Así va la puja por la Contraloría
La carrera por la Contraloría.
La elección del próximo contralor ya tiene favoritos, pero la historia de este cargo sugiere desconfiar de ellos. Cuatro nombres han empezado a despegar del resto, mientras una demanda en el Consejo de Estado podría cambiar las reglas de la contienda. En el pasado, el elegido no siempre fue quien llegó primero, sino quien consiguió los apoyos políticos necesarios. ¿Cómo se está jugando esta partida tras bambalinas?
Por: Sylvia Charry
A menos de un mes de que el Congreso elija al próximo contralor general de la República, la competencia pasó de ser técnica a convertirse en una intensa negociación política. La votación está prevista para el próximo 12 de agosto, pero desde hace varios días comenzaron las llamadas entre congresistas, los acercamientos entre partidos y las cuentas para medir quién tiene opciones reales de quedarse con uno de los cargos más poderosos del Estado: el funcionario encargado de vigilar la ejecución de más de 2.000 billones de pesos en recursos públicos durante los próximos cuatro años.
Y cuando la negociación política apenas empieza a tomar forma y las conversaciones parecen concentrarse en un puñado de aspirantes que hoy puntean en la carrera, una decisión del Consejo de Estado podría alterar todas las cuentas. Dos demandas buscan dejar sin efectos la convocatoria que dio origen a los diez finalistas, un factor que abriría la puerta a que el proceso de elección deba empezar desde cero. Aunque ese es el panorama inicial, la historia reciente muestra que los favoritos en la carrera a la Contraloría han terminado quemados y que, al final, el ganador ha sido quien ha obtenido el guiño del presidente de turno.
Sin embargo, esta elección tiene varias particularidades: coincide con la instalación de un nuevo Congreso, con la llegada de un gobierno que promete construir sus propias mayorías sin las prácticas tradicionales de la política, y con un ambiente legislativo que ya dejó una primera lección. La elección del presidente del Senado, Honorio Henríquez, volvió a poner en evidencia una de las reglas no escritas del Congreso: las mayorías se construyen más con cálculos políticos que con afinidades ideológicas. Partidos ubicados en extremos distintos del espectro político terminaron actuando en bloque para cerrarle el paso al candidato del gobierno de Abelardo de la Espriella. Ese antecedente convierte la puja por la Contraloría en la segunda gran prueba de fuerza política del nuevo Gobierno. CAMBIO le cuenta cómo se mueve el proceso tras bambalinas.
¿Qué candidato consolidará las mayorías y cómo se mueve el pulso político?
Aunque la lista de elegibles quedó integrada por diez aspirantes, el trabajo de reportería de CAMBIO con congresistas, dirigentes políticos y personas que participan en las conversaciones alrededor de la elección muestra que, por ahora, la puja parece concentrarse en cuatro nombres: Carlos Mario Zuluaga, Andrés Castro, Jorge Eliécer Laverde y Ana Elena Monsalvo. Los cuatro tienen algo en común: más allá de sus hojas de vida, ya empezaron a construir respaldos políticos que hoy los ponen a puntear en la carrera.
El primero es Carlos Mario Zuluaga, exvicecontralor general de la República. Su nombre aparece en casi todas las cuentas porque tendría como principal respaldo al presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, con quien mantiene una relación cercana desde hace varios años. Pero también porque en sectores del Pacto Histórico valoran el papel que desempeñó durante la administración de Carlos Hernán Rodríguez, periodo en el que incluso ejerció como contralor encargado. Aunque varios dirigentes todavía lo identifican como el candidato del actual contralor, personas cercanas a ambos aseguran que esa relación se fracturó hace varios meses. En todo caso, un eventual respaldo del petrismo podría convertirse en uno de sus principales obstáculos de Zuluaga teniendo en cuenta los intereses del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.
En el Centro Democrático tampoco hay consenso alrededor de su nombre. Algunos congresistas recuerdan que en 2003 hizo parte de la Fundación Colombianos por el Referendo, creada para promover la iniciativa impulsada durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, y por eso les suena su eventual elección. Otros, en cambio, cuestionan que hubiera permanecido en la cúpula de la Contraloría durante el Gobierno Petro. Aun así, ese cruce de apoyos entre conservadores, parte del Pacto Histórico y algunos congresistas liberales y uribistas lo mantiene, por ahora, como uno de los aspirantes con mayores posibilidades de consolidar una mayoría.
Otro de los nombres que más se repite en las conversaciones es el de Andrés Castro, actual personero de Bogotá, excontralor de Bogotá, excontralor delegado para el sector Justicia y exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema. Su principal fortaleza, según fuentes consultadas por CAMBIO, no es únicamente su trayectoria en los organismos de control. También lo es la cercanía que ha construido durante años con el procurador general, Gregorio Eljach, una relación que le ha permitido abrir puertas en prácticamente todas las bancadas del Congreso. Varios dirigentes políticos coinciden en que Castro es, hoy por hoy, uno de los candidatos que genera menos resistencias entre los partidos tradicionales.
Sin embargo, esa misma fortaleza se convirtió en su principal flanco de ataque. Congresistas de distintas colectividades consultados por CAMBIO advierten que elegir a Castro significaría, en la práctica, ampliar la influencia política de Eljach sobre otro de los grandes organismos de control del Estado. "Sería entregarle también la Contraloría", resume uno de los parlamentarios que participa en las conversaciones. Ese argumento ha empezado a frenar apoyos que hace apenas unas semanas parecían seguros.
El tercer nombre que aparece en las cuentas es el de Jorge Eliécer Laverde, secretario de la Comisión Sexta del Senado, uno de los funcionarios que mejor conoce el funcionamiento interno del Congreso. Según fuentes consultadas por CAMBIO, su principal respaldo proviene del expresidente del Senado Lidio García y del expresidente del Partido Liberal Simón Gaviria, quienes han empezado a mover apoyos dentro del liberalismo. Varios de los cálculos políticos que hoy hacen los partidos muestran que, si logra consolidar una alianza entre buena parte de los liberales, sectores del Pacto Histórico y congresistas del Centro Democrático, Laverde podría convertirse en uno de los candidatos con mayores opciones de alcanzar los 165 votos que exige la elección. Por eso, aunque empezó la carrera lejos del primer plano, en los últimos días su nombre comenzó a ganar fuerza.
La cuarta carta es Ana Elena Monsalvo, excontralora delegada para Economía y Finanzas Públicas. Fuentes de CAMBIO aseguran que detrás de su aspiración está un sector de la dirigencia política del Cesar encabezado por el exministro Sergio Araújo. También destacan que hizo parte de la comisión de empalme del sector Hacienda del Gobierno de Abelardo de la Espriella, una señal de cercanía con el nuevo Ejecutivo. Es la única del listad, por ahora, que tendría el guiño del gobierno entrante. Sin embargo, su paso por la administración de Carlos Hernán Rodríguez también despierta reservas entre algunos integrantes del Gobierno de De La Espriella, que consideran inconveniente que la Contraloría siga bajo la influencia de personas cercanas a la dirección saliente.
Detrás de esos cuatro nombres figuran otros aspirantes que también hacen parte de las conversaciones. Uno es Julián Mauricio Ruiz, exvicecontralor general y excontralor de Bogotá, respaldado por el excontralor Felipe Córdoba.
También figura Diana Carolina Torres, excontralora delegada, cuya candidatura, según algunas fuentes políticas es promovida por el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y el empresario Manuel Santiago Mejía. Frente a las versiones que la ubican como cercana a Quintero hay otras personas cercanas a Torres que rechazan esa lectura. Explican que, por ejemplo, en la elección del contralor de Medellín, el candidato identificado con Quintero era otro aspirante que quedó por fuera por una inhabilidad pocas horas antes de la votación y que solo entonces el Concejo terminó eligiéndola como una alternativa independiente. Añaden que durante la gestión de Torres le correspondió ejercer control fiscal tanto al último año del gobierno de Federico Gutiérrez como al primero de Quintero, periodo en el que, aseguran, reportó hallazgos fiscales por cerca de 45.000 millones de pesos y beneficios de control por más de 300.000 millones, lo que, a su juicio, demuestra que actuó con independencia.
Y en los últimos días empezó a sonar con más fuerza Luis Enrique Abadía García, quien ocupó el primer lugar en el ranking consolidado del proceso y es considerado uno de los hombres de mayor confianza del actual contralor Carlos Hernán Rodríguez. La lista de elegibles la completan Amanda Madrid Panesso, Karol González Mora y Rosalba Jazmín Cabrales Herrera.
Pero la historia reciente obliga a leer con cautela ese sonajero. En 2018, José Félix Lafaurie llegó a la recta final como favorito y terminó derrotado por Felipe Córdoba. Cuatro años después, ocurrió algo parecido con María Fernanda Rangel, quien no logró consolidar las mayorías y vio cómo Carlos Hernán Rodríguez terminaba quedándose con el cargo al lograr el guiño del presidente recién posesionado, Gustavo Petro. Por eso, aunque cuatro aspirantes parecen sacar ventaja, la mayoría de fuentes consultadas por CAMBIO coinciden en una idea: el verdadero pulso aún no se libra entre los candidatos hasta tanto el Consejo de Estado no se pronuncie sobre la elección.
La apuesta de buena parte del gobierno entrante es que las demandas prosperen y obliguen a empezar de nuevo la elección. Solo así, lograrían cambiar de verdad la baraja y poner a sus candidatos.
¿Cómo va el pulso en el Consejo de Estado?
Si en el Congreso la discusión gira alrededor de quién logrará consolidar las mayorías, en el Consejo de Estado el debate es otro: si la elección del próximo contralor debe seguir adelante o empezar desde cero. De hecho, todas las fuentes políticas consultadas por CAMBIO coinciden en que hoy la principal apuesta del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella no es sumar votos para alguno de los finalistas, sino que el alto tribunal termine frenando el proceso.
Solo así cambiaría la baraja y podrían entrar nuevos aspirantes con mayores afinidades con el Ejecutivo, entre ellos Rodolfo Zea, exministro de Agricultura del Gobierno de Iván Duque y hasta hace unos meses contralor delegado para el sector Comercio, y Pablo Márquez, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres durante la administración de Iván Duque. Según fuentes consultadas por CAMBIO, estos dos nombres hacen parte de las conversaciones del nuevo gobierno para un eventual reinicio de la convocatoria.
Ese escenario depende de dos demandas que estudia la Sección Quinta del Consejo de Estado. La primera, presentada por el abogado Julio César Castañeda Acosta, cuestiona varios de los criterios con los cuales el Congreso calificó las hojas de vida de los aspirantes. A su juicio, la Mesa Directiva modificó aspectos que la Ley 1904 de 2018 ya había definido, creó condiciones de evaluación que el legislador nunca autorizó y terminó privilegiando unos perfiles profesionales sobre otros.
La segunda demanda, presentada por Lina Sofía Restrepo Noriega, va más allá. Además de cuestionar las reglas de la convocatoria, pide dejar sin efectos varias de las decisiones que permitieron llegar a la lista de los diez finalistas. En otras palabras, mientras la primera acción judicial discute cómo se calificó a los aspirantes, la segunda también pone en tela de juicio la manera como quedó conformada la lista definitiva sobre la que hoy debe votar el Congreso.
Sin embargo, el expediente tuvo un giro inesperado la semana pasada. Según conoció CAMBIO de fuentes del Consejo de Estado, el jueves, el magistrado ponente, Omar Joaquín Barreto Suárez, presentó a consideración de la Sala un proyecto que proponía negar la medida cautelar solicitada en la primera demanda. Esa decisión habría permitido que la elección continuara sin modificaciones mientras se resuelve el proceso de fondo. Pero la ponencia no obtuvo el respaldo de la mayoría de magistrados y fue derrotada por una votación de tres contra uno.
El expediente pasó entonces al despacho de la magistrada Gloria Gómez, quien deberá elaborar un nuevo proyecto de decisión. Fuentes judiciales explicaron a CAMBIO que el revés sufrido por la ponencia de Barreto no significa, necesariamente, que la mayoría de la Sala esté inclinada a suspender el proceso. Lo que refleja es que los magistrados no compartieron la argumentación jurídica del proyecto presentado. El nuevo estudio podría llegar exactamente a la misma conclusión —negar la medida cautelar—, pero con fundamentos distintos; o, por el contrario, proponer la suspensión del proceso mientras se adopta una decisión definitiva sobre la legalidad de la convocatoria.
En lo que sí existe consenso dentro del alto tribunal, según las fuentes consultadas por CAMBIO, es en que la decisión sobre la medida cautelar deberá adoptarse antes del próximo 12 de agosto, fecha prevista para la elección del nuevo contralor. Cualquiera que sea el sentido del fallo, volverá a ser sometido a consideración de la Sala.
Ese calendario mantiene en vilo al Congreso y al Gobierno. Si la medida cautelar vuelve a ser negada, la elección seguirá su curso y el pulso se definirá exclusivamente en la política. Pero si la mayoría decide suspender el proceso, el Congreso tendría que detener la elección y abrir otro escenario, con la posibilidad de reconfigurar la lista de aspirantes. Según coinciden las fuentes políticas y judiciales consultadas por CAMBIO, ese es hoy el desenlace al que le apuesta el gobierno de Abelardo de la Espriella. Esto, aunque el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, ha dicho públicamente que no tienen interés en meterse en ese proceso, que solo quieren que llegue alguien bueno y no necesitan órganos de control de bosillo.
Lo cierto es que ninguna de las dos batallas está resuelta. En el Congreso todavía nadie tiene asegurados los 165 votos y, en el Consejo de Estado. Tampoco existe una decisión definitiva sobre el futuro del proceso. La elección del presidente del Senado dejó una enseñanza: en la política colombiana las mayorías pueden cambiar de un día para otro y las alianzas más improbables terminan imponiéndose cuando está en juego el poder.
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