¿Angie Rodríguez tenía la razón sobre sus denuncias contra Carlos Carrillo?: el veredicto de la Contraloría
En diciembre, la funcionaria del Gobierno Petro, que hace poco aseguró ser víctima de un intento de envenenamiento en la Casa de Nariño, denunció una serie de irregularidades sobre el Fondo Adaptación, la entidad que llegó a dirigir en noviembre y por la que pasó su excompañero Carlos Carrillo. La Contraloría ya tiene un veredicto sobre sus denuncias ¿Qué hallazgos resultaron alarmantes?
Por: Ana María Cuesta
Por momentos, las situaciones que ha denunciado Angie Rodríguez, quien durante todo el año pasado ejerció como la mano derecha del presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, se asemejan a una novela policiaca.
En junio, la administradora pública de 34 años se destapó en el programa Los Informantes de Caracol Televisión, revelando un supuesto intento de envenenamiento con pastillas, que dijo haber sufrido de parte de uno de sus compañeros y en el recinto más custodiado del país: el palacio presidencial.
“Era una persona cercana y es la persona que creo que es el espía. El que ellos les pagaban. Él se ganó mi confianza para hacerme daño. No era suficiente grabarme ilegalmente, no era suficiente tomarme fotos (...) Sino que, además, me estaba suministrando unas pastas que hacían que yo no fuera la que soy”, declaró Rodríguez, actual gerente del Fondo Adaptación.
Meses antes de hablar públicamente de las acciones que habrían puesto en riesgo su vida, Rodríguez también protagonizó otra extensa alocución pública, en el mes de diciembre, en la que puso en conocimiento varias situaciones presuntamente irregulares en el Fondo Adaptación, la entidad a la que ingresó como gerente encargada el 4 de noviembre de 2025 y en la que la designaron en propiedad, el 14 de enero de 2026.
La Contraloría General de la República analizó las quejas de Rodríguez, relacionadas en gran parte con la vieja rencilla que sostiene con Carlos Carrillo, que estuvo en frente de la gerencia del Fondo Adaptación entre julio de 2024 y septiembre de 2025.
Rodríguez no sólo ha denunciado una supuesta corrupción de Carrillo; también ha dicho que él habría ordenado espiarla.
CAMBIO revela lo que el organismo auditor encontró sobre la disputa Rodríguez vs. Carrillo. Un documento en el que hablan varias veces sobre el riesgo de daño reputacional en la entidad que debería enfocarse en sacar adelante las obras de La Mojana.
La baja ejecución en La Mojana
El pasado diciembre, Rodríguez denunció la minúscula ejecución presupuestal del 3 por ciento, sobre 1.1 billones de pesos destinados para la recuperación de La Mojana, una región en la que confluyen los ríos San Jorge, Cauca y Magdalena y que, desde el año 2021, vive en constante emergencia por la ruptura del dique Caregato.
“La baja ejecución presupuestal también es corrupción”, señaló la funcionaria en su momento en los micrófonos de la W Radio, en referencia a lo que hizo su antecesor Carlos Carrillo.
Al respecto, la Contraloría revisó lo acontecido con el mencionado proyecto de inversión, al que bautizaron 'Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal ante Desastres y Riesgos Climáticos' para el que, en efecto, se destinaron 1.1 billones de pesos ($1.121.916.439.729) para su ejecución en los años 2024, 2025 y 2026.
El mayor rubro para ejecutar se destinó en 2025, 568.453 millones de pesos. Pero en dicho año, que durante nueve meses estuvo bajo la dirección de Carrillo, sólo se ejecutó el 0.82 por ciento de dicho presupuesto, esto es 4.650.017.713 pesos.
La Contraloría, en efecto, determinó que ese 0.82 por ciento “evidencia la baja ejecución física y financiera del proyecto” en La Mojana. En este punto, las explicaciones de Rodríguez y Carrillo resultaron acertadas. Carrillo había advertido que la ejecución de 2025 dependía de un proceso de contratación para la elaboración de los diseños que no pudo concretarse en 2024, luego de que la licitación fuera declarada desierta en diciembre de ese año. Sin esos diseños, la capacidad de ejecución durante 2025 era, en la práctica, muy limitada.
“La declaratoria de desierto del proceso de selección de la consultoría, impactó directamente el indicador ‘Actualización Factibilidad Fase II y Estudios y Diseños Fase III, contratadas’, asociado a la meta: ‘Intervención integral en la Región de La Mojana’”, señaló la Contraloría.
El organismo también advirtió que, “producto del análisis del fallido proceso”, los recursos que se necesitaban para el proyecto de dinámicas hídricas en La Mojana fueron recalculados en julio de 2025, aumentando de 104.365 millones a 808.168 millones de pesos.
En medio de la bronca entre los jóvenes funcionarios que dirigieron el Fondo Adaptación, la Contraloría, al mando de Carlos Hernán Rodríguez, dictaminó que el 99 por ciento de los recursos del presupuesto de 2025 quedaron en reserva, lo cual señalaron como un hallazgo o irregularidad de carácter administrativo.
“El Fondo se expone a una pérdida de credibilidad en la región por la falta de oportunidad en los proyectos socializados y en las intervenciones a realizar”, dice la Contraloría en el informe revelado por CAMBIO.
La ruta del arroz
Otro de los proyectos denunciados por Angie Rodríguez fue el de la ‘ruta del arroz’, un contrato que se firmó en diciembre de 2024 en la administración de Carrillo y que prometía una estrategia de desarrollo socioeconómico para la región de La Mojana mediante dicho cultivo.
Rodríguez advirtió que el proyecto, que arrancó en marzo de 2025, presentó un 0 por ciento de ejecución para el final del año. Carrillo se defendió indicando que ordenó parar los pagos al contratista por una denuncia de presunta corrupción que recibió sobre el proceso.
Carrillo también se desmarcó del contrato, indicando que lo firmó otro funcionario en su administración. Dijo que él no lo estructuró y responsabilizó de ese hecho a otras personas, a quienes vinculó con Armando Benedetti y señaló, supuestamente, de que habrían favorecido a un contratista asociado con ‘Los Ñoños’.
Al respecto, la Contraloría reprocha que en medio de la rencilla y de los señalamientos de politiquería y corrupción “se desplazó la línea de tiempo de ejecución, el cumplimiento de las metas y el fin perseguido con la suscripción del contrato”, que se suscribió por un valor de 36.211 millones con una interventoría de 4.280 millones de pesos.
La primera etapa para la ruta del arroz debía culminar en julio de 2025, pero terminó en noviembre de dicho año; la segunda, que debía iniciar en julio y terminar en octubre, también se embolató.
La Contraloría determinó que “existieron deficiencias y falta de eficacia en la labor de la supervisión, pues no se logró destrabar el proyecto, ni el trámite oportuno de las funciones administrativas correspondientes a la actualización documental”.
Y también dijo que, para el 31 de diciembre de 2025, pese a que ya se había culminado la primera etapa del proyecto, “persistían dificultades que impidieron el avance en el pago correspondiente, ya que no se contaba con la aprobación de los productos y los avales necesarios para el trámite”.
Lo que ocurrió con la ruta del arroz configura un hallazgo o irregularidad con posibles connotaciones disciplinarias, advierte el ente de control.
El riesgo de pérdida de 378.000 millones
Ese diciembre, Angie Rodríguez también denunció que existía un riesgo de reintegro de 378.000 millones de pesos al Ministerio de Hacienda en recursos destinados para la reconstrucción de las poblaciones afectadas por el Fenómeno de la Niña de 2010 y 2011.
Según la funcionaria, ello se iba a dar producto de la baja ejecución de las metas programadas de 2025, que advirtió se cumplieron sólo en un 47 por ciento.
Rodríguez alertó sobre ese riesgo alegando que en 2024 el Ministerio “castigó” la no ejecución del Fondo, pidiéndole el reintegro de 200.000 millones de pesos que no movió.
Pero en ese punto sobre el posible castigo por la baja ejecución de 2025, Rodríguez no tuvo la razón. La Contraloría concluyó que el “riesgo de reintegro de recursos no se materializó”, debido a que el Fondo Adaptación le pidió al Minhacienda que esos 378.000 millones se mantuvieran constituidos en el rubro de ‘Acreedores Varios Sujetos a Devolución’.
Indagación por cambio de sede
La Contraloría confirmó que adelanta una indagación preliminar por los hechos denunciados por Rodríguez, relacionados con el cambio de la sede administrativa del Fondo Adaptación.
La funcionaria denunció que la sede del Fondo fue trasladada del Centro Administrativo Nacional (CAN) a las oficinas del complejo Conectas, donde también quedan las oficinas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El traslado del CAN a Connecta se dio el 30 de diciembre de 2024, durante la administración de Carlos Carrillo. Pero Rodríguez reversó la decisión en diciembre de 2025 y alquiló otra sede en el centro internacional de Bogotá.
El cambio que autorizó Carrillo, según dijo Rodríguez, generó un incremento del 195 por ciento en el valor del canon de arriendo, que pasó de 94 millones de pesos mensual, a 214 millones de pesos.
Al respecto, la Contraloría advirtió que dicha movida sí impactó el plan de austeridad pactado en el Fondo Adaptación, pero la variación en el canon no fue la señalada por Rodríguez. El organismo advirtió que en 2024 se pagaron 1.241 millones de pesos por concepto de arriendos y que en 2025 dicho pago aumentó a 2.351 millones de pesos, lo que representa un incremento del 89.4 por ciento.
“Si bien se realizó una transición inicial al complejo Connecta 26, la entidad identificó una subutilización del espacio frente a su dinámica operativa, la interrupción de actividades por cuenta de protestas sociales y dificultad de transporte, lo que motivó el traslado definitivo en diciembre de 2025 a la sede del Centro Internacional (Calle 28). Esta nueva ubicación permitió asegurar un canon menor, unificar los costos de mantenimiento y dotación en un solo modelo de arrendamiento integral”, le explicó Rodríguez a la Contraloría.
***
Las denuncias que Angie Rodríguez hizo sobre la gestión de Carlos Carrillo abarcaron otros contratos, pero la Contraloría no se pronunció sobre todos ellos, aunque encontró otros hallazgos irregulares por 8.111 millones de pesos, en otros contratos para la construcción de viviendas, que hoy escapan a su disputa con Carrillo.
La auditoría practicada por el organismo de control fiscal sobre las advertencias de Rodríguez, en efecto, evidenció la baja ejecución de la que ella habló. Pero también dejan claro el riesgo reputacional y de credibilidad que las diferencias entre ambos funcionarios le han generado a una entidad, Creada en 2011 para liderar la reconstrucción tras los estragos del Fenómeno de La Niña de 2010, la entidad arrastra desde hace años la reputación de ser un fortín burocrático.
Durante este semestre, en la fase final del Gobierno, Rodríguez ha concentrado sus esfuerzos en tratar de demostrar sus denuncias sobre un supuesto intento de homicidio mediante envenenamiento y sobre presuntas labores de espionaje que, según afirma, habría ordenado su excolega Carlos Carrillo.
También ha intentado demostrar que está inmersa en un entorno laboral que la violenta como mujer. Todavía no hay un dictamen sobre la ejecución del Fondo Adaptación en 2026, periodo en el que ya no podrá señalar a Carrillo. A final de año, o quizás en 2027, las autoridades declararán si Rodríguez pudo escribir una historia distinta de la que denunció. Y si su lucha personal le permitió, o no, sacar adelante al Fondo.
ana.cuesta@cambiocolombia.com
Lea los comentarios
