Contraloría advierte pérdida de $655.000 millones por gestiones del FOMAG, pero la cifra podría acercarse al billón
CAMBIO revela los informes de la Contraloría que dictaminan la millonaria pérdida de recursos públicos por actuaciones del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio durante la presidencia de Gustavo Petro, es decir, a partir del segundo semestre de 2022. La razón principal del detrimento es alarmante: demora en procesos, sanciones e intereses altos. La cifra podría aumentar a un billón de pesos por un asunto que el FOMAG admite sobre la prima de mitad de año.
Por: Ana María Cuesta
Durante años, las irregularidades y fallas administrativas se han acumulado en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), hasta convertirlo en la entidad de la rama ejecutiva con mayor riesgo de pérdida de recursos públicos.
Según la Contraloría, las actuaciones del FOMAG, la cuenta especial administrada por la Fiduprevisora para gestionar la salud, la pensión y las cesantías de los docentes y directivos del sistema de educación público, provocaron la pérdida de más de medio billón de pesos (694.916.080.633) entre el segundo semestre de 2022 y 2025.
De esa cifra, la Contraloría atribuye hallazgos por unos 655.000 millones a las vigencias que corresponden al Gobierno Petro y por 40.000 millones a unos meses que corresponden de la administración de Iván Duque.
Pero CAMBIO estableció que el detrimento patrimonial total durante el Gobierno Petro podría aumentar a un billón de pesos por un aspecto que admitió el mismo FOMAG relacionado con la prima de mitad de año.
La Contraloría no tuvo en cuenta en sus informes un detrimento patrimonial por 380.000 millones de pesos que —el FOMAG admite— está relacionado con el pago irregular de la mencionada prima entre 2024 y 2025 a más de 15.000 docentes pensionados.
En su última auditoría, el ente de control no revisó la totalidad de esos casos, pues solo pudo analizar una muestra bastante inferior con la que determinó 27.000 millones en irregularidades —que podrían crecer más de diez veces en tamaño, llegando a 380.000 millones de pesos, de llegarse a comprobar lo expuesto por el fondo—.
"Es preciso señalar que de conformidad con el resultado de la Auditoría Especial al pago de prima de mitad de año vigencias 2024 y 2025 adelantada por la firma JAHV McGregor, el detrimento patrimonial fue de alrededor de 380.000 millones, y no de 27.982 millones, como inicialmente lo concluye el equipo auditor, razón por la cual se considera necesario que ese órgano de control continúe con sus actuaciones de vigilancia y control fiscal con el fin de establecer el monto total del detrimento patrimonial y sus responsables", reconoció el vicepresidente del FOMAG en mayo de este año, según un documento conocido por CAMBIO.
El detrimento que podría acercarse al billón de pesos
La última auditoría practicada al FOMAG, conocida por CAMBIO, revela la pérdida de 176.795 millones en 2025, de los cuales el mayor detrimento corresponde a 133.255 millones que se pagaron a dos prestadores del antiguo modelo de salud del magisterio.
De dicha deuda, casi el 80 por ciento de lo que el FOMAG pagó correspondió a intereses con la máxima tasa de usura: 106.169 millones de pesos.
En esa auditoría también se reportó como irregularidad el que se efectuaran pagos por 27.982 millones de pesos por concepto de la prima de medio año a 768 docentes que no cumplían con los requisitos legales para recibirla —ya que se habían pensionado después de julio de 2011— y a 227 a los que ya se les había negado el derecho en decisiones judiciales.
Este hecho fue ampliamente denunciado por Salomón Figueroa, gerente jurídico del FOMAG, quien advirtió que, en efecto, entre 2024 y 2025 la entidad hizo 15.808 pagos irregulares por más de 260.000 millones de pesos. En ese punto, en el que el propio FOMAG admite que los pagos irregulares ascendieron a 380.000 millones de pesos, la Contraloría se quedó corta, ya que su ejercicio auditor sólo le permitió analizar 1.000 de los casos pagados.
¿Por qué no tomaron como detrimento lo que el mismo FOMAG admitió? El contralor delegado para el sector educativo, Andrey Geovanny Rodríguez, le dijo a CAMBIO que la Contraloría requiere hacer un ejercicio más riguroso.
"Nosotros tenemos un ejercicio probatorio mucho más fuerte. No podemos simplemente partir del cruce de información. Tenemos que individualizar cada uno de los casos, cada uno de los actos administrativos con los que se otorgó esa prima de mitad de año para poder luego considerar que existe un presunto daño. De lo contrario, no lo podemos determinar sólo con el cruce", señaló Rodríguez, contralor delegado.
En otros años como el 2024, el organismo de control encontró recursos comprometidos por 81.593 millones de pesos. Para 2023, el detrimento se tasó en 84.898 millones de pesos y para el segundo semestre de 2022, dos auditorías arrojaron pérdidas por 351.628 millones —pero a estas hay que restarles aproximadamente 40.000 millones de pesos del Gobierno de Iván Duque—.
La pérdida de la plata pública en el FOMAG durante la presidencia de Gustavo Petro, la certificada oficialmente por la Contraloría, equivale, por ejemplo, al presupuesto asignado a la ciudad de Tunja (Boyacá) para este 2026 o a poco menos del presupuesto que recibió Florencia (Caquetá) para este año.
Demoras de hasta 2.800 días
Detrás de la inquietante pérdida de recursos públicos en el fondo del magisterio aparece un motivo que se repite religiosamente cada año y que bien se puede prevenir: las sanciones e intereses moratorios y las sanciones por pagos extemporáneos, que podrían evitarse si los servidores públicos resolvieran con mayor celeridad sus asignaciones.
Para dimensionar la magnitud del asunto, se han presentado casos de docentes con los que el FOMAG ha tardado 1.249 días, 1.888 días, 2.415 días y hasta 2.811 días en pagarles sus cesantías. Normalmente, el fondo tiene 70 días para reconocer una prestación solicitada. Pero por cada día de mora se le debe reconocer a ese docente o a ese trabajador el valor de un día de su salario.
"Son deficiencias de tipo administrativo que llegan a que los trámites se demoren mucho más del tiempo que tienen que demorarse. Y producto de eso, con recursos públicos, paguemos sanciones, paguemos intereses cuando pues si hacemos las cosas a tiempo no tendrían que incurrirse en dichos pagos", señaló el contralor delegado para el sector educativo Andrey Rodríguez.
Fuentes cercanas a dichos procesos advierten que la mora, más allá del desorden estatal y del gran compromiso en dineros públicos, también genera considerables ingresos a empresas jurídicas que asesoran a los docentes y se benefician económicamente por cada día en que no se les pagó su prestación.
En un consejo de ministros del 12 de febrero, el presidente saliente Gustavo Petro habló de esas estructuras. "Hay unos anillos de corrupción de abogados poco éticos y magistrados, en varios terrenos del derecho, que construyen, a través de las demandas legítimas, un mecanismo de robo de dineros públicos (...) la mayor parte de la comisión se va para los abogados", expresó el presidente.
En efecto, la Contraloría en su revisión a lo que fue el gobierno de Gustavo Petro, determinó que, desde el segundo semestre de 2022 y hasta el 2025, se perdieron 229.197 millones de pesos por sanciones e intereses moratorios con las prestaciones y servicios de salud de los maestros.
Para entender por qué las irregularidades siguen pasando pese a las múltiples advertencias, CAMBIO entrevistó al autor de los informes, el contralor delegado para el sector educativo Andrey Rodríguez.
Contralor Andrey Rodríguez: "el FOMAG tiene que parar cabeza"
CAMBIO: La Contraloría encontró recursos perdidos, para el gobierno de Gustavo Petro, por 655.000 millones de pesos. Que podrían crecer a un billón de pesos si se confirma el dato de la prima de mitad de año. ¿Qué pasó ahí?
Andrey Rodríguez: El FOMAG hace un cruce de bases de datos y unos cruces de información y a partir de ello atribuye que hay cerca de 380.000 millones en detrimento. Sobre los 15.808 casos que ellos atribuyen que puedan estar asociados a esos presuntos 380.000 millones, nosotros alcanzamos a revisar 1.000, y en esos 1.000 logramos determinar los 27.000 millones de pesos en hallazgos fiscales. Pero hay una dificultad. Nosotros tenemos un ejercicio probatorio mucho más fuerte. No podemos simplemente partir del cruce de información. Tenemos que individualizar cada uno de los casos, cada uno de los actos administrativos con los que se otorgó esa prima de mitad de año para poder luego considerar que existe un presunto daño. De lo contrario, no lo podemos determinar sólo con el cruce.
CAMBIO: Vemos año tras año millonarios hallazgos fiscales en el FOMAG y ya suman 695.000 millones de pesos en los últimos 4 años. ¿Qué lectura hace la contraloría de esto?
A.R.: El panorama con FOMAG es un panorama un poco preocupante. Se consolidan cerca de los últimos cuatro años alrededor de 695.000 millones de pesos en hallazgos fiscales, que al final pues se han traducido en pérdidas de recursos públicos sobre los que hoy día cursan, en su mayoría, procesos de responsabilidad fiscal. De lo que se observa, son deficiencias de tipo administrativo que llegan a que los trámites se demoren mucho más del tiempo que tienen que demorarse. Y producto de eso, con recursos públicos, paguemos sanciones, paguemos intereses y paguemos sanciones e intereses moratorios, cuando pues si hacemos las cosas a tiempo no tendrían que incurrirse en dichos pagos.
Vemos con situación preocupante que año tras año el FOMAG materializa y materializa daños fiscales, pasando desde 125.000, 225.000, 84.000 millones. Este último año, 176.000 millones de pesos para ese gran acumulado. Entonces hay que, digamos ya como Estado, como política pública, pensar en que debemos detener, desde lo que nosotros observamos del control fiscal, el daño fiscal que se produce de manera constante en FOMAG. Todas esas debilidades administrativas llevaron a que se interrumpiera una de las cosas más grandes que hace FOMAG, que FOMAG hace tres grandes cosas: pago de pensiones, pago de prestaciones sociales y atención de servicios de salud del magisterio. Vimos cómo se interrumpió en estos últimos cuatro años, ya al final de 2025 y lo que ha pasado en 2026, como tuvimos interrupción de algunas prestaciones de servicios de salud, interrupción en el otorgamiento de medicamentos.
No puede permitirse que se sigan presentando estas falencias y como el FOMAG, que es una piedra angular de la prestación de servicios de salud y prestaciones de servicios sociales del magisterio, tiene que parar cabeza. Es muy complejo que esto se siga repitiendo año, tras año, tras año, y nosotros desde la Contraloría hacemos todo lo que está a nuestro alcance: constituimos los hallazgos, iniciamos los procesos de responsabilidad fiscal, tratamos de recuperar los recursos públicos, pero si no se detiene la generación de daño, pues año a año, va a suceder la misma situación.
CAMBIO: ¿El FOMAG está en el top de las entidades con mayor riesgo fiscal?
A.R.: El FOMAG es una entidad con riesgo fiscal altísimo. ¿Por qué? Porque ya ha llevado a afectar inclusive su estructura presupuestal, pues año a año presupuestan cuánto van a pagar por intereses, por sanción, por pago extemporáneo de servicios de salud. Y eso al final, pues se traduce en daño fiscal.
CAMBIO: Y el daño fiscal mayoritariamente es por omisiones, demoras. En algunos casos, pasan hasta 1.000 días y no se pagan prestaciones…
A.R.: Cuatro conceptos, uno es el pago de sanción moratoria, que es asociada al pago extemporáneo de prestaciones sociales, entiéndase cesantías y pensiones, que para ese plazo FOMAG tiene más o menos 70 días hábiles, junto con las secretarías de educación, para producir el acto administrativo que luego otorgue el pago. Y hemos observado casos donde se demoran más de 2.400 días para producir el pago, con lo que al final resulta en demandas que le presentan a FOMAG los mismos docentes, porque llevan más de 2.400 días esperando que un pago se produzca y luego viene un juez administrativo y condena a FOMAG a pagar toda la sanción moratoria de todos los días que pagó de manera extemporánea.
Segunda causal, intereses moratorios. Entonces pagamos intereses moratorios porque pagamos de manera extemporánea servicios de salud o medicamentos y luego nos llevan a tribunales de arbitramiento donde perdemos, como Estado, en este caso pensando en los recursos de FOMAG, y condenan al Estado a pagar intereses por el capital que no se pagó a tiempo de servicios de salud.
Y el remate. Sale un juez y dicta una sentencia y una vez esta sentencia se produce, el código contencioso le otorga al Estado diez meses para pagar, y no pagamos en esos diez meses la sentencia y pagamos intereses moratorios ahora por el pago extemporáneo de la sentencia judicial.
CAMBIO: ¿Qué de todo lo que encontraron tiene incidencia penal?
A.R.: Nosotros remitimos el tema de los 1.2 billones de pesos de los denominados contratos de transacción pues, más allá de que nosotros hubiéramos detectado un grado de incidencia penal en él, existen una serie de indicios que escapan a la competencia que tiene la Contraloría para investigar. Al respecto, ¿nosotros qué logramos determinar? Que de ese 1.2 billones se hayan firmado los contratos sin autorización de la junta directiva de FOMAG, que en esencia puede constituir un hallazgo también con grado de incidencia penal por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, que al final fue también el traslado que se produce a la Fiscalía. Pero pues eso, repito, escapa a nuestra órbita y lo debe determinar la Fiscalía General de la Nación.
¿Nosotros qué determinamos? Que los contratos se pagaron por 1.2 billones y obedecieron a servicios de salud y prestación de servicios médicos que habían sido legalmente contraídos con los anteriores operadores en contratos que tenían los operadores. Pero no logramos demostrar incidencias penales porque eso no nos corresponde a nosotros, le corresponde a la Fiscalía General.
CAMBIO: En la última auditoría, también encontraron que medio billón de pesos no aparecía como pasivo, cuando debía aparecer…
A.R.: En la última auditoría de 2025, liberada en junio de 2026, nosotros encontramos una reclasificación contable que no es correcta en cuantía de cerca de 600.000 millones, 598.000 millones de pesos. Está indebidamente clasificada, no está bien reconocida ese pasivo y eso lleva a que se presente una incorrección material en los estados financieros que permitieron que no se feneciera la cuenta fiscal de FOMAG. Es decir, es un error contable de casi 600.000 millones de pesos por una mala clasificación del pasivo. Que no están reflejados de manera correcta, o reclasificados de manera correcta, dentro de la estructura del pasivo, afectando la realidad económica de los Estados financieros de FOMAG.
ana.cuesta@cambiocolombia.com
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