'Al ritmo actual de indemnización, terminar de reparar a las víctimas tardaría 62 años': Julia Cogollo

Hace cuatro años, la Comisión de la Verdad entregó su Informe Final al país con una serie de recomendaciones. Y el Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad (CSM) presentó su sexto informe al respecto, con noticias buenas y malas. Por un lado, se destacan las múltiples leyes y normas que se han emitido, y que dignifican a la población afectada por el conflicto armado. Por otro lado, señala que la infraestructura institucional diseñada hace 15 años se encuentra desbordada ante un universo de víctimas diez veces superior a la proyección inicial. 

En este informe, el CSM se concentró en las recomendaciones relacionadas con los derechos de las víctimas. El análisis concluye que, si bien se avanzó en la ampliación de derechos de las víctimas, hay un problema real de financiación al punto que, si se sigue el ritmo actual, la indemnización total de las víctimas tardaría 62 años.

"El Registro Único de Víctimas supera hoy los 10,2 millones de personas, diez veces más de lo que se proyectó al inicio. Y al ritmo actual de indemnización, terminar de reparar a esta población tardaría 62 años. La Contraloría General estima que la reparación del universo actual de víctimas requiere una inversión de $303,9 billones de pesos para el periodo 2025-2031", dice el informe que indica, además, que el 43 por ciento de las víctimas acreditadas ante la JEP no figuran en el Registro Único de Víctimas.

Además, la violencia tampoco ha parado. Entre 2016 y finales de 2025 fueron asesinados al menos 1.865 líderes y lideresas sociales, y, desde el Acuerdo de Paz, el conflicto ha producido más de un millón de víctimas adicionales, según el RUV. CAMBIO habló con Julia Cogollo, presidenta del Comité, sobre los retos que vienen para el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

CAMBIO: ¿Cuáles son las conclusiones de este informe? 

Julia Cogollo: En los últimos cuatro años se logró consolidar un avance normativo bastante importante frente al tema de víctimas, pero ese fortalecimiento jurídico debe estar acompañado por transformaciones institucionales. Es decir, hay un reconocimiento importante del Estado de las víctimas a través de este marco, pero no hay claridad concreta de dónde están los recursos para financiar ese marco jurídico y garantizar los derechos de las víctimas.

CAMBIO: Estamos hablando de la reparación integral. El informe dice que, al ritmo actual, la indemnización total de las víctimas tardaría 62 años. También dice que, hasta ahora, solo el 19 por ciento de las personas que tienen derecho a ser indemnizadas lo han sido y que el 81 por ciento restante sigue esperando. ¿De qué periodo estamos hablando?

J.C.: Ahí hablamos del consolidado de todas las víctimas que, se sabe, somos ya más de 10 millones. Entonces, si se maneja el ritmo actual y la periodicidad que se ha venido utilizando hoy para el número de víctimas que tenemos, necesitaríamos 62 años. Eso es alarmante, pero es aún más alarmante que este país sigue produciendo víctimas. Entonces, el gran llamado es: ¿qué hacemos para parar la producción de víctimas? Porque no va a haber presupuesto que alcance para indemnizar ni en 62 ni en 70 años las víctimas, si no paramos la producción de ellas. El llamado político principal es que el país necesita hacer un pare de la violencia para eliminar la producción de víctimas, y que hay que eliminar esta cultura de violencia que tenemos en este país para poder alcanzar el verdadero acceso a los derechos de las víctimas.

CAMBIO: En diciembre de 2025 se sancionó el Conpes 4180, que establece la Política de Soluciones Duraderas para víctimas de desplazamiento forzado, en complemento del Conpes 4031de 2021. Ahí hay una proyección de recursos a 2035…

J.C: La expedición del Conpes es una gran posibilidad porque proyecta y deja unas claridades de cuánto realmente tiene que conseguir del gobierno para poder transformar las condiciones de las víctimas de desplazamiento forzado. Está hablando de 10.2 billones de pesos que definitivamente le va dando una orientación al nuevo gobierno de qué tiene que gestionar, qué tiene que conseguir para lograr las soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. Este es un derrotero muy importante.

Quiero resaltar la reforma a la Ley de Víctimas, que ahora es la Ley 2421 de 2024, ayuda porque le da una temporalidad mayor al Gobierno y al Estado colombiano para garantizar los derechos a las víctimas, pero también ofrece una apertura para que las víctimas que no se habían incluido en el Registro Único de Víctimas lo puedan hacer. También está la Ley de Buscadoras, que son mujeres que han estado eternamente buscando a sus personas desaparecidas, viviendo múltiples violencias en esta búsqueda. Y la ley 2384 de 2024, que logra ese reconocimiento, también es vital, y la adopción de la política exterior feminista también da un lugar distinto a los efectos diferenciados del conflicto armado en las mujeres.

CAMBIO: Todos estos mecanismos vienen de tiempo atrás y deberán seguir en el próximo gobierno. Hay un temor claro porque el nuevo gobierno ha prometido recortar el 40 por ciento del Estado y no hay precisión sobre a qué entidades e instancias se refiere. ¿Cuáles son las preocupaciones frente al cambio de gobierno?

J.C.: Los logros de los que he hablado se han consolidado en los últimos años. Ahora, sí creo que la gran valía que tienen los procesos de víctimas es su resistencia: lo han sido siempre y no solo ahora. Hoy tienen un soporte jurídico que las protege. Así que, más allá del presupuesto que pueda o no asignar el gobierno electo, sabemos que las víctimas cuentan con una herramienta de incidencia potente para la garantía de sus derechos.

 Esa es una salida. Las víctimas tienen un robusto marco jurídico más consolidado y específico que les ayuda a la exigibilidad de sus derechos. 

CAMBIO: Usted insiste en parar la producción de víctimas. Eso implica frenar la confrontación, seguir con procesos de diálogo. La Paz Total ha sido un fracaso, tenemos un nuevo gobierno que promete 'mano dura' y que habla de sometimiento a la justicia y, en medio de todo eso, está la gente. ¿Qué puede decir?

J.C.: Primero, tenemos una gran preocupación por las garantías de no repetición. Es decir, no vemos con las propuestas que se han hecho de mano dura y arremetida militar —que para mí no son formales todavía porque el Gobierno no se ha posesionado— creo que hay bastante desesperanza en los territorios por lo que se ve venir. Ahora, en Colombia hemos vivido momentos muy difíciles. 

El periodo de 1999 al 2008 fue un tiempo muy difícil, incluso hasta el 2012. Los territorios, las organizaciones, las víctimas y las comunidades de alguna u otra manera han aprendido a vivir en medio del conflicto armado. Construyeron estrategias de autoprotección y de resistencia pacífica y, en caso de que se agudicen las cosas, tendrán que echar mano de eso nuevamente. Creo que hay que hacer un llamado al gobierno a la no confrontación, a los diálogos con los distintos actores armados que hay en este territorio.

Hay que hacer un llamado al Gobierno para que cambie una política militar por una política social y de garantías de derechos para las comunidades y, en este caso, de manera especial para las víctimas. También hago un llamado al Gobierno para que aproveche el marco normativo robusto que se le está dejando y que, a partir de ahí, asuma también la responsabilidad de implementar. 

El próximo Plan de Desarrollo debería asumir como prioridad el fortalecimiento del sistema nacional de atención y reparación integral a las víctimas con una estrategia financiera y administrativa que esté acorde con la magnitud del desafío.

Creo que el reto principal no consiste en seguir reconociendo nuevos derechos, sino en garantizar lo que ya están reconocidos y puedan traducirse en transformaciones reales para las miles de víctimas que hoy existen. Que sobre todo el Gobierno sepa que cuenta con un conjunto de organizaciones y de comunidades que le apuesten a la paz, que los territorios le apuesten a la paz y que esa también puede ser una gran oportunidad para acabar con la violencia en este país.

CAMBIO: Un mensaje poderoso. Hay que decir que una cosa es la campaña y otra el gobierno. La expectativa es compleja, pero hay mandatos que deberían sí o sí continuar. 

J.C.: ¿Sabe qué es lo que pasa realmente? Que en los territorios hay un miedo instalado, y con esos mensajes lo único que se hace es administrar el miedo. La gente siempre ha vivido con miedo porque ha vivido cosas del conflicto muy terribles, y con una frase tú las administras, las acentúas o las minimizas. En este momento, todos los mensajes del presidente electo desde su elección han sido de terror y a la gente que ya tiene miedo, se le aceleran esos miedos. Eso no nos sirve en este país. No podemos seguir viviendo con miedo. Necesitamos vivir con tranquilidad, necesitamos vivir en la confianza de que tenemos un gobierno que nos va a proteger y que no nos va a agredir. Creo que esos mensajes debe construirlos el nuevo Gobierno para que se elimine tanta tensión que hoy existe. 

CAMBIO: Como alimentar en un lenguaje de que acá cabemos todos…

J.C.: Que podemos tener formas distintas de gobernar, pero que el centro del gobierno tiene que ser la vida de la gente. El centro tiene que ser la vida.