El ministerio firmó convenios con varias alcaldías y un departamento con un plazo de dos años –desde el 4 de noviembre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2027– para atender integralmente a la población habitante de calle.

El problema es obvio: cuando esos convenios se firmaron, ya era de obligatorio conocimiento para cualquier funcionario del ministerio que la sentencia de la Corte Constitucional había establecido que la entidad dejaría de existir antes del 20 de junio de 2026. Es decir, se firmaron compromisos a dos años para una institución con menos de ocho meses de vida, o con un futuro incierto.

Además, el objeto principal de esos convenios dependía 80 por ciento de la entrega de vehículos para atender a la población en situación de calle, que el ministerio se comprometió a proveer. Esos vehículos nunca llegaron, tal y como los supervisores de los convenios lo dejaron escrito en sus informes: "Está obligación a la fecha no es posible de cumplir en razón a que aún no se han entregado los bienes proyectados para el territorio por parte del Ministerio de la Igualdad y Equidad".

El proyecto asociado a esa atención de personas en calle tenía 8.282 millones de pesos asignados y solo se ejecutó el 1 por ciento de esos recursos. El 99 por ciento restante fue a reservas presupuestales. Los convenios con las alcaldías, que dependían de esos vehículos que nunca llegaron, quedaron activos sobre el papel, con obligaciones que nadie puede cumplir porque la entidad que debía cumplirlas está a punto de no existir.

Lo que hereda el gobierno De la Espriella

El Ministerio de la Igualdad y Equidad manejó en su primer año completo de operación presupuestos que superaron el billón y medio de pesos. Para 2025, después de las reducciones aplicadas en diciembre, la apropiación definitiva fue de 455.775 millones de pesos. Y a pesar de esa cifra, la ejecución real de inversión fue del 5 por ciento.

Lo que recibirá el gobierno entrante es una entidad ya extinta jurídicamente con inventarios sin verificar, fiducias con saldos que generan incertidumbre, reservas presupuestales cuestionadas y convenios activos con plazos que superan la vida institucional del ministerio. Además, un lío social con las decenas de trabajadores que quedaron sin empleo y a la espera de respuestas.

Es cierto que, aunque el ministerio ya está en proceso de desaparición, será muy difícil borrar fácilmente las preguntas que deja atrás: quién responde por las inconsistencias en los informes de plata, en dónde están los bienes donados por la Dian y qué responsabilidad política deben asumir los cuatro ministros que tuvo esa cartera.