Los documentos que revelan la compleja situación de Angie Rodríguez en la Casa de Nariño
Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación. Fotoilustración: Kim Vega - CAMBIO.
La directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, quien ha denunciado ser víctima de envenenamiento, extorsión y persecución, completará casi un mes incapacitada por afectaciones a su salud mental que, asegura, se detonaron por todo lo que ha padecido en la Casa de Nariño. ¿Por qué llevó esos detalles ante un juez?
Por: Ana María Cuesta
En los últimos meses, la directora del Fondo Adaptación, Angie Lizeth Rodríguez, se ha convertido en una funcionaria incómoda para el Gobierno que prometió el cambio. Primero acusó públicamente a su excolega de gabinete Carlos Carrillo de un presunto espionaje. Después señaló al exasesor del Fondo Adaptación, Miguel Ospino, de haber intentado envenenarla. Y más tarde habló de unas supuestas “misiones secretas” con el ELN, en un relato en el que también apareció Juliana Guerrero, otra joven funcionaria que ha ganado protagonismo dentro del Gobierno de Gustavo Petro.
Rodríguez, de 34 años, y quien durante gran parte del año pasado ejerció como la mano derecha de Petro en el DAPRE, recientemente llevó ante un juez los detalles sobre las amenazas, intimidaciones y afectaciones a su salud física y mental que dice haber sufrido desde que comenzó a denunciar presuntos actos de corrupción en Palacio.
Con esas pruebas, aspira a que la justicia le conceda una prórroga de su esquema de escoltas, justo cuando se acerca el fin del gobierno y, en consecuencia, se quedará sin él.
La joven funcionaria, que llegó al gabinete en febrero de 2025 por recomendación del ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo, reveló ante un juez que el daño en su salud mental, que hoy la tiene incapacitada y por fuera de su cargo en la gerencia del Fondo Adaptación, estalló por todas las circunstancias que ha experimentado desde su llegada a la Casa de Nariño. CAMBIO revela los detalles
La afectación en la salud mental
Angie Rodríguez no asiste al Fondo Adaptación desde el 18 de junio, por una crisis relacionada con su diagnóstico de salud mental. Para el 10 de julio completó 23 días en una licencia por enfermedad, que inicialmente era por diez días pero fue renovada dos veces.
En la última de sus incapacidades, Rodríguez le informó al médico tratante que se sentía “hostigada y acosada laboralmente”.
Antes, el 18 de junio, había reportado una crisis relacionada con su diagnóstico.
"Me siento muy revictimizada. Tuve un episodio de pánico hace dos días”, señaló días antes de la segunda vuelta presidencial.
Su ausencia en el Fondo Adaptación obedece a síntomas de ansiedad severa, insomnio, dolor torácico, náuseas, llanto frecuente y preocupación constante por su seguridad y la de su familia.
La psiquiatra que la atendió dejó consignado que Rodríguez presentaba síntomas ansiosos desbordados y “marcadas disautonomías” —trastorno del sistema nervioso que altera los procesos corporales autónomos—.
En la historia también se consignó que la exdirectora del DAPRE reportó amenazas contra su vida y que el entorno laboral, la Casa de Nariño, aparecía como el principal detonante de su diagnóstico.
El 24 de junio, la joven administradora pública afirmó ante un juez que las afectaciones que padece despertaron en noviembre de 2025, fecha en la que Petro la encargó como gerente del Fondo Adaptación y que coincide con el inicio de sus rencillas públicas con Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD.
“Durante el mes de noviembre de 2025 inicié atención y seguimiento psiquiátrico especializado como consecuencia de las afectaciones emocionales y psicológicas que venía experimentando en el contexto de los acontecimientos que para entonces enfrentaba”, advirtió Rodríguez en una acción de tutela conocida por CAMBIO.
“Según consta en la certificación médica emitida por mi especialista tratante, fui diagnosticada con Trastorno Depresivo Mayor y Trastorno de Ansiedad Generalizada. Este cuadro clínico fue ratificado posteriormente en mi examen médico de egreso del DAPRE el 16 de febrero de 2026, bajo el diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión, y se ha mantenido vigente hasta certificaciones recientes de mayo de 2026, donde se describe un episodio moderado/severo con episodios de pánico”, añadió.
El envenenamiento y la ayuda
El 30 de mayo, Rodríguez acudió a la Línea Púrpura, el espacio confidencial de la Secretaría de la Mujer de la Alcaldía de Bogotá que orienta a mujeres víctimas de violencias.
Por primera vez, la funcionaria pidió ayuda por lo que vive en el gobierno del cambio. “No ha sido fácil escribir esta comunicación. Tampoco ha sido fácil reconocer que durante meses he venido soportando situaciones que han afectado seriamente mi bienestar. Durante mucho tiempo intenté continuar adelante en silencio, concentrándome en mis responsabilidades laborales y procurando cumplir con mi deber de servicio al país. Sin embargo, hoy reconozco que la carga emocional acumulada ha superado mi capacidad de afrontamiento y que necesito ayuda”, señaló.
Rodríguez dijo que, a parte de las presiones propias de los cargos públicos que ha asumido, uno de los cuales fue ser la mano derecha del presidente Gustavo Petro, también ha sufrido “amenazas de muerte y de llevarme presa, extorsión, actos de espionaje o seguimiento indebido, campañas de desprestigio, ataques sistemáticos contra mi reputación, afectaciones a mi honra y buen nombre, así como manifestaciones de violencia digital, simbólica e institucional”.
También habló del supuesto intento de envenenamiento que provino, según ella, de un exasesor del Fondo Adaptación llamado Miguel Ospino. Un episodio que denunció el 29 de mayo ante la Fiscalía, por el delito de tentativa de homicidio, en los siguientes términos:
“De manera recurrente y casi diaria, Ospino me suministró pastillas y golosinas (gomas) de procedencia desconocida (…) aseguraba que dichas pastillas eran vitaminas recomendadas por su hermano, a quien describía como médico. Como consecuencia directa de la ingesta recurrente de esas sustancias a lo largo de estos meses, comencé a experimentar un grave desmejoramiento en mi salud física, mental y conductual”.
Rodríguez afirmó en su denuncia que su estado de salud mejoró cuando Ospino dejó de asistir al trabajo, pues cedió su contrato como asesor desde el pasado 16 de abril, por motivos “estrictamente personales”.
La funcionaria también señaló a Ospino de ser un supuesto espía pues, según información que ella dice haber recibido, su excompañero en el Fondo presuntamente vendía o divulgaba información sensible a “sectores de oposición”.
La petición a Augusto Ocampo
El 3 de junio, Rodríguez dirigió un derecho de petición a Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Casa de Nariño, en el que dejaba constancia de su actual situación de debilidad manifiesta, derivada de lo que ha vivido en su entorno laboral.
En la carta, la funcionaria le dice a Ocampo que su renuncia como directora del Dapre no fue plenamente voluntaria.
“Considero necesario dejar expresa constancia de que mi salida del cargo de directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República no obedeció a una decisión plenamente libre, espontánea o voluntaria”.
“Si bien presenté una renuncia formal al cargo, dicha decisión se produjo en un contexto de circunstancias institucionales y laborales que ejercieron una presión determinante sobre mi permanencia en el cargo y afectaron significativamente mi bienestar emocional, psicológico, físico y profesional”, añadió.
Circunstancias de las que hemos hablado líneas arriba y que Rodríguez describe, además, como parte de un patrón de violencia política contra la mujer, violencias basadas en género, estigmatización, hostigamiento institucional y acoso laboral.
La gerente del Fondo Adaptación le pidió cuentas a Ocampo sobre las medidas y protocolos que tiene la Casa de Nariño relacionadas con la violencia política contra sus funcionarias. “La búsqueda de justicia en el presente caso no corresponde únicamente a una situación individual. También responde a la necesidad de que ninguna otra mujer que ejerza funciones públicas en Colombia tenga que enfrentar circunstancias similares”.
Petro está enterado
El presidente Petro ha sido informado de las afectaciones descritas por Angie Rodríguez, quien reemplazó al hoy prófugo Carlos Ramón González en el DAPRE.
La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República también están al tanto de la situación de salud de la funcionaria y han realizado requerimientos al respecto.
Las peticiones de Angie Rodríguez persiguen, principalmente, asegurar que la Unidad Nacional de Protección le siga otorgando el esquema con el que actualmente cuenta, una vez sea removida de su cargo en el Fondo.
Y aunque se lo pidió a un juez, este le dio un rotundo "no" advirtiendo que no se le han vulnerado sus derechos y que, actualmente, su esquema de escoltas obedece a un convenio interadministrativo suscrito con el fondo que ella gerencia.
El juez le dice a Rodríguez que debe esperar el procedimiento administrativo para evaluar su situación de riesgo, una vez deje el barco del Gobierno.
Y Rodríguez le dice a CAMBIO, mientras su entidad, considerada un fortín burocrático, lleva un mes sin timonel, que lo único que quiere, con todo esto, es que la dejen en paz.
ana.cuesta@cambiocolombia.com
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